“La intervención del puerto de Ushuaia es un hecho excepcional. sumamente grave y de alto contenido geopolítico”

Entrevista al abogado, escritor y analista económico Luis R. Moreno, sobre la intervención del Puerto de Ushuaia por parte del Gobierno de Javier Milei.

 

En ella el analista advierte que la medida no responde a razones administrativas, sino a intereses económicos y geopolíticos ligados al Atlántico Sur y la proyección antártica. Así mismo, cuestiona la actuación del Gobierno nacional, señala falencias en la defensa provincial y alerta sobre un avance directo sobre el federalismo, la Ley 19.640 y la soberanía estratégica de Tierra del Fuego en favor de los intereses de Estados Unidos.

 

ENTREVISTA

 

• ¿Cuál es tu visión sobre lo que ha sucedido en términos generales?

 

En primer lugar, toda medida extrema como una intervención debe ser analizada con un criterio profundamente racional, porque estamos hablando de resortes institucionales que resultan altamente sensibles para la vida de una provincia.

 

Si analizamos cuántas intervenciones se produjeron en los últimos años, no solo en Tierra del Fuego sino en el resto de las provincias argentinas, veremos que son contadas con los dedos de una mano. Ese dato, por sí solo, da cuenta de la excepcionalidad de la medida.

 

En segundo lugar, la intervención se focaliza en una empresa pública del Estado que goza de garantías jurídicas específicas, entre ellas la autarquía, indispensable para su funcionamiento. Esto es así porque el puerto toca necesariamente intereses de terceros: empresas privadas que operan allí, el propio sistema portuario, los servicios y toda la cadena logística asociada.

 

Por lo que, además de resultar irresponsables desde el punto de vista institucional, quienes promovieron la intervención produjeron un claro desorden en la vida del puerto, particularmente en lo que refiere al cumplimiento y ejecución de sus actividades, afectando directamente la calidad empresaria del organismo.

 

• ¿Cuáles creés que fueron las motivaciones del Gobierno nacional, más allá de las que figuran en la disposición?

 

El Gobierno nacional utilizó una argumentación muy básica: sostuvo que existía un desorden administrativo y que ese desorden había producido un desfinanciamiento del puerto.

 

Sin embargo, esa explicación se desnaturaliza por la propia conducta que ha tenido el Ejecutivo nacional en relación con las jurisdicciones provinciales, particularmente en materia de inversión pública.

 

Desde el año 2023 en adelante se han registrado reiterados incumplimientos en la ejecución de recursos públicos garantizados por la Ley de Presupuesto Nacional. Entre ellos, el puerto de Ushuaia y el Polo Logístico Antártico. Ambos proyectos fueron atacados: obras en ejecución fueron paralizadas, con consecuencias no solo para las empresas, sino también para los trabajadores. Por lo tanto, esta causal se invalida por el propio historial del Gobierno nacional.

 

Honestamente, creo que detrás de esta medida existen connotaciones geopolíticas muy claras.

 

Desde hace tiempo se discute el puerto no por la calidad de los servicios que presta, sino por su rol estratégico como puerta de entrada a la Antártida y su proyección directa hacia el Atlántico Sur. Y en ese esquema, el interés del denominado “occidente colectivo”, fundamentalmente la OTAN encabezada por Estados Unidos, resulta evidente.

 

Si realmente les preocupara el puerto, cabe preguntarse por qué se desalentó la inversión china que se proyectaba en Río Grande. Hace dos años, luego de que Estados Unidos objetara la inversión china, se les preguntó a EEUU si ellos estaban dispuestos a invertir. La respuesta fue clara: “No nos interesa invertir; lo único que no queremos es que los chinos estén presentes”.

 

La excusa fue que China pretendía instalar una base militar, algo que no es cierto y que no figuraba en los pliegos, de público conocimiento, y que estaban orientados exclusivamente a la prestación de servicios logísticos, y que eran promovidos también por una empresa privada.

 

China no tiene interés en desplegar posiciones militares en el mundo. Eso está demostrado en los hechos. A diferencia de ello, Estados Unidos —a quien considero el verdadero impulsor de esta intervención— posee cientos de bases militares en todo el planeta, ha intervenido en prácticamente todos los conflictos armados de las últimas décadas y lidera la mayoría de las hipótesis de conflicto geopolítico.

 

• ¿Cómo incide el contexto internacional en esta decisión?

 

En Estados Unidos existe, especialmente desde la asunción de Donald Trump, una visión muy clara de intervención en América Latina mediante sanciones económicas, medidas coercitivas y presiones comerciales. Lo vemos en Venezuela, en México y en el caso del canal de Panamá, que es de público conocimiento.

 

Hoy, incluso, funcionarios estadounidenses han manifestado su interés por el Estado de Alberta, en Canadá, que concentra nada menos que el 85% de la producción petrolera de ese país.

 

Estamos frente a un embate de una magnitud difícil de dimensionar. El Atlántico Sur es una región geopolíticamente estratégica para comprender los movimientos logísticos y militares a escala global, con una proyección directa hacia la Antártida. Estados Unidos firmó el Tratado Antártico dejando abierta la posibilidad de eventuales reclamos futuros.

 

Todo este conjunto de factores se conjuga de manera oscura en torno a la intervención del puerto. Si a ello se suma la visita de funcionarios norteamericanos y la presencia militar extranjera en la región, el cuadro adquiere una dimensión completamente distinta.

 

• ¿Qué incidencia tuvieron los errores del gobierno provincial?

 

Siempre es necesario distinguir lo principal de lo accesorio. Lo principal aquí es la intervención y la vulneración de los derechos de la provincia. Lo accesorio es la administración concreta del puerto o determinadas decisiones legislativas, como el intento de canalizar excedentes financieros hacia la caja provincial, algo que —según tengo entendido— no llegó a concretarse.

 

Aun si esa medida se hubiera ejecutado, existían múltiples herramientas legales para corregirla sin recurrir a una intervención, que constituye una medida extrema e ilegal. Y eso no se hizo.

 

Ahora bien, el gobierno provincial también exhibe debilidades evidentes en materia administrativa. Eso quedó en evidencia cuando, para defender los intereses de la provincia, recurrió a una consultora privada, pagando sumas importantes y presentándose con falencias notorias. Esa situación resulta claramente objetable desde el punto de vista institucional.

 

• ¿Cómo evaluás la defensa de la provincia frente a la Nación?

 

La defensa jurídica de una provincia está claramente reglada. No es un acto lírico ni declamativo.

 

El primer paso indispensable era darle intervención a la Fiscalía de Estado, que es el órgano que representa legalmente los intereses provinciales. La provincia debía notificar formalmente a la Fiscalía los términos en los cuales consideraba que estaba siendo agredida por la Nación.

 

La Fiscalía debía responder dentro de plazos perentorios y, a partir de ello, el gobierno provincial debía definir un camino. Eso no ocurrió. Esa omisión constituye una gravísima falencia institucional.

 

A ello se suma un hecho directamente insólito: la presentación de un abogado sin matrícula federal. Esto es elemental. Es como pretender una cirugía de urgencia y llevar a un enfermero en lugar de un médico.

 

El tema es tan delicado que la sociedad exige sinceridad. Y lo cierto es que este proceso fue muy mal manejado. No se trata de hechos secundarios, sino de la defensa de intereses estratégicos de la provincia.

 

• ¿Por qué afirmás que la intervención es tan grave?

 

Porque avanzar sobre una jurisdicción que no es de tu competencia es gravísimo desde el punto de vista institucional. Aquí se reactualiza una discusión de fondo: federalismo versus una concepción concentradora del poder.

 

No se trata del viejo debate entre unitarios y federales. Hoy hablamos de intereses económicos concentrados, a los que se suman intereses geopolíticos. Todo indica que se busca generar las condiciones para intervenir el puerto y entregarlo a otra potencia, vaya a saber con qué intereses.

 

Mientras se habla de dinero, nadie explica qué ocurrió con los fondos de la FAMP, que pertenecen a la industria fueguina y superan los 250 millones de pesos. No se invierte en la Ruta 3, se congelan obras vitales para la provincia y los municipios, se incumplen presupuestos aprobados. Eso también es violar el derecho.

 

Los gobiernos —y especialmente el nacional— no pueden retroceder sobre compromisos asumidos. Son generadores de conducta, expectativas y consecuencias que afectan a terceros, como ocurre en este caso con el puerto y la paralización de obras públicas.

 

Todo este conjunto de hechos muestra un choque frontal entre los intereses del gobierno nacional actual —con una visión geopolítica y de concentración de la riqueza muy clara— y los intereses de la provincia, que hoy se encuentra en el ojo de la tormenta.

 

• ¿Qué creés que debería pasar y qué creés que va a pasar?

 

Las decisiones que hoy nos afectan no provienen de Balcarce 50. Provienen de centros de poder lejanos: Nueva York, Londres.

 

Estamos sometidos a vientos que ni siquiera el propio presidente controla. Milei abre la puerta a esos intereses y entran como un vendaval, afectando nuestros recursos estratégicos.

 

La provincia debería realizar una recopilación exhaustiva de todos los incumplimientos presupuestarios y presentar una denuncia integral. No alcanza con comunicados ni con declaraciones públicas.

 

La Ley 19.640 debe ser entendida como un pacto preexistente de la provincia. En los últimos años nos han quitado beneficios logísticos, impositivos e industriales. La ley está siendo vaciada de manera indirecta.

 

Estamos llegando a la etapa de entregar las banderas. Y no hablo de banderas políticas, sino de los principios estratégicos de la Nación y de Tierra del Fuego: la Ley 19.640, la Antártida y Malvinas. En ese esquema, el puerto es la pieza central.

 

No podemos entregar el puerto ni resignar el federalismo, que es una concepción histórica de nuestro país.

 

La forma en que los medios de comunicación han presentado la intervención del puerto es puramente lírica. No se pueden considerar con seriedad los fundamentos volcados en la disposición que la ordena. Incluso, si se analizan las declaraciones de quienes representan el espacio político que impulsa la intervención, aparece reiteradamente el argumento de la “peligrosidad”, lo cual resulta un absurdo total.

 

Hablar de peligrosidad cuando se trata de un puerto al que arriban cruceros internacionales es, de por sí, problemático. Cualquier pasajero podría preguntarse: “¿Voy a desembarcar en un puerto peligroso?”. Sin embargo, si el puerto fuera efectivamente riesgoso, los cruceros no continuarían operando con normalidad. Debería haberse dispuesto su clausura, cosa que no ocurrió.

 

Desde ese punto de vista, el argumento no solo es nocivo, sino también falso. Y, además, omite un aspecto central: todas las compañías navieras que operan en Ushuaia están respaldadas por aseguradoras internacionales. Estas compañías realizan estudios exhaustivos sobre la seguridad de los puertos, porque el riesgo es una variable determinante en su actividad.

 

El puerto de Ushuaia es, de hecho, uno de los que registra menor prima de riesgo. Es cierto que se trata de un servicio costoso, pero con una prima de riesgo baja. Esto se explica claramente al observar comparaciones internacionales: por ejemplo, el puerto de Ushuaia presenta una prima de riesgo menor que la de puertos como Belém, en Brasil.

 

Hace algunos años realizamos un cuadro comparativo en el que el puerto de Ushuaia tenía una prima de riesgo media. Hoy, esa prima es baja, producto de mejoras concretas en los servicios y en la infraestructura.

 

Esto demuestra que, aun con sus falencias, la infraestructura portuaria de Ushuaia se encuentra en parámetros razonables a nivel internacional. Si el puerto fuera tan riesgoso como sostiene el Gobierno nacional, las primas de seguro serían altísimas y los cruceros de primer nivel ni siquiera desembarcarían, ante la elevada probabilidad de siniestros o daños.

 

Lo que se observa, en definitiva, es un conjunto de argumentos forzados, incorporados como un panfleto justificatorio para avanzar en la intervención de la provincia.

 

Por

Luciano R Moreno Calderón

Unión Malvinizadora Argentina

 

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