“Necesitamos garantías jurídicas y eso se llama prorrogar la ley en los términos en que fue concebida"

- La reciente visita del Ministro Matias Kulfas y sus declaraciones han generado expectativas desde todos los ámbitos. ¿Cuál es su evaluación?

 

En primer lugar califico como positiva la visita del Ministro de Industria para que conozca “in situ” la actividad instalada, lo cual va mas allá del posicionamiento teórico que se suele tener con respecto a la ley 19640. Recuerdo que Kulfas era un crítico del sistema pero que fue cambiando de posición con el correr del tiempo. Incluso, en oportunidad de aplaudir la producción de respiradores artificiales, elogió la capacidad productiva de la isla.

 

¿Y a que le atribuye estos vaivenes en la ponderación del sistema?

 

Si uno trazara una curva temporal de la producción de bienes industriales de la provincia y el nivel de empleo del sector, podrá advertir que los picos críticos se dan en los tiempos en que el modelo de país se inclina hacia posiciones liberales ortodoxas. Por el contrario, la industria se estabiliza o crece durante los gobiernos nacionales y populares.

 

¿Y ello a que se debe?

 

Eso es así porque para un liberal ortodoxo lo fundamental no está en la producción sino en lo fiscal, y conciben que el costo de importación de insumos para la industria fueguina, cercana a los 2500 millones de dólares, afecta la balanza de pagos. Pero contradictoriamente, se emperran en la apertura indiscriminada de la economía, que además de ser más costosa, termina impactando sobre el aparato productivo. Los ejemplos más relevantes podemos encontrarlo en la última etapa del gobierno militar, la gestión Cavallo durante el gobierno de Menem y el gobierno anterior.

 

¿Cómo sintetizaría la importancia de la ley 19640 para Tierra del Fuego y para el país?

 

Para los fueguinos es imprescindible. Incluso me atrevería a decir que si no fuera por esta ley hoy no seríamos provincia, porque no tendríamos una base estable de población y tampoco autonomía económica. En su momento plantee que al igual que la Constitución Nacional reconoce su nacimiento en los pactos preexistentes, nuestra naciente provincia debería haber incorporado en su norma de creación a la ley 19640. 

 

- La actividad industrial de la provincia ha tenido cambios y para algunos ya ha cumplido su rol geopolítico.

 

Sin dudas la industria fueguina se ha ido superando como consecuencia de una fuerte inversión de capital lo que la aleja de ser un conjunto de galpones ensambladores, como en sus comienzos, pero no creo que haya cumplido el objetivo geopolítico porque ello no se agota en la ausencia de hipótesis de guerra, como lo fue Malvinas y Chile. El objetivo central de la ley 19640 es eminentemente estratégico y permanente, ya que apunta al fortalecimiento geopolítico del sector austral. Hoy no está en la cabeza de nadie una confrontación bélica, pero un principio básico de la geografía económica dicta que un país solo crece con equilibrio regional y el dominio efectivo de sus espacios. Eso es geopolítica en su máxima expresión.

 

 -¿Usted dice que la industria fueguina es fundamental para ese equilibrio regional?

 

Absolutamente. Los fueguinos necesitamos tanto de la industria como el país de un polo de desarrollo estable en la isla. Ambos deben complementarse para sentar soberanía. Porque la soberanía a la que hoy debemos prestar atención es a la del dominio y usufructo de los espacios geográficos y eso con las economías pastoriles, como algunos imaginan a Tierra del Fuego, no alcanza. Debemos tener presente que si bien no existe una hipótesis de guerra en el atlántico sur, sí se encuentra abierto un espacio de conflicto que atañe no solo a nuestra nación sino al espacio bicontinental de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

 

- ¿Es decir que concibe a la ley 19640 como instrumento de soberanía? 

 

Es así. La ley 19640 no pretende lograr únicamente un desarrollo focalizado. En la actualidad hay en el país 10 zonas francas en funcionamiento y 6 adjudicadas que fueron diseñadas para descentralizar espacios geográficos, además del Régimen de Reparación Histórico de San Luis. Pero la ley 19640 se ubica en un ámbito que excede el interés de descentralización porque se dirige, además, a satisfacer un interés estratégico de soberanía y dominio.

 

-Los que cuestionan a la ley 19640, dicen también que la ley no se ajusta a los pactos internacionales en materia de promoción fiscal.

 

Eso no es cierto. En primer lugar nosotros tenemos una norma espejo con Manaos que tiene regulación en tratados bilaterales con Brasil y Mercosur. Pero además, existen normas similares en casi todo el planeta. En Estados Unidos existen más de ciento cincuenta zonas francas comerciales y dos zonas industriales. En México, existe una serie de pequeñas zonas francas situadas cerca de la frontera con Estados Unidos y en Baja California funciona un régimen de maquila con un sistema de producción similar al nuestro. En Centro América tenemos Panamá. Y en Chile Iquique, entre otras.

 

Pero además debemos tener en cuenta que los sistemas de producción de bienes electrónicos de consumo y celulares se realizan por sistemas de ensambladoras o maquila. No existe, en ningún lugar del mundo, una fábrica o un parque industrial, que produzcan todos los componentes. Por ello hay que decir que Tierra del Fuego no ha inventado un sistema de producción, sino que trae partes que ensambla en el parque industrial como se hace en cualquier otro lugar del mundo y que ha logrado a través de los años, con experiencia e inversión, incorporar valor agregado creciente.   

 

¿Pueden converger entonces el interés nacional con el de Terra del Fuego?

 

Absolutamente. La opción de importar lo que se fabrica en la isla no beneficia a nadie. Hoy Tierra del Fuego tiene presencia en el transcurso de la vida de una familia argentina. Si se sienta a ver tv, allí nos tienen; igual si escuchan música. En el hogar cocinan con nuestras cocinas, lavan con nuestras lavadoras. Se comunican con nuestros celulares y en sus autos llevan partes vitales que se producen en nuestra fábrica.

 

 -Usted defiende la industria de Tierra del Fuego sin embargo a mediados de año propuso un impuesto diferenciado para el sector industrial. ¿Eso no es contradictorio?

 

 En mi libro “Los Tiempos de Tierra del Fuego” expongo que una cosa es defender la industria y otra muy distinta es defender la maximización de ganancias del sector. Estamos hablando de una actividad que tiene un nivel de retorno superior al 20 por ciento. Y creo que esa capacidad contributiva ofrece la posibilidad de hacer un aporte diferenciado. Particularmente creo que habría que consolidar un FONDO DE DESARROLLO con el flujo de recursos que resulte de una tasa que se liquide tomando en cuenta el valor FOB de los productos que se embarcan al continente.   

 

Tampoco podemos obviar que estas empresas se comprometieron en el año 2018 a realizar en la provincia una inversión de 100 millones de dólares que no han cumplido, y no justamente por falta de plata, porque en ese mismo periodo un pequeño grupo de electrónicas invirtió en actividades mineras 250 millones de dólares.

 

-¿Tiene presente la situación actual de las fábricas pos pandemia?

 

Por supuesto. Hagamos un repaso. En lo que va del año los niveles de producción son similares al año anterior a pesar de que se estuvieron un par de meses cerrado. En materia laboral hay un importante incremento si tomamos en cuenta los planteles de principios de año (6000 personas) y los actuales (10.500). Y en materia de venta ya se sabe que se ha consolidado una demanda insatisfecha en todos los rubros de la electrónica y la telefonía.

 

-¿Es decir que usted propone derivar recursos del sector industrial a otras ramas de la economía.

 

Creo que Tierra del Fuego tiene serias necesidades de inversión pública en materia de infraestructura económica. Defender la industria y el sistema de promoción fiscal de la provincia debe ser compatible con un criterio de desarrollo armónico e integral. En su momento colaboré con la creación del Fondo de Inversiones para la Nueva Provincia y debemos buscar algo similar, que incluso supere normativamente al sellado de acreditación de origen. Pero la base sigue siendo tener garantías jurídicas, y eso se llama prorrogar la ley en los términos en que fue concebida.