jueves 02 de diciembre de 2021 - Edición Nº1093

Soberanía | 11 oct 2021

¿lo que se viene?

Malvinas: ¿tribunales por sobre los Estados?


Por:
Walter Castro 

Según declaraciones de Keith Lough*, presidente de Rockhopper (UK), luego del cimbronazo que significó el anuncio de Harbour Energy (UK) de su salida de los proyectos de exploración y explotación en Malvinas (ARG), informan que se encuentran trabajando en frentes concretos 1) la salida ordenada de Harbour, 2) avanzar en planes de desarrollo alternativo y 3) avanzar con la entrada de Navitas Petroleum (EEUU) al proyecto.

 

Rockhopper está en la espera de los consentimientos necesarios para recuperar el puesto de operador y el 100 % de la participación activa en las licencias de Sea Lyon y las claves de North Falklands Basin.

 

Como en toda negociación, ayer en Navitas ofertaban por el 30 % del paquete de Rockhopper que a la postre fue desplazado por Harbour quien obtuvo un porcentaje mayor para solo unos meses después retirarse de Malvinas.

En la negociación actual Navitas apunta a quedarse con la extensión total de las licencias de petróleo de la Cuenca Norte de Malvinas, incluido él Sea Lyon Discovery por un periodo importante de años.

 

Con este contexto, por estos días, Rockhopper evalúa la cesión total del proyecto Sea Lyon a Navitas y esperar un resultado favorable con el arbitraje de Ombrina Mare (ITA) donde busca en un tribunal del (CIADI) que se declaró competente y espera una indemnización monetaria màs que significativa.

 

El caso de Ombrina (ITA) junto al de Vatenfall (ALE) son emblemáticos, los mismos evidencian los riesgos para los pueblos, en el caso de Ombrina, la británica Rockhopper demandó en el 2017 al estado italiano por 300 millones de euros por cancelar sus concesiones de exploración en el Adriático, medida que fuera adoptada a través del parlamento italiano.     

 

Entonces ahora ya hablamos de una empresa que espera fondearse con el negocio del arbitraje contra los estados, donde observamos a diario que las multinacionales mandan.

 

Por el acuerdo de inversión conocido como Tratado sobre la carta de energía (TCE), acuerdo que se remonta a mediados de la década del 90’, por el mismo los derechos a los INVERSORES son aplicables a 53 países los que van desde Europa Occidental a Japón. Al amparo de dicho tratado  los INVERSORES pueden demandar a los gobiernos por cualquier medida tomada en el sector de la energía que consideren perjudicial a sus ganancias.

 

Como no podía ser de otra manera las negociaciones de este tratado se realizan fuera de la atención pública.

A contramano del mundo mientras en la última década se da una gran oleada de oposición a los mecanismos de los fallos en las controversias entre Estados-Inversores, el (TCE) logra pasar desapercibido y mantenerse al margen de la indignación popular.

 

Hoy muchos países de África, Asia, Medio Oriente y AMERICA LATINA están yendo camino a firmar el acuerdo (TCE) y suscribirán los peligrosos privilegios que el tratado reserva solo para los inversores. 

 

Privilegios que someten la soberanía de los estados a los intereses económicos de las grandes corporaciones lo que sin dudas nos impide ir a desarrollos equitativos.

 

No nos olvidemos que nosotros recurrimos a la justicia por estas causas, con justa razón, seguramente nos encontraremos a todos estos grandes fondos de inversión sosteniendo económicamente a lujosos bufets de abogados neoyorkinos que ofician de tribunales internacionales con sus fallos inapelables.

 

Solo unos datos: Desde el 2018 a la actualidad TODOS los fallos fueron resueltos a favor de los INVERSORES lo que a las claras nos demuestra que se están sentando las bases de un nuevo negocio en torno a estas demandas, 39 de los últimos 45 casos presentados recientemente al arbitraje NO corresponden a empresas de energía sino a fondos de inversión radicados mayoritariamente en Holanda o Luxemburgo por su baja fiscalidad, entre los fondos encontramos a Goldman Sachs, quien con su demanda forma el paquete de demandas que enfrenta España (el país más demandado) por más de 8.000 millones de euros. La trampa, las sociedades deben ser constituidas fuera del país, eso es lo que les permite demandar al estado, puesto que el TEC solo permite demandar a INVERSORES EXTRANJEROS.                                                                                                      

          

Solo una hipótesis: Que pasara cuando los barriles diarios no colmen las insaciables apetencias de los inversores británicos o norteamericanos..? O a la bolsa paralela de Londres donde se fondean todas estas empresas minoritarias del sector energético.

 

Rockhopper sin dudas recurrirá a estos “tribunales..?” e irá sobre los intereses del pueblo Argentino al que cipayos y vende patrias no le faltan, al contrario le sobran y encima se legitiman con el voto.

 

Por Walter Castro

Secretario General del

Sindicato de Actividad Naval de Mar del Plata (SANAM)*

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