miércoles 30 de septiembre de 2020 - Edición Nº665

Entrevistas | 29 ago 2020

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Presión tributaria: pros y contras de la reforma que piensa el Gobierno nacional

La gestión de Alberto Fernández tiene en mente modificar el esquema impositivo. La palabra de Hernán Letcher y Facundo Ball, dos economistas con visiones contrapuestas sobre los posibles cambios. 


En los últimos días, trascendió la intención del Gobierno nacional de avanzar en una reforma tributaria que acompañaría al proyecto de Presupuesto 2021 que en las próximas semanas debe ser presentado en el Congreso.


En este sentido y en línea con el Impuesto a las Grandes Fortunas, el objetivo de la reforma sería dotar de progresividad al actual esquema tributario, es decir, que paguen más quienes más tienen. Para ello, se estudian dos alternativas relacionadas al Impuesto a las Ganancias.


La primera sería aumentar la alícuota que pagan las personas físicas en la escala más alta, y llevarla del 35% al 41%. La segunda, eliminar algunos incentivos que poseen las empresas que reinvierten utilidades.


Al respecto, Pal’Sur dialogó con Hernán Letcher, titular del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), quien respaldó la necesidad de modificar el esquema y comenzar a desarticular las medidas adoptadas por el gobierno de Mauricio Macri en la materia.


“La decisión de Macri de reducir la alícuota del Impuesto a las Ganancias a las grandes empresas y a las empresas en general fue un gran error. Hay que desandar esa política. En cuanto a las personas físicas, siempre me incliné por un Impuesto a los grandes ingresos, asique en general tengo una mirada en donde se debería generar una estructura de alícuotas más amplia con mayor progresividad y que te permita que a los ingresos más bajos los eximas o tengas un mínimo imponible más alto y pagues desde un umbral un poco más elevado”, señaló Letcher.


En relación con otros posibles cambios que habría que implementar, el economista consideró que “el impuesto a las grandes fortunas debería ser permanente y si no habría que aumentar la alícuota al impuesto a los Bienes Personales”.


En contraparte, el director del Departamento Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de UNPSJB, Facundo Ball, señaló la posible reforma como una contradicción de objetivos de política económica.


“Se puede estar de acuerdo o en contra de usar así los instrumentos tributarios (aumentar impuestos, etcétera) y en todo caso es discutible su efectividad o no. Pero lo que es seguro que eso es totalmente opuesto a objetivos como el que enunciaba, por ejemplo, esta semana el presidente del BCRA en el Council of the Americas donde dijo que la prioridad del Gobierno es que los argentinos inviertan los 170.000 M que tienen guardados”, dijo Ball a Pal’Sur


Asimismo, el economista y abogado chubutense destacó que la intención va contra las expresiones del presidente Alberto Fernández, “que dijo necesitamos que los empresarios confíen en el país”.


Medidas  que impliquen mayor presión tributaria, o lo de las utilidades, van en una línea contraria a incentivar inversiones, tanto locales como extranjeras, o traer al sistema los dólares guardados”, añadió.


Por otro lado, “supongamos que no les importa al gobierno los grandes capitales, pero en una economía tan deteriorada, es muy probable que mayor presión tributaria, para los que están, no implique aumento de la recaudación, sino todo lo contrario, que en términos reales caiga (curva de laffer). Los que más tienen, tendrán más capacidades: legales, económicas, empresarias, elusión, cambio de residencia fiscal, que terminan no pagando más, al menos en el siguiente ejercicio fiscal.  En tanto que los de ingresos medios, están teniendo tal caída en los ingresos reales, que no van a tener una capacidad contributiva que haga aumentar la recaudación fiscal”.


Para Ball, en este sentido, habría que “ir a una simplificación tributaria, que no solo implica menor presión tributaria, sino menos cantidad de tributos. Y en el mediano plazo también tender a un sistema más federal, que los tributos nacionales sean la excepción y el sistema este casi totalmente descentralizado en las provincias. De manera que las provincias bien administradas tengan reales instrumentos para reducir impuestos y atraer inversiones a su territorio en un marco de competitividad fiscal”. 
 

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