lunes 01 de junio de 2020 - Edición Nº544

Análisis | 19 jun 2019

justicia ambiental

Ley de Glaciares: freno a la minería a cielo abierto y un avance hacia la filosofía ecocéntrica

El fallo de la Corte Suprema sentó un precedente y volvió a poner el foco en la explotación de recursos minerales en la Argentina. Mientras los ambientalistas celebran, los inversionistas extranjeros se preocupan. 


El pasado 4 de junio, la Corte Suprema de Justicia declaró, de manera unánime, la constitucionalidad de la Ley de Glaciares, sancionada en septiembre de 2010 y que tiene por objetivo proteger el medio ambiente y, sobre todo, la preservación de las reservas estratégicas de agua, un recurso que actualmente escasea en numerosas partes del mundo.


La legislación, en este sentido, estableció los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de “preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico”.


Tras la sanción, las provincias argentinas firmaron con la Nación un acuerdo para la sanción del presupuesto mínimo, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente. A la fecha hay dos leyes promulgadas en este sentido. Una, es la Ley de Bosques, y la otra la de Glaciares. En ambas, la Nación definió un interés general para los argentinos.


En la Ley de Glaciares, específicamente, se determinó que debía crearse el Inventario Nacional, donde se individualizaran todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.


De acuerdo a este inventario hay 16.968 glaciares y periglaciares en el país en los que, de acuerdo a Ley, no se puede realizar actividad minera a cielo abierto. En 2011, la empresa multinacional Barrick Gold interpuso una medida judicial para determinar la inconstitucionalidad de la Ley de Glaciares, puesto que veían agraviada su actividad minera en la zona de Veladero, en la provincia de San Juan. La Corte no les dio la razón. 


Pero, en este sentido, vale preguntarse: ¿acaso la multinacional Barrick no está violando la Ley de Glaciares? “Hace rato la están violando, no sólo a mi entender, esto está avalado por un juez de instrucción nacional, Sebastián Casanello; el famoso juez tortuga de Lanata. Casanello hizo un excelente fallo sobre el derrame de cianuro en la mina Veladero. Este derrame de 10 millones de litros de cianuro en el rio Jáchal generó un proceso legal de una comunidad que se llama ‘Jáchal No se Toca’ y que tuvo un fallo en el cual procesan a los ministros de Ambiente actuantes y al director del inventario de Glaciares porque no han respetado la ley al no realizar un inventario de los glaciares, que debía realizarse en 180 días después de promulgarse la ley”, señaló en diálogo con Pal’Sur el doctor en Ciencias Geológicas, Juan Pablo Milana


“El inventario que hicieron después denuncia un montón de cuerpos de hielo que no deberían haber tocado, y ya los tocaron. Si se aplica la ley de glaciares, van a haber multas pero es muy difícil que la Nación sepa de las violaciones si no informan las provincias”, añadió Milana. 


Para el investigador, sin embargo, hay muchas áreas grises en la ley. Como, por ejemplo, definir qué se considera “reserva estratégica de agua”. “Si me voy a los boques fueguinos, en donde sobra el agua, a lo mejor el permafrost no es una reserva estratégica porque llueven dos mil milímetros de agua anuales, pero en el desierto de San Juan, donde llueven 82 mm de agua, ese depósito de agua puede ser estratégico. Esto es lo que falta en esta ley. No sólo un decreto reglamentario técnico y bien específicamente diseñado para ver donde está lo legal y dónde no. Es una caja vacía, entonces como ha habido muchas aéreas grises, los operadores pueden haber dicho voy para este lado o para el otro”, apuntó Milana.


En esta línea, recordó que antes de que saliera la ley le mandé dos cartas al diputado del Frente para la Victoria, Daniel Filmus, en las que advirtió que, ante la falta de precisiones técnicas, la ley iba a fallar. “La Argentina es muy grande, no podés delegar todo en un Instituto en Mendoza porque no está en el sur ni en el norte. Habría que federalizar la ley, generar lugares en cada provincia que se dedicaran al monitoreo”. 


Frente a este contexto, para Milana no sólo es la minería la principal actividad que puede afectar a los Glaciares y su conservación, sino también las empresas petroleras, el turismo y tampoco se podría hacer obra pública. “La ley, a rajatabla, podría ser un poco desastrosa para la economía. Por eso es importante el fallo de la Corte, porque establece una filosofía ecocéntrica o sistémica con respecto a los recursos hídricos. Y el hielo es un recurso hídrico. Esto se da sobre una doctrina antropocéntrica. Por ejemplo, en Chile el agua la administran los privados y al ambiente no le queda nada. Hoy, todo el mundo está cambiando hacia una doctrina más ecocéntrica en donde se hace un estudio y se determina cuánto necesita el ambiente.  Nosotros somos parte del sistema”, enfatizó el especialista e investigador.

 

El dilema de siempre


El fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Glaciares volvió a poner sobre el tapete uno de los debates más recurrentes en la Argentina acerca de la minería. Si se aplicara la normativa vigente, más de 40 explotaciones mineras deberían revisar sus contratos y, en algunos casos, hasta poner fin a su actividad. En la Patagonia, afectaría a proyectos en marcha en las provincias de Santa Cruz y Chubut. En esta última, por caso, la minería a cielo abierto está prohibida por una ley provincial, pero hay claras intenciones de modificar la normativa el año entrante. 


La minería a cielo abierto no sólo está siendo cuestionada sólo en nuestro país, sino alrededor del mundo y las posiciones al respecto son disímiles. Quienes están a favor aducen que es una actividad que, además de generar empleo, permite aportar la materia prima en la fabricación de innumerables bienes de consumo masivo. 


Quienes se manifiestan en contra, argumentan que la minería afecta gravemente al medio ambiente y su entorno, dejando, en algunos casos, consecuencias irreparables. César Eguaburo, geólogo sanjuanino, tiene una mirada interesante al respecto. “Estoy con la minería, pero no la de las multinacionales. Necesitamos una minería como base de desarrollo industrial y que sea totalmente responsable, y manejada desde aquí, de industria nacional y que responda a los intereses del pueblo que son los intereses de la patria; no que hagan negocio y se lleven todo afuera. Que se lleven todo para dejar un 3% de regalías y algunos puestos de trabajo, qué negocio hacemos con un recurso no renovable”, dijo en diálogo con Pal’Sur.


“Para eso necesitamos un país que mire hacia dentro, y no hacia afuera. Para eso formamos los estudiantes en nuestras universidades, y no para que sean capataces de las multinacionales. Los controles no son tantos y la responsabilidad empresaria está dirigida a maximizar las ganancias y reducir los costos lo más posible”, concluyó.
 

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