Militarización del espacio, radar británico en Tierra del Fuego y usurpación de Malvinas

Como lo expresáramos en los congresos de la Asociación Argentina de Derecho Internacional celebrados en Puerto Madryn en 2015 y en San Justo en 2016 la importancia del Atlántico Sur se ha agigantado durante estos primeros años del siglo XXI y las grandes potencias marítimas hoy observan que la situación geográfica de la República Argentina es estratégica para controlar el pasaje interoceánico de Drake ante la pérdida de importancia del Canal de Panamá como consecuencia del auge del tráfico marítimo comercial mediante buques supercontenedores y su cercanía con el Continente Antártico ante la irrupción en el mismo de nuevos actores no occidentales, además de la importancia de la región patagónica para realizar exploraciones sobre el espacio remoto en momentos que la puja entre Estados Unidos y China por el desarrollo de las nuevas tecnologías se ha acrecentado, en especial lo referente a la quinta generación de redes móviles (5G) que permitirá un salto en la velocidad, capacidad y tiempo de respuesta y comunicación entre dispositivos móviles, lo que tendrá importantes consecuencias en diferentes aspectos de la vida cotidiana, la economía del mundo y esencialmente en los aspectos de Seguridad y Defensa. Esto ha hecho que tanto el Reino Unido como los EE.UU. cuestionen la existencia del observatorio para el estudio del espacio remoto establecido en la provincia de Neuquén por un convenio firmado entre la Argentina y la República Popular China, lo que motivara las visitas que desde abril de 2022 realizara a nuestro país la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos de América, general Laura J. Richarson, y ahora su sucesor, almirante Alvin Holsley, y el Comandante de Operaciones Especiales Sur de los Estados Unidos, almirante Mark A. Schater.

     Desde hace muchos años vengo estudiando el tema del observatorio para el estudio del espacio remoto establecido en la provincia de Neuquén, que fuera precedido por el instalado en Mendoza por la Unión Europea, vinculándolos ahora con la zaga secreta “del radar británico en la Isla Grande de Tierra del Fuego”, y tratándose este último de un asunto de tanta importancia como para haber estado en la agenda del presidente Javier Milei y el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos de América en su reunión del 29 de abril de este año, consideré que era necesario realizar una reflexión crítica desde la Academia pues ya se escuchan voces solitarias que advierten que estas estaciones para la observación del espacio remoto nos colocan en la mira de conflictos extraños a la región sudamericana y pueden tener consecuencias muy graves para la República Argentina.

     Sin embargo, existe entre estas instalaciones una diferencia de origen: la estación Deep. Space 3 de Malargue surge de un convenio firmado en 2002 entre la Agencia Espacial Europea y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y responde a un Programa de Cooperación entre ambas agencias, la del país asiático de un Convenio entre la República Argentina y la República Popular China aprobado en 2014 por el Congreso de la Nación Argentina mediante la ley 27.123 y en principio su objetivo sería apoyar al programa chino de exploración de la Luna, mientras el “radar británico en Tierra del Fuego” tiene un origen más controvertido y había sido ordenado su desmantelamiento por el ministerio de Defensa ya en 2023, lo que en los hechos no ha ocurrido. Encontrándose el mismo instalado a menos de 800 kilómetros del Comando del Atlántico Sur del Reino Unido, establecido desde 2004 en el archipiélago de las Islas Malvinas -usurpado desde hace 192 años a nuestro país- y existiendo un conflicto de soberanía no resuelto entre Argentina y el Reino Unido. Por razones de tiempo e importancia para el interés nacional inmediato nos vamos a circunscribir a este tema. 

     Como lo adelantáramos, durante el segundo semestre del año 2023 el ex ministro de Defensa Jorge E. Taiana solicitó “la cancelación y suspensión definitiva de la Estación para la Observación del Espacio Remoto de la empresa LeoLabs Argentina S.R.L. instalada en la Estancia “El Relincho” de la localidad de Tolhuin por vulnerar la seguridad nacional y ser incompatible con la Directiva de Política de Defensa Nacional establecida por el Decreto 457/2021” debido a su potencial uso militar, y finalmente, el 23 de agosto el Poder Ejecutivo Nacional cancelaba la autorización precaria que se le había otorgado a dicha empresa para la instalación de un radar en Tolhuin, solicitándole expresamente al gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur que procediera a su desmantelamiento. Con anterioridad, el ex Jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general Juan Martín Paleo, había expresado la seria amenaza a la seguridad nacional que suponía la puesta en operaciones y la instalación de antenas de radar para el seguimiento de órbita baja por parte de la empresa de capitales británicos LeoLabs en Tierra del Fuego calificándola como “una empresa privada de perfil dual (civil y militar) que podría concretamente: monitorear nuestra actividad satelital, tanto civil como militar, interceptar datos y objetos terrestres, marítimos y aéreos, seguir trayectorias de vectores como los que desarrolla la CONAE (en esos momentos el proyecto Tronador, hoy paralizado por el gobierno nacional), etc”.  Comenzaba a salir a la luz el affaire que a nivel local se conoce como “la historia del radar británico en Tierra del Fuego”,

     Este tema es de gran importancia ante la presencia militar del Reino Unido en el Atlántico Sur, donde usurpa, además de los archipiélagos de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, gran parte de la zona económica exclusiva y la plataforma continental argentina, usufructuando ilegalmente de los recursos vivos marinos y los recursos naturales de la plataforma continental que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar reconoce a la República Argentina, por lo que es importante recordar el análisis de situación que realizara el teniente general Juan Martín Paleo cuando expresa: “La Maniobra Estratégica está compuesta por mensajes, que se transmiten en hechos, palabras e inclusive con silencios. Nuestra Maniobra Estratégica está compuesta de hechos de importancia como la reapertura de la Brigada X de la Fuerza Aérea en Río Gallegos, el puente aéreo entre la Argentina Continental y la Argentina Insular (Tierra del Fuego), el radar de vigilancia de Río Grande, la creación de una Guarnición Militar Conjunta en Tierra del Fuego, materializada por la Base Naval Integrada y la Base de Despliegue Adelantada de la Fuerza Aérea en Ushuaia, la apertura de una Unidad del Ejército Argentino en Tolhuin y la reapertura de Petrel como nueva base de acceso a la Antártida. Al mensaje estratégico argentino Gran Bretaña responde instalando en forma indirecta, a través de una empresa privada un radar en Tolhuin. Sería una inocencia inaceptable en este nivel de Conducción considerar lo acontecido como una mera casualidad”.

     Cabe señalar que cuando fue autorizada la instalación de LeoLabs en Tolhuin el Ejército Argentino ya había anunciado la creación de una Guarnición Militar Conjunta a construir en la misma zona y que la estación AGSR (acrónimo de Radar Espacial Argentino) de la empresa LeoLabs  consta de dos radares primarios unidimensionales con apuntamiento por faces que tienen capacidad para detectar todo tipo de blancos con los haces de transmisión, es decir, aeronaves y objetos de naturaleza civil o militar y enviar la información en tiempo real a centros de procesamiento ubicados en cualquier parte del mundo, o sea que puede observar objetos muy por debajo de las órbitas LEO, en el rango de vuelos convencionales, con capacidad de dirección muy precisa. Aunque la empresa declara que el objeto de la instalación es meramente comercial, dadas las características de los sensores radar instalados es posible asegurar que también puede ofrecer información analizada para uso militar, información que tiene un rol clave dentro del sistema de alerta temprana y monitoreo de actividades espaciales de otros países, como el Reino Unido.

     Si bien según algunas fuentes la tramitación para el emplazamiento de estas instalaciones habría comenzado en 2020 recién el 4 de marzo de 2022 la empresa de capitales mayoritariamente británicos LeoLabs realiza el trámite registral en la ciudad de Ushuaia bajo la denominación social “Leolab Limited” (con sede en Gran Bretaña) o “Leolab Space Holdings Limited” (con sede en Irlanda). Con posterioridad el Subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad de la Nación le otorga el 17 de noviembre del mismo año la autorización para instalar y poner en funcionamiento una Estación Terrena de Banda S, así como también el uso de la órbita-espectro en donde iba a operar y monitorear objetos LEO (Low Earth Orbit). Recordemos que el 25 de abril de 2022 la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, general Laura J. Richardson visitó la ciudad de Ushuaia y expresó que la idea del Comando a su cargo era colocar “equipamiento” estadounidense para contrarrestar el avance chino en la región. Al año siguiente el embajador de los Estados Unidos de América viajó a Ushuaia y se entrevistó con las autoridades provinciales y finalmente, el 13 de marzo de 2023 el proveedor comercial y líder de servicio y Conocimiento de Situación en el Espacio (SSA) y cartografía de la órbita terrestre (LEO) LeoLabs anunció que instalaría su próximo radar espacial en la Argentina considerando que el Radar Espacial Argentino (AGSR) representaba una incorporación clave a la creciente constelación global de los sensores de fase de banda S de la empresa distribuidos estratégicamente en los hemisferios norte y sur, así como en las regiones polares y ecuatoriales.

     Desde que la administración Fernández tomó la decisión política de revocar la autorización para que la empresa pudiera operar el radar se sucedieron una serie de  desinteligencias entre las autoridades nacionales y provinciales y acciones  judiciales que contaron con el apoyo de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina, que denunciara el intento de cambiar la composición accionaria de la empresa para demostrar que “no era británica”, y un importante lobby en medios políticos, diplomáticos y científicos y la prensa de Buenos Aires, donde se publicaron importantes artículos de opinión diciendo “que el radar no era de uso militar ni la empresa británica”. 

     Todo este esfuerzo argumental fue dado por tierra cuando desde su sede en San Francisco (EE.UU.) LeoLabs declaró a SpaceNews que había firmado un contrato con el Comando Espacial y el Ministerio de Defensa del Reino Unido para el desarrollo de la primera constelación de satélites de inteligencia, vigilancia y reconocimiento británico en órbita terrestre, afirmando que “el proyecto de seguimiento espacial en materia militar proporcionará servicios de seguimiento y monitoreo espacial y de prevención de colisiones al Proyecto Tyche del Comando Espacial del Reino Unido y además, tendrá la doble función de hacer monitoreo dual: en materia civil y militar”.

     Pese a este reconocimiento de la misma empresa, los reiterados esfuerzos realizados durante este tiempo por del senador nacional por la provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur Pablo Daniel Blanco para lograr la cancelación y desmantelamiento del radar siempre se han visto frustrados por el desinterés de las autoridades provinciales y nacionales y hasta de sus colegas del mismo Congreso de la Nación Argentina, y durante el mes de enero de 2025 la prensa independiente de Ushuaia denunciaba que LeoLabs estaba por instalar una segunda antena en su estación remota de Tolhuin luego de un informe favorable del actual ministerio de Defensa. Tampoco se interesó por este tema el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sanwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes, que reanudó sus sesiones en forma simbólica el 28 de agosto de 2024. Finalmente, un medio radial de Ushuaia denunció el peligro potencial que significa para la República Argentina el radar de la empresa LeoLabs instalado a 3 km de la ciudad de Tolhuin ante la posibilidad que se lo utilice para obtener información sensible de la guerra entre Rusia y Ucrania y se convierta en un objetivo estratégico a inutilizar por una potencia extranjera, tratándose del único radar de este tipo existente en un país de América Latina y la inacción de la legislatura fueguina ante el pedido de formación de una Comisión Investigadora avalado por 10.000 firmas de la ciudadanía, recordando que el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, había amenazado con atacar las bases militares del Reino Unido en cualquier lugar del mundo en el caso que ese país continuara apoyando a Ucrania en la guerra que enfrenta a ambos países.

     Asimismo, recordemos que el 4 de enero de 2025 el medio israelí Israel.noticias.com confirmó el uso dual de los radares de la empresa LeoLabs, indicando que la misma habría detectado el lanzamiento de dos objetivos militares por parte de Rusia mediante el uso de una instalación de similares características a la existente en Tierra del Fuego.

     Finalmente, el 25 de junio de 2025 el senador fueguino Pablo Daniel Blanco tuvo la oportunidad de interpelar en el Congreso de la Nación al Jefe del Gabinete de Ministros Guillermo Francos sobre la continuidad del radar de la empresa LeoLabs en Tolhuin y pese a todos estos antecedentes el gobierno nacional insistió en que el mismo “no es británico ni de uso militar”, lo que estaba desmentido en la página web de la misma empresa bajo el título “Conciencia del dominio espacial” en el que se promocionaba como “un socio de confianza para la misión de Inteligencia Orbital Persistente, que permite a los clientes de defensa e inteligencia proteger activos de alto valor, monitorear la actividad adversaria y evaluar amenazas emergentes. Estos conocimientos fomentan la transparencia global y la disuasión estratégica para Estados Unidos, sus aliados y socios”. Es impensable que los especialistas que elaboraron los informes a los que se refirió el Jefe del Gabinete de Ministros en esta oportunidad no hayan buceado en la propia página web de la empresa, que es pública y gratuita. 

     La totalidad de los gobiernos argentinos a partir del 10 de diciembre de 1983 fueron autistas ante la verdadera hipótesis de conflicto que significaba para la República Argentina la presencia militar británica en el Atlántico Sur y creyeron que su mera apuesta por el multilateralismo iba a hacer que la comunidad internacional nos protegiera, sin comprender que el adversario tiene un doble discurso y mientras se presenta como respetuoso del Derecho Internacional en su condición de miembro permanente del Consejo de Seguridad ejecuta una política de fuerza cuando están en juego sus verdaderos intereses nacionales,  y,  es posiblemente la Directiva de Política de Defensa Nacional 2021 el primer documento oficial que reconoce esta situación. Por lo tanto, es indudable que el radar de la empresa LeoLabs en Tierra del Fuego significa un riesgo para la Seguridad Nacional, sin embargo no se ha cumplido con la orden de su desmantelamiento y pareciera que no existe la voluntad política de concretarlo.

     Nos encontramos por lo tanto ante un grave problema ya que mientras la actual administración nacional se distrae ante la instalación de un radar británico en Tierra del Fuego ocurren estas cosas: una delegación militar estadounidense visita la empresa argentina Fabricaciones Militares para comprobar sus capacidades logísticas y la posibilidad de comenzar a fabricar municiones para la OTAN a partir del mes de septiembre de 2025; se desfinancia a la Comisión Nacional de Energía Atómica, organismo público de referencia del desarrollo nuclear en la Argentina y un actor destacado dentro del sistema nacional de ciencia y técnica y desarrollo tecnológico, además de investigaciones en energías renovables; se paralizó el proyecto CAREM (acrónimo de Central Argentina de Elementos Modulares), un reactor nuclear de diseño y desarrollo exclusivamente nacional que comenzó su recorrida en la década de los 80 y hoy goza de valoración internacional como uno de los proyectos más avanzados para aumentar la participación de la energía nuclear en la transición de la matriz energética global, existiendo en la actualidad menos de un centenar de centrales de este tipo en el mundo y una puja importante entre los principales gigantes de la industria nuclear por controlar este nuevo mercado tecnológico antes de 2030; se detuvieron todos los proyectos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), en especial el desarrollo del Tronador II, sin tener en cuenta que con su programa de desarrollo de satélites de observación terrena y de comunicaciones, sus radares y su lanzador en ciernes (hoy prácticamente paralizado) Argentina es un país que ha liderado la actividad espacial en Sudamérica durante las últimas décadas, como lo reconocen otros países de la región y lo atestiguan sus colaboraciones con la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Italiana; se discontinuó el programa IA-65 Pampa de la Fuerza Aérea Argentina y la entrega de nuevas aeronaves por parte de la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FAdeA); se desfinanciaron los proyectos específicos que la empresa INVAP llevaba a cabo con el Ejercito Argentino y la Armada Argentina, convirtiéndola en un socio estratégico de las mismas, especialmente para la producción de radares y vehículos aéreos no tripulados; se canceló el “Proyecto Gaucho” para la fabricación de un vehículo desarrollado con Brasil cuya denominación real era VLEGA (Vehículo Liviano de Empleo General Aerotransportable) de características similares a las de los Humvee norteamericanos que poseía una mecánica sencilla y barata y estaba desarrollado específicamente para los suelos de nuestra región; el gobierno cerró una planta de Fabricaciones Militares ubicada en Jáchal (San Juan) y según  trascendidos podrían correr la misma suerte las instalaciones de Villa María (Córdoba) y Azul (Buenos Aires), y como consecuencia la provincia de Catamarca se quedó con el complejo minero “Minas Capillitas”, que era propiedad de esa empresa y ahora se decidió privatizar y ofrecerlo a inversores internacionales, sin discriminar a los capitales británicos; el 17 de octubre de 2024 se denunció que por dificultades presupuestarias se estaría afectando el patrullaje conjunto de la Armada y la Prefectura Naval Argentina en la milla 200, dejando la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina expuesta a actividades ilícitas; durante el mismo mes se alertó sobre la posibilidad que el gobierno nacional cerrara la Escuela Nacional de Pesca “Luis Piedra Buena”, dependiente de la Armada Argentina, la cual tiene por misión capacitar al personal para la pesca marítima y la Marina Mercante; y en un confuso episodio (no suficientemente aclarado) la cancillería habría denominado en un comunicado oficial “Falklands/Malvinas” a nuestras Islas Malvinas.

     Este cuadro de situación nos marca un descuido por la Cuestión de las Islas Malvinas, verdadera hipótesis de conflicto de la República Argentina, y una desinversión y posible desmantelamiento de todo el sistema científico-tecnológico que le permitió a nuestro país obtener el liderazgo latinoamericano en la industria nuclear, de defensa, aeronáutica y espacial. Y es precisamente el espacio el nuevo teatro de operaciones bélico, como lo venimos observado en la guerra entre Rusia y Ucrania y en los diversos conflictos que está manteniendo el Estado de Israel con diversos países de la región, en especial las escaramuzas que hace pocos meses ocurrieron entre este país y la República Islámica de Irán.    

     Profundizando en este tema, el periodista Jorge Fontevecchia entrevistó recientemente al ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Martín Paleo, con quien analizó el fenómeno de la utilización masiva de drones y distintos tipos de misiles en estos conflictos y la mediatización de los instrumentos bélicos tradicionales, así como los desarrollos que las FF.AA. están realizando en este nuevo tipo de armamentos, quedando en claro que aunque nuestro país tiene los recursos humanos en ciencia y técnica necesarios lo está haciendo por debajo de sus capacidades por las restricciones presupuestarias, ya que se requiere un gran esfuerzo de investigación y desarrollo y por lo tanto una inversión importante. Concluyendo, que los drones ya transformaron el campo de batalla y que para 2050 se espera una supremacía de sistemas no tripulados en aire, mar y tierra, ya que hay una tendencia hacia el empleo de enjambres autónomos de drones y plataformas sin piloto en misiones de combate. Los drones -concluyó el general Paleo- han cambiado la guerra para siempre y los que se adapten más rápido a la nueva situación van a ser los que van a sacar más ventajas de esto ya que un pequeño dron que puede costar un puñado de dólares puede destruir un avión que cuesta decenas de millones.

     Como contrapartida la administración nacional realizó la adquisición de 24 aviones de combate construidos durante la década del 80 del siglo pasado que un país europeo había desprogramado por obsoletos y cuyo resto de vida útil se desconoce y un lote 109  vehículos blindados de trasporte de tropas, rezago de otras guerras y cuyas fábricas de repuestos han cerrado hace tiempo, lo que significa un estéril dispendio de dinero que invertido en nuestro sistema científico tecnológico habría permitido financiar todas las actividades suspendidas y potenciar realmente nuestra capacidad de decisión nacional ante un oponente que ahora nos espía desde nuestro mismo territorio.

     Estas reflexiones nos deben hacer tomar conciencia que es necesario dar continuidad a todas las políticas soberanas en ciencia y técnica que hoy se están desfinanciando pues la economía del conocimiento será el mayor factor de progreso durante el siglo XXI (tanto en el ámbito civil como en el de la defensa) y que en la misma el verdadero recurso estratégico es el ser humano, ya que la abundancia de múltiples recursos naturales más allá de ser una fortaleza puede ser una vulnerabilidad si no se tienen las capacidades para defenderlos,  pues los países con un alto desarrollo tecnológico los van a ir a buscar a donde se encuentren. En consecuencia, es necesario realizar una gran inversión en ciencia y técnica para que todos los proyectos suspendidos por la actual administración puedan convertirse en motores del desarrollo argentino teniendo en cuenta que contamos con el insumo necesario, que es la materia gris de nuestros investigadores, y debemos por lo tanto crear las condiciones para que los mismos puedan desarrollar sus capacidades en el país y no tengan que emigrar por falta de oportunidades.     

     Ese es el país que el Reino Unido va a respetar al comprobar que aumenta su capacidad de decisión y cambia la ecuación bilateral en el Atlántico Sur, no el que desinvierte en sus proyectos de punta en ciencia y técnica para dilapidar ese dinero en la compra de chatarra bélica -previa autorización del gobierno británico como una excepción al embargo de armas establecido unilateralmente y que continúa vigente desde 1982- ya que la misma no significa una amenaza para la base militar del Reino Unido en Malvinas y aleja la posibilidad de que otros proveedores de armas no occidentales le vendan a la Argentina material bélico de última generación, como era la oferta que desde años le venía haciendo la República Popular China y significaba una delgada línea roja que ninguno de los anteriores gobiernos argentinos se atrevió a cruzar. 

     Medios especializados británicos han comentado el error estratégico de estas importante inversión económica, concluyendo que pese a la adquisición de los aviones F-16 la Argentina no tiene poder militar creíble y este hecho no modifica significativamente el equilibrio estratégico en el Atlántico Sur por las significativas restricciones diplomáticas que enfrenta nuestro país dado que los F-16 son de fabricación estadounidense y cualquier uso significativo de estos aviones requeriría la aprobación de los EE.UU., especialmente en términos de mantenimiento y suministro de piezas, lo que hace muy poco probable que la Argentina pueda utilizar esos aviones contra los intereses británicos sin enfrentar grandes obstáculos. Recordemos, a estos efectos, la advertencia olvidada del ex presidente peruano Fernando Belaúnde Terry sobre la actitud de los países europeos y los Estados Unidos de América durante la Guerra de Malvinas: “La enseñanza que todos nosotros debemos sacar de este conflicto es que necesitamos acabar la dependencia respecto a los países suministradores de armas. Ha quedado demostrado lo que significa la ausencia de potencial militar” (Revista Newsweek, Nueva York, 7 de junio de 1982. Pág. 54).

     A modo de conclusión debemos señalar que los satélites y los radares son instrumentos por excelencia para el desarrollo de políticas de inteligencia y eventualmente como instrumentos jerarquizados para la guerra de detección y destrucción del enemigo, y al respecto, nada mejor que recordar que durante la Guerra de Malvinas de 1982 mediante la denominada “Operación Fingent” un radar inglés instalado en Balmaceda (Chile), a la altura de Comodoro Rivadavia, resultó fundamental para monitorear el movimiento de tropas, zarpamiento de buques y movimientos aéreos argentinos. Por lo tanto la instalación de un radar británico en Tierra del Fuego no es un hecho inocente en momentos en que por primera vez en 40 años una Directiva de Política de Defensa Nacional identifica la presencia del Comando del Atlántico Sur del Reino Unido en las Islas Malvinas como una hipótesis de conflicto para la República Argentina.

     Debemos tomar conciencia que el ámbito espacial ejerce hoy una gran influencia sobre los conceptos de soberanía y defensa y las grandes potencias como el Reino Unido están asumiendo que la defensa de sus intereses nacionales debe darse también en el espacio exterior, como se lo hace en los espacios terrestres, marítimos, aéreos y cibernéticos. En este sentido la empresa LeoLabs presta los siguientes servicios: a) Monitoreo y consciencia de utilidad militar; b) Monitoreo de posición orbital de satélites; c) Identificación y alerta de riesgos de colisión en el espacio; d) Monitoreo de lanzamiento de vectores. 

      Quiero terminar esta breve exposición transcribiendo las palabras del teniente general Juan Martín Paleo que resumen, de alguna manera, el espíritu de esta ponencia: La vigilancia espacial constituye un recurso insustituible en la estrategia de defensa. Resulta importante considerar desde el punto de vista de la competencia para la conectividad en el Atlántico Sur analizar en detalle las infraestructuras que se desarrollan, fundamentalmente aquellas que puedan ser de interés para el ámbito militar por las ventajas o desventajas que representen para nuestra soberanía en el espacio a partir de la autorización para la instalación de sistemas de seguimiento y rastreo de objetos en el espacio, por parte de estados o empresas extranjeras, especialmente si las mismas se encuentran relacionadas con la potencia militar extra regional que mantiene usurpada parte de nuestro territorio soberano, explota nuestros recursos naturales y veta sistemáticamente nuestro acceso a sistemas de armas que permitan recuperar capacidades perdidas a nuestro instrumento militar aunque solo contengan un chip o tornillo británico.

VIDEO RELACIONADO