El colonialismo británico junto al sionismo israelí busca explotar el petróleo argentino de Malvinas en 2028

La petrolera británica Rockhopper Exploration confirmó esta semana la Decisión Final de Inversión (FID) para avanzar con la explotación del yacimiento Sea Lion, ubicado en la Plataforma Continental Argentina, a más de 200 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. La empresa estima que el primer barril de petróleo será extraído en 2028, un plazo que inaugura una nueva etapa en el proceso de apropiación británica de recursos estratégicos en el Atlántico Sur.

 

El proyecto, impulsado junto con la compañía israelí Navitas Petroleum, implica una inversión inicial de US$1.800 millones, parte de un plan total estimado en US$2.100 millones. La operación tendrá una duración mínima de 35 años, tiempo durante el cual se proyecta la extracción de una riqueza que debería pertenecer exclusivamente a la Argentina.

 

Esta decisión, celebrada en Londres y en la administración colonial de las islas, confirma un escenario que Argentina viene denunciando desde hace décadas: la consolidación de un entramado económico, diplomático y militar que profundiza el control ilegítimo del Reino Unido sobre una porción de nuestro territorio y de nuestros recursos naturales.

 

Una riqueza monumental en manos equivocadas

 

Un informe reciente de la consultora energética Netherland, Sewell & Associates (NSAI) estimó que el yacimiento Sea Lion contiene alrededor de 917 millones de barriles de petróleo. Hablamos de uno de los descubrimientos offshore más grandes de los últimos años en el hemisferio sur.

 

No se trata apenas de un proyecto energético: es el arma económica más importante del enclave colonial en Malvinas desde la avanzada pesquera de los años 80, cuando Londres comenzó a expandir unilateralmente su zona de licencias para depredar recursos argentinos y financiar el sostenimiento de la ocupación.

 

El petróleo viene a completar ese modelo extractivo, con una dimensión geopolítica aún mayor: garantiza ingresos, inversiones y presencia estratégica británica a largo plazo en una región clave del Atlántico Sur, una zona vinculada al acceso a la Antártida y al control de rutas marítimas internacionales.

 

Quince años de avances ilegales

 

El proyecto Sea Lion no surgió de la noche a la mañana. Desde 2010 el Reino Unido viene otorgando permisos y licencias de exploración y explotación hidrocarburífera en un espacio marítimo donde no posee soberanía legítima. Durante todos estos años, la Argentina denunció la ilegalidad de esas acciones ante organismos internacionales, pero las advertencias no lograron frenar el avance del modelo colonial.

 

Este nuevo paso —quizás el más grave desde la creación del régimen pesquero ilegal en el archipiélago— profundiza el desacato británico a las resoluciones de la ONU, que instan a ambas partes a no realizar modificaciones unilaterales mientras se mantenga el diferendo de soberanía.

 

El propio CEO de Rockhopper, Sam Moody, celebró el avance como “el final de más de 20 años de trabajo”. No explicó que esos 20 años se basan en una ocupación militar, el incumplimiento del derecho internacional y la apropiación de recursos que no le pertenecen.

 

El rol argentino: entre la reacción tardía y la necesidad de una política de Estado

 

El avance de Rockhopper y Navitas deja al descubierto otro aspecto imposible de ignorar: la ausencia sostenida de una estrategia argentina firme, consistente y multidimensional de defensa de la soberanía.

 

Hubo excepciones. Durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el Estado argentino inició acciones penales y civiles contra las empresas que operaban ilegalmente en Malvinas, logrando poner en crisis su financiamiento y frenando temporalmente los proyectos. Sin embargo, esa línea de acción no se mantuvo con la intensidad necesaria en los años posteriores.

 

Hoy, con un proyecto de explotación a punto de activarse, el desafío exige algo más que comunicados diplomáticos. Requiere una ofensiva judicial, política y geoeconómica, tanto en el plano interno como en foros internacionales, acompañada por un rol activo del Gobierno nacional y de la Provincia de Tierra del Fuego, única jurisdicción soberana sobre ese territorio según la Constitución argentina.

 

No actuar implicaría aceptar, de hecho, que una potencia extranjera explote petróleo argentino durante las próximas tres décadas.

 

Riesgo ambiental en un ecosistema único

 

Más allá del conflicto de soberanía, la instalación de plataformas offshore y una unidad flotante de producción (FPSO) a pocos cientos de kilómetros de la costa argentina plantea un riesgo ambiental enorme. La cuenca norte de Malvinas es un ecosistema de altísima biodiversidad, y un eventual derrame podría afectar áreas de reproducción de aves marinas, cetáceos y especies pesqueras fundamentales para la economía nacional.

El impacto podría extenderse incluso hacia el Mar Argentino continental, con consecuencias ecológicas, económicas y sociales que durarían décadas.

 

Un llamado urgente: la soberanía también se defiende en el mar

 

El anuncio de extracción para 2028 no es solo una noticia económica británica: es una señal de alarma para la Argentina. La explotación petrolera en Malvinas no debe naturalizarse. No es una actividad “productiva” de un territorio aislado; es una ocupación económica que consolida una ocupación militar y una disputa geopolítica.

 

Defender la soberanía no implica solo hablar del territorio: implica proteger los recursos naturales, evitar que una potencia extranjera derive beneficios por miles de millones de dólares a partir de un territorio usurpado y reafirmar nuestra posición ante el mundo con acciones concretas.

 

La historia demuestra que cuando la Argentina actúa con firmeza y continuidad, los avances ilegales pueden frenarse. El tiempo para reaccionar es ahora: cada día que pasa, el poder económico del enclave colonial se fortalece.

 

Y en 2028, si no se toma una decisión firme, el Reino Unido habrá sumado un nuevo y peligroso capítulo a la larga historia de la usurpación en el Atlántico Sur.