viernes 10 de abril de 2020 - Edición Nº492

Análisis | 24 feb 2020

FMI e Insostenibilidad

Deuda Pública: el cerco se cierra


Por:
Lic. Héctor Giuliano

Siguiendo una tradición en materia de endeudamiento público que consiste en presentar las claudicaciones de gobierno como si se tratase de supuestos éxitos de negociación, la administración Fernández-Fernández (FF) celebra las declaraciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) con respecto a la “insostenibilidad” de la Deuda Pública Argentina como un logro del actual planteo oficial en las negociaciones en curso con los Acreedores Privados.

 

Según tal interpretación, el FMI estaría reforzando así la postura de la administración FF en cuanto al reperfilamiento de la Deuda – que ya se venía haciendo desde la gestión Macri - e incluyendo una propuesta de quita de Capital.

 

Empero, esta manifestación admite una doble lectura dado que, en la práctica, no resulta claro si es el Fondo el que se adecua a la posición de la Argentina o es en cambio la Argentina la que obtiene un reconocimiento parcial o relativo porque se allana a las condiciones del FMI.

 

Y para el análisis de este dilema más que remitirse a las declaraciones y comentarios públicos cabe ir a los hechos concretos.

 

QUÉ SIGNIFICA SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA

 

Notablemente, la Ley 27.544 de Sostenibilidad de la Deuda Pública no define qué se entiende por Sostenibilidad de la Deuda, no la caracteriza en su naturaleza y alcance ni determina cuáles serían las condiciones para su cobertura o cumplimiento sino que se circunscribe básicamente a un pormenorizado listado de  amplísimas potestades especiales otorgadas al Ejecutivo.

 

En línea con la Ley 27.541 de Emergencia Pública, que ya le delegaba todas las facultades extraordinarias e irrestrictas al Poder Ejecutivo para que pueda negociar cualquier cosa con los Acreedores y con el FMI – la nueva ley declara “prioritaria para el interés de la República Argentina la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo ley extranjera, en los términos del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, 24.156 y sus modificaciones (que también ya lo permitían), y a tal fin, autorízase al Poder Ejecutivo nacional a efectuar las operaciones de administración de pasivos y/o canjes y/o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y amortizaciones de capital de los Títulos Públicos de la República Argentina emitidos bajo ley extranjera” (Artículo 1).

 

Agrega que “El Poder Ejecutivo nacional determinará los montos nominales alcanzados por la presente ley especial”, tema éste muy importante porque le deja abierta la posibilidad de abarcar en las negociaciones montos, condiciones y períodos de vencimiento sin limitación alguna.

 

El Artículo 2 de la Ley desígna al Ministerio de Economía (MECON) Autoridad de Aplicación de la Ley 27.544 permitiéndole – según dice – “dictar las normas aclaratorias y/o complementarias que fueran necesarias para el cumplimiento de la presente ley”.

 

El Artículo 3 precisa más aún esta delegación legislativa, diciendo: “Autorízase a la autoridad de aplicación a contemplar en la normativa e incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto a reclamos en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los contratos que se suscriban y a las operaciones de crédito público que se realicen.”

 

Esto es, Delegación Total para que el Ejecutivo tenga facultades irrestrictas a los fines de pactar con Acreedores y FMI una Sostenibilidad de la Deuda que no se define ni se condiciona en cuanto a sus parámetros de negociación, siendo que - en el entendimiento corriente (ya que la Ley no lo dice) - Sostenibilidad debiera ser la demostración de la Capacidad de Repago de las nuevas obligaciones que el Congreso de la Nación autoriza ilimitadamente contraer.

 

EL APOYO DEL FMI

 

Con fecha 19.2 la Misión del Fondo que estuvo varios días en Buenos Aires (entre el 12-19) – a cargo de la Subdirectora del Departamento Hemisferio Occidental, Julie Kozak (segunda en orden jerárquico de Alejandro Werner, que estuvo directamente involucrado en la concesión del mega-préstamo de los 57.000 MD[1] de salvataje al gobierno Macri) y de Luis Cubeddu (que reemplazó al italiano Roberto Cardarelli al frente de la Misión para Argentina) – emitió un Comunicado de Prensa que dice básicamente lo siguiente:

 

a) Que el objeto de la misión era “discutir con las autoridades argentinas los recientes desarrollos macroeconómicos y conocer en mayor detalle el programa económico del gobierno.”

 

Se trata de un Programa que el gobierno FF ha prometido dar a conocer pero todavía no lo ha hecho  y que, por el contrario, depende del acuerdo que se suscriba sobre la reestructuración de la Deuda que se está tratado con el Fondo.

 

b) Que para ello: “El personal del FMI tuvo reuniones muy productivas con las autoridades argentinas sobre sus planes y políticas macroeconómicas, cuyos lineamientos han sido reiterados la semana pasada por el ministro de Economía, Martin Guzmán, en su presentación en el Congreso de la Nación. Compartimos el objetivo general de las autoridades de restablecer el crecimiento y reducir la pobreza, y al mismo tiempo fortalecer los equilibrios fiscal y externo.”

 

El destacado en la parte final de este párrafo es nuestro, porque en la práctica implica mantener el compromiso de Ajuste Fiscal y Externo pactado por la administración Macri según el Acuerdo Stand-By del 2018.

 

Cabe observar, por otra parte, que la citada presentación del Ministro Guzmán ante el Congreso no contiene información concreta ni oferta alguna de la futura propuesta a los acreedores.

 

c) El FMI se da por conforme con las medidas que el gobierno Fernández está tomando en materia económica y social, aumento de la recaudación tributaria, reservas internacionales y estabilización del peso, controles de Capital y Superávit Comercial, Inflación y sus expectativas; aunque aclara que “esfuerzos adicionales serán necesarios para reducirlas aún más desde sus altos niveles actuales.”

 

Agregando que: “Las autoridades también se encuentran en un proceso para garantizar una resolución sostenible y ordenada de su situación de deuda.”

 

d) La Misión del FMI convalida el hecho que la capacidad de pago de la Argentina para afrontar el servicio de la deuda pública de Argentina “se deterioró significativamente en comparación con el último análisis de sostenibilidad de la deuda del FMI, publicado en julio de 2019, en el contexto de la Cuarta Revisión bajo el Acuerdo Stand-By (SBA).”

 

Y trata de cubrir sus responsabilidades diciendo que: “En esa ocasión, la evaluación general fue que la deuda pública de Argentina era sostenible, pero no con una alta probabilidad, dados los riesgos sustanciales, que incluían: (i) problemas en refinanciar la deuda por el aumento de nuevas emisiones de corto plazo; (ii) vulnerabilidad de la trayectoria de la deuda pública a la volatilidad del tipo de cambio, dado que una gran parte está denominada en moneda extranjera; y (iii) grandes necesidades de financiamiento externo, variable que por lo general es un buen predictor de crisis en economías emergentes.”

 

Dicho con otras palabras: que según el FMI no habría habido errores de evaluación por parte del Fondo (ni tampoco del gobierno Macri) porque el corte abrupto de las refinanciaciones de Deuda realizadas por grandes Fondos de Inversión (FI) extranjeros, la macro-devaluación del peso frente a una Deuda Pública mayoritariamente dolarizada y las mayores necesidades de endeudamiento externo no habrían sido equivocaciones de estimación o de malas proyecciones sino que habrían estado dentro de riesgos previsibles que luego se dieron en los hechos, sin responsabilidad de los funcionarios superiores intervinientes (del Fondo y del Gobierno Argentino).

 

e) El FMI acepta inclusive que se haya “tenido que recurrir al Banco Central (BCRA) para financiar parte del déficit fiscal”, esto es, que aparte de reabrir la Política Kirchnerista de Pagos de la Deuda Externa con Reservas Internacionales del BCRA (contra nuevas Letras Intransferibles del Tesoro) el Fondo le está tolerando a la administración Fernández también la reapertura del mecanismo de la Deuda Intra-Estado, que es el traspaso de Deuda Externa en manos de Acreedores Privados a Deuda Interna a cargo de diversos Organismos Oficiales (con el BCRA, el FGS ANSES y los Bancos Públicos a la cabeza).

 

f) En función de lo dicho, la Misión concluye clara y expresamente que: “A la luz de estos desarrollos, y sobre la base del análisis de la sostenibilidad de la deuda de julio de 2019, el personal del FMI ahora evalúa que la deuda de Argentina no es sostenible. Específicamente, nuestra visión es que el superávit primario que se necesitaría para reducir la deuda pública y las necesidades de financiamiento bruto a niveles consistentes con un riesgo de refinanciamiento manejable y un crecimiento del producto potencial satisfactorio no es económicamente ni políticamente factible. En consecuencia, se requiere de una operación de deuda definitiva, que genere una contribución apreciable de los acreedores privados, para ayudar a restaurar la sostenibilidad de la deuda con una alta probabilidad.”

 

Es el párrafo más importante del comunicado y la expresión, esta última, que constituye una directa exhortación a negociar una reducción de las exigencias de los FI Tenedores de Bonos en cuanto a la Deuda Externa Argentina.

 

Pocos días más tarde, la propia Directora-Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, emitió otro comunicado, donde dice que: "Sobre la base de la reciente misión del personal técnico del FMI a Buenos Aires, también discutimos los planes de las autoridades para garantizar una solución sostenible y ordenada de la situación de la deuda de Argentina. En este contexto, acogí el compromiso de las autoridades argentinas de continuar profundizando nuestra colaboración, a través de una Consulta del Artículo IV (que supone la auditoría permanente de las Cuentas Públicas) y oportunamente obtener un programa respaldado por el Fondo. Las modalidades de estos próximos pasos se seguirán discutiendo.”[2]

 

Hasta aquí lo que (obviamente en términos técnicos bastante diplomáticos) dicen oficialmente los comunicados del Fondo.

 

LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO FERNÁNDEZ

 

La posición del FMI debe analizarse en el contexto de contraprestación por toda una batería de medidas y acciones llevadas a cabo por la administración FF en sus dos primeros meses de gestión en función del allanamiento de la Argentina a las condiciones básicas de negociación impuestas a nivel internacional por el Fondo y por los Acreedores de la Deuda Pública en los casos de Crisis de Deuda Soberana (tema del que desgraciadamente nuestro país sabe mucho por experiencia propia).

 

En este sentido, las acciones concretas más relevantes del gobierno Fernández son las siguientes:

 

a) Abandono de la tesitura sobre co-responsabilidad del Fondo en la Crisis Macri, no reclamo oficial de una Quita por parte del FMI (mencionada por la vicepresidenta Cristina Kirchner), aceptación sin cuestionamientos de la validez del Acuerdo Stand-By (SBA) vigente y sujeción a las reglas de revisión anual del Artículo IV del Estatuto del FMI, amén de la prolongación indefinida del monitoreo del SBA.

 

b) Mantenimiento de negociaciones en tándem con Acreedores Privados y FMI “rápidas y amigables” – conforme se definieran desde fines de la gestión Macrista – cuya premisa de base es “pagar servicios de la Deuda mientras se negocia”, es decir, no blanquear la Insolvencia de la Argentina (Default).

 

c) Amparo del anonimato de los Acreedores Privados del Estado no realizando ninguna forma de identificación y/o Censo de Acreedores que permita saber con quiénes está negociando realmente el gobierno FF, no cuestionamiento sobre la ilegitimidad de sus acreencias – caso de los nuevos Fondos Buitre (FI) que entraron bajo la Crisis de Deuda Macri con alternativa de litigar – y no investigación de las irregularidades en las operaciones de Colocaciones de Deuda del MECON durante la gestión Macri.

 

d) Avance paralelo y acelerado de las negociaciones en curso con grandes Bancos de Inversión que actuarían como Bancos Agentes y/o Colocadores de Deuda, así como Calificadoras de Riesgo, Asesores Jurídicos y Financieros, etc.: caso Bancos Credit Suisse, Lazard Freres (que se entiende históricamente ligado a la Banca Rothschild), Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley (causante de la primera corrida cambiaria a fines de Abril de 2018), Goldman Sachs, Merrill Lynch, la Banca Rothschild (actuando en forma directa y con el aval del actual presidente de Francia, Emmanuel Macron, que fue empleado suyo), BTG Padual, Santander Río, Guggenheim Securities, HSBC, BBVA Banco Francés, Itaú, etc.

 

Una selección ésta que según la Hoja de Ruta o Cronograma difundido por el MECON debiera estar lista ya durante la segunda quincena de Febrero, para poder realizar el lanzamiento de la Oferta a los Acreedores en la segunda semana de Marzo.  

 

e) Nuevo relanzamiento del procedimiento K de la Deuda Intra-Estado, consistente en que el gobierno atienda los servicios de la Deuda con Acreedores Privados en Moneda Extranjera merced a recursos prestados internamente por Entes Oficiales (fundamentalmente con el aporte del BCRA, el FGS ANSES y los Bancos Públicos).

 

f) Avance en la Política de Ajuste en curso en función de los Poderes Especiales de la Ley 27.541 de Emergencia Pública, que autorizan un aumento sustancial de los Ingresos Fiscales vía Presión Tributaria (Nacional y también – por derivación – Provincial y Municipal) y recorte de Gastos Públicos por caída sistemática de los Salarios Reales contra la Inflación, rebaja de los aumentos jubilatorios por DNU del Poder Ejecutivo[3], recorte de las Inversiones Públicas y limitaciones del aumento de Gastos del Estado (de Personal y Generales) por reducciones directas e incrementos menores que la Inflación.

 

Se trata de una forma típica de ahorro en la Administración Pública y de aumento en la recaudación utilizando el llamado Impuesto Inflacionario post-devaluatorio, una variante de licuación del Gasto Público – medido en dólares – derivada de la mega-devaluación del Peso.

 

g) Garantía de Superávit Fiscal Primario en los futuros Presupuestos anuales para cubrir los Intereses a Pagar de la Deuda Pública: un requisito sine qua non en materia de reestructuraciones de Deuda.

 

h) Política Financiera que garantice el mantenimiento de la rentabilidad diferencial del Capital Especulativo-Financiero, que lucra con el tradicional y sistemático arbitraje entre Tipo de Cambio y Tasas de Interés, con libre movilidad de capitales y con dependencia del refinanciamiento permanente de las deudas cuasi-fiscales de corto y cortísimo plazo por Letras de Liquidez (Leliq) y Pases Pasivos del BCRA.[4]

 

i) Política de Atraso Cambiario relativo, producto de estabilidad en la cotización del Dólar con altos niveles de Inflación Interna, lo que garantiza que la recaudación fiscal pueda convertirse en compra de más divisas para el pago de los servicios de la Deuda en Moneda Extranjera (que son el 80 % de la Deuda Total).

 

j) Mantenimiento de altos niveles de tasas de intereses a pagar por la deuda cuasi-fiscal del BCRA (Leliq y Pases Pasivos) con opción a una migración gradual hacia Letras de Tesorería con tasas de convergencia entre ambos tipos de obligaciones.

 

Una suerte de nuevo Plan Bonex de tipo voluntario y con tasas equivalentes.

 

k) Retoma del mecanismo de refinanciación vía canje de vencimientos de Bonos y Letras del Tesoro por Deuda Nueva a mayor rendimiento después de la frustrada experiencia del Bono Dual AF20, a través del cual se intentó emitir nuevos títulos con quita implícita.

 

l) Colocación y puesta en orden de las Deudas y las Finanzas de las Provincias – después de la baladronada el gobernador de Buenos Aires, Kicillof por amenaza de impago – para que éstas se subordinen a las negociaciones de Deuda de la Nación sin intentos coordinados por separado. Esto es, evitar que puedan darse casos de default provinciales que complicarían a los acreedores la reestructuración de la Deuda del Gobierno Central.

 

m) Pedidos de ayuda del presidente Fernández a diversos Países Desarrollados para comprometer el apoyo en las votaciones de la Junta de Gobernadores (Board) del FMI para reformular el acuerdo Stand-By vigente, fundamentalmente en cuanto a la prórroga de pagos (que hoy se concentran en el bienio 2022-2023).

 

Para ello, se estima que la gira de Alberto Fernández a Israel,[5] Italia, Alemania, Francia, España y el Vaticano habrían sido de particular importancia, amén de los contactos permanentes con el gobierno Trump en Estados Unidos.

 

Hasta aquí las principales medidas identificadas y adoptadas por el gobierno FF según las pre-condiciones de reestructuración de la Deuda Argentina en función de las exigencias del FMI y los Acreedores externos  Privados del Estado (esencialmente nuevos Fondos Buitre).      

 

La lista de acciones no es completa y se ignora no sólo quienes son los actores que participan en todo este proceso – acreedores privados, bancos colocadores, agencias de calificación y asesores de todo tipo – así como los condicionamientos trans-económicos y financieros que están en juego.

 

Es la forma en que se va cerrando el cerco del rompecabezas financiero que determina el rearmado y continuidad de esta nueva etapa dentro del Sistema de Deuda Perpetua que rige en la Argentina, sin solución de continuidad, desde hace más de 40 años (1976-2020).

 

Siendo que el premio a nuestro país por dicho comportamiento será la concreción de un nuevo Megacanje que permitirá a la Argentina regresar al Mercado Internacional de Capitales, es decir, para volver a endeudarse.

 

Es el modo clásico en que se mueve en estos casos de Crisis todo el submundo financiero del Club de la Deuda, operando hoy una vez más a pleno sobre la Argentina y bajo lineamientos que están llevando a otro Megacanje Kirchner – en este caso, Canje FF – de cuyo desenlace depende el destino del actual gobierno Fernández.

 

Lic. Héctor L. GIULIANO

 


[1] Las abreviaturas MD/M$ y B$ significan Millones de Dólares/Pesos y Billones de Pesos respectivamente y se expresan siempre con redondeo, de modo que pueden darse mínimas diferencias entre Totales y sumatoria de términos.

[2] La postura del FMI a favor de una quita de los Tenedores de Bonos Argentinos, estrictamente hablando, no es nueva. Se viene rumoreando sobre la misma hace meses, desde fines de la administración Macri. Y se mencionaba la idea de un descuento del 15-20 %  sobre el Principal o Capital promedio de la Deuda.

Más allá de las teatralizaciones del caso, una quita de este tipo no le afectaría la extraordinaria ecuación de ganancia a los nuevos FB, los FI que compraron Deuda cuando la Crisis Macrista del 2018, y que lo hicieron al 40 y hasta el 30 % de su valor, dada la fuerte caída producida en la cotización de los títulos antes del salvataje del FMI.

Aunque estos FB – que hoy se sientan reclamando al gobierno Fernández tales títulos al Valor Nominal 100 - terminen aceptando una quita de ese orden, digamos un 20 %, terminarían ganando así el doble de lo pagado para la compra de dichos papeles.

 

[3] Se estima que la suspensión de la movilidad jubilatoria actual por parte del Presidente Fernández ahorraría al Estado unos 5.100 M$ por Mes.

[4] Al 15.2 – último Balancete semanal del BCRA – la Deuda por Leliq (a 7 días de plazo, y ahora parte también a 14 días) es de 1.30 B$ y la Deuda por Pases (a sólo un día de plazo) es de 1.24 B$. En total, 2.54 B$. ´

Sin contar aquí la Deuda del Banco por Encajes de Depósitos en Moneda Extranjera (640.100 M$) y por el Swap de China (equivalente a 1.25 B$).

[5] La conexión israelí tendría un especial peso en todo lo inherente a las negociaciones en curso por la Reestructuración de la Deuda Externa no sólo porque gran parte de los FI y/o Bancos Acreedores de la Argentina son de capitales judíos - y también altos funcionarios de los Organismos Multilaterales de Crédito - sino además porque el pedido de ayuda de Alberto Fernández al primer ministro Benjamín Netanyahu conllevaría una particular relación con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos con quienes el premier está en contacto permanente y donde los principales asesores del presidente Trump a cargo de la Política en Medio Oriente son judíos y vienen participando activamente en el Plan Norteamericano-Israelí sobre la Cuestión Palestina: caso de Jared Kushner (yerno y asesor de presidencia), Jason D. Greenblatt (Asistente especial para Negociaciones Internacionales) y su sucesor, Avraham Berkowitz, David M. Friedman (Embajador estadounidense en Israel) y especialmente el Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin (ex Goldman Sachs y luego CEO de un FI de Cobertura propio, personaje clave en las negociaciones en tándem que se están realizando con el FMI y los nuevos FB de Wall Street).

Entre los temas en cartera que tocan los intereses del lobby judío-norteamericano hay muchos que exceden el marco exclusivamente económico-financiero en las relaciones con la Argentina, como la no auditoría de la pericia de Gendarmería sobre la muerte del fiscal Nisman, la reapertura de otra causa AMIA, el mantenimiento de las acusaciones contra Irán como alternativa siempre abierta de Casus Belli, el dictado de una Ley del Congreso contra el Negacionismo, las relaciones con Venezuela y otras iniciativas de carácter bilateral.

 

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