sábado 25 de junio de 2022 - Edición Nº1298

Soberanía | 2 feb 2022

Acuerdo con el FMI


Por:
Horacio Rovelli

Por Horacio Rovelli (*)

El gobierno con el acuerdo con el FMI, legitima la estafa y la renegociación eterna de un pasivo impagable. Acepta inspecciones que condicionan la política económica y obstruyen la redistribución del ingreso. Promete sin fundamentos recortar el déficit sin ajuste y propicia una dureza monetaria que afecta la continuidad del crecimiento. Las mini-devaluaciones propiciadas por el FMI y los aumentos de tarifas van a impulsar la inflación y el proyectado incremento de las reservas no es compatible con la fuga de divisas.

El programa que delineó el gobierno de Alberto Fernández con el FMI establece un sendero de reducción del déficit fiscal, una restricción creciente a la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro, más una meta de reducción de la brecha entre el dólar oficial y los paralelos, lo cual a lo largo de la historia se alcanzó siempre con devaluaciones en el mercado oficial.

Ejecutar el plan acordado llevaría a un menor crecimiento de la actividad y va a constreñir las perspectivas de una redistribución del ingreso que compense (al menos en parte) el impacto regresivo de la pandemia y del desbarranque del gobierno de Cambiemos. El problema es que la deuda es de tal magnitud que Argentina no está en condiciones de reunir lo necesario para pagarla en los plazos que exige el Fondo en ningún escenario. Ni los más optimistas apuestan a que, cuando venza el plazo de gracia de cuatro años y medio que ofrece su staff, el país estará en condiciones de afrontar la corriente de pagos de entre 12 y 16 mil millones de dólares anuales que requerirá la confluencia de vencimientos de los títulos canjeados a los bonistas privados en 2020 y las cuotas del salvataje fallido de Donald Trump a Mauricio Macri.

El Gobierno nunca dio a conocer la real situación de la deuda externa y evitó someterlo a la voluntad (consulta) popular, algo que podría haber hecho dada la excepcionalidad de la crisis que generó Macri y la contundencia del triunfo peronista en 2019, prefirió mantener todas las negociaciones en secreto hasta las elecciones 2021. Después –sobre los hechos consumados– adujo que la única alternativa al acuerdo es el default, lo cual implicaría una ruptura con el FMI (y sus 189 socios, o sea con el capitalismo mundial) y un desafío político al G-7 imposible de sostener en un momento de fragilidad macroeconómica.

El viernes 28 de enero 2022 el gobierno argentino le pagó al Fondo Monetario Internacional (FMI) intereses por 731 millones de dólares por la deuda con ese organismo internacional y arribó a un acuerdo que debe ser refrendado por el Congreso de la Nación.

Se estuvo discutiendo con el FMI desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández y se convalidó la deuda desde el principio cuando el gobierno nacional le pago los intereses  desde marzo 2020.  Y ahora se propone un nuevo acuerdo para pagar la deuda que se contrajo en la gestión de Cambiemos por 32.200 millones de DEG (Derechos Especiales de Giro), el equivalente a 45.400 millones de dólares, dado que en DEG vale 1,41 dólares, que tiene como antecedente y revalida el acuerdo firmado por Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger, como Ministro de Hacienda y Presidente del BCRA respectivamente del gobierno de Macri.

Lo primero que se debería haber hecho es ver cómo se originó la deuda y qué se hizo con ella. La deuda externa del gobierno anterior, de la coalición derechista Cambiemos, se generó cuando decidió tomar deudas en divisas para cubrir el déficit fiscal del año 2015,  que era en moneda nacional y de aproximadamente el 4,5% del PIB,  unos 216.000 millones de pesos. Y se tomaron dólares para ello. 

A ello hay que agregarle el pago a los fondos buitres encabezados por Paul Singer, por 9.300 millones de dólares, más los déficit fiscales de su inepta administración causado por la disminución de los  ingresos de la Administración Nacional por haber reducido la tasa de las retenciones de la soja y derivados y la eliminación de todos los demás derechos de exportación, más un plan de reducción del impuesto a las ganancias que generó déficit fiscal que también cubrían colocando títulos públicos en divisas, incluso en un bono a 100 años.

Ingresaron las divisas y como la Administración Nacional debía afrontar los gastos internos en pesos (jubilaciones y pensiones, contratos, salarios de las fuerzas armadas y de seguridad y del resto de los empleados públicos, transferencias, licitaciones de obras, etc.), le dio la moneda extranjera al Banco Central (BCRA) y la autoridad monetaria se los cambió al valor oficial por pesos.  

El problema es que esas divisas el BCRA y basándose en la reforma financiera de 1977, se las vendió también al tipo de cambio oficial a los particulares, principalmente a las grandes empresas  y como el gobierno de Cambiemos fue subiendo el monto máximo que se podía comprar e incluso eliminó ese límite en septiembre de 2016, permitió que 100 empresas compraran 24.769 millones de dólares en los cuatro años de gestión de Cambiemos.

La deuda externa Argentina en diciembre de 2015 era equivalente a 222.703 millones de dólares, de los cuales 148.881 millones eran en divisas y el equivalente a 73.822 millones de dólares era en pesos.  El 60% de la misma era intra sector público (en poder del FGS de la ANSeS, de los bancos oficiales, de los fondos fiduciarios argentinos, etc.), 9% con organismos internacionales (sin el FMI al que se le había pagado todas las acreencias en enero de 2006) y 31% al sector privado.

En diciembre de 2019 pasó a ser de 320.630 millones de dólares, en divisas era 249.047 millones (más de 100.000 millones por arriba de 2015)  y la deuda en pesos era al tipo de cambio oficial de 71.583 millones de dólares.  El 40% de la misma intra sector público, 22,7% organismos internacionales (mayormente el FMI por equivalente a 45.400 millones de dólares) y 37,3% sector privado.  La deuda se incrementó en más de 100.000 millones de dólares y desmejoró sensiblemente su distribución, sobre todo por la perentoriedad de los plazos.

Con fecha 21 de mayo de 2020 el BCRA publicó el Informe "Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019” y demuestra que de la deuda tomada por la gestión de Cambiemos, la “fuga de capitales” del período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 alcanzó los 86.200 millones de dólares. Aumentaron la deuda y prácticamente el 85% de la misma no se invirtió en el país y se convirtió en activos financieros de residentes argentinos en el exterior.

Es más, ese Informe sostiene que en total, 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas jurídicas compraron los 86.200 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos,  pero los 100 mayores adquirieron 24.679 millones de dólares

Ni el BCRA (que armó el listado), ni el gobierno nacional dieron a conocer los nombres de los que compraron las divisas en que se endeudaba el Tesoro de la Nación de la gestión de Cambiemos, pero sí lo hizo el semanario digital “El Cohete a la Luna” en una nota titulada “Los 100 de Macri”, del 24 de mayo de 2020 firmada por su director, Horacio Verbitsky, lista jamás desmentida por los interesados ni por el BCRA. Entre esos grande fugadores están Telefónica Argentina con 1.248,2 millones de dólares y Pampa Energía SA (del grupo Midlin y Josep Lewis) con 903,9 millones de dólares[1]; Monsanto Argentina SA (donde hizo toda su carrera Gustavo Idígoras, actual Presidente de CIARA-CEC y conspicuo miembro del Consejo Agroindustrial Argentino); Grupo Clarín con Directv Argentina S.A. y Telecom Argentina SA; el grupo Techint con Siderar SA; Hidrovía Paraná SA (que es la empresa que tiene la concesión del dragado del Río Paraná); Aceitera General Deheza, una de las grandes beneficiadas con las privatizaciones y concesiones del menemismo, que posee tres puertos propios (uno de ellos socio con la multinacional Bunge) en los 70 kilómetros del nodo portuario del Gran Rosario-Santa Fe que van desde Arroyo seco al sur hasta Timbués al norte de esa ciudad; y también están Arcor SA de la familia Pagani; el Grupo Galicia de los Braun, Ayerza y Escasanny[2];  el Banco HSBC; y el Grupo IRSA de Eduardo Elsztain, entre otros.

Ninguna de las 100 empresas de la lista de los que compraron 24.679 millones de dólares, alcanzó a pagar la mitad de los dólares que compraron, lo que supone delito de evasión fiscal y fuga de capitales para los compradores e incumplimiento de las leyes, incluida la de “lavado de activos” para los bancos, que le vendieron esos dólares del BCRA y no tomaron los recaudos del origen de los fondos.

La deuda con el Fondo Monetario Internacional fue tomada sin autorización previa del Congreso de la Nación, no solo se la convalidó desde el inicio del actual gobierno de Alberto Fernández, sino que incluso se le pagaron las dos primeras cuotas de capital que, sumado a los intereses significaron erogaciones por 6.359 millones de dólares en los dos primeros años de gestión. A lo que se le debe agregar el pago de intereses,  el viernes 28 de enero 2022, por 731 millones de dólares más y se arribó a un acuerdo que debe ser refrendado por el Congreso de la Nación 

Es más, a las grandes empresas que aparecen en el listado de los compradores de dólares, el BCRA que realizó el informe,  les vendió al tipo de cambio oficial 8.300 millones de dólares. Y a su vez le vendió al tipo de cambio oficial  a grandes importadores para que adelanten el pago de las mismas, más de 6.300 millones de dólares en los dos años transcurridos.  

Además pagó intereses de la deuda a los bonistas y, como los servicios -como el de flete (transporte), comunicaciones, patentes o royalties, etc.- son todos deficitarios, y razón por la cual el brutal ajuste externo reflejado en superávit comercial de 12.528 millones de dólares del año 2020 y los 14.750 millones del año 2021 se evaporaron, haciendo que las reservas internacionales desciendan en los dos años de gestión de Alberto Fernández.

El BCRA incluso operó en estos dos años y un mes de gobierno, vendiendo dólares a futuro y en el mercado del contado con Liqui y otras operaciones bursátiles y extrabursátiles, para morigerar el precio de los distintos dólares paralelos, todos permitidos por la autoridad monetaria con el pretexto de que no se le puede cerrar la salida de capitales a los grandes fondos de cobertura /inversión que quedaron en el mercado local, como si ello fuera prioritario y no el de generar créditos a la producción y al comercio.  

El acuerdo con el FMI

El pago al FMI, las otras erogaciones y la compra de divisas por los grandes compradores dejaron al BCRA sin reservas de libre disponibilidad por incapacidad manifiesta de sus directivos, repitiendo el mismo modus operandi del BCRA de 1989, cuando José Luis Machinea que funcionaba como su Presidente, dijo el 6 de febrero de 1989 que no podía vender un solo dólar más. 

Entonces, su valor oficial era de 17,62 australes (esa era la devaluada moneda nacional), en abril pasó los 100 australes, cuando asumió en forma anticipada Carlos Menem la Presidencia de la República, lo fijó el 9 de julio de 1989 en 650 australes y terminó en 10.000 australes el 1 de abril de 1991. 

En el ínterin se aprobaron las leyes de Reforma Administrativa del Estado y el marco legal para las privatizaciones, vendiendo a precio vil Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Gas del Estado, Ferrocarriles Argentinos, Aerolíneas Argentina, Empresa Línea Marítimas Argentinas (ELMA), Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), Obras Sanitarias de la Nación. Además, se traspasaron los puertos a las provincias para que los privatizaran o concesionaran, se les dio a las mineras estabilidad fiscal por 30 años, etc. etc.

La presión cambiaria hizo que el gobierno aceptara el acuerdo con el FMI, y de esa manera limita aún más su lento accionar sobre el endeudamiento y su fuga de la gestión de Cambiemos, incluida la complicidad de los funcionarios que la permitieron.

El acuerdo propuesto por el Gobierno de Alberto Fernández al Congreso de la Nación, subordina la política económica al FMI quién, a cada vencimiento de capital, efectuará un nuevo crédito pero a diez años de plazo, con la condición que el gobierno cumpla las metas fiscales y monetarias fijadas por el organismo, con lo que la deuda con el FMI se reprograma y también su monitoreo por otros 50 años, como fue el período 1956-2006 en que el ex presidente Néstor Kirchner libró al país de su tutela y dependencia.

Este año 2022 vencen cuotas de capital del crédito otorgado por el organismo internacional al gobierno de Cambiemos, en los cuatro trimestres, por un total de  19.115 millones de dólares.  En el año 2023 son 19.365 millones de dólares y en el año 2024 los 6.920 millones de dólares restantes para completar el pago.

Cada trimestre de ahora en más será revisado por los técnicos del FMI quienes determinarán si se cumplió o no con las metas propuestas, las metas anuales de déficit fiscal sobre el PIB de 2,5% para este año 2022, de 1,9% para el año 2023, de 0,5% para el año 2024 y de 0% para el año 2025, acompañadas de una fuerte reducción del financiamiento por parte del BCRA que fue del 3,7% del PIB en el año 2021 y pretenden que sea solo del 1% para este año 2022

Por lo tanto el ajuste fiscal total del año 2022 es del 0,7%del PIB, pero se le debe sumar el menor financiamiento del BCRA en 2,7% del Producto Interno Bruto. Por ende el ajuste de las cuentas públicas es del 3,4% del PIB,  que se calcula en 416.111 millones de dólares. Por ende el ajuste este año con respecto al año pasado debe ser equivalente a unos 14.100 millones de dólares (es en pesos)

El gasto público de la Administración Nacional es del 22,1% del PIB, uno de los más bajos de los últimos 75 años y pretenden llevarlo al 18,7% del PIB.  Es claramente imposible.   Entonces van a exigir que se vendan los recursos naturales a precio vil, con leyes como la de Emergencia Económica y  la de Reforma Administrativa del Estado  de 1989.

Como ese ajuste no se puede cumplir, los acreedores pedirán que se le pague con nuestras riquezas naturales: El subsuelo argentino y por lo que cultiva el país, para comprarlo a precio de remate. Es más, para ello van a utilizar los dólares que fugaron en la gestión de Cambiemos y los que “alegremente” les vendió el BCRA en los dos últimos años.

Por eso es que se debe rechazar este acuerdo y suspender todos los pagos con el FMI, mientras se recupera parte de la deuda fugada por lo que compraron dólares baratos con dinero ilegal, como lo hicieron mayoritariamente las 100 empresas que fugaron 24.679 millones de dólares, multarlas por evasión y de allí entrar a amortizar la deuda.  

 

[1] En ambas empresas (Telefónica y Pampa Energía) Larry Fink titular del fondo  BlackRock, reconoce que tiene participación en su capital.

[2] Larry Fink  reconoce participación en el capital accionario  del Grupo Banco Galicia por un 18,8% del total.

 

 

(*) Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción (FETyP).  Vocal de la revista Realidad Económica. Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Autor de numerosos trabajos publicados sobre los temas económicos y financieros.  

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