Milei remata el corazón eléctrico de la Patria: el Gobierno avanza con la privatización del sistema eléctrico argentino desde Londres

El periodista pro británico Cristian Martin, desde la señal A24, celebró lo que definió como “el primer paso” del gobierno de Javier Milei para avanzar en la privatización total de Energía Argentina S.A. (ex ENARSA), en línea con lo establecido en la denominada Ley Bases 2025.

Sin embargo, detrás del tono celebratorio, la medida abre un debate de fondo sobre soberanía energética y control estratégico de infraestructura crítica en la República Argentina.

El corazón del sistema eléctrico

Según explicó el propio Martin, el Gobierno abrió una Licitación Pública Internacional para transferir la participación accionaria de Energía Argentina en CITELEC, firma que controla a Transener, la principal operadora del sistema de transporte de energía eléctrica de alta tensión del país.

El dato no es menor: Transener transporta aproximadamente el 86% de la energía eléctrica que circula en el territorio nacional. Es decir, se trata de la columna vertebral del sistema energético argentino, una infraestructura que no sólo impacta en la producción industrial y el consumo domiciliario, sino que resulta determinante para la planificación federal, el desarrollo regional y la integración territorial.

Para especialistas en política energética, desprenderse del control estatal en este segmento no constituye una privatización más, sino la cesión de capacidad estratégica sobre un área sensible que incide directamente en la seguridad nacional y el desarrollo económico.

La movida en Londres

La operación fue promovida en el Reino Unido. En Londres —sede de algunos de los principales conglomerados energéticos y financieros del mundo— la Embajada Argentina, encabezada por la embajadora Mariana Plaza, organizó un desayuno con potenciales inversores para presentar los detalles de la licitación, cuyo cierre está previsto para el 25 de marzo.

El encuentro tuvo como objetivo exponer el marco regulatorio vigente, los lineamientos estratégicos del Gobierno para el sector energético y las condiciones del proceso de transferencia accionaria. La señal política fue clara: la búsqueda de capitales extranjeros para avanzar en la privatización del sistema de transporte eléctrico argentino.

La elección de Londres como escenario no pasó desapercibida se transforma en una nueva adviertencia sobre la creciente extranjerización de áreas clave y la pérdida de capacidad decisoria nacional en recursos e infraestructura estratégica.

Soberanía o desguace

Desde una perspectiva soberanista, la discusión excede la coyuntura económica. El transporte eléctrico no es un activo cualquiera: constituye un monopolio natural, indispensable para garantizar el acceso equitativo a la energía y sostener políticas de desarrollo federal.

Argentina ya atravesó este desguace en la década de 1990, un proceso de privatizaciones que implicó la transferencia de activos estratégicos con resultados ruinosos en términos de tarifas, inversión y planificación a largo plazo. Hoy, la posible pérdida de participación estatal en el control de Transener, con todo lo que ello conlleva, vuelve a encender alarmas.

El avance sobre Energía Argentina representa no sólo un cambio de modelo económico, sino una redefinición del rol del Estado en áreas críticas. Y en el este marco, la pregunta de fondo es si la infraestructura energética debe responder prioritariamente a criterios de rentabilidad financiera internacional o a un proyecto de desarrollo nacional.

En un contexto global marcado por la disputa por recursos estratégicos, energía y control tecnológico, la decisión del Gobierno abre un debate estructural: ¿la Argentina consolida su soberanía energética o profundiza la dependencia en uno de los pilares de su desarrollo?

Pal´Sur

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