Las mentiras de los tratados de Madrid I y II: la traición de nuestros dirigentes

¿Puede la Argentina denunciar los Tratados de Madrid I y II? Costos, consecuencias y oportunidades estratégicas.

 

Cuando se habla de Malvinas, la discusión suele quedar atrapada en consignas. Pero hay documentos, firmados en silencio a fines de los años ’80 y comienzos de los ’90, que siguen condicionando mucho más que los discursos. Son los Acuerdos de Madrid I y II. No cerraron la herida de Malvinas. Y lo hicieron imponiéndole a la Argentina un corsé estratégico que todavía hoy limita su capacidad de acción.

 

La pregunta que vuelve, cada tanto, es incómoda: ¿puede la Argentina denunciarlos? La respuesta es simple: sí, puede.

 

La complejidad aparece cuando se analizan los costos, los miedos y, sobre todo, el terreno donde se libraría la verdadera batalla.

 

Los Acuerdos de Madrid no son tratados de paz ni resolvieron la cuestión de soberanía. Fueron firmados en un contexto de debilidad extrema: país endeudado, Fuerzas Armadas desmanteladas, derrota reciente y un sistema internacional que exigía alineamiento. Bajo el llamado “paraguas de soberanía”, Argentina aceptó autolimitarse mientras el Reino Unido hacía exactamente lo contrario.

 

Desde entonces, Londres no dejó de avanzar. Militarizó las islas, instaló aviones de combate, sistemas antiaéreos, inteligencia electrónica y convirtió a Malvinas en una base estratégica en el Atlántico Sur. A eso se sumó la explotación unilateral de recursos naturales en una zona en disputa. El equilibrio prometido nunca existió.

 

En términos jurídicos, la Argentina tiene herramientas claras. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados habilita la denuncia cuando hay incumplimientos sustanciales o cambios fundamentales de circunstancias. Y ambos sobran. El Atlántico Sur ya no es un espacio “congelado”: es un nodo clave por hidrocarburos, Antártida y disputa entre potencias.

Pero hay un dato político que suele omitirse: los Acuerdos de Madrid pasaron por el Congreso, aunque nunca fueron tratados como lo que realmente eran.

 

El Poder Ejecutivo los presentó como “declaraciones conjuntas”, no como tratados internacionales formales. Esa ambigüedad jurídica permitió esquivar una ratificación legislativa plena. Hubo debates, críticas, defensas. Algunos legisladores advirtieron que se estaba institucionalizando la derrota y limitando la defensa nacional. Otros defendieron la “normalización de relaciones” como una necesidad de época. Pero el debate de fondo -soberanía, poder, proyección estratégica- nunca se dio.

 

El resultado fue un limbo institucional. Los acuerdos no quedaron blindados, pero sí naturalizados. Pasaron a ser vistos como instrumentos técnicos, casi administrativos. Esa despolitización fue, quizás, su efecto más profundo: contribuyó a la desmalvinización y a la idea de que no había nada que discutir, y con ellos debilitar a las FF.AA.

 

¿Qué pasaría si Argentina los denunciara hoy?

 

1) En lo diplomático, nada que no ocurra ya: protestas británicas, presión en foros aliados, editoriales hablando de una Argentina “imprevisible”. La actitud es previsible, porque está pensada de antemano.

 

2) En lo militar, no habría guerra automática. El Reino Unido ya tiene superioridad local. Lo máximo esperable sería una sobreactuación disuasiva. Argentina no empeora su situación porque, en los hechos, hoy ya está estratégicamente inhibida.

 

3) En lo económico, no existen sanciones automáticas ni bases legales para represalias comerciales. Podría haber ruido, presiones informales, titulares alarmistas. Todo gestionable con política exterior activa.

 

Pero el verdadero impacto sería otro. Cognitivo y simbólico. La Argentina sería presentada como amenaza, como actor irracional, como riesgo para la estabilidad regional. La guerra más intensa no sería militar ni económica: sería una guerra de percepción.

 

Ahí está el núcleo del problema. Los Acuerdos de Madrid no solo limitaron capacidades materiales. Instalaron una frontera mental. Hicieron creer que reclamar soberanía y ejercer poder eran cosas distintas.

 

Por eso, la discusión no es solo jurídica. Es política y cultural. Hay dos caminos posibles: la denuncia formal, con alto impacto simbólico, o la desobediencia estratégica progresiva, que muchos Estados practican antes de romper explícitamente. Dejar de autocensurarse. Modernizar la defensa. Redefinir alianzas. Actuar como si el corsé ya no existiera.

 

Al final, la pregunta no es si habrá costos. Siempre los hay. La pregunta de fondo es otra, mucho más incómoda:

 

¿Puede un país aspirar a soberanía real mientras sigue obedeciendo acuerdos firmados para administrar su derrota?

 

Luis Gotte

 

 

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