⚖️ El Poder Judicial argentino, es la versión moderna del fascismo

Me duele mucho comprobar entre amigos y conocidos, instruidos como mínimo en escuelas secundarias, la falta de comprensión en su real dimensión de la tragedia judicial que vive nuestro país, y el atentado de magnicidio hacia la figura de la vicepresidente la agiganta.

 

Como dice el Dr. C. Rozanski,  la utilización del lawfare es la versión moderna del fascismo; se trata del uso de la ley como un medio para conseguir lo que de otra manera tendría que lograrse con la aplicación de la fuerza militar tradicional. Se cambiaron las directivas que venían de la Escuela de las Américas*, dictadas a militares de toda Latinoamérica por Estados Unidos en la sede de Panamá, por “cursos judiciales” para aleccionar sobre lawfare, para jueces y fiscales, también de Latinoamérica, en Miami.

 

En el lawfare que condiciona la vida de nuestro país, tenemos una serie de personajes que son una vergüenza de nuestro poder judicial, participantes principales de las causas judiciales más aberrantes que se llevaron a cabo en los últimos años, principalmente durante la administración macrista, contra funcionarios y políticos opositores, como no se vio nunca en democracia.

 

Comenzando con la Corte Suprema de Justicia con 2 miembros elegidos “a dedo” por M. Macri con el asesoramiento de Fabián “Pepin” Rodríguez Simón*, integrante de la Mesa Judicial creada por el ex presidente y, hoy prófugo de la justicia en Uruguay; y lo lamentable, los elegidos fueron aprobados por los otros dos cortesanos que la integran.

 

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola con sus alegatos contra la figura de la actual vicepresidenta Cristina de Kirchner y ex funcionarios en el escandaloso caso de Vialidad, donde durante tres años de declaraciones de testigos, contratistas, etc., no se la nombra en ningún momento, aun con declarantes macristas. Todas las denuncias sobre las obras ejecutadas en la provincia de Santa Cruz fueron rebatidas con pruebas por las defensas de todos los denunciados.

 

Juan B. Mahiques, “soldadito” de M. Macri, desde el Consejo de la Magistratura durante 4 años impulso la persecución de magistrados y políticos opositores; junto a su padre Carlos, juez de la Casación Federal, viajaron en un vuelo privado (Nº 26917) junto a otros jueces, fiscales y ex servicios de inteligencia desde el aeropuerto de San Fernando, Bs. As.el 13/10/22 hacia la Estancia de Joe Lewis, amigo íntimo de M. Macri, en el apropiado lago Escondido, Rio Negro, a un conclave secreto.

 

El atentado fallido a la vicepresidenta expuso el accionar de la mafia judicial.

 

El fiscal Carlos Rivolo, quien junto a la jueza María E. Capuchetti pierden pruebas y aportan notables deficiencias a la investigación del atentado contra Cristina de Kirchner. Recordemos que el fiscal, que junto a su socio, el fiscal procesado Carlos Stornelli, imputó a la víctima del intento de magnicidio,  913 hechos delictivos sin prueba alguna.

 

No se ocuparon del diputado del PRO Gerardo Milman que fue escuchado en una confitería cercana al Congreso Nacional, cuando les dijo a las hermanas Carolina y Daniela Gómez Mónaco “que cuando la maten el estaría camino a la costa”. Carolina, fue servicio de inteligencia de la AFI macrista.

 

Tampoco investigaron a la vecina del piso superior del mismo edificio donde vive Cristina; que le alquilaba una pieza a la abogada Gladys Egui, defensora de L. Sosa y G. Guerra, comprometidos en el atentado y que visitaban a la vecina Ximena de Tezanos Pinto, donde realizaban logística para el futuro atentado.   

 

Los Jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que fueron bendecidos por la Corte Suprema de Justicia, y que permanecen en sillones que no les corresponden, y que junto al juez Mariano Llorens integran la Cámara Federal, pidieron la liberación de los violentos participantes del atentado antes que fueran procesados y, también, el juicio oral para que no se siga investigando el caso, ya que hay pruebas de cómplices políticos y financieros. Una verdadera vergüenza.

 

Se podrían agregar más nombres de políticos y funcionarios que deberían vincularse a los hechos no investigados, para ver la verdadera tragedia judicial que padecemos en nuestro país y que los medios hegemónicos la ocultan, y por lo tanto no llegan al ciudadano para su conocimiento.

 

Lo más lamentable ante esta farsa judicial, es el silencio cómplice de Colegios de Abogados y de las Facultades de Derecho.

 

Jorge Alegrechy