lunes 28 de septiembre de 2020 - Edición Nº663

Soberanía | 25 jun 2019

Dr. Barcesat y Dr. Rodriguez

Ley Malvinas: dos visiones sobre un mismo proyecto 

En tiempos donde la llamada “grieta” todo lo cubre, la propia Ley Malvinas no está exenta de ella, aunque en este caso no tiene tiene tintes políticos. En este sentido, Pal’Sur dialogó al respecto con dos especialistas en el tema que brindaron sus disímiles opiniones. 


En febrero de este año, la gobernadora fueguina Rosana Bertone presentó en el Congreso nacional el proyecto de “Ley Malvinas” cuyo tratamiento, hasta el momento, no ha avanzado y aún está trabado en comisión.


La iniciativa, elaborada por el Ejecutivo Provincial Fueguino, tiene como objetivo que “todo instrumento jurídico internacional que establezca derechos y obligaciones, sin importar su denominación particular, cuyo objeto y fin involucre directa o indirectamente a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes deberá contar con la aprobación del Congreso de la Nación de conformidad con el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional”. 

 

En tiempos donde la llamada “grieta” todo lo cubre, la propia Ley Malvinas no está exenta de ella, aunque en este caso no tiene tiene tintes políticos. En este sentido, Pal’Sur dialogó al respecto con dos especialistas en el tema que brindaron sus disímiles opiniones. 

 

Por un lado, el Subsecretario de Asuntos Legales de la Secretaría de Representación para la Cuestión Malvinas de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur, Facundo Rodríguez, expuso la visión del gobierno provincial que impulsó el proyecto y, por el otro, el catedrático nacional e internacionalmente reconocido, Eduardo Barcesat, quien aportó sus críticas a la mencionada iniciativa. 

 

Más allá de las diferencias, es importante destacar que ambos especialistas coincidieron en rechazar los llamados Acuerdos de Madrid (89´ y 90´) y el llevado adelante por la gestión presidencial actual, denominado Foradori-Duncan. Para ellos, estos acuerdos fueron considerados como antecedentes negativos y enmarcados en una estrategia desacertada que solo consolida y favorece los intereses del usurpador.   

 

La posición oficial
 
“La Ley Malvinas, lo que intenta, es lograr que se dejen de omitir los mecanismos constitucionales referidos a la potestad del Estado Nacional. Surge por la necesidad de que Malvinas sea una verdadera política de Estado, que surja de altos niveles de consenso. Los diferentes gobiernos nacionales han utilizado Malvinas para política interna encarando diferentes caminos para abordar la cuestión. La política en tema Malvinas fue fluctuando y esa situación fue debilitando nuestro reclamo a nivel internacional”, señaló el funcionario provincial, Facundo Rodríguez, en diálogo con Pal’Sur.  

 

En este sentido, el subsecretario consideró que “falta mostrar que todo el arco político argentino, sin importar quien esté en el gobierno, va a entender, actuar y accionar, de determinada manera; mostrando un mensaje claro y contundente hacia los países que nos acompañan, los que aún no y principalmente hacia la contraparte británica, porque esta última, cuando la posición se muestra dura, dejan de dialogar y negociar y esperan a que llegue un gobierno de otro color con otra idea sobre la Cuestión Malvinas. Si el Reino Unido ve, que sin importar el color político de quien asuma el gobierno nacional, la política se va a mantener se va a sentar a negociar”.

 

Por eso, para Rodríguez, la Ley Malvinas no limita los poderes del Poder Ejecutivo Nacional, y lo que hace “es repetir lo que dice el Artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, en la forma de celebrar y aprobar los tratados para que se cumpla, y buscar que se respete la Disposición Transitoria Primera”.  

 

“Desde el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el Reino Unido con los Acuerdos de Madrid I y II se han firmado decenas de acuerdos internacionales en relación a la Cuestión Malvinas y en ninguno de ellos se escucho la voz del pueblo ni de la provincia. Todos estos acuerdos han optado por usar un atajo para quitar el control democrático que la Constitución Nacional pone en cabeza del Congreso de la Nación, utilizando una figura denominada acuerdos ejecutivos”, destacó.

 

Si bien este tipo de acuerdos han sido avalados a nivel nacional e internacional, en este caso, “violentan nuestra constitución nacional y atentan contra los valores republicanos de los pesos y contrapesos”.

 

Uno de los puntos que se le cuestionó al proyecto es la repetición con lo expresado en la Constitución Nacional. “La hacemos porque precisamente no se está cumpliendo, y queremos poner un freno a esta actitud anómala de saltar el control democrático. Lo que se hizo antes, en el ámbito internacional, ya tiene efecto jurídico. La Argentina, al obligarse con el RU en la órbita internacional ya quitó la posibilidad de que por medio de una ley interna esos tratados dejen de tener valor, siendo solo el ejecutivo nacional quien puede suspenderlos o derogarlos. Como lo hizo en su momento Néstor Kirchner con los acuerdos de pesca e hidrocarburos”.

 

“Desde el Poder Legislativo no se puede obligar a derogar estos acuerdos, queda muy lindo en las cámaras, el diario y golpearnos el pecho y gritar en Twitter, pero en realidad no va a tener efecto práctico porque va a ser declarada inconstitucional a poco de presentarse. Tampoco una Ley puede declarar inconstitucional estos acuerdos porque es un función del Poder Judicial”, concluyó Rodríguez.

 

La visión opuesta

 

Para el reconocido constitucionalista Eduardo Barcesat, en tanto, “las expresiones del tratado, acuerdo, convenio, son todas de igual textura normativa, sea el nombre que se le ponga siempre debe ir al Congreso de la Nación cuando implica un compromiso de la órbita del derecho público o privado en el ámbito internacional”. 

 

“Esta primera cláusula del proyecto reproduce lo que establece la Constitución y no agrega nada. Además, la Constitución es una norma de mayor rango y por tanto prevalece. Inversamente el siguiente artículo dice que para los contratos o tratados que se celebren (a futuro) si no se cumple el requisito previsto por el proyecto serán nulos, cosa que ya es así, por lo tanto es redundante e innecesaria, tanto en el primero como en su segundo artículo”, añadió a Pal’Sur

 

En este sentido, el proyecto de ley Malvinas al referirse a los hechos futuros, “deja consolidados los acuerdos anteriores  que no fueron tratados en el Congreso de la Nación (Madrid I y II, y Comunicado Conjunto Foradori-Duncan), en los cuales se abre la legitimación para explotar los recursos argentinos en las Islas Malvinas y la Plataforma Continental Argentina”.   

 

Por ello, el abogado le entregó a la gobernadora Bertone un proyecto que se ciñe a establecer que los convenios celebrados por fuera del marco constitucional “son nulos y lesivos del orden público constitucional argentino y deben ser así declarados por Ley Nacional”. De esta manera, “el Congreso recupera sus incumbencias constitucionales y hace un señalamiento de que debe observarse la el principio constitucional que debe observarse la supremacía de la Constitución Nacional”. 

 

“Es muy importante que se retire el anterior proyecto y se presente el que entregué para la salud institucional ya que el proyecto presentado por Rosana Bertone reproduce lo que dice la Constitución Nacional y referirse a lo futuro sin hablar del pasado nos deja maniatado ante estos tres acuerdos que son uno mas desastroso que el otro”, aseguró Barcesat. 

 

Asimismo, apuntó que “ay un principio general de que las leyes rigen para lo futuro, significa que lo transcurrido es intocable, pero cuando algo es en contra del texto de la constitución es de nulidad absoluta que no es subsanable por el decurso temporal, y como el acto es nulo no puede generar ninguna obligación para el Estado Argentino. Y si bien el Artículo 36 fue incorporado en la reforma del 94´, el texto anterior también decía que era potestad del congreso aprobar o desechar tratados con potencias extranjeras”.  

 

“En la medida que el acto sea nulo no puede generar ninguna obligación para el estado argentino, ya hubo un debate en la historia argentina respecto a la potestad que tiene el Congreso de revisar el ejercicio usurpativo o mal ejercicio de sus potestades, que es cuando se debatió la obediencia debida y punto final. Algunos sostenían que la nulidad solo la podían sostener los jueces y otros que el que tiene la capacidad de crear la norma es quien tiene la potestad para anularla. Solo si fracasa es el poder judicial. En este caso es el Congreso de la Nación quien puede anular estos actos lesivos”, añadió el catedrático.   

 

Por último, Barcesat consideró que “la omisión de las formalidades internas según el Artículo 46 de la Convención de Viena: el tratado para ser vinculante debe ser emitido por autoridad valida, si esto no se satisface conforme al derecho interno de cada país es nulo y hay que atenerse a las consecuencia, como es en este caso. Argentina y Reino Unido esto lo saben”.


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