Por un lugar para vivir

Con motivo de conmemorar el “Día Mundial del Hábitat”, se dio a conocer un informe elaborado por las organizaciones no gubernamentales Fundación Vivienda Digna, TECHO, Mujeres 2000, Módulo Sanitario y Hábitat para la Humanidad Argentina, donde se afirma que 1 de cada 3 hogares en Argentina reside en viviendas o sitios de habitación considerados precarios o directamente inadecuados o inhabitables.

 

Varios de los datos publicados en el documento confirman y muestran agravantes respecto de los datos publicados sobre el último Censo Poblacional 2022 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En aquel momento, se admitía desde el organismo el déficit de algo más de 4,5 millones de viviendas, en correspondencia con los más de 14 millones de hogares contabilizados.

 

Más allá de los saldos sociales que arrojan las sucesivas crisis económicas; las migraciones de zonas rurales a centros urbanos; y de las provincias o regiones con escasas posibilidades laborales a otras donde el acceso al ingreso no abunda, pero es más sencillo encontrar el “rebusque”; hay nociones que no se discuten debidamente y por lo tanto quedan en el terreno del azar y del sentido común. Por ejemplo: qué es un hogar; o bien, qué es una vivienda digna y adecuada.

 

Los criterios para ambas son variopintos. Lamentablemente, esas múltiples percepciones se trasladan -y acumulan- en las políticas públicas sobre vivienda y hábitat. Aún resuena en varios oídos las declaraciones de un gobernador patagónico durante el año 2009, a quién en los pliegues de los suburbios sureños le decían “aspiradora biónica” dada su asombrosa capacidad de chupar y acumular tierra en su bolsillo, cuando afirmó que “era inadmisible que las parejas jóvenes con hijos quisieran empezar a pagar una vivienda o un terreno antes de los 40 años de edad”.

 

A dicho mandatario -ya fallecido y que sufrió una paliza electoral memorable en 2011- le explotaban en todas las localidades de su provincia los grupos de familias que ocupaban tierras ociosas y basurales, dadas la falta de acceso a alguna posibilidad habitacional, terrenos, créditos o formas de pago razonables para hogares de ingresos medios y bajos.

 

Grupos familiares o convivientes que por distintas razones no “calificaban” para integrar los listados de posibles construcciones de barrios a través de planes de viviendas. Por ejemplo: que esas familias no fueran lo suficientemente numerosas (una madre con un hijo); o fuesen muy numerosas (dos adultos jóvenes, una persona mayor y más de cinco menores); o no tener empleo registrado formal; o tener empleo registrado y formal, pero al mismo tiempo considerado insuficientes; etc.

 

Había más variantes. De hecho, quienes tenían la suerte de “calificar” eran la excepción -o bien- amigos del “calificador”. La situación que estamos describiendo tampoco la resolvió el Plan PROCREAR años después, ya que el mismo -que era muy bueno-, exigía requisitos que los hogares populares no podían reunir.

 

La conclusión primera de ese proceso comenzado durante la última dictadura cívico eclesiástica militar, continuado en la década del ’80, acentuado en los 90’s, y explotado en la primera década del siglo XXI, posee el cuadro de situación que advertía veladamente en Censo 2022 y que describe el informe que motiva este artículo: el 33% de los hogares vive en lugares precarios o inadecuados.

                                 

Datos duros y hogares concretos

                                

El documento difunde algunas cifras que deben tenerse en cuenta para cualquier análisis de esta problemática. A raíz de los procesos de migración interna en busca de oportunidades de sobrevivencia, las grandes ciudades crecen 1,5 veces más que la población nacional. Es decir: hay un número mayor de habitantes en el país y las migraciones aumentaron en cantidad y velocidad.

 

Este ritmo de redistribución de la población se choca con ciudades receptoras no preparadas ni planificadas para sus sucesivas ampliaciones. Al mismo tiempo, la “oferta” de planes oficiales de vivienda es escasa cuando no inexistente, y el “mercado” inmobiliario es cuento menos hostil. Es prácticamente imposible para un hogar de trabajadores acceder a un lote o vivienda. Así, según la fuente, entre 2014 y 2024, el índice de hogares que alcanzaron el techo propio descendió un 8% y se incrementaron proporcionalmente los niveles de hacinamiento y de hogares que alquilan.

 

El informe de las organizaciones detalla los rasgos más comunes que hallaron en el tercio de familias precarizadas: viviendas con problemas estructurales o de construcción deficiente; hacinamiento; falta de acceso a agua potable; falta de baños; carencia de electricidad segura y fuentes de calefacción adecuadas; falta de pisos; y vulneración constante de los derechos humanos básicos.

 

Asimismo, cotejan estos datos con otras fuentes de información gubernamentales o legitimadas oficialmente. Según el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), más de 5 millones de personas viven en barrios populares o “marginales”. De la información publicada por INDEC, se determinó que alrededor de 6 millones de personas no tienen baño adecuado en los lugares que habitan. La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza el organismo estadístico nacional, certifica que más de 1 millón de personas viven en condiciones de hacinamiento crítico.

 

Las cifras confirman que una proporción significativa de los hogares argentinos vive en condiciones mínimas de habitabilidad no están garantizadas.

 

Acto seguido, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿qué es un hogar?

 

La variedad de definiciones distrae en pos de abordar el tema que estamos tratando. Apelando a cierto sentido común popular ampliado, consideramos que un hogar es un grupo de 1 o más personas que por razones de pertenencia familiar o elección de convivencia, residen en un mismo espacio. Así, podemos encontrarnos con ejemplos varios de hogar: la familia tipo tradicional (mamá, papá y dos o más hijos); parejas sin menores a cargo; adultos mayores que son hermanos; amigos que optan por compartir viviendas; una persona con mascotas; madres solas con hijos; y demás etcéteras posibles.

 

La pregunta que sigue es: ¿cuántos integrantes tiene un hogar promedio? Aquí la amplitud esbozada anteriormente, se presta automáticamente a polémica porque al núcleo conviviente hay que ponerle un número de integrantes. Si bien se trata de un criterio relativo, optaremos por pensar este punto desde la convención estadística oficial, con la cual INDEC compone sus informes de ingresos, canastas básicas y demás publicaciones -indirectamente abordadas en el Censo 2022-.

 

Vale advertir que los datos publicados por los organismos, su clasificación y discriminación no son ni claros, ni concretos. Pero, en rigor, son “oficiales”. Por ejemplo, se considera que un “hogar tipo promedio” está integrado por tres personas (una de ellas menor de edad); o bien por cuatro integrantes (dos adultos y dos menores).

 

No son datos absolutos. El contraste con la cotidianidad comunitaria alcanza para determinar que ese parámetro no es exacto. Sin embargo, es un dato ordenador que permite pensar soluciones para los problemas existentes.

 

Por ejemplo: INDEC dice que al 1° de julio de 2024, Argentina poseía 47.100.000 habitantes. Siguiendo el criterio anterior, eso nos habla de la existencia de aproximadamente 14 millones de hogares. Por lo tanto, apelando al informe de este grupo de organizaciones sociales dedicadas a trabajar la problemática del hábitat y la vivienda, significa que 4.620.000 hogares viven en condiciones inadecuadas o directamente inhabitables.

 

La cifra coincide -y supera- con el déficit de vivienda propia que reconocía en Censo 2022; aunque se agrava significativamente si se tiene en cuenta que no todas las familias que alquilan acceden a lugares inhabitables. Es decir, si nos detenemos en el número de hogares no propietarios, el probable que la proporción exceda el 50%. La concentración inmobiliaria y el parasitismo que conlleva la renta, está quedando en cada vez menos manos.

 

Una vivienda adecuada

 

Esta es otra definición complicada por su amplitud de variantes y situaciones particulares desde las cuales se piensa la problemática. Repitiendo el procedimiento anterior, tomemos un parámetro legitimado por la normativa a la que adhiere Argentina con jerarquías Constitucional: lo establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de organismos como ONU-Hábitat; que deriva de lo establecido por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sancionado en 1966, e incorporado a nuestra Carta Magna en 1994.

 

Si bien los sucesivos gobiernos no lo han cumplido -ni parecen tener intención de hacerlo-, la organización supranacional dice que la vivienda adecuada debe cumplir con una serie de elementos esenciales. Lo aprendimos en la pandemia de COVID-19: si algo es “esencial”, no puede faltar ni fallar, porque es prioritario.

 

Dice la ONU que una vivienda debe garantizar la seguridad de la tenencia. Es decir, que las personas deben vivir sin temor a ser desalojadas de manera arbitraria. La vivienda debe estar legalmente protegida, sea propia, alquilada o comunitaria.

 

Al mismo tiempo, deben estar garantizado el acceso sostenible al agua potable, redes de saneamiento (cloacas, pluviales); energía eléctrica; manejo de residuos, entre otros. La habitabilidad de una vivienda es medida por sus condiciones físicas. Es decir, debe ser segura, estar protegida del clima, con espacio suficiente para los integrantes del hogar (un mínimo de 15 m2 por persona) y condiciones sanitarias adecuadas (contar con baño y pisos).

 

La accesibilidad de una vivienda se mide por condiciones, ya que debe ser habitable para niños, adultos mayores y personas con movilidad disminuida. Por otra parte, debe encontrarse cerca de fuentes de empleo, servicios de salud, educación, transporte y espacios públicos, y no en zonas contaminadas o peligrosas (zonas inundables o con peligros de derrumbes.

 

Todas estas condiciones son los requisitos mínimos para el hábitat y la vivienda humanas, ya que cualquier carencia respecto de ese listado “impacta directamente en la salud, la educación, la seguridad y el desarrollo de millones de personas”, afirma el documento de las ONG participantes.

                                     

El fenómeno del “metro cuadrado terminado”

                                  

Cada tanto se repite una verdad que cae en saco roto. No importa quien gobierne. Se dice que la construcción es una actividad madre para la reactivación de la economía dada la cantidad de se sectores que participan directa e indirectamente de ella, junto a la demanda de mano de obra que requiere.

 

Unos cuantos años atrás, consultando a unos urbanistas por temas relacionados con el hábitat y la vivienda, decían que la construcción barrios y ampliación de ciudades era un “principio ordenador de la actividad económica”.

 

Los tipos hacían una cuenta más o menos así: una casa terminada debe poseer de mínima todo eso que postula la ONU. Por lo tanto, además de instalaciones y servicios, debe contar con infraestructura urbana que las contenga. Entonces -decían-, una familia tiene derecho a un financiamiento de vivienda única de 60 metros cuadros que pueda pagar en 25 o 30 años (300 a 360 cuotas mensuales).

 

¿Cuál es el precio de cada metro cuadrado “terminado”? Simple: el equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) con el cual paga el metro cuadrado de su casa y el proporcional correspondiente a la infraestructura urbana. Según el plan de financiación por el que opte, la familia abonará mensualmente la quinta o sexta parte de ese SMVM.

 

Los urbanistas afirmaban que no importaban las condiciones de inflación o demás variantes si la relación se mantenía. Al mismo tiempo, esas convenciones son útiles para regular precios de alquileres, u otras relaciones de equilibrio hacia el interior de cualquier economía. Ejemplo, el precio del salario.

 

Esta conversación tuvo lugar hace más de una década. Pero las proporciones aún sirven y resuenan. Son útiles para analizar.

 

Sin olvidar a qué se referían estos tipos cuando decían “metro cuadrado terminado”, y comparando precios y situaciones de distintas regiones del país -promediando a grandes rasgos-, los datos arrojan que, para esta altura del año, dicha unidad ronda los 2.000 dólares. Por lo tanto, cada cuota debería equivaler a 330 o 400 dólares según los plazos de financiación. Al mismo tiempo, ese debería ser el monto del alquiler mensual de una vivienda (casa o departamento) de 60 m2.

 

Ahora bien… ¿Sabe cuánto equivale en dólares el actual SMVM argentino? Más o menos 230 dólares. Es decir 8,7 veces menos de lo que debería ser, si llevamos las variables a las convenciones ordenadoras de los compañeros urbanistas.

 

La pregunta final es: ¿ganamos 8,7 veces menos de lo que necesitamos para tener una vida digna, o el precio de las cosas están infladas 8,7 veces en favor de los mismos de siempre?

 

Ambas cosas. Argentina atraviesa un proceso coyuntural de transición hacia la primarización absoluta de su sistema productivo, al tiempo que el mismo se conjuga con profunda concentración de los medios de producción y valorización financiera. La cotidianidad nos indica que los ingresos de los hogares sufren una reducción progresiva e inversamente proporcional al aumento de la valorización de los bienes y servicios.

 

Por otra parte, en términos de financiación de obras, el proporcional de infraestructura asociado al metro cuadrado terminado, no necesariamente debe surgir de los ingresos de los trabajadores. Un país puede afrontar esos gastos con otras fuentes de recursos como -por ejemplo-, el ejercicio directo del comercio exterior.

 

Sin embargo, el parámetro de cálculo inicial continúa siendo útil. Si volvemos al principio de la nota y comparamos los informes citados, podemos concluir que entre quienes padecen condiciones inadecuadas de vivienda más los hogares que alquilan, debe haber un déficit de viviendas de al menos un 50%.

 

Si en Argentina somos 14 millones de hogares, significa que faltan 7.000.000 de viviendas construidas como corresponden.

 

Si estiramos las cuentas, esa cantidad de viviendas significan un movimiento económico equivalente a 840 mil millones de dólares… Un PBI y medio. Casi tres deudas externas.

 

Alguno va a decir: “bueno nene, pero no todo el mundo se mete en un plan de vivienda. Hay gente que alquila…”.

 

Claro que sí, por supuesto. Pero si se generara esa “oferta de viviendas”, en pocos años, los alquileres o bajarían estrepitosamente, o los propietarios tal vez consideren mejor vender que concentrar; para luego de varios años lo que convenga sea trabajar y no vivir de rentas.

 

“Argentina, año verde”, diría mi abuela si estuviese viva.

 

Sí; pero a que lo hizo pensar todo lo anterior; ¿o no?

 

Al menos para dimensionar que nos pagan casi 9 veces menos de lo que nos corresponde; o que pagamos las cosas 9 veces más de lo que valen.

 

O que cada casa construida implica 10 personas trabajando directa e indirectamente.

 

Y que la población crece, así que siempre habrá que hacer casas. Y fábricas que hagan los materiales que necesitan esas casas.

 

Un hogar también requiere de muebles, lavarropas, cortinas, sábanas, un ejemplar del Martín Fierro, un disco de Giménez Agüero, espumaderas, pisapapas, un destornillador…

 

Además, cada tanto hay que limpiar y se requiere de algunas herramientas y productos.

 

Las personas que integran cada uno de los hogares tiene que comer, vestirse, higienizarse.

 

Y así podemos seguir enumerando factores, porque en algo hay que gastarse el 80% del salario que nos quedó en la mano luego de pagar la cuota del Plan de Vivienda…

 

¿No me diga que no es un sendero de país posible y previsible?

 

Haciendo casas nomás. Imaginen si se incluyen otras cosas.

 

Pero no se escuchan propuestas rondando por esos lados desde los grandes espacios políticos.

 

Faltan genitales.

 

Masculinos y Femeninos.

 

Enamorar es eso. No “parar” a alguien y después vemos.

Por Pablo Casals (*)

(*) Periodista. Editor Responsable de Chasqui Federal Noticias.

Fuente: INDEC / Censo 2022 / Informe “Día Mundial de Hábitat”

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