Desesperada y desvergonzada oda a la impunidad del secretario de Malvinas fueguino, Andres Dachary 🇬🇧

Introducción

 

Las cosas se pusieron tensas luego de que la Subsecretaría de Telecomunicaciones por medio de sus Disposición del 23 de Agosto de 2023¹ hiciera efectiva -por lo menos en la formalidad- la “cancelación total y suspensión definitiva de la autorización otorgada con carácter precario a la Empresa LeoLabs para instalar y poner el funcionamiento una Estación Terrena en Banda S, con el objetivo de rastrear y monitorear objetos en ambiente LEO (Low Erth Orbit)” a raíz de las negativas “connotaciones geopolíticas” que esta implicaba, por “constituir una vulneración a la seguridad nacional” y a la “Directiva de la política de Defensa Nacional”, según lo argumentó el informe del Ministerio de Defensa² “Estación radar AGSR LeoLabs Argentina en Tolhuin, Tierra del Fuego AeIAS”, publicado el 29 de julio de 2023.

 

A raíz de esto, dos de los funcionarios provinciales fueguinos más implicados en la cómplice instalación y ocultamiento del radar salieron a ¨aclarar¨ algunas cuestiones. Una situación que, lejos de aclarar, como era sabido por lo turbio del accionar de ambos agentes, volvió todo aún más apátridamente oscuro.

 

El encubridor Secretario de Malvinas, Atlántico Sur, Antártida y relaciones Internacionales, Andrés Dachary³, y el facilitador -ex Director Provincial de Energía (DPE)-, Juan Alberto Mancini⁴, salieron a mentir y tratar de exculparse de toda responsabilidad con el insustituible mantra melellista: “la culpa siempre es de otro”. Sobre esas entrevistas ocurridas entre septiembre y octubre de 2023 versa este capítulo vomitivamente revelador, y que forma parte de un trabajo de 181 páginas llamado “Crónica de un radar británico en Tierra del Fuego. Una trama de ocultamiento y complicidades” que fue presentado en la Fiscalía de Estado⁵ de fueguina y en la legislatura⁶, y puede ser descargado de gratuitamente⁷.

 

Dachary, el encubridor desesperado

 

A poco más de una semana de que se diera a conocer la Disposición del 23 de agosto de 2023 que cancelara de manera formal y definitiva la autorización precaria⁸ emitida el 15 de noviembre de 2022 por la Subsecretaría de Telecomunicaciones para que funcionara el radar que aún hoy -30 de enero de 2024- sigue funcionando en Tolhuin, en el Programa “La Hora Vía” conducido por María del Valle Zuñiga y Eric Torrado, fue entrevistado el Secretario de Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Relaciones Internacionales fueguino, Andrés Dachary⁹. Un reportaje en el que podemos percibir a periodistas comprometidos preguntar con responsabilidad y un funcionario, una vez más, hacer agua por todos lados cuando al repreguntársele se le obliga a replantearse el guion con el que quieren copar todos los medios de comunicación provinciales y nacionales.

 

Con respecto a la forma en que se transcribió la nota, podremos ver el reportaje fue dividido en títulos para hacerlo más liviano y tiene tres tipos de letras: en la letra (normal) con márgenes acotados están las preguntas de los entrevistadores, en cursiva están las respuestas del entrevistado, y en otra tipografía con letra más pequeña coloqué algunas acotaciones propias que plasman mi pensar sobre las respuestas del sexcretario de Melella, Dachary.

 

Ponciopilatismo como Política de Estado provincial

 

• ¿Por qué la provincia, durante los largo meses en que se estuvo introduciendo, instalando y poniendo en funcionamiento este radar de capitales ingleses y norteamericanos no se expresó con la contundencia y vehemencia que corresponde sobre la instalación de este radar? ¿Por qué se actúa como corresponde, con vehemencia y firmeza ante el comunicado frente a esta pretensión territorial chilena pero no vimos que ocurra lo mismo mientras se instalaba y ponía en funcionamiento el radar?

 

“Coincido con la preocupación. El gobernador y yo, siempre nos expresamos en múltiples oportunidades al respecto, en rechazo de lo que significa montar una estructura con esta capacidad justamente en el Corazón de la Isla Grande de Tierra del Fuego, siendo ello una contradicción flagrante de lo que siempre ha si sido la defensa acérrima de lo nuestro, por el hecho de ser una provincia invadida”.

 

“Acá hay una serie de situaciones que se han conjugado y tienen que ser seriamente revisadas. Por un lado, las competencias que tiene el gobierno nacional en lo que es la triada conformada por la (1) Subsecretaría de Telecomunicaciones (que es quien tiene la capacidad de autorizar este tipo de desarrollo); en segundo lugar (2) la Cancillería que festejó esta instalación como un logro en la captación de inversiones en el sector de la actividad aeroespacial; y en tercer lugar (3) el Ministerio de Defensa, que es quien tiene el monopolio para determinar qué cosas amenazan o no la seguridad nacional”.

 

 “Nosotros hubiéramos querido que esto tuviera otro tipo de celeridad, pero el organismo que tenía que decir que esto cumplía un rol dual era el Ministerio de Defensa, pero no seis u ocho meses después. Porque uno no puede vivir en un país en donde tardamos casi un año en reaccionar y emitir un diagnóstico de estas características. Por eso nosotros creemos que más allá de que el objetivo a corto plazo, que es lograr que este radar esté desmontado, por supuesto que tienen que ser evaluadas las responsabilidades personales a nivel nacional y provincial, si las ha habido”.

 

Acá podemos ver otra faceta del ponciopilatismo, muy usada por parte de la gestión Melella. Arrancó la entrevista culpando a otros. Para el funcionario provincial, el gobierno nacional es el único que puede emitir opinión al respecto de la instalación y permanencia del radar, y esto no es así. ¿Por qué?, porque, de base, el gobierno provincial podría haber usado el poder mediático que le da dinero puesto en pauta para mantener silentes o enfilados a los portales, para informar al pueblo fueguino de dicha instalación británico-estadounidense (cosa que no hizo); incluso podría haber realizado con los recursos fueguinos un estudio propio con especialistas y de esa manera generar el malestar necesario para no se pueda llevar adelante dicha instalación y puesta en funcionamiento. Nada de esto ocurrió. Solo se habló del radar, cuando ya estaba en funcionamiento y porque salió a la luz.

 

“Igualmente yo creo que hay que trabajar entre Nación y Provincia, en la construcción de una normativa, porque se va a hacer muy difícil verificar el incumplimiento de algunas normas ya que estamos en presencia de algo muy propio del derecho; cuando algo es legal, pero es absolutamente ilegítimo. Porque está claro que no puede haber un radar que tenga componentes o una parte societaria británica, pero desde ningún momento esto fue acompañado por el gobierno de la provincia: sí es cierto que hubieron intervenciones desde distintas áreas que están siendo revisadas”

 

El funcionario nos explica con prístina claridad, que usaron el ocultamiento de la instalación del radar en conjunción con manejos espurios de las normativas, para tratar de que los funcionarios provinciales en contubernio con los nacionales, no paguen por su culpable proceder por una instalación que jamás fue autorizada formalmente por el Ministerio de Defensa ni la Cancillería¹⁰. Todo esto mientras parece mofarse del pueblo argentino sosteniendo veladamente, que quedarán impunes porque tienen una justicia adicta que acomodará la interpretación de las normas para decir que se actuó bien en la instalación y puesta en funcionamiento del instrumento militar enemigo. Como ocurrió con el dictamen del fiscal fueguino, que, como era de esperarse, lavó las manos del gobierno, con fundamentaciones realmente vergonzantes y carentes de información.

 

“Hoy la provincia notificará a la empresa para que presenten su plan de desmantelamiento, y después entiendo que será la decisión de los actores vinculados de LeoLabs qué es lo que hacen con esa tecnología, porque claramente, que está última resolución de la Secretaría de Telecomunicaciones (la del 23 de agosto) que es la cancelación total basada en el diagnóstico del Ministerio de Defensa (29 de julio) no solo les impide actuar en Tolhuin, sino en cualquier otra parte del país”.

 

Acá Dachary expone que desde  que se hace público el informe de Defensa -el 29 de julio-, el gobierno provincial fueguino, tenía la herramienta argumental necesaria para comenzar a arbitrar todos los medios necesarios para, en Defensa del Interés Nacional, quitar de inmediato todos los permisos otorgados por el Gobierno Fueguino, cortarle la energía administrada por el Estado Provincial, solicitar el corte del suministro de Internet y darle de baja o suspender (si se pudiera) la inscripción de la sociedad inscripta en la Inspección General de Justicia de la Provincia usada para violar nuestra soberanía y poner en peligro la integridad física de los fueguinos. Situación que ocurrió muy posterior a esa fecha y solo parcialmente, ya que solo se suspendió la autorización de impacto ambiental, pero el radar sigue energizado y funcionando hasta hoy¹¹.

 

• El radar está trabajando, sigue en actividad según denuncian las organizaciones de Veteranos de Malvinas …

 

“No, a ver. Desde fines de junio, cuando este tema toma una entidad nacional, se hizo una auditoría con personas de la Jefatura de gabinete del gobierno de la nación y representantes de la Empresa, donde se constató que toda la tecnología que estaba montada era la que se había acusado en las carpetas técnicas, y a su vez quedó en un sistema de monitoreo (cosa que escapa a mi entendimiento técnico) y tenemos el compromiso de la empresa de informar semanalmente el ´no reporte´ es decir”

 

•  “¿Usted puede aseverarnos de manera absolutamente concreta que si en este momento se hace una auditoría el radar no esté funcionando?, porque hay dos maneras que el Ministerio de Defensa en su informe explica en que el radar puede funcionar: uno es de manera activa y otra es estando apagado y conectado a la red eléctrica trifásica y a la conexión de banda ancha. Entonces ¿ustedes nos pueden corroborar está desconectado de la red electica y que no está transmitiendo o conectado a la red de banda ancha?

 

“NO. Yo lo que les puede aseverar es que luego de la auditoría que hizo la Jefatura de Gabinete, la empresa quedó comprometida a no operar bajo ningún concepto”

 

Es decir, Dachary, habiendo culpado al gobierno nacional por la complicidad con la empresa para la instalación del radar, ahora le cree pacíficamente al gobierno nacional y a la empresa de que esta no está haciendo espionaje a espaldas del gobierno provincial. Que tipo agradable.

 

¿Quién responde en la provincia?

 

• ¿Usted no entiende que, como secretario de Malvinas, Antártida, Atlántico Sur y Asuntos internacionales, y habiendo también una Secretaría de Asuntos Geopolíticos, estaba dentro de sus atribuciones haber reaccionado antes de que todo esto explotara sobre finales del mes de junio? Porque hace más de un año que LeoLabs viene manifestando el interés por radicarse en la provincia, tuvimos la visita del embajador Stanley en Tierra del Fuego. Más allá de la responsabilidad que obviamente le cabe a Nación ¿no tienen ustedes una responsabilidad por no haber levantado la voz, haber realizado un pedido de informe y denunciado?

Porque hasta en la misma conformación de la empresa consta que son capitales ingleses, paso por aduana, se la conecto a red eléctrica que corresponde a la Dirección provincial de Energía ¿en todas esas instancias no les llamó la atención como para decir que esto podía ser una flagrante amenaza a la seguridad nacional?

 

“Totalmente de acuerdo que es inaceptable tener un radar de una empresa de capitales británicos que tiene la capacidad de tener un rol dual en la provincia”

 

• ¿Pero quién responde en la provincia por esta instalación?

 

“Las intervenciones dentro de la provincia no fueron en el ámbito de la secretaria. Hoy en día no tenemos una capacidad de auditoría sobre todo lo que está pasando en distintas áreas del gobierno provincial. Y no lo digo para desligar responsabilidades, sino por cómo se lleva adelante la gestión”.

 

Ahora dacharito nos explicaba que, si hay culpables en la provincia, lo seguro es que él no lo es, por la sencilla razón de que es un inoperante que no vigila lo que ocurre en las diferentes reparticiones del gobierno del cual es funcionario, exclusivamente para saber qué es lo que se hace en relación o que pudieran afectar las cuestiones relativas a Malvinas, Atlántico Sur y Antártida. Acá nos informaba el funcionario que él y su onerosa secretaría de lo único que se encarga es de acumular millas viajando, cobrar los viáticos, organizar charlitas y decir que las Malvinas son argentinas en cada acto.

 

“Por supuesto que esta situación nos da la chance de repensar esto, porque evidentemente acá lo que se buscó es buscar las zonas grises y vacíos legales”.

 

Acá estamos frente a lo que quizás sea su único acto de sinceramiento. Explica que su gestión junto con algunos agentes de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y el ENACOM¹² (el presidente de FORJA Gustavo López¹³ quizás) buscaron supuestos grises para no quedar pegados legalmente por la instalación de este radar que, él mismo explicó en una de sus primeras entrevistas (28/6/2023), era un proyecto que venía de hace rato¹⁴: es decir, estuvo un largo tiempo planificando como usar los supuestos grises. Yo lo que veo, es que lo más gris es su compromiso con los intereses provinciales y nacionales en su apátrida gestión, que el propio funcionario admite no sirve para nada.

 

 “Yo todavía no pude ver todas las actuaciones, pero es muy probable que todas las respuestas de las diferentes áreas del Estado, respondan solo a requerimientos normativos del sector. Hoy lamentablemente no hay nada que prohíba inversiones británicas en la provincia, incluso como máxima paradoja existe una ley que las estimula y favorece a las inversiones británicas (Ley 24.184/92), y esto se aplicaría al abastecimiento de la red eléctrica”.

 

Otra muestra más del desinterés o la inutilidad de Dachary en el desempeño de cargo, queda evidenciada al declarar de que, luego de casi dos meses del pedido de informe emitido por la legislatura y la explosión de este tema de gran trascendencia que debería tenerlo enfocado en buscar y analizar toda la información al respecto, con mucha soltura explica que todavía no había podido ver las actuaciones de sus propios compañeros de plantel.

Nuevamente el Secretario, como perro tratando de sacarse el lazo con la pata, primero explica que -a pesar de que el escándalo llevaba varios meses- todavía no había tomado vista de las actuaciones de sus compañeros de plantel provincial; es decir, si en la entrevista omitía responder algo comprometedor, él ya estaba cubierto por su propia ineficiencia, irresponsabilidad en el ejercicio de la función e indiferencia.

Luego vuelve a querer culpar a una ley sancionada en 1992 producto de los espurios Acuerdos de Madrid, que, si bien nadie con algún grado de pensamiento nacional discute que sería genial derogarla cuanto antes, no es el motivo ni razón de que el radar siga funcionando o se haya instalado con la venia provincial y nacional.

 

“Todo puede ser revisado, pero a título personal, en lo que tiene que ver con la Secretaría, nosotros nos empezamos a empapar con este tema con las denuncias públicas que informaban del rol dual de la tecnología y del 5% de capital societario británico en la conformación de la empresa”

 

Cubriendo al patrón de la Estancia

 

• A esta altura con la relevancia nacional que tomó toda esta situación, ¿se sabe quién es el propietario de la estancia El Relincho donde se instaló el radar?

 

“Eso está volcado en el contrato de locación que la empresa celebró con el propietario, pero ahora no recuerdo el nombre. Igualmente, más allá de eso, es una persona que, como cualquiera, puede arrendar. Pero no creo que tenga responsabilidad sobre el resultado final, como puede pasar a cualquier persona de buena fe alquila una casa un terreno o un departamento para un emprendimiento comercial”.

 

“El informe de Defensa, plantea que la sumatoria de los dos factores: que tenga capacidad dual y que tenga capitales británicos, hacen al problema. Nosotros creemos que solo el que tenga tecnología dual es suficiente para que no haya otro tipo de desarrollo de estas características, por lo que esto debería estar en manos del sector público para garantizar que toda esa información pueda llegar a caer en manos de tercero”

 

Acá el confeso ignorante en temas de tecnología –a pesar de haber estado parasitando la secretaría de Innovación tecnológica cuando Melella era Intendente de Río Grande-, expone una nueva forma para que el radar quede en la provincia chupando datos para el enemigo. La estrategia ahora es que el radar pase a ser parte del sector público, es decir, se incorpore al sistema de radares argentinos. Situación que varios especialistas explicaron es muy peligrosa¹⁵, en cuanto no hay forma de saber -ni habiendo especialistas argentinos controlando- qué es lo que hace el radar y qué tipo de información recolecta o a donde va.

El funcionario propone para poder salvaguardar su vomitiva gestión, que el radar siga funcionando en manos del Estado Argentino –nacional o provincial- a pesar de que esto posee un claro peligro para la seguridad nacional, ya que ni haciéndole tecnología inversa (cosa que llevaría un largo tiempo) es posible determinar si sigue chupando información sensible y peligrosa.

 

• ¿Uno puede seguir a través de las redes o una página específica si este radar está trabajando o mostrando algo al mundo?

 

“Hubo una denuncia de que continuaba en operación a través de una página, pero quien tiene la responsabilidad -y no lo digo para desligar responsabilidad-, es un organismo de la Jefatura de Gabinete a través de la Secretaría de Telecomunicaciones. Ellos son quienes tienen que garantizar que esto no está ocurriendo”.

 

La pregunta que se le hace a Dachary, es a raíz de que apareciera una foto, replicada en Twitter por el Senador Nacional Pablo Blanco¹⁶, publicada por la propia empresa, donde mostraba que el radar hasta el 20 de agosto estaba en pleno funcionamiento, como lo está ahora mientras escribo esto. Ante esta consulta, podemos observar que nuevamente el funcionario se trata de lavar las manos diciendo que deposita su confianza en la Subsecretaría de Telecomunicaciones (que supuestamente -según él- es el órgano culpable de la instalación del artefacto enemigo) para que determine si el radar sigue poniendo en riesgo o no la seguridad nacional y la vida de los fueguinos.

 

Un gobierno provincial testimonial…

 

• Está claro que lo que se demanda es que la provincia funcione como un órgano de contralor como protector, porque ustedes nos representan y lo que los ciudadanos esperábamos es que ustedes fuesen la primera mano que se levantara en contra del radar …

 

“No pero, e, e, e, ese, ese, ese creo que es el eje de la discusión que tenemos que subsanar urgentemente. Desde el plano de la legalidad creo que todas las intervenciones se adaptaron a derecho, pero el resultado es ilegítimo, con lo cual, siempre la postura de la provincia va ser contraria a cualquier acción que perjudique la soberanía, pero son declaraciones desde lo político, o posturas sobre estas situaciones”.

 

Exactamente, lo que se pedía, y no sucedió, porque quisieron mantener el radar en secreto, es que la provincia pusiera el grito en el cielo, para expresar su disconformidad política cuando se instaló, o desde momento que se le otorga el permiso precario desde la subsecretaría de Telecomunicaciones en noviembre de 2022, si es que supuestamente no tenía ninguna injerencia institucional para evitar el emplazamiento del dispositivo. Y eso no sucedió. Solo se emitieron comunicados tibios e intrascendentes, cuando ya les era imposible seguir tapando la instalación del radar que él admitió era un proyecto que conocía hace mucho. Y mientras por un lado hacían declaraciones, en los hechos el radar sigue funcionando.

 

• ¿Usted me dice que legalmente el gobierno de la provincia, en todos los meses previos, o durante la puesta en funcionamiento del radar, no tenía los medios para hacer un pedido de informe o levantar la mano, o ir a los medios, o reclamar públicamente como lo está haciendo a Cancillería con el tema chileno? ¿No eran legales algunas de esas vías para atender el tema del radar?

 

“Fuimos los primeros en hacerlo, a partir de que el Ministerio de Defensa y que de manera informal se expresa el jefe de Estados Mayor Conjunto, el Gral Paleo, inmediatamente, en menos de 24 horas solicitamos que ratifique sus dichos de manera institucional y luego de esto, pasados 15 días, fuimos los primeros en pedir la Cancelación definitiva de esto.”

 

“Hay cuestiones, que lamentablemente por el carácter federal de nuestro país son competencia del gobierno nacional. La provincia puede estar a favor o en desacuerdo desde un lugar político, pero la capacidad de determinar si esto era o no una amenaza a la seguridad nacional siempre la tuvo el gobierno nacional”.

 

En esta respuesta descaradamente miente. Los medios fueron los primeros en exponer esa situación y lograr la cancelación temporal del permiso precario el 23 de junio. Y el primero en hacer un pedido de informe formal y reunirse con integrantes de la LeoLabs fue el Senador Pablo Daniel Blanco.

Y mientras esto sucedía, Andrés Dachary y su socio Luis Hormaechea¹⁷, salieron a tratar de lograr que se cambie la composición accionaria¹⁸ -extirpando el capital británico- para que el radar siguiera funcionando, y por eso es que Martín Paleo saca la nota del 9 de Julio¹⁹ explicando con claridad que el problema no es la composición societaria de la Empresa LeoLabs, sino lo que hace el radar. Asique no solo no fueron los primeros en reclamar y pedir explicaciones, sino que fueron los que demoraron, por ineficiencia y/o complicidad, la desinstalación de dicha herramienta de espionaje militar, y para mantenerlo activo llegaron a atacar al Jefe del Estado Mayor Conjunto por advertir la peligrosidad de lo que habían gestionado en sospechoso secreto.

 

• Pero entonces, si uno tiene en la provincia una Secretaría de Asuntos Geopolíticos (Carolina Lavori), yo como ciudadano de a pie me meto en la página de LeoLabs²⁰ y veo que uno de los servicios que brinda es Conciencia Situacional de Utilidad militar y que esto está vinculado y se ha vendido a Naciones que pertenecen a la OTAN, más allá de lo legal ¿nadie en la provincia vio esto? ¿no existe el marco para que alguien haya hecho una investigación desde la Secretaría de Asuntos Geopolíticos? Si no también cabe preguntarse ¿cuál es la función que tiene, si nadie pudo al menos googlear la función de LeoLabs donde la propia empresa explica que se dedica a vender información sensible.

 

“Justamente la empresa, cuando se instala en la provincia, no se instala con una razón social para rastrear misiles, se propone como una empresa que venía a vender servicios. Porque en el peor de los casos, si esto contara con la venia del gobierno nacional, nosotros solo podríamos hacer declaraciones de tipo político. Es decir, si estamos de acuerdo o en contra. Hoy la capacidad de frenar la instalación de un radar no la tenemos”.

 

Acá dacharito expone con claridad que él, habiendo ya declarado en Julio que conocía el proyecto desde hace mucho tiempo, podría haber dicho “hace tiempo”, antes incluso del otorgamiento del permiso precario, que estaba en desacuerdo con el radar en calidad de declaración política, e informar al pueblo fueguino lo que supuestamente ahora él dice que solo el Gobierno nacional quería instalar. Pero no solo no lo hizo, sino que lo ocultó con perversa meticulosidad, y solo tibiamente salió a defender su responsabilidad, cuando se puso en evidencia el contubernio.

Ahondando en la hipótesis que él plantea, de que si el gobierno se pusiera de acuerdo con otro Estado no podría hacer nada, y que ante esto la provincia solo podría mirar cómo se pone en peligro la seguridad nacional y del pueblo fueguino, explica:

 

“Porque si esto fuera algo acordado políticamente entre el gobierno nacional con un tercer país, es algo que se debería llevar adelante, y cuando llega la instancia de aprobación, los funcionarios se tienen que manejar en relación a las normas que justamente regulan su actividad. Lo mismo sucede con esta Estación que está en Neuquén vinculada a la República Popular China. Hay mucha gente que no está de acuerdo con esta situación y con justa razón, pero fue algo validado desde el gobierno nacional. Y cuando llega la instancia de la aprobación os funcionarios provinciales se tienen que manejar en función a las normas que justamente regulan su actividad. Ahora lo que sobreviene analizar es si el funcionario provincial que intervino, se adaptó o no.”.

 

Acá el secretario de Malvinas fueguino expone con contundencia que la provincia en realidad es para la actual gestión provincial un Territorio Nacional, y todo lo que diga Nación debe realizarse por medio de los funcionarios provinciales, que solo hacen lo que dice el gobierno nacional. Y no contento con degradar la autonomía provincial y a los fueguinos, vuelve a mentir, diciendo que no tienen posibilidad de frenar la instalación de un radar de estas características, cuando en realidad, con una buena campaña provincial que busque la toma de conciencia del pueblo fueguino, por el mismo federalismo que él dice “lamentablemente” existe, hace imposible que si un pueblo, por medio de sus instituciones no lo quiere, pueda ser pacíficamente emplazado y sostenido.

 

• También hay que tener en cuenta sobre el caso de la base espacial China, que la República Popular China no está usurpando hoy ningún espacio de la República Argentina, a diferencia del Reino Unido que si lo hace. Por eso el ruido que hace esta situación,

 

“Pe pero, perdón, ahí yo, es decir, en en entiendo…”

 

• Estamos ante una entrega de soberanía que es la más grande, desde los Tratados de Madrid, y no sé si usted es consciente de eso…

 

“Yo yo, entiendo lo que significa en la provincia y en el país: administro el tema Malvinas en la provincia, hace varios años que me dedico a esto. Pero también hay que entender que en el mundo de hoy la conformación de las empresas es lo más volátil que hay, es decir, ¿si este 5% sería de Venezuela, sería el radar de la patria grande? Hoy tenemos que entender cómo funciona el mundo”.

 

Buscando tomar de tontos a quienes estamos medianamente informados de este tema, el sexcretario de parasitación de la cartera de Malvinas, trata de hablar de la volatilidad de las empresas como si LeoLabs hubiera ocultado su porcentaje británico o que luego de alguna artimaña se hubiera convertido en británica una porción de ella, y no es así. Desde un primer momento en la Inspección Genera del Justicia se explicitó ese porcentaje accionario pirata. Asique volvió a mentir.

Con respecto a la chicana muy acorde a su nivel de impunidad, podemos decir que no sabemos si sería o no el “radar de la Patria Grande”, pero de lo que si estamos seguros hoy, es que es un radar británico puesto en su gestión. También estamos seguros que la IGJ autorizó la conformación de la empresa con capitales británicos para poner un radar²¹, que luego la Secretaría de Ambiente le autorizó en tiempo record el emplazamiento de ese dispositivo en territorio argentino, la Dirección Provincial de Energía (DPE) le puso servicio eléctrico trifásico y que cuando lo anunció la Embajada Argentina en EEUU y el propio embajador Stanley desde sus redes²² -luego de una visita a la provincia²³-, todo el plantel de onerosos funcionarios fueguinos no hicieron absolutamente nada hasta que se destapó la olla, y no para defender los intereses provinciales, sino para cuidar su billetera, mientras el radar seguía y sigue funcionando.

 

Por Luciano R. Moreno Calderón

Unión Malvinizadora Argentina

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