⚖️ Reflexiones necesarias sobre desenergización, desactivación, desmantelamiento y encubrimiento

Para empezar, vamos a tener que decir y recordar que la instalación de un radar de uso dual (civil y militar) por parte de una potencia que tiene usurpado y militarizado una porción del territorio del país donde se instala, es algo que no ocurriría con la facilidad que ocurrió si no hubiese sido ayudado por la provincia que, no casualmente, es la que sufre de manera más directa la ocupación ilegal del que implanta ese dispositivo.

 

En cualquier otro país -ni mejor ni peor- que tome en serio la protección de la soberanía y la defensa de los intereses nacionales, esto no pasaría, y en el caso de que pasara, por ocultamiento o artimañas de un privado en complicidad con autoridades nacionales y provinciales -como es el caso-, descubierta la situación, en principio, provocaría que terminaran todos presos e inmediatamente fuera el Ejército a desmontar todo el instrumental: ya sea para hacerle tecnología inversa o simplemente para  destruirlo y enviarlo en pedazos a donde sea. Y todo esto sin ningún tipo de reparo, prurito o vergüenza.

 

Habiendo realizado esta pequeña aclaración introductoria, creo que ahora es importante hablar de algunos conceptos claves que se están usando mediática y formalmente de una manera muy liviana, sin que realmente se dimensione la enorme importancia que tienen para determinar responsabilidades por la falta de actividad en el retiro inmediato del artefacto enemigo.

 

Conceptos en general

 

Tres son, a mi modesto criterio, los conceptos sobre los cuales hay que hacer una puntillosa mención, por ser básicamente trascendentales:

1. Desenergización:

Eliminar la fuente de energía que provee alimentación a uno o más dispositivos de manera no destructiva. Es decir, quitar la posibilidad al artefacto de que pueda funcionar proveyéndose de energía, sin que este, por esa carencia, se vea perjudicado en su funcionalidad potencial cuando este sea re energizado.

2. Desactivación:

Hacer que un mecanismo activo deje de funcionar, independientemente cuál sea su forma de funcionamiento (activa o pasiva)

3. Desmantelamiento:

Derribar, destruir, demoler, desarmar o desmontar algo, a los efectos de interrumpir su actividad de manera más efectiva, al retirar total o parcialmente sus instalaciones o enseres.

 

Conceptos en relación al caso particular

 

La desenergización como primer paso

 

La instalación del servicio eléctrico trifásico que provee al radar (LEO) británico-estadounidense de LeoLabs, está estrictamente autorizado y proveído por la “Empresa Provincial de Energía” –100% de capital estatal- que está exclusivamente administrada por la Dirección Provincial de Energía (DPE). Ergo, según la Ley provincial N°117/78¹, el corte o la interrupción del servicio es exclusivo resorte de la provincia. Y tan así es esto, que la incorporación del dispositivo militar de la OTAN a la red eléctrica fueguina se inicia con un pedido a esa entidad (Expediente 107/2022² del 5 de abril de 2022), iniciado durante la presidencia de Juan Alberto Mancini (ingeniero especialista en radares y misiles) ³, padre de Diego Alberto Mancini Loiácono, uno de los directores de la empresa LeoLabs⁴ asentada en la Inspección de General de Justicia de Ushuaia.

 

¿Por qué es importante resaltar esa participación 100% estatal en la complejísima energización del radar en cuestión? Porque ese porcentaje es también aplicable en todo momento a la responsabilidad provincial en la no desenergización de este instrumento de espionaje. Un servicio que se niega a muchos fueguinos y que debió preventivamente interrumpirse el 23 de junio, de manera temporal, o iniciar formalmente el proceso administrativo para ello.

 

¿Por qué digo que debió interrumpirse el 23 de junio de 2023 o iniciarse el proceso formap? Porque el día anterior a esa fecha, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad, por medio de una Disposición, suspende⁵ los efectos de una anterior disposición que “autorizó con carácter precario a la empresa LeoLabs a instalar y poner en funcionamiento” el radar en cuestión. Desde ese momento, a mi entender, el gobierno provincial fueguino, por razón de interés público, debió suspender también el servicio, ordenando a los técnicos pertinentes retirarles el suministro eléctrico.

 

Si bien es cierto que los ineficientes funcionarios provinciales desde ese momento, tratando de tapar lo que decían los especialistas acerca del problema geopolítico⁶ que significaba el instrumental y que mentían con descaro diciendo que la empresa solo era estadounidense, precautoriamente, podrían haber tenido un gesto de patriotismo y desconectar la electricidad ya que, de realizarse por medio de técnicos y teniendo como herramienta argumental la suspensión, esta interrupción energética no significaba una violencia sobre la cosa, o una violación de derecho alguno para el anglófilo privado.

 

A principios del mes de julio, cuando ya no pudieron tapar más que la empresa LeoLabs, asentada legalmente en la provincia, había explicitado en los papeles que tenía capitales británicos⁷ (y mientras los funcionarios de primer orden como el gobernador y el Secretario de Malvinas, Andrés Dachary, decían que si se cambiaba la composición accionaria podía seguir⁸ poniendo en peligro la soberanía y la vida de los fueguinos), podrían haber también tenido un gesto, y sacarle la electricidad, para esperar por lo menos que sus cómplices regularizaran todo como lo pedían y luego restablecer el servicio. Pero no.

 

El 9 de julio, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Martín Paleo, escribe una nota que publicó INFOBAE titulada “9 de julio: soberanía, estrategia militar y ámbito espacial”⁹, donde explica con la contundencia que solo pueden tener los que saben, cuáles eran las características de la empresa y sus conexiones con la OTAN, así como también algunas de las especificaciones del radar LEO instalado en Tolhuin y lo que significa su instalación para la Directiva de la Política de Defensa¹⁰. Desde este momento, la actitud preventiva de suspender el servicio, ya no era una opción, sino una obligación. Y más allá de cualquier nota dilatoria y berreta¹¹ que el gobierno provincial le pueda haber enviado a Paleo para pedir ratificar sus conceptos, claramente, lo que exponía públicamente la máxima autoridad militar del país no era moco de pavo, y no lo iba a hacer sin fundamentos, poniendo en juego su enorme carrera.

 

Y quiero aclarar que, a mi entender, la nota de Paleo sale a la luz porque el gobierno provincial, a los efectos de salvar los trapos del entongue, estaba pavimentando la posibilidad de cambiar la composición accionaria de la empresa¹² para que el radar siguiera funcionando en detrimento de la soberanía. Y tanta era la necesidad, que Melella no solo quiso utilizar esta artimaña, sino que llegó a usar a los caídos en la Guerra para desviar la atención¹³, con una declaración de persona no grata a la pirata embajadora británica en Argentina, por una declaración que esta hiciera el 4 de marzo¹⁴, y que al día de la fecha jamás se concretó, y solo se usó para figurar los medios y atrapar a algunos malvineros horrorizados por lo del radar británico.

 

Una desactivación que nunca ocurrió

 

El 1 de agosto sale al tapete mediático un lapidario informe titulado “Estación Radar AGSR LeoLabs Argentina S.R.L en Tolhuin, Tierra del Fuego AIAS”¹⁵ donde se evacúa todo tipo de dudas que pudieran haber existido sobre el enorme daño a la soberanía y la seguridad nacional que representa la instalación y funcionamiento del radar, el gigantesco problema geopolítico en el que nos coloca, y detalla con claridad todas las funciones de espionaje militar que posee: datos que si bien ya estaban siendo expuestos por varios especialistas¹⁶, ahora la tupida pauta provincial no iba a poder ponerlos en duda para aminorar lo que estaba pasando y su responsabilidad, ya que esta descripción fidedigna y consciente de la situación -ampliatoria de lo expuesto Paleo el 9 de julio-, no es que fue elaborada por opinólogos, sino por “los aportes brindados por INVAP S.E, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO), la Dirección Nacional de Contralor de Material de Defensa y la Director Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa”.

 

Como no es interés de este escueto artículo informativo hacer una descripción pormenorizada del impecable Informe que invito a leer, solo me remitiré a hablar sobre dos cuestiones que deberían haber iniciado la inmediata desenergización -que como ya expresé, desde el 23 de junio debió haberse realizado precautoriamente- y la inmediata desactivación por vía de intervención judicial o sin ella, poniendo lo que hay que poner para defender los altos intereses de la patria.

 

Desde que aparece este Informe Oficial, el radar no solo debió ser desenergizado sino urgentemente desactivado ¿Por qué? Porque en él se expone, además de los problemas generales citados, que el radar está enviando información sensible desconocida a nadie sabe a dónde, que podría estar interfiriendo en comunicaciones y señales, y porque incluso explica que el radar tiene dos formas de funcionar (en etapa pasiva o activa) y que desenergizado el radar puede seguir haciendo espionaje.

 

La instalación terrena, donde se encuentra el radar, tiene equipos que le brindan autonomía energética de ser necesario. Es decir, si se le cortaba la electricidad, podía seguir funcionando -si así lo quisieran sus dueños- haciendo uso de la herramienta para generar la energía necesaria para funcionar, por lo menos en etapa pasiva. Con esto no quiero decir que era lo mismo cortarle o no el servicio, sino que, el que la Dirección Provincial de Energía le cortara la electricidad era una herramienta del Estado provincial para perjudicar el funcionamiento, independientemente que este pudiera seguir funcionando en etapa pasiva.

 

La desenergización preventiva hubiera limitado las capacidades de funcionamiento, pero no lo hubiera desactivado, porque, como dice el propio informe, el radar desenergizado, puede seguir funcionando en etapa pasiva y trasmitiendo información sensible por el eficiente servicio de internet que posee, provisto por un grueso cable de fibra óptica de banda ancha, sin que sea posible determinar no solo qué tipo de información se está robando, sino a quién va y para qué se usa.

 

Desde el 1 de agosto, con el Informe en mano, las cosas deberían haber cambiado drásticamente y no fue así. El gobierno provincial, tendría que haber comenzado a mover cielo y tierra para que se desactive. Debería haber realizado todo a su alcance para evitar que el dispositivo pueda tener cualquier tipo de actividad y que el propio informe explica que es nociva para la seguridad nacional.

 

El gobierno provincial debió, de inmediato, (1) cortar el servicio eléctrico por medio de su Dirección Provincial de Energía (DPE) o iniciar de carácter urgente las medidas administrativas y formales necesarias a tal efecto, (2) solicitar formalmente y de carácter urgente a la empresa que presta el servicio de Internet de banda ancha el corte del servicio –constatado por escribano público-, y (3) debió hacer una presentación judicial para solicitar el permiso necesario a los efectos de ingresar al predio donde se encuentra el radar, para desconectar todo aquello que pueda permitir -estando conectado- que el radar siga funcionando en etapa activa, pasiva o como sea.

 

Nada de lo expuesto sucedió. Muy por el contrario, se siguió mintiendo con pertinaz caradurez diciendo que el radar ya no estaba funcionando; que estaba desenergizado y desactivado. Incluso, siguieron en esa postura luego de que apareció una foto tomada por el radar de Tolhuin el 20 de agosto¹⁷, publicada por el Senador Nacional fueguino Pablo Blanco.

 

Por lo tanto, hoy, se sigue en iguales condiciones: un radar funcionando gracias a un séquito de funcionarios cómplices que no funcionan, solo útiles para mentir descaradamente a los efectos de tapar su chiquero y dilatar todo intento de perjudicar el funcionamiento del instrumento de espionaje militar británico.

 

Un desmantelamiento que no quieren que ocurra

 

El 23 de agosto de este ajetreado y eleccionario 2023, la Subsecretaría de Telecomunicaciones emitió una nueva disposición¹⁸ a los efectos de “cancelar totalmente la autorización otorgada de carácter precario a la empresa LEOLABS para instalar y poner en funcionamiento” este dispositivo de inteligencia militar de la OTAN.

 

Y una cosa que dejaba clara esta ¨cancelación¨ formal total, era que venía a completar la anterior ¨suspensión¨ y que ambas se inscriben en lo que estipula el artículo 28 de la Ley Nacional N° 27.078¹⁹,  que explicita que “las autorizaciones de carácter precario para el uso del espacio radioeléctrico se otorgan de esta manera porque la Autoridad de Aplicación puede sustituirlos, modificarlos o interrumpirlos total o parcialmente sin que ello dé lugar a derecho de indemnización alguna en favor del autorizado o administrado”. Es decir, el Estado nacional no tiene que dar más explicaciones ni indemnizar por proteger los intereses soberanos.

 

Desde ese momento, el gobierno provincial fueguino podía, en el ejercicio de sus derechos no delegados al Estado Nacional, y usando las competencias provinciales correspondientes –las ejecutivas o las que pudieren realizarse por medio de pedidos a la justicia- iniciar el proceso de desmantelamiento. Es decir, ahora también era obligatorio intimar de manera inmediata al desarme total de la Estación Terrena.

 

Lo que sucedió, fue que, con la tibieza y la falta de compromiso real para defender la soberanía y a los fueguinos, el gobierno provincial salió a decir que pediría a la Empresa un plan de desarme que jamás se hizo efectivo. Prueba de ello es que el radar sigue funcionando.

 

De picante a cacheteado

 

Pasados casi unos 20 días de esta cancelación formal, Gustavo Melella, seguramente asesorado por el cúmulo de apátridas altamente remunerados que lo rodean, el 20 de septiembre salió a hacerse el picante por medio de una nota al Ministerio de Defensa²⁰, solicitándole de “manera URGENTE” que arbitre “los medios necesarios para garantizar la inoperatividad definitiva y constante de dicha instalación -el radar- en territorio fueguino”, y que, “en caso de encontrar eco favorable en la petición, la Provincia se reserva los derechos de accionar en idéntico sentido por vía judicial”.

 

La amenaza no cayó bien, porque a las claras, lo que no entendía Melella, es que uno de los mayores culpables de que todo esto estuviera pasando, era él y su séquito de inservibles funcionarios y que, si a la fecha, la facción del gobierno nacional no cómplice con la instalación del dispositivo no había pisado el acelerador para indagar, visibilizar y denunciar las culpas en cabeza del gobierno provincial, era porque existía un proceso eleccionario que no se quería enturbiar. No era muy difícil para cualquier persona con un intelecto promedio ver esto.

 

El mismo 20 de septiembre, un par de horas después de recibida la carta de Melella, la Subsecretaría de Telecomunicaciones le envía una nota al gobernador donde no deja ningún tipo de dudas²¹ sobre las responsabilidades provinciales en la desenergización, desactivación y desmantelamiento del radar británico estadounidense.

 

La respuesta fue lapidaria e inmediata, cual mano tensa a medio cerrar que espera el empujón para talar algunos dientes: tres ministerios ahora le solicitaban al contubernio de inservibles altamente remunerados del gobierno provincial “tenga a bien comunicar las medidas que, por ser de su competencia provincial, se han tomado o tomarán para consolidar el proceso de cancelación, respecto de las siguientes cuestiones que hubieran sido instrumentadas por el Gobierno de la provincia de Tierra del Fuego”

1. ¿Dio de baja la sociedad inscrita en la Inspección General de Justicia de la Provincia que tiene capitales británicos, que se instaló en una zona sensible y para realizar una actividad de la gravedad que el informe del Ministerio de Defensa expuso?
2. ¿Revocó la autorización de la Secretaría de Ambiente provincial que permitió la construcción y funcionamiento del radar, y que hoy es imprescindible para iniciar el desmantelamiento?
3. Estando en conocimiento que el instrumental sigue accediendo al servicio de electricidad que administra la provincia ¿se le interrumpió la provisión de energía para que el radar sea apagado?
4. ¿Han cesado por parte de la provincia las solicitudes de excepción de cualquier tipo para realizar importaciones como las efectuadas el 13 de enero de 2023? De no ser así, es necesario cancelarlas de inmediato y no formular más pedido.

 

Nada de lo que es competencia de la provincia para la desernergización, desactivación y desmantelamiento del radar se había realizado. Absolutamente nada. Ni en ese momento, ni ahora.

 

Hoy, mientras escribo con bronca este capítulo del informe, el radar está igual o más consolidado que el 23 de junio. Eso sí, ahora no hay dudas que el gobierno fueguino no quiere desinstalar el radar. 

 

Incendio, Carta de LeoLabs y encubrimiento agravado

 

Luego de este ida y vuelta entre el gobierno provincial y Nación, y luego de que los drones de Telenoche revolotearan por la Estancia El Relincho para hacer un informe tibio y parcial²², en una de las cabañas que estaba a unos 100 metros del radar, se produce un incendio que los bomberos oficialmente declararon intencional²³. En ese momento nos enteramos que la estancia en cuestión hacía un par de años era alquilada por el gobierno provincial a una persona vinculada al básquet para, desde el Ministerio de Deportes, hacer actividades lúdicas, y que la casona sin servicios, que formaba parte de ese predio, es la que se prendió fuego el 24 de septiembre.

 

El 26 de septiembre hace casualmente aparición la empresa LeoLabs por primera vez, enviándole una nota al gobernador Gustavo Melella²⁴, solicitándole algunas cosas y advirtiendo la manera en que iban a extraer las pruebas de lo que había estado haciendo el radar.

 

En principio, le informaba al gobernador que “para prevenir daños a las instalaciones por parte de terceros, Leolabs ha decidido retirar ciertas partes electrónicas de la estación terrena espacial”. La empresa que viola la soberanía y la seguridad nacional le informaba al gobierno que le preocupaban daños de terceros, y que para ello iban a llevarse, a la vista de todos y avisando, “ciertas partes electrónicas”. Es decir, para proteger sus intereses iban a retirar material probatorio fundamental, que podría demostrar qué información se estaba chupando, a quienes iba a parar eso, a dónde y en cuánta cantidad.

 

El material se extrajo y esto pasó sin que, a pesar del aviso, el gobierno provincial hubiera solicitado que dicho material quede a resguardo judicial para luego poder peritarlo si era necesario. Se llevaron las pruebas luego de avisar al gobernador que se las llevaban y no hubo ni una presentación judicial para frenar este acto de impunidad. ¿No es raro?

 

En la misma carta, la empresa miente descaradamente diciendo que lo que expone el Informe de Defensa no es cierto y que el radar no tiene las capacidades que los especialistas dicen que tiene. Pero a pesar de ello solicitarán que el 29 de septiembre “la Dirección Provincial de Energía corte totalmente el suministro de energía al radar”. Es decir, la electricidad no estaba cortada para ese entonces como se cansaban de decir los funcionarios cómplices por los medios de comunicación.

 

Luego, la empresa, en la misma misiva dejó claro que iba a apelar la decisión de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de cancelar de manera definitiva la autorización precaria, mientras informaba  que comenzaban a hacer efectiva la estrategia que había trazado el Secretario Andrés Dachary²⁵ y el asesor externo de la empresa LeoLabs, Luis Hormaerchea²⁶, para que el radar siguiera funcionando: mudar el capital accionario de la empresa británica a la otra parte estadounidense de ese contubernio de inteligencia militar, para que no exista problema y el radar siga perjudicando nuestra soberanía y poniéndonos en peligro, sin ni ningún tipo de problema para la empresa.

 

Cafiero, Carmona, tramites exprés y resistencia al desmantelamiento

 

El 28 de septiembre, luego de que Santiago Cafiero expusiera sobre este tema en la Comisión de Relaciones Exteriores²⁷, y donde los senadores nacionales fueguinos Pablo Blanco y Eugenia Duré pidieran las explicaciones necesarias a Cancillería, el Secretario de Malvinas de la Nación, Guillermo Carmona, le envió una nota²⁸ al Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina para explicar las medidas que tomó esa Secretaría y el gobierno nacional a los efectos de lograr el desmantelamiento del radar, donde dejó claro que toda la responsabilidad para que esto ocurra, a los efectos de garantizar la autonomía provincial, es del gobierno provincial, que claramente no le interesa extirpar dicho instrumental del territorio fueguino.

 

Runfla pro-británica, Clarín y LeoLabs

 

El 8 de noviembre en el medio pro-británico Clarín, apareció una nota de opinión²⁹ realizada por un ingeniero el aeronáutica y magister en Defensa Nacional, que buscando lograr la continuidad del radar a toda costa, hizo además de unas elucubraciones totalmente disparatadas, unas aseveraciones que dejan ver la verdadera intención.

 

En esta nota, de un tal Ricardo Runza (Runfla), primero trata de decir que el radar no es británico, y luego expone la estrategia pergeñada desde junio para defender la continuidad del Radar Británico en Tierra del Fuego.

 

Exhibiendo una ignorancia supina y una intencionalidad expresa, sostiene que espera llegue Milei a la presidencia para que el radar siga funcionando: “solo resta esperar que haya un cambio de gobierno y que la seguridad nacional del país sea tomada con más seriedad. Esperemos que cuando la seriedad retorne, la empresa continúe sus operaciones y el Estado argentino lo aproveche”.

 

Eso lo dice en el contexto de tratar de instalar en los lectores desinformados, que el radar no tiene uso militar, que el informe de Defensa y los diferentes organismos está equivocado, y que él sabe más por ser un mercenario barato de LeoLabs. Iincluso llega a aseverar que los chinos son los que quieren el radar afuera y que por ello todo el escándalo.

 

Pero esto es lo más chistoso. Trata de apelar al odio al supuesto “comunismo chino”, que no invadió Malvinas ni colaboró con ello, omitiendo que el gobierno provincial fueguino es muy "pro Chino", y que es él quien no lo quiere sacar. Tan pro chino es el gobierno fueguino, o tan abierto a la penetración china, que le dió o le quiso dar la concesión al futuro puerto de Río Grande³⁰ que servirá para cuestiones estratégicas y le ofreció ese mismo puerto a la flota pesquera china³¹ que roba los recursos en la Milla 201. Ergo, no existe presión china para sacar el radar, sino necesidad de proteger los intereses soberanos, y el gobierno provincial, muy tildado de pro chino, es uno de los que no lo quiere sacar.

 

Esta nota, lo que sí demuestra, es la intención del gobierno provincial, de dilatar el desmantelamiento hasta que pasen las elecciones, ya que si gana Milei, seguramente la empresa mudara las acciones británicas a otro sitio, podrán algún científico como el apátrida de Hormechea para que esté custodiando el sitio mientras violan nuestra soberanía y, con él allí, decir que ahora la provincia y la nación lo aprovecha; y todo esto para que los funcionarios o familiares de funcionarios que se ven beneficiados con su instalación sigan nutriéndose de la violación de nuestra soberanía y dignidad nacional.

 

Conclusión

 

Claramente, desde el gobierno provincial existió un constante actuar dilatorio a los efectos no permitir extirpar la herramienta colonial instalada en el Corazón de la Isla Grande de Tierra del Fuego, a unos 600 kilómetros de la base militar de la OTAN en Malvinas. También existió una permisiva actividad del gobierno nacional, en no pisar el acelerador e intimar con contundencia al gobernador a hacer lo que claramente no quiere, sin contar con los permisos de la Subsecretaría de Telecomunicacion y el ENACOM, este último presidido Gustavo Lopez, presidente de FORJA (partido de Melella) ³².

 

Pero acá cabría preguntarse, porque este artículo versa sobre las responsabilidades provinciales, si es que la inactividad se produce por incompetencia o complicidad. ¿Será que realmente están esperando, por pedido de la empresa, que llegue Milei para que el radar continúe?

 

No sería la primera vez que el gobernador provincial juega a dos puntas con las elecciones. Recordemos que en las elecciones presidenciales de 2019, luego del industricidio de Macri que afectó gravemente a la provincia, a pesar de hacer supuestamente campaña para Alberto Fernández, salió con un spot (VIDEO) ³³ –luego borrado con pauta de todos lados- diciendo que era lo mismo votar a cualquier presidente.

 

Claramente el resultado eleccionario será un factor clave para determinar si el radar quedará o no instalado en la provincia. Si gana Massa, quizás el radar se vaya, pero si gana Milei, el radar inevitablemente quedara. Lo que queda esperar son dos resultados

1.  si gana Massa y si la decisión política es sacarlo, el gobierno provincial comenzará inmediatamente con pauta a montar el escenario de la patriada que significa desmantelar el radar, que siempre prefirió que siga estando.
2. Si gana Milei, pondrán algún apátrida como Hormeachea a custodiar el radar en carácter de científico, dirán que ahora es bueno que argentina tenga esa tecnología enemiga y que el gobierno provincial no puede hacer nada, no porque son inútiles y cómplices, sino porque es pura y exclusiva decisión del gobierno nacional. Cuestión que es totalmente mentira

 

Por último

 

Este artículo, forma parte de la cuarta parte de un trabajo de 150 páginas que será presentado en la fiscalía de Estado a Virgilio Martínez de Sucre, para que tome conocimiento de todas estas irregularidades, y pueda accionar con todo este marco conceptual, en las acciones que seguramente se iran a tomar un futuro no muy lejando, sobre el accionar del gobernador y sus funcionarios.

 

 El trabajo que ahora llega solo 65 paginas publicadas se llama “Crónica de un Radar Británico en Tierra del Fuego. Una trama de ocultamiento y complicidades” ³⁴ y pueden ser descargadas sus primeras 66 páginas de manera gratuita, luego de 20 de noviembre, estará disponible para descargar gratuitamente el documento completo.

 

Por

Luciano R. Moreno Calderón

Unión Malvinizadora Argentina

https://twitter.com/UMalvinizadora

 

Para más información comunicarse a [email protected]