El fundador de la Unión Malvinizadora Argentina, Luciano R. Moreno Calderón, hizo público un trabajo llamado “Crónica de un radar británico en Tierra del Fuego. Una trama de ocultamiento y complicidades”, que, según su autor, espera pueda servir para “la Comisión Investigadora y el Juicio Político que debe realizarse en el seno de la Legislatura Provincial fueguina, a los efectos de dilucidar quiénes fueron los responsables del gobierno provincial, en la instalación, ocultamiento y mantenimiento del radar que, al día de hoy, sigue en pleno funcionamiento”.

 

Luego de que el 15 de noviembre de 2022 la Secretaría de Telecomunicaciones diera el permiso precario para la instalación del radar británico en Tolhuin, el 23 de agosto de 2023, por pura y exclusiva gestión del Ministerio de Defensa de la Nación, volvió a emitir una nueva disposición, esta vez para la “cancelación total” del permiso otorgado a la empresa LeoLabs.

 

Ante este hecho de enorme importancia, para Moreno “queda un solo camino con, por lo menos, dos resultados: uno es desmantelar el radar que gracias al gobierno provincial sigue energizado chupando información sensible; y el otro, analizar las responsabilidades del gobierno fueguino en tamaña afrenta. Y a eso contribuye este trabajo”.

 

Esta inhabilitación total, que se produce luego de la cancelación temporal solicitada por el ministro Jorge Taiana -el 23 de junio- y el contundente informe del Ministerio de Defensa que pone blanco sobre negro acerca de las implicancias que tiene el radar, no puede ser “solo un motivo de festejo, sino el puntapié para expulsar y enjuiciar a los funcionarios cómplices o ineficientes del gobierno fueguino, que no son pocos”.

 

El trabajo contiene tres informes que fueron desarrollados a manera de crónica, respetando el orden en que se fueron sucediendo los acontecimientos y declaraciones desde el enero de 2021 hasta el 24 de agosto de 2023, recopilando y comentando todo el material que fue gestándose en relación a este tema. El trabajo es interactivo, ya que, en su versión digital, contiene no solo códigos QR para poder acceder a contenido adicional, sino que posee 180 notas con números superíndices para acceder a links que complementan y amplían lo que se expone en el trabajo de 60 páginas.

 

“El trabajo, lo que va a exhibir de manera patente, es la clara intención del gobierno provincial fueguino de culpar a todo y todos, para diseminar responsabilidades y no tener ellos culpa alguna, cuando la realidad es totalmente lo opuesto a eso. También va a desarticular la mentira que ahora se está tratando de instalar, de que la cancelación total formal del 23 de agosto es producto de un pedido realizado de manera tardía y extemporánea por parte de la provincia, cuando en realidad esta cancelación que hoy hipócritamente festeja el gobierno provincial es producto de gestiones del Ministerio de Defensa: una cancelación que la provincia no complementa cortando la energía que mantiene activo y en plena tarea de espionaje al radar británico. Energía que sigue fluyendo a pesar del lapidario informe oficial publicado el 1 de agosto, de la cancelación temporal del 23 de junio, e incluso luego de la cancelación total del 23 de agosto”.

 

“Imaginemos el grado de desparpajo del gobierno provincial, que, en aras de sacarse el lazo con la pata por el escándalo del radar, en la misma entrevista en la cual le preguntaban al gobernador fueguino sobre el radar por primera vez –el 29 de junio- dijo que iba a declarar persona no grata a la embajadora británica en Argentina, por una declaración que ésta hiciera el 3 de marzo y a la que el propio gobernador respondió diciéndole "Estimada Embajadora!". Una clara muestra de enojo diferido que exhibe la bajeza del gobierno provincial fueguino que llegó de usar a los caídos para tratar de implantar una agenda mediática que aglutinara a los patriotas, y los hiciera olvidar este terrible asunto del radar. Una situación que expuse con un video desde el primer momento, y que en la obra abordo en profundidad” expuso Moreno.

 

“La Legislatura fueguina, tal cual dijo por primera vez el legislador provincial oficialista Pablo Villegas, debe llevar luz sobre este tema, iniciando una Comisión Investigadora y un posterior Juicio Político. Lo primero, la Comisión Investigadora, claramente, no solo es necesario sino procedente, a raíz de la falta de respuesta al pedido de Informe que la propia Legislatura envió al Ejecutivo fueguino el 12 de junio, y que tenía como plazo de obligatoria respuesta 20 días. En cuanto al Juicio Político, si bien su activación está claramente argumentada en el informe, por cómo se comporta la amplia mayoría oficialista del cuerpo deliberativo provincial, no creo que sea posible”, argumentó el fundador de la Unión Malvinizadora Argentina.

 

“Acá nos encontramos ante un inconveniente de extrema complejidad, que no solo radica en la necesidad de aportar una solución a las consecuencias de la instalación del radar británico que el gobierno provincial ayudó a instalar en nuestra provincia, sino que nos encontramos ante la apremiante situación de que no existen mecanismos que hagan al Ejecutivo Provincial Fueguino rendir cuentas cuando existe una mayoría oficialista en la Legislatura y un Poder Judicial cooptado también por un oficialismo que acaba de ganar una elección”, añadió.

 

En esta línea, aseguró: “Aunque es necesaria la Comisión Investigadora y el posterior Juicio Político, por la gravedad institucional que reviste lo que está sucediendo y el irrespeto del gobierno fueguino no solo a las instituciones provinciales y nacionales sino a la propia soberanía y a la integridad física del pueblo fueguino, la Legislatura es muy difícil que junte las mayorías necesarias para que esto suceda. Ergo, una vez más, un mecanismo democrático será la excusa fundamental para que los que atentan contra el pueblo y la soberanía no paguen por sus genuflexiones. Y esto es realmente muy preocupante a nivel político. Luego no nos horroricemos cuando nadie quiere ir a votar, o cuando producto de este tipo de impunidad, los votantes prefieren cualquier cosa, antes que el verdugo conocido”.    

 

Por último, Moreno expresó que “este informe no busca quitar o atenuar las responsabilidades de las autoridades nacionales que otorgaron los permisos para la instalación, sino abordar una faceta de la responsabilidad institucional que pareciera estar completamente dejada de lado por parte de la clase política fueguina -y algún sector de la prensa- principalmente oficialista, que solo se orienta a festejar una cancelación que institucionalmente el gobierno provincial no propició, que además no cumple y que se produce rompiendo el silencio cómplice en que los funcionarios fueguinos mantuvieron todo hasta las últimas instancias. Hasta hoy”.

 

“Quiero agradecer a todos los que me ayudaron a imprimir 100 ejemplares que serán repartidos a los representantes fueguinos, a los que me ayudan a repartirlos, y a los que me fueron brindando información que pude condensar en ese trabajo. Esta ayuda vino de sectores de todos los partidos políticos de la provincia, de fueguinos comprometidos y horrorizados, no solo por la instalación del radar, sino por la contundencia de las pruebas que la crónica exhibe con nombres propios, acerca de la complicidad de funcionarios fueguinos en la instalación y mantenimiento del dispositivo británico”.

 

El trabajo es de descarga totalmente gratuita, o puede conseguirse pidiéndolo al mail

[email protected] o [email protected]

 

LINK de DESCARGA gratuita ↓

https://drive.google.com/file/d/1W7D_4H9jRv4GmFjQqcViV-THtIeIoylQ/view?usp=drive_link

 

↓ VIDEO que prueba cómo el Gobierno provincial fueguino quiso usar a los caídos para tapar de la opinión pública, su complicidad en la instalación del radar