“La intervención del Puerto de Ushuaia, es culpa de la mala gestión del gobierno provincial”

Entrevista al Dr Francisco Paco Giménez que explicó el marco jurídico  sobre el cual se dispuso la intervención del Puerto de Ushuaia por parte del gobierno nacional, el accionar del ejecutivo fueguino y la ausencia del Fiscal del Estado Provincia.

 

ENTREVISTA

 

• ¿Cómo ves todo el esquema jurídico que se ha gestado incluso antes de la intervención y la intervención misma? 

 

Para analizar todo el marco jurídico, es muy importante leer los fundamentos del Decreto que ordena y dispone la intervención del puerto de Ushuaia, ya que ahí se desarrollan todos los antecedentes del origen mismo del puerto de Ushuaia y de cuando Tierra del Fuego pasa a ser provincia y nación hace la transferencia a título gratuito del puerto en el año 1992, mediante un acuerdo marco.

 

Este acuerdo tiene una cláusula que el gobierno provincial no quiere entender, en la cual se establece claramente que se otorga a título gratuito el Puerto de Ushuaia, junto a  todas las instalaciones, la operatoria y todo lo que tiene que ver con su manejo y administración y destino de los recursos que se generen, pero con la condición de que estos recursos  tienen que estar abocados pura y exclusivamente al puerto, y que no podían ser transferidos a rentas generales o usarse para otro destino de gastos corrientes -o lo que fuera- en el orden provincial.

 

En la Resolución Nº 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos, que dispone la intervención, se hace referencia como antecedente a la ley Nº 24.093 que regula actividad portuaria en todo el país  y  al decreto reglamentario 769/1993 que en su articulo 23 faculta disponer la inhabilitación de un puerto e incluso su intervención como efectivamente se hizo en Ushuaia de aquellos puertos que no cumplen con las condiciones técnicas y operativas, como por ejemplo y -en este caso particular- el tema del manejo de los fondos, caos administrativos y condiciones de seguridad de toda la actividad inexistentes. Siendo estas las causales constatadas en el sumario por los cuales se intervino.

 

Concretamente la intervención hace referencia a fallas estructurales en pilotes de atraque que ponía en riesgo la seguridad de pasajeros y buques, el caos administrativo, el desorden, la falta de medidas de seguridad informáticas y el desvío de fondos propios del puerto a gastos corrientes del gobierno provincial, lo que está prohibido por el convenio de transferencia.

 

Desde el punto de vista jurídico la Resolución de la Agencia Nacional de Puertos  es absolutamente impecable y debidamente fundada en el derecho y en los graves hechos que, de haber sucedidos, la justifican. Debo suponer razonablemente que no se va a tomar una medida de tamaña gravedad como la intervención -de la cual no hay antecedentes en el orden nacional, ya que nunca se intervino un puerto provincia-  si no hay motivos suficientes que la sustenten y justifiquen.

 

• La disposición de intervención que salió emitida poco después de las 12 de la noche del 20 de enero, hablaba de algunas falencias, pero ¿está bien de que directamente intervengan el puerto y no se hagan llamadas de atención específicos? ¿Está bien directamente intervenir el puerto y generar todo lo que se generó?

 

No, pero este no es el caso.

 

En los mismos considerandos de la Resolución de la Autoridad  se exponen las diferentes solicitudes que se le efectuó al gobierno de Melella, los diferentes requerimientos y pedidos de explicaciones sobre los hechos denunciados, algunas de la cuales se no se contestaron y otras se contestaron tarde.

 

También debemos recordar que esta intervención no fue una iniciativa   del gobierno nacional,  sino que se originó en  una denuncia de los propios trabajadores a través de mismo sindicato portuario. Fueron ellos quienes  efectuaron las presentaciones denunciando los hechos de los cuales estamos hablando.

 

La propia sanción de la ley provincial 1596 denominada de “Sostenibilidad y Fortalecimiento de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF)”, cuya aplicación, según se denunció, comprometería la operatividad, autonomía financiera y sustento institucional de la Dirección Provincial de Puertos  al  destinar recursos a la obra social, también es una medida pública que se realiza en contra de las  condiciones por las cuales la provincia aceptó el puerto.

 

En todo caso, en el momento que se transfirió el puerto en 1992 se debería haber discutido esta cláusula. Cuando uno dona algo y se pone una condición, si esa condición no se cumple, el que donó tiene distintas alternativas. En el derecho civil puede ser revocar la donación, en el derecho público se puede intervenir para asegurar el cumplimento de los fines propios del puerto.

 

También parece que minimizamos que se hayan detectado graves fallas estructurales y de seguridad, que no admiten demora. Lo peor que podría habernos pasado es que se inhabilitara el puerto en plena temporada. Sin embargo, se lo intervino y se lo siguió operando, tratando de restablecer las medidas de seguridad no solo para los propios buques y los muelles, sino para con los sistemas informáticos de seguridad, la protección contra la piratería informática, etc.

 

Los puertos, son un área muy sensible en todo el ámbito de la región y particularmente en la Tierra del Fuego, porque pueden ser puertas de entrada de narcotráfico, de terrorismo, de atentados y, sobre todo, un punto estratégico, como es el de Ushuaia.

 

El mismo decreto dice que se le advirtió a Melella en reiteradas oportunidades, se le pidieron explicaciones y no las dieron, las dieron tarde o no fueron satisfechas.

 

• Si la disposición de intervención hablaba de peligrosidad ¿por qué el puerto sigue funcionando con total normalidad si era tan peligroso? Pregunto esto porque si uno toma una medida diciendo de que el pilote 3 está destruido, y que existe peligro, ¿Por qué sigue funcionando el puerto con total normalidad, si es tan peligroso?

 

No lo sé. Eso sería una pregunta que puede responder la gente que intervino el puerto y lo está operando. Supongo que se han tomado las medidas pertinentes que el gobierno de Melella estaba demorando. Tengo conocimiento que sí se han clausurado sectores a atraque y se continúa con la operatoria con el puerto funcionando con parte de sus instalaciones, y de acuerdo a la demanda del tránsito de buques y pasajeros.

 

• Pero si el gobierno nacional solicita la intervención del puerto producto de fallas estructurales gravísimas y peligrosas, y esas fallas estructurales no se pueden solventar en 10 días, 20 días o un mes, y necesitan incluso en términos de inversión, de por lo menos 2, 3, 4, 5 meses como para poder solucionar esos temas, y a pesar de que esas soluciones van a tomar 5 meses, el puerto sigue funcionando con total normalidad ¿No hay ahí una especie de falsedad ideológica en los argumentos de intervención?

 

No. En cuanto a lo estrictamente jurídico, no hay un delito de falsedad ideológica. En el decreto de intervención están  claramente establecidas las pruebas. Incluso se instrumentó un sumario y se le dio la oportunidad al gobierno de Melella de efectuar su descargo,

 

Después, las medidas que haya tomado el gobierno nacional la verdad que las desconozco. Es más, nunca entré al puerto, así que no me lo imagino. Son cuestiones técnicas que no me las puedo imaginar, pero supongo que si detectaron fallas de seguridad habrán tomado las medidas pertinentes para continuar operando, porque si no, en caso de un accidente, habría responsabilidad de los funcionarios intervinientes.

 

Además del tema de la seguridad, que no es un tema menor, también se ha detectado un desvío de fondos de alrededor de 5.000 millones de pesos al Ministerio de Economía o el Ministerio de Educación, según los propios fundamentos del decreto y la propia legisladora Natalia Gracianía.

 

Entonces se han concatenado diferentes hechos que individualmente algunos ameritaban de por sí la intervención -como este del desvío de fondos- y otros que sumándolos hacen que también se disponga su intervención. Después, si realizaron las obras o no las realizaron, la verdad que lo desconozco porque no tengo relación con absolutamente nadie del puerto, y me informo por lo que escucho y por lo que leo, aunque quiero creer en que las medidas se han tomado. De hecho, no ha ocurrido ningún accidente hasta donde yo sé.

 

• Y tampoco han ocurrido durante estos años, excepto uno por el viento.

 

Sí, lo que pasa es que tampoco no han ocurrido gracias a Dios. No sé si hubiesen ocurrido si no se hubiese intervenido, no lo sé, tal vez sí, tal vez no. Lo cierto es que en el puerto es tan sensible el tema de seguridad como un aeropuerto.

 

La intervención lo que hace es sacar el manejo de la provincia y que lo pase a manejar las autoridades e interventores nacionales con misiones y funciones, por un plazo de tiempo absolutamente limitado. No es que viene una intervención con patente de corso, se lleva todos los recursos, y no hace nada. No es así, las intervenciones tienen misiones, funcionarios y objetivos que cumplir; veremos después de transcurrido 12 meses si se han cumplido, y podremos los fueguinos pedir rendiciones de cuentas al respecto, o el mismo gobierno provincial podrá hacerlo.

 

• ¿Y cómo crees vos que se comportó el gobierno provincial fueguino sabiendo ya la medida del gobierno provincial? ¿Cuál es tu análisis jurídico del comportamiento del gobierno provincial en relación a la medida tomada por el gobierno nacional?

 

En principio, todo gobierno que crea afectado el federalismo o sus potestades jurisdiccionales tiene las facultades de recurrir a la justicia. Obviamente, este no es el caso, pero hablando en abstracto, supongamos que lo sea, el gobierno nacional debe recurrir a través de sus organismos legales pertinentes para iniciar las acciones judiciales. El camino iniciado por Melella, en principio, nos costó alrededor de 60 millones de pesos, pagando innecesariamente a estudios jurídicos, a pesar de tener todo un cuerpo capacitado e idóneo como es la Fiscalía de Estado para analizar cuál era la mejor estrategia.

 

Lo que hicieron en esta demanda, no lo hace ni siquiera un estudiante de abogacía. Todos sabemos que cuando una provincia litiga en contra de la Nación, el organismo judicial con competencia  es la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque así lo establece la Constitución. No hay dudas, ni debate sobre ello. Es básico, de primer año de derecho. Y a pesar de ello no lo hizo. Encima tenemos un Fiscal de Estado que abandona sus funciones y sus obligaciones constitucionales, al retirarse de la defensa de los intereses de la provincia, si es que creen que están siendo afectados.

 

• ¿Y esa omisión de accionar de oficio por parte del Fiscal, vos crees que es en favor de Melella, en contra de Melella, en favor de la provincia, en contra de la provincia?

 

Quiero traer un antecedente a la memoria de todos. Este es el mismo Fiscal de Estado que se retiró junto con todo su cuerpo de abogados a la hora de defender a la provincia cuando fue demandada por el legislador Lechman por la reforma constitucional. Ahora hizo lo mismo.

 

Evidentemente el Fiscal de Estado está incumpliendo con sus deberes y debería intervenir  la legislatura necesariamente, para analizar esta conducta y establecer las responsabilidades del caso.

 

El Fiscal de Estado tiene un cargo vitalicio y hace más de 30 años que está en funciones,  gana muy buen salario -millones de pesos- y es justo que los fueguinos le exijamos que, si están comprometidos los intereses de la provincia, como se dice, asuma sus responsabilidades constitucionales.

 

¿Y cuál sería la conducta que debería haber tomado cuando le dio intervención el juez federal? Decir: no estoy de acuerdo con la demanda, la retiro, la desisto, estoy en contra de esta estrategia, mi estrategia es otra, acomodarla o iniciar algún tipo de acción que él crea conveniente. Pero nunca puede abandonar a la provincia a su suerte, y menos en manos de los abogados que contrató Melella, porque los resultados están a la vista. Fue un papelón.

 

• ¿Y vos qué crees que debería suceder a partir de ahora? ¿Cuál sería el camino que debería tomar la provincia para defender sus intereses sobre el puerto de manera legal? 

 

Si Melella cree que esto litigando se va a solucionar, eso no va a pasar nunca. Nos vamos a morir todos y recién la Corte va a estar analizando el caso. Se va a vencer la intervención y la Corte no habrá tomado ninguna resolución.

 

Sin diálogo político, esto no tiene solución

 

• Y por último, quería pedirte una lectura política sobre algo que se instaló a raíz de esta situación. ¿Vos crees que esto tenga algún trasfondo geopolítico? 

 

No, yo creo que no tiene ningún trasfondo geopolítico.

 

Esto de la paranoia que nos empieza a dar a muchos sobre los yanquis, las bases yanquis o lo que fuere, de ninguna manera, porque si tuviese un trasfondo geopolítico, una intención solapada de entrega de soberanía, el gobierno en vez de intervenir el puerto podría haberles entregado tierras costeras, no sé cuántos metros, y ellos en dos patadas hacen un puerto de hostias. Entonces, esa discusión es pretender distraer la atención o derivar el debate hacia un chauvisimo berreta, tildando de cipayos o antipatria o proyanquis a los que apoyan la medida de intervención.

 

No tenemos que ver fantasmas, el decreto de intervención es absolutamente claro, no vemos flamear la bandera de Estados Unidos en el puerto, no hay naves de guerra en el puerto, no le veo ningún trasfondo político o geopolítico que implica resignar soberanía.

 

Esto es una medida que se ha dictado por una denuncia de los trabajadores del puerto y por las graves irregularidades detectadas. No podemos imaginar que alguien del Gobierno nacional se levantó un día  y dijo “vamos a intervenir en el puerto de Ushuaia para facilitar una base yanqui militar” o lo que fuere. Y justo Melella, quien es el principal vocero de esta hipótesis, viene a acusar de cipayos al resto cuando es él  quien  autorizó la instalación y funcionamiento de radares ingleses en el medio de la isla de Tierra del Fuego.

 

Por

Luciano R Moreno Calderón

Unión Malvinizadora Argentina

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