miércoles 30 de septiembre de 2020 - Edición Nº665

Análisis | 24 ago 2020

¿éxito o claudicación?

El camino del "Megacanje Fernández"


Por:
Lic. Héctor Giuliano

Siguiendo el estribillo de presentar las claudicaciones como supuestos “éxitos de negociación” – lo que constituye una constante durante los 44 años del Sistema contemporáneo de Deuda Perpetua que rige en la Argentina (1976-2020) - el gobierno de Alberto Fernández acaba de concretar otro paso en el sendero tradicional de rendición ante los Acreedores Financieros del Estado.

 

Todos los arreglos de Megacanje firmados por los gobiernos de nuestro país fueron presentados en su momento a la opinión pública como “soluciones” ante las periódicas e inexorables Crisis de Deuda que se iban produciendo pero en la realidad no eran sino maniobras dilatorias convenidas con los Acreedores sólo para “patear para adelante” los compromisos impagables contraídos y que de esa forma se ratificaban bajo nuevas formulaciones: básicamente, novaciones de Deuda.

 

Y todos esos compromisos, vendidos como exitosos por la tríada Gobierno-Clase Política-Medios al Pueblo Argentino, terminaron luego fracasando:

 

a) Los Acuerdos de Nueva York 1985-1987 de la administración Alfonsín – que en el plano interno dieron lugar a los Planes Austral y Primavera respectivamente – y que terminaron en la Crisis de Deuda e Hiperinflación de 1989, que forzó la renuncia anticipada del presidente.

 

b) El Plan Brady Menem-Cavallo de 1992-1993 – que dio origen la Política de Pago con Activos (Venta de Empresas del Estado) y a un Plan de Convertibilidad del Peso sostenido con Deuda Externa – que también fracasó porque quedó descolocado desde la Crisis del Tequila de 1995, desbalanceó las Cuentas Públicas desde 1998 y fue transferido como “bomba de tiempo” a la administración De la Rúa, a quien terminó estallándole el problema.

 

c) El Megacanje cuasi-delictivo De la Rúa-Cavallo del 2001 – armado por los grandes Bancos liderados por el Credit Suisse-First Boston al costo financiero altísimo de que la Argentina reconociera Tasas de Interés y Rendimientos entre 15 y 17 %  anual en Dólares – que fracasó con la Crisis de Deuda de ese mismo año arrastrando al fin del régimen de Convertibilidad.

 

d) El Megacanje Kirchner-Lavagna 2005-2010 (cuando el actual presidente Fernández era entonces Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner), que también fue “vendido” a la opinión pública como “éxito de negociación” mientras declinaba cuestionar la legitimidad de la Deuda (que estaba en Default), aceptaba los Bonos Elegibles a Valor Nominal mientras que la cotización de los mismos había caído en el Mercado al 25-20 % de su valor y aducía el logro de una “quita” de Capital que era íntegramente compensada con Cupones PBI.

 

Con el agravante –éste último– que el arreglo K dejaba un “agujero negro” jurídico y financiero que le terminó costando muy caro a la Argentina por la Crisis de Deuda de los Holdouts y que también culminó fracasando ahora por impago, ya que cabe recordar que el 60 % de la Deuda bajo Ley Extranjera  que actualmente se renegocia - por unos 66.000 Millones de Dólares (MD) en total – es deuda firmada por Macri pero el 40 % restante es Deuda de arrastre de la administración Kirchner proveniente del fracasado Megacanje del 2005.

 

Y hoy, la nueva Crisis de Deuda que azota la Argentina –producto de la Política de Gobernar con Deuda del ex presidente Macri y su toma sistemática de obligaciones sin capacidad de repago– es reconocida por el actual presidente Fernández como base de renegociación, institucionalizando así la conspiración Macri-FMI-Fondos Buitre (FB)  con miras a un nuevo plan de endeudamiento.

 

NUEVA RENDICIÓN FINANCIERA

 

Existe un equívoco en la interpretación del Acuerdo que acaba de firmarse entre el gobierno Fernández y los Fondos Buitre dado que no se trata de un entendimiento formal y completo de los términos de la renegociación de Deuda Externa en curso sino solamente de un “acuerdo en principio” –una suerte de burlesco “Pacto de Caballeros” con los FB– por el cual éstos facilitarían convencer al resto de los acreedores para que el futuro Acuerdo en firme obtenga la mayoría requerida de un 50 % de adhesiones que se imponga así sobre el resto de los tenedores en función de las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) que se establezcan: el criterio que rige en las situaciones concursales de que, dicho en palabras simples, la Mayoría manda sobre la Minoría.  

 

El Martes 4/8 el gobierno Fernández aceptó una nueva modificación de su última Oferta de Canje –la Quinta mejora a los Acreedores Externos, es decir, empeorando las condiciones de pago de la Argentina– oferta que, como las cuatro anteriores, había sido presentada como máxima, última e inflexible.

 

Esta Quinta Oferta extiende a su vez el plazo de aceptación de los bonistas –que también había sido sostenido como improrrogable– del 4.8 primero al 24.8 y luego al 28.8.

 

Es decir, que no nos encontramos frente a un verdadero Acuerdo sobre el fondo de la cuestión –que son los términos de solución del problema de la Deuda– sino de un convenio en principio de neo-Megacanje de Bonos que se negocia para lograr un nuevo (en realidad, un enésimo) diferimiento que, por el momento, ha quedado a la espera mientras se ajustan detalles importantes de definición y se reúnen las mayorías necesarias para lograr la adhesión a tal nuevo Acuerdo.

 

Hasta el momento – en lo que va de las cinco Ofertas de Canje discutidas desde Diciembre pasado y propuestas entre el 21 de Abril y hoy – el gobierno Fernández ha retrocedido en las tres variables financieras fundamentales de toda negociación, que son el Monto, el Plazo y la Tasa de Interés:

 

a)  En lo relativo al Monto, la primera Oferta de Canje del Gobierno  a los Bonistas pedía solamente una quita promedio (ya que se trata de 21 Bonos Elegibles) del 5.4 % sobre el Valor Nominal de los Títulos mientras que la Cuarta Oferta la redujo a sólo el 1.9 % y la media quedaría reducida incluso a algo menos, el 1.7 %. Esto es, una no-quita o quita cuasi simbólica para los acreedores, gran parte de los cuales – con los Fondos de Inversión (FI) BlackRock y Templeton a la cabeza – habrían comprado esos títulos en el Mercado a un 30 % de su valor.

 

b) En lo tocante al Plazo, el mismo estaba previsto en 27 años máximo (hasta el 2047) pero ahora ese plazo final se habría acortado en la práctica al 2041; más – de todas maneras – la estructura y perfil de vencimientos pactados dan un plazo promedio que antes era de 11-12 años y ahora resultaría de 10.

 

Con el agravante de que se acepta una muy peligrosa concentración de vencimientos a partir del 2024-2025 hasta el 2030 y 2035 (el decenio posterior al actual gobierno Fernández), sin contar los pagos que siguen cayendo por el resto de las deudas del país.

 

Dado que – cabe recordarlo – este acuerdo es con los Acreedores Privados por Bonos bajo Ley Extranjera, que constituyen sólo el 20 % de la Deuda Total del Estado Central (la quinta parte: 66.000 / 336.000 MD).

 

Además, el Gobierno proponía no pagar Capital ni Intereses hasta Noviembre de 2023 – un mes antes de la finalización de su mandato – mientras que ahora acepta que tales pagos, al menos por la parte de los intereses, comiencen desde Enero del 2021.[1]

 

c) La Tasa de Interés promedio ofrecida inicialmente por el gobierno Fernández era  del 2.33 % anual – siempre en dólares (con pequeñas variaciones en los casos de otras monedas extranjeras) – pero ahora ha pasado a ser del 3.07 %, aunque esta tasa promedio es creciente, llegando rápidamente al nivel del 5 % anual.

 

Este nivel de Tasa deviene, en principio, más bajo que la del promedio de los bonos actuales a canjear, que es del 7 %, pero se pacta en un momento en que las tasas internacionales de referencia – crisis de Deuda por la pandemia de Coronavirus mediante – están entre 0 y 1 %. Es decir, que la Argentina se endeudaría en una proporción de 4 a 5 veces el costo de financiamiento a nivel mundial.

 

LA CUESTIÓN DEL VALOR ACTUAL

 

Un capítulo específico dentro del análisis de rentabilidad de los acreedores de la Deuda Externa – que corresponde a una cuestión más técnica que no va a ser desarrollada aquí – es el del Valor Actual o Valor Presente Neto (VPN) de los títulos canjeados, esto es, del rendimiento comparativo que los Bonos Actuales tendrían frente a los Nuevos Bonos a emitir en canje de los mismos.

 

Este VPN se calcula en función de una Tasa de Descuento estimada – en principio, en forma discrecional – que representa el porcentaje de ganancia esperada por el Acreedor (sumando Capital e Intereses a Cobrar y descontando el Valor original de Compra) comparando el paquete de Bonos Nuevos contra los Viejos, es decir, la diferencia en más o en menos que tendría en caso de retener esos títulos en lugar de canjearlos.

 

El VPN es la resultante de este cálculo, donde la Tasa de Descuento es determinante para evaluarlo, y se expresa en Dólares sobre Valor Nominal.

 

Cuanto mayor es la Tasa que se tome para el cálculo mejor será el resultado de referencia para los Acreedores; y la Argentina terminó  aceptando la Tasa de Descuento del 10 %, que era la exigida como piso por los FB.

 

Siendo que el problema es muy difícil, si no imposible, de comparar dado que se trata de una relación entre bonos actuales que no pueden pagarse y bonos futuros que darían una renta pactada.

 

Inicialmente, la Oferta de Canje Guzmán pedía un VPN promedio de unos 39 dólares y los FB 61; y la resultante fue de 54.8, casi 55 dólares: es decir, que los FB se bajaron 6 dólares desde la presentación original y el Ministerio de Economía se bajo 16.    

 

El gobierno Fernández, por último, acepta capitalizar por anatocismo los intereses corridos desde Diciembre pasado, que serán abonados con la emisión de un nuevo Bono con vencimiento al año 2029, cuyo monto acumulado estaría entre los 2.700-2.900 MD y los 6.000-7.000 MD, según como se los calcule. Y después de haber pagado ya durante el período de negociación otros 1.900 MD.

 

De esta manera, la renegociación que comenzó siendo por unos 66.000 MD terminaría cerrándose por 72.000 MD, al computar también esta capitalización de intereses.

 

Hasta aquí los principales términos de rendición financiera conocidos en función de las informaciones oficiales que han trascendido, aunque los valores absolutos resultantes recién se tendrán con el cierre concreto del Acuerdo cuando al 28.8 se dé la adhesión esperada de la mayoría de los Acreedores.

 

Los números de esta rendición se supone los vamos a conocer cuando llegue el momento de la verdad de mostrar las cifras del Ajuste Presupuestario que el Estado Argentino tendrá que hacer cuando se confeccionen los nuevos presupuestos pluri-anuales. 

 

PARALELA RENDICIÓN JURÍDICA

 

A la rendición financiera del acápite anterior cabe añadir ahora la aceptación de duras cláusulas de condicionamiento legal que conllevarán los nuevos bonos a emitir en canje de los actuales, sobre todo en materia de Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) o “cláusulas anti-buitre”, que son las que determinan el complejo mecanismo de cómputo de mayorías de bonistas para el caso de futuras nuevas reestructuraciones.

 

Como las probabilidades de que este Acuerdo no se pueda cumplir en tiempo y forma son muy altas – igual que todos los canjes precedentes – los FB habrían logrado que el gobierno Fernández acepte peores condiciones que las pactadas en los últimos bonos (los de la administración Macri de 2016 para pago a los Fondos Buitre que ganaron los juicios de Nueva York en contra de la Argentina).

 

De la misma manera, los FB habrían logrado imponer a la administración Fernández – concretamente, al ministro Guzmán – la renuncia a la estrategia denominada Pac-man, a través de la cual nuestro país intentaba ir consiguiendo adhesiones parciales crecientes y graduales por medio de mini-canjes sucesivos.

 

La evaluación de las nuevas concesiones legales por parte de la Argentina están contenidas ahora – como Enmienda o agregado correctivo - en el Prospecto a favor de los Acreedores, siendo las mismas bastante difíciles de analizar dada la letra chica de las más de 200 páginas del nuevo Prospecto formalizado ante la SEC, que es la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, donde el gobierno Fernández colocará los nuevos bonos.

 

La lógica de esta movida jurídica es que, habida cuenta de las dificultades ciertas de cumplimiento argentino del Acuerdo del 4.8, los Acreedores queden más fuertes y seguros frente a la muy probable nueva reestructuración futura que deba hacer la Argentina cuando hayan pasado varios años y la Deuda nuevamente no se pueda pagar.

 

La autorización para que el Ministro de Economía Guzmán proceda a la incorporación de estas nuevas modificaciones fue dada este fin de semana por el presidente Fernández a través del Decreto 676/2020 y la presentación de las modificaciones ante la SEC fue efectivizada el lunes 17.8, Aniversario de la muerte del General San Martín en la Argentina.   

 

ÉXITO DE LA CONSPIRACIÓN MACRI

 

El presidente Macri vino a gobernar con Deuda y en dos años de Política de Endeudamiento sin Capacidad de Repago llevó al país a una nueva cesación de pagos, que ocurrió debido a la no renovación de los permanentes vencimientos de Deuda Pública por parte de los Acreedores Externos y la corrida bancaria desatada en el país a fines de Abril de 2018, que fue liderada por el banco Morgan Stanley.

 

Cuando Macri entra en Default – por culpa directa de su irresponsable política de endeudamiento acelerado – en lugar de abrir negociaciones para la reestructuración de la Deuda con los Acreedores pide, en cambio, ayuda al Fondo Monetario (FMI), a los fines de poder aguantar los pagos mínimos a los acreedores para no interrumpirles el flujo de dinero, y de sostener la corrida cambiaria.

 

El Fondo – merced a la presión directa del gobierno norteamericano a favor de la administración Macri adicta – decide entonces el salvataje financiero y político del gobierno neo-liberal macrista y con ello respalda su maniobra de transferir el problema de la nueva  gran Crisis de Deuda al próximo gobierno.

 

Mientras tanto, con la caída del valor de cotización de los Bonos en el Mercado – Externo e Interno – derivada de la crisis del endeudamiento macrista, entran a jugar fuerte Fondos Buitre (FB) liderados por BlackRock, Templeton, Fidelity, PIMCO y otros, cuya naturaleza y magnitud de negocios financieros en y contra la Argentina se desconocen por el secreto amparado por las autoridades nacionales.

 

Esta maniobra consolida la conspiración[2] Macri-FMI-FB por y durante la Crisis de Deuda provocada en el 2018, de modo de trasladar a la nueva administración el pesado fardo de la Deuda en Crisis.

 

Estrictamente hablando, el salvataje del Fondo originariamente era parte del intento del gobierno Trump de garantizar la reelección de Macri pero al derrumbarse las perspectivas electorales se transformó en maniobra condicionante a la futura administración, cualquiera fuera, para que fuese la misma la que debiese encarar la forzosa reestructuración de la Deuda en Crisis.

 

Esto ya se configuró incluso antes de las Elecciones Internas (PASO) y fue motivo de una clarividente o “profética” visión del economista Guillermo Calvo, que reflexionó entonces que pese al temor que se le tenía al Kirchnerismo iba a ser mejor que la fórmula Fernández-Fernández triunfara en Octubre del 2019 porque el arreglo y el ajuste fiscal que había que hacer en la Argentina era mejor que lo hiciese un gobierno “populista” y no uno neo-liberal porque tendría menos resistencia social para llevarlo a cabo de hecho.

 

Y así se está dando hoy en la práctica: con bajas de los salarios reales y nominales de los trabajadores (incluyendo acuerdos formales UIA-CGT), con baja también de las jubilaciones reales y nominales (estas últimas, por la suspensión de la Movilidad Jubilatoria vía DNU del Poder Ejecutivo) y con la Política recesiva generalizada provocada desde el gobierno por Paro de la Economía invocando la pandemia de Covid 19, como forma de contener – al menos transitoriamente – el proceso inflacionario.

 

Consecuencias éstas que se perfilaban necesarias para poder cumplimentar exigencias ligadas a la nueva Crisis de Deuda Pública.

 

Porque aquí no se trató sólo de “equivocaciones”:

 

a) el gobierno Macri – con su plana mayor de funcionarios provenientes de los mismos grupos acreedores con que el país se endeudaba – no se equivocó al contraer nuevas obligaciones sin la más miserable capacidad de repago.

 

b) el FMI no se equivocó al darle el préstamo Stand-By más grande de su historia a un país insolvente como la Argentina que no iba a poder devolver el crédito pagando 22-23.000 MD anuales en 2022 y 2023. Y

 

c) los Fondos Buitre, que compraron Deuda Argentina que había caído a precios de Bonos-Basura del 30 % por la Crisis de Deuda Macri, tampoco se equivocaron al hacer su clásica maniobra de comprar títulos de países en bancarrota para luego ganar fortunas con el negociado de un nuevo Canje bajo la amenaza de litigar.

 

Todos fueron parte de la misma maniobra. Nadie víctima inocente o sorprendida por la fatalidad de la coyuntura financiera.

 

Y la entonces oposición política tampoco, porque sabía muy bien de qué se trataba la maniobra.

 

Frente a este oscuro panorama, cierto y previsible, la entonces oposición Fernández nada dijo pese a la tormenta financiera que se le iba a venir encima sino que, por el contrario, diluyó argumentos de resistencia genérica con palabras “para la galería” mientras que, apenas asumido el poder, encaró negociaciones con los Acreedores sin cuestionar las gravísimas e irregulares condiciones heredadas y sin blanquear la insolvencia del Estado,  que era lo que correspondía y corresponde hacer frente a situaciones flagrantes de imposibilidad de pago de Capital e Intereses.

 

El presidente Fernández, en cambio, optó por la ficción del no-Default, con reiteradas promesas de querer cumplir con las obligaciones de Deuda y con propuestas de acercamiento gradual cada vez más semejantes al allanamiento frente a las exigencias de los Acreedores.

 

Y en lugar de blanquear la situación y replantear así los términos de la negociación de la Deuda no declaró la suspensión de los pagos de capital ni el devengamiento de los intereses, que le siguieron cayendo a la Argentina como el reloj de un taxi y acumulan hoy intereses corridos reconocidos por una suma que puede llegar a los 6.000 MD.

 

Es la forma típica en que gobiernos neoliberales (Proceso, Menem, De la Rúa, Macri) dejan armado los esquemas de endeudamiento y Crisis de Deuda, y luego vienen gobiernos social-demócratas (Radicalismo, Kirchnerismo-Fernandismo), que se declaran víctimas de la “pesada herencia recibida” pero la terminan convalidando.

 

Es el modo en que Macri y Fernández terminan en la actualidad trabajando en tándem, abriendo así un nuevo ciclo de re-endeudamiento en el marco de la trampa de Deuda Perpetua que sufre la Argentina.

 

CONCLUSIONES

 

Existe una notable correlación fáctica entre extensión de las sucesivas Ofertas de Canje por la Deuda Externa y las sucesivas prolongaciones de la Política Interna de Cuarentena frente a la pandemia de Covid 19, que ha llevado al paro de la mayoría de la Economía del país y al deterioro de la Salud Física y Psicológica de la Población Argentina.

 

En este contexto, paradójica o sintomáticamente los voceros de los grandes Medios y los economistas del establishment han comenzado a “festejar” por anticipado un acuerdo con los Fondos Buitre cuyos términos prácticos de aplicación todavía no se conocen pero que auguran un compromiso cierto de nueva etapa de re-endeudamiento público.

 

Quienes así respaldan la gestión de Deuda del Gobierno Fernández son, en gran medida, los mismos medios y economistas del establishment que todavía hoy denostan la actitud del ex presidente Rodríguez Saá cuando a fines del 2001 blanqueara la insolvencia del  Estado frente a la Crisis de Deuda existente – después del fracaso del Megacanje de mediados de ese año – y reclamara que el Congreso cumpliese con sus deberes constitucionales de intervenir en el arreglo directo de la Deuda Pública y que la misma fuese investigada debido a sus múltiples y flagrantes irregularidades.

 

Porque se habla mucho de Corrupción en la Argentina, en todos los órdenes, pero nadie dice que la Deuda es el más grande y verdadero “monumento” a la Corrupción Pública.

 

Y porque se vive repitiendo el engaño de que las permanentes refinanciaciones de Deuda son un requisito para poder Crecer mientras que la Deuda es justamente el principal obstáculo del Crecimiento.

 

 

Lic. Héctor L. GIULIANO

 

[1] Faltando negociar todavía – en lo inmediato - los 49.000 MD de Deuda Externa con el FMI (44.000 MD del préstamo Stand-By más 5.000 MD de Intereses acumulados) y los 42.000 MD de Deuda Interna con Acreedores bajo Ley Argentina (sin estimación aún de intereses corridos), respaldado jurídicamente por un proyecto de ley que ya tiene media sanción del Congreso.

A lo que se agregan, entre otros rubros, una masa de Letras de Tesorería – Deuda Pública de Corto Plazo – por 26.000 MD y la renovación de préstamos de Organismos Multilaterales de Crédito por otros 23.600 MD (correspondientes a Banco Mundial, BID y CAF).   

[2] La palabra “conspiración” – según la Real Academia Española (RAE) -  identifica la unión de varias personas o entidades para actuar ocasionando un daño a otra/s, que en este caso son el Estado y, por ende, el Pueblo Argentino.

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