Denuncia fueguina por la pesca ilegal en Malvinas. Cinco años de uso político e indiferencia

Días atrás, presenté en la legislatura provincial un proyecto para que vuelva a incorporarse al debate parlamentario una iniciativa que presentara en 2020, tendiente a generar una denuncia fueguina por la pesca ilegal en Malvinas, que afecte a las empresas, al Reino Unido y a la colonia británica que parasita nuestro territorio.

 

A continuación, expongo: un resumen del proyecto, sus antecedentes y un análisis de la competencia y conveniencia de realizar esta denuncia. Además, como dato de color expongo, el vergonzante accionar del gobierno provincial fueguino, que deliberadamente produjo que se perdieran cinco años vitales.

 

EL PROYECTO

 

El pasado 29 de julio, presenté un proyecto en la mesa de entrada de legislatura provincial de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, para solicitar la “creación por ley de un Comité de especialistas, a los efectos de realizar un estudio técnico-científico-económico-ambiental acerca del perjuicio continuado para nuestra provincia que significa la pesca ilegal que se realiza en la colonia británica enclavada en nuestro Atlántico Sur, principalmente en los espacios circundantes que la Ley Nacional de Pesca N° 24.922 en su Art 3 estipula como correspondientes al dominio provincial”.

 

“La función de este cuerpo será determinar un monto preciso y denunciar por lucro cesante y pérdida de chance al Reino Unido y, supletoria, y solidariamente, a todas las empresas extranjeras que capturaron recursos pesqueros en el área citada, por la explotación de los recursos naturales de su dominio y jurisdicción, así como también a las empresas que desarrollen esas actividades en el territorio argentino con permisos argentinos y tengan vinculaciones societarias con aquellas que colaboren en la depredación británica, según los términos de la Ley Nacional N° 26.386”.

 

Este segundo párrafo de la iniciativa es muy interesante, porque fundamenta indirectamente la idea de que usar las Ley Nacional N° 26.38 que multa a las empresas que realizan capturas en el Mar Argentino con licencias de nuestro país y que tienen vinculaciones con las que realizan pesca ilegal en la colonia británica, no se agote en que esas firmas paguen por su apátrida accionar en Malvinas sino que se pueda  usar lo percibido por el cobro de las multas (dinero, barcos, instrumentos de procesado, etc) para crear una empresa provincial o patagónica de pesca, con el objetivo patriótico de comerciar y distribuir el fruto de nuestro Mar a un precio accesible en todo el país, y así encaminarnos a dejar de ser uno de los países con mayor litoral marítimo del mundo pero que menos cantidad de proteína de mar consume en términos per cápita.

 

Antecedente y nueva presentación

 

Esta iniciativa“fue presentada anteriormente el 7 de julio de 2020”, y si bien en aquel momento “gracias al Partido Verde tomó estado parlamentario como Asunto N°379/2020”, “lo perdió en 2022”. Por este motivo, en 2025 propuse “reincorporar la propuesta a la labor parlamentaria en el marco de la Comisión N°7 de ¨Malvinas, Atlántico Sur y Antártida¨, para ser analizada, perfeccionada y aplicada”.

 

“A los efectos de ampliar los fundamentos” adjunté “un documento titulado ´Cinco años de indiferencia al proyecto de una denuncia fueguina por la pesca ilegal en Malvinas´ (70 páginas), en el cual se condensa: un informe sobre la iniciativa, el proyecto anterior y las entrevistas que le realizara al Dr. Cesar Lerena, al Dr. Eduardo Barcesat, al ex Vice Canciller Roberto García Moritán, el Mgtr. Carlos A Biangardi Delgado, y a Walter Castro (SANAM). Todos expertos que no solo apoyan el proyecto, sino que aportan datos esenciales a tener en cuenta sobre la importancia de hacer este estudio y las denuncias pertinentes”

 

Es importante destacar que las declaraciones de estos especialistas constan en el capítulo 6 de mi libro “Entre-vistas sobre Malvinas, Atlántico Sur y Antártida. Miradas Actuales a 40 años de la Gesta”, que fue declarado de interés provincial por la Res 034/2023.N°087/23 la Legislatura fueguina el 8 de junio de 2023, y por el Concejo Deliberante de Tolhuin Res. 034/2023.

 

El 20 de febrero de 2024 la legisladora provincial fueguina, María Victoria Vuoto (PJ), ex integrante del Bloque del Partido Verde (2019-2023) que tomara mi iniciativa en 2020, presentó un proyecto con idéntico objetivo a la propuesta de 2020, pero con una forma de instrumentación diferente. En el este proyecto se explicitaba que el comité que se proponía crear no fuera Ad-hoc, sino permanente.

 

ANALISIS FUEGUINO DE LEGITIMIDAD

 

Un tema que se dispara al análisis ni bien se comienza a pensar la iniciativa, es si la provincia tiene el derecho, la potestad y/o las competencias jurisdiccionales para crear por ley un cuerpo de estudio que analice el impacto económico-ambiental de la pesca en Malvinas, y examine la posibilidad y el camino estratégico para denunciar esa situación por sí misma y/o por intermedio del gobierno nacional. A raíz de ello, quizás es importante poner algunas palabras.

 

Si bien la Provincia de Tierra del Fuego Antártida e Isla del Atlántico Sur, según el artículo 3 la Ley Nacional de Pesca tiene derecho sobre los recursos ictícolas hasta la milla 12, tenemos que comprender que aunque los barcos que pescan con ilegales licencias de la colonia de semovientes en Malvinas declaren que lo hacen más allá de la milla 12 (fuera de la jurisdicción provincial), la realidad es que esos recursos forman parte de un ecosistema marino que tanto Nación como Provincia deben preservar necesariamente de manera conjunta.

 

Hagamos un simple razonamiento para entender por qué, en términos generales y en el marco de lo razonable, los recursos marítimos tienen la necesidad de ser protegidos tanto por la provincia como por Nación, independientemente de la cantidad de millas a la que se desarrolle una actividad probadamente lesiva.

 

Los espacios marítimos, a diferencia de los terrestres, no pueden ser partidos y repartidos de manera que las especies queden más allá o más acá de las 12 millas, según el querer de los gobernantes. No hay cercos para evitar que las especies migratorias atraviesen las convenciones legales que se ponen los estados para ejercer su jurisdicción en el mar. No es como las vacas, que con un simple alambrado basta dividir el territorio y determinar dónde pastan la de un propietario y dónde las del otro. Las especies migratorias en el mar van y vienen, y si en un sector de ese trayecto migratorio son depredadas más allá del límite de la sustentabilidad, el ciclo se corta, se afecta todo el ecosistema y peligra la continuidad del recurso.

 

¿Qué quiero decir con esto? Que aunque las empresas piratas o la colonia aduzcan que la pesca ilegal se hace generalmente más allá de la milla 13, igualmente corresponde a la Provincia bregar por la protección de esos recursos que son vitales para la salud ecosistémica de todos los espacios marítimos. Tan así es esto que un estudio realizado en 1996, determinó que la depredación ictícola británica de 12 años (mas allá o no de la milla 12) mató de hambre a más de 5 millones de pingüinos.

 

Quizás no sea necesario decirlo, pero lo esbozo igual: los 5 millones de pingüinos muertos de inanición por la depredación británica no fueron hallados flotando más allá de la milla 12. Todos fueron encontrados en colonias situadas en espacios de indiscutible jurisdicción fueguina, en una clara demostración de cómo la pesca ilegal afecta a todo el ecosistema provincial.

 

Pero tampoco hay que irse a 1996 para observar que el ecocidio británico continúa. En 2025 se puede observar la preocupación ambiental que genera la constante caída de las capturas de calamar loligo, una especie clave en el ecosistema marítimo argentino. Una situación que en 2021 fue advertida por la consultora MacAlister Elliott and Partners Limited (MEP), cuando calificó como “desastrosos” los efectos ecosistémicos de la política de ilegal de sobreexplotación británica.

 

La Provincia, por medio de una ley emitida por su cuerpo político más representativo puede y tiene el derecho de crear un comité de especialistas que analice técnicamente el impacto económico-ambiental de la pesca ilegal en Malvinas, cuantifique el daño a la provincia y a la nación, y planifique un camino jurídico hacia un resarcimiento por dicha afectación económica y ambiental.

 

Incluso también puede recomendar al gobierno nacional, en base al estudio realizado, haga una denuncia por su cuenta o ampliatoria a la realizada por la provincia. Y todo esto puede hacerlo no solo porque no existe prohibición alguna al respecto, sino porque son maneras legítimas de combatir esta situación lesiva, fundamentando su accionar en lo que la propia constitución provincial dicta (arts. 25, 54, 81 y 87), dañando irremediablemente los ingresos de las empresas -por la litigiosidad o la posibilidad de conflictos de esta índole-, perjudicando económicamente a la colonia y al Reino Unido, cuya depredación cancerosa que hacen de nuestros espacios marítimos explica el 60% de su PBI.

 

INVISIBILIZACIÓN Y VERGONZANTE USO POLITICO

 

Hace unos días nos enteramos que el gobierno provincial que puso un radar británico en Tolhuin, ahora, en pleno preludio electoral, busca mostrarse comprometido con la soberanía exhibiendo en los medios de comunicación la intención  de denunciar a las empresas que pescan ilegalmente en Malvinas. Esto amerita algunos comentarios, que incluso amplíen las precisiones realizadas por el propio Dr. Cesar Lerena, acerca de las “notas irrelevantes de Tierra del Fuego”.

 

En principio, lo que no te dicen los funcionarios que buscan promocionarse como eficientes y comprometidos con este impulso de fingido patriotismo, es que la idea de que la provincia denuncie a las empresas que pescan ilegalmente en Malvinas es una propuesta ya presentada en la Legislatura fueguina en 2020, que la mayoría oficialista de aquel momento del actual gobierno provincial dejó caer para luego usarla políticamente en 2022, en el marco de los 40 años de la gesta de Malvinas.

 

En 2020, cuando se presentó en la Legislatura fueguina el proyecto y tomó estado parlamentario, el gobierno provincial hizo todo lo posible para que no fuera tratado, manteniéndose silente y evitando con su mayoría legislativa tratar de impulsar este estudio y posterior denuncia. Cuando por fin perdió estado parlamentario, el Secretario de Malvinas fueguino -el 2 de abril de 2022- dijo: “Vamos a avanzar contra las pesqueras. La provincia ha adquirido un programa donde minuto a minuto seguimos la actividad pesquera en Malvinas. Sabemos qué embarcaciones son, qué origen y a qué empresas pertenecen”.

 

En julio de 2025, año electoral, volvió a aparecer el funcionario responsable de la instalación del radar británico exhibiendo un fingido compromiso con denunciar a las empresas que pescan en Malvinas: “Gracias a un reciente convenio con la Prefectura Naval Argentina, la provincia incorporó capacidades de monitoreo en tiempo real, que permitieron identificar las incursiones ilegales y activar los canales diplomáticos correspondientes”. Además, explicó, iban a “utilizar todas las herramientas jurídicas posibles para sancionar a las empresas involucradas. Vamos a mapear toda la cadena y actuar en consecuencia”.

 

Si como dijo el inepto funcionario provincial en 2022, la Provincia ya había adquirido un programa de seguimiento minuto a minuto de la actividad ilegal de las empresas y ya sabían qué embarcaciones son las que realizaban la actividad y a qué empresas pertenecían, ¿por qué no hicieron las respectivas denuncias o avanzaron en ese sentido? ¿Por qué en 2025 vuelven a anunciar que hace poco adquirieron una tecnología que ya habían anunciado tenían para hacer las denuncias que no hicieron en los años anteriores?

 

Tres años transcurrieron entre las declaraciones de Dachary de 2022 y las de 2025, y las palabras fueron idénticas. Saraza pura y dura. Cero gestión y compromiso, Todo mentira para la foto, y en busca de fundamentar mediáticamente su millonario y parasitario sueldo. Y mientras él jugaba, las empresas que pescan ilegalmente en Malvinas no fueron denunciadas.

 

El gobierno provincial fueguino, encabezado desde 2019 por Gustavo Melella al dejar que pierda estado parlamentario el proyecto de 2020, mentir en 2022, y no brindar atención a proyecto presentado por el PJ en 2024, dilapidó deliberadamente en el favor del Reino Unido cinco años vitales, en los que podría haberse producido el estudio científico-técnico, las denuncias y un enorme daño a la economía isleña, en favor de los intereses nacionales.

 

Solo espero que este nuevo intento, no vuelva a naufragar o ser usado políticamente a manos de un gobierno probadamente cómplice con los intereses británicos en el Atlántico Sur.

 

Luciano R Moreno Calderón

Unión Malvinizadora Argentina