lunes 10 de agosto de 2020 - Edición Nº614

Análisis | 27 ago 2019

SIN SOLUCIONES

Furia sureña: crisis, parálisis política, una provincia en llamas y la historia que se repite

La profunda crisis económica y política que atraviesa la provincia del Chubut parece ser un espejo de lo que ocurrió en Santa Cruz y Tierra del Fuego en los últimos años. Misma región, mismos problemas y la falta de soluciones de siempre.


Por:
Laura Funes

Desde hace más de 50 días, la provincia de Chubut está prácticamente paralizada. No hay clases, los empleados públicos están de paro, la obra social que presta el Estado está cortada, los hospitales trabajan a media máquina y todo es incertidumbre.

 

Es que después de haber ganado las elecciones, el gobernador Mariano Arcioni se vio imposibilitado de pagar los sueldos de la administración estatal en tiempo y forma, algo que ya había ocurrido tiempo atrás luego de la muerte de Mario Das Neves.

 

La irresponsabilidad de la gestión chubutense despertó el enojo de los trabajadores. Motivos tienen. El Gobierno revalidó su gestión en las urnas con el apoyo de varios sectores del sindicalismo y ahora, a mediados del año, no podían hacer frente a los gastos comprometidos. Uno de ellos, el aumento salarial acordado en paritarias y el medio aguinaldo.

 

Lo llamativo, además, fue que la Provincia, tanto como las del resto del país, cerraron 2018 con superávit primario. Es decir, ingresaron más recursos de los que gastaron. Esto, claro, sin tener en cuenta los compromisos de deuda. 

 

Según pudo saber Pal’Sur, mientras el año pasado las cuentas de Chubut resultaron con un saldo positivo de $2.395,95 millones, a mitad de 2019 el déficit ya trepa a $3.793,00 millones

 

Frente a este contexto, el oficialismo impulsa en la Legislatura un proyecto de Ley para crear un “Fondo de Emergencia de la Educación, la Salud y la Seguridad” para hacer frente a la situación.

 

¿Cómo piensa recaudar el Gobierno? Con un adelanto extraordinario de regalías hidroeléctricas, hidrocarburíferas y gasíferas, equivalente al 20% de lo pagado en el periodo liquidado; un pago extraordinario mensual del 20% a la actividad pesquera; la restitución del impuesto inmobiliario rural en las grandes superficies; un adicional en el pago de Ingresos Brutos a grandes contribuyentes como casinos y bancos, grandes cadenas de supermercados y productoras de aluminio, entre otros rubros; y un  gravamen sobre la facturación de las empresas que generan energía eólica. 

 

En otras palabras, más aumentos y un ajuste aún mayor que las mismas empresas trasladarán a precios y servicios de consumo masivo.

 


Los antecedentes

 

Hace apenas dos años, Santa Cruz atravesó una situación similar. Con un alto déficit fiscal de las cuentas provinciales, cercano a los $5.000 millones y una deuda que no paró de crecer en las últimas administraciones, dejaron a Alicia Kirchner al borde del abismo. 

 

El clima de tensión con los docentes fue tal que, además de una histórica huelga de más de 100 días, la gobernadora sufrió ataques personales a la vivienda residencial, donde también estaba presente la expresidenta Cristina Kirchner.

 

Fue la Nación la que entonces salió al rescate y, finalmente, Santa Cruz logró salir de la crisis, aunque siempre tambaleante. Es cierto que las regalías petrolíferas y mineras crecieron de manera considerable con la devaluación de la moneda. 

 

El año anterior, en 2016, Tierra del Fuego también vivió su propia crisis económica y, por supuesto, política. Ni bien llegada al gobierno, Rosana Bertone recortó los salarios estatales hasta un 8,5% y determinó una suba en la edad y la cantidad de años de aportes necesarios para jubilarse debido a la quiebra de la caja previsional.

 

“No hay medidas populares o impopulares", sino "medidas necesarias y correctas o medidas demagógicas e insostenibles", dijo la mandataria al enviar los proyectos de las medidas a la Legislatura que le valieron una huelga docente de más de 90 días, junto con un acampe frente a la Casa de Gobierno y una parálisis de la administración central.

 

El empleo público en números

 

Frente a estos escenarios, vale preguntarse cuál es el porcentaje de empleados públicos que tienen las tres provincias y cuánto es el dinero que le demandan de sus presupuestos.

 

Cuando se habla de trabajadores estatales no quiere decir sólo administrativos, sino médicos, enfermeros, policías, docentes y todos aquellos que dependen del erario del Ejecutivo. 

 

Según el último relevamiento del Ministerio de Hacienda, Chubut cuenta con 41.653 de empleados públicos, lo que significa un 7,48 por ciento del total de la población, sobre los que el Gobierno gasta 50,3% de su Presupuesto en pago de salarios. 

 

Santa Cruz, en tanto, tiene 35.723 trabajadores en la planta estatal, un 11,14 por ciento del total de la población. Para abonarles mensualmente el sueldo, utiliza el  43,1 por ciento de su presupuesto. 

 

Tierra del Fuego, en tanto, tiene 18.394 empleados públicos, es decir, 12,07 por ciento de la población total. Del total de los recursos disponibles, gasta 44,4 por ciento. Si bien en las tres jurisdicciones resulta alto el índice de gastos, ninguna lidera el ránking, ni están cerca del podio. 
 

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