domingo 26 de junio de 2022 - Edición Nº1299

Opinión | 21 feb 2022

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⛓️ Debemos abandonar el servilismo, y confrontar con el Sistema de Deuda Perpetua


Por:
Lic Héctor GIULIANO

Ante la inminencia del envío al Congreso por el gobierno Fernández-Fernández (FF) del Proyecto de Ley (PL) que contendría las cláusulas formales de rendición de la Argentina ante las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) y las consiguientes condicionalidades a favor del Capital Financiero, tanto Internacional como Local, caben algunas observaciones y/o comentarios importantes que pueden ayudar a la comprensión del punto de situación de lo que está ocurriendo hoy en nuestro país.

 

LA RENDICIÓN PLANEADA

 

Desde el momento de su asunción en Diciembre de 2019 la posición del actual gobierno fue básicamente la siguiente:

 

a) La Argentina no cuestiona la legitimidad o validez de la Deuda heredada de la administración Macrista sino solamente pide refinanciar las obligaciones bajo condiciones más manejables por el presente gobierno, léase plazos más largos y períodos de gracia; pateándole los nuevos compromisos a las gestiones futuras, a cambio de no quitas de Capital y Tasas de Interés algo más bajas que las anteriores – derivadas de la reducción mundial de tasas – pero todavía comparativamente más altas que el resto de los países iberoamericanos.

 

b) El presidente Fernández y su Ministro de Economía Guzmán mantienen desde un principio el sostenimiento público y reiterado de que la Argentina puede pagar, que quiere pagar y que no quiere incurrir en default (incumplimiento) de los servicios de la Deuda del Estado, pese a que el país no tiene Liquidez ni Solvencia para afrontar en tiempo y forma tales obligaciones salvo mantenerse indefinidamente en el esquema de refinanciación permanente de las mismas.

 

c) El gobierno FF acepta la Política abiertamente favorable a los Acreedores de “pagar mientras se negocia” – un principio contrario a toda negociación lógica en el marco de cualquier estado concursal, sea privado o público – de manera que el monto de la Deuda siguiese aumentando por Capitalización de Intereses (Anatocismo) e incluyendo también pagos parciales.

 

d) La administración FF ha invertido la secuencia normal en tales negociaciones dándole prioridad al acuerdo con los Fondos Buitre, internacionales y locales – que entraron a jugar fuerte bajo la administración Macri – en “detrimento” del primer acreedor individual y privilegiado, que era y sigue siendo el FMI (una declinación que demuestra el mayor poder de los capitales financieros frente al Fondo y ratifica la doble misión del mismo no sólo como acreedor sino también como Auditor de los demás acreedores).

 

e) Como consecuencia del punto anterior, el gobierno FF alteró y agravó las condiciones de negociación con el FMI al ampliar los tiempos mientras –por aplicación de la política de pagar mientras se negocia también con el Fondo– le viene girando más de 1.000 MD[1] por año y cumpliendo a la vez los vencimientos de Capital que se han producido hasta la fecha.[2]

 

f) Como agravante, el cumplimiento previo de llegar a un nuevo Acuerdo con el FMI el 22.3 está atado al pago de la última cuota de refinanciación con los países del Club de París (negociada por el entonces Ministro de Economía Kicillof en 2014) que es por unos 2.000 MD y cae pocos días después, el 31.3.

 

g) Todos estos compromisos corresponden sólo al FMI y al Club de París, sin contar los vencimientos totales –por Capital e intereses– con el gran resto de los acreedores (privados, oficiales y multinacionales).

 

Hasta aquí las principales anotaciones tocantes a la postura del gobierno FF en relación a la Deuda del Estado Central, que se mantiene en los términos tradicionales de trabajo en tándem entre gobiernos neoliberales que arman los esquemas de endeudamiento impagable (como el caso del gobierno Macri) y gobiernos sucesores social-demócratas (como la administración K) que se lamentan de la herencia recibida pero la cumplen, la amplían y la instrumentan.

 

SERVIDUMBRE ANTE EL FMI

 

Pero a lo dicho en el punto anterior se suma un hecho vinculado que es tanto o más grave: que en Finanzas el Tiempo no es neutro –porque la Argentina paga mientras negocia- y que por el Principio del Valor Tiempo del Capital gran parte de las deudas impagas en general siguen aumentando por Capitalización de Intereses.

 

Al 31.12.2021 –aunque todavía no se han editado las cifras oficiales definitivas  del Ministerio de Economía (MECON)– se proyecta que la Deuda del año pasado habría terminado con saldo de unos 377.000 MD.

 

Según el PL de Presupuesto 2022 –que todavía no ha sido aprobado por el Congreso pero contiene los datos de la Deuda que caen durante el corriente año– al Estado Central le vencen 51.600 MD por Amortización de Capital y se espera colocar Deuda por 80.100 MD, esto es, que se prevé un aumento de la Deuda Pública de 28.500 MD en el Ejercicio.

 

Con la importante aclaración de que en estos importes no están considerados los 19-20.000 MD que corresponden al FMI porque se descuenta que serán refinanciados.

 

Mientras tanto, el gobierno FF mantiene su política fáctica de Ajuste antes del Acuerdo, consistente en aceptar y cumplir de antemano exigencias que directa y/o indirectamente emanan o son condicionamientos provenientes del FMI[3]:

 

a) Licuación del Gasto Público Real por aumentos inferiores a la Inflación, como es el caso de los Salarios de la Administración Pública, las Jubilaciones/Pensiones y los Planes Sociales.

 

b) Aumento de la Recaudación Tributaria – Impositiva y Previsional – ayudada fundamentalmente no sólo por la aplicación de Retenciones sino por la propia Inflación, que mejoraba los importes nominales por IVA, Ganancias, Bienes Personales, Impuesto al Cheque, etc.

 

c) Reducción del Déficit Fiscal Primario y también del Resultado Financiero como producto de la combinación de los dos puntos anteriores[4], conforme a un mecanismo que ya está en curso y sujeto a un cronograma u Hoja de Ruta determinada por el Fondo.[5]

 

d) Aceptación reciente de un mayor ritmo de Devaluación del Peso (vía crawling peg o mini-devaluaciones diarias) para acortar la Brecha Cambiaria entre el Dólar Oficial y los Dólares especulativos Paralelos (Dólar Negro o Blue – que formalmente es ilegal – Contado con Liquidación y Dólar Bolsa o MEP).

 

e) Aumento hacia Tasas de Interés Reales Positivas, para mejorar aún más las ganancias especulativas del Sector Financiero-Bancario y sus Fondos Buitre asociados en la plaza local.

 

f) Aumento de Precios y Tarifas de Servicios Públicos, para reducir la proporción de Gasto Público por Subsidios.

 

g) Por último (lo más importante de todo), reemplazo acelerado del financiamiento vía Emisión Monetaria por aumento de la proporción y monto de la Deuda Pública (que, a diferencia de una emisión controlada, conlleva aumento fiscal y cuasi-fiscal por incidencia de los Intereses a Pagar).

Notablemente, la mayoría de estas medidas, directa o indirectamente, ya inciden o agravarán la elevada presión inflacionaria en la Argentina y paralelamente acentuarán la caída del poder de compra de la población.

 

En síntesis, que mientras el gobierno y el Fondo estiran los tiempos de supuestas negociaciones – que son total y absolutamente secretas -  la administración FF utiliza la Inflación de Precios como principal instrumento de licuación del Gasto Público, con la consecuente disminución del Déficit Fiscal.  

 

UNA ALTERNATIVA NACIONAL

 

Al momento de escribir esta nota no se conoce todavía el PL de Acuerdo con el FMI que el Ejecutivo se dice enviará al Congreso en pocos días ni mucho menos sus términos.

 

Burlescamente, políticos y economistas vienen pidiendo conocer la “letra chica” de tal Acuerdo cuando no se conoce la “letra grande” y, peor aún, ni siquiera se conoce propiamente “la letra” del mismo.

 

Pero las autoridades y la partidocracia con representación parlamentaria ya se encuentran mercadeando los votos de apoyo a un proyecto cuyas características se desconocen.[6]

 

Sin embargo, cualesquiera sean ese PL y sus términos la “batalla” o el debate estarían perdidos de antemano porque con la rendición financiera FF ya descripta y la Política de Servidumbre de la administración K que se viene manteniendo ante las condicionalidades del FMI es difícil esperar que el Congreso vaya a revertir el problema de fondo en que el trípode Oficialismo-Oposición-Medios sigue metido y del que es parte.

 

Si existiese un gobierno que realmente quisiera confrontar y no convivir en forma servil al Sistema de la Deuda Perpetua a favor del Capital Financiero, a juicio del autor de esta nota habría que llevar adelante tres acciones simples y directas, básicas y simultáneas:

 

1. Encarar en forma inmediata una Auditoría Integral del negociado macrista con los Fondos Buitre y el préstamo Stand-by (SBA) del FMI.

 

2. Acelerar el juicio contra Macri y todos sus colaboradores superiores intervinientes en dicho negociado en lugar de dejarlo semi-cajoneado en la Justicia.

 

3. Solicitar al Fondo la intervención de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI), que cumple funciones de Auditoría del Organismo, dependiente de la Junta Directiva, para tener constancia oficial de la posición del FMI y no solamente el informe no vinculante de Evaluación Ex Post (EPE), como constancia formal de lo actuado.

Y mientras estos tres puntos de mínima no se cumplan –hasta sus últimas consecuencias– suspender los pagos de Capital e interrumpir el devengamiento de los Intereses a Pagar al FMI.

 

Estas cosas habría que haberlas hecho inmediatamente después de asumido el gobierno en Diciembre de 2019 pero la administración FF adoptó la postura inversa, favorable y coincidente con el interés de los Acreedores Financieros – con los Fondos Buitre y el FMI a la cabeza – y consecuentemente en contra de los Intereses del Estado Argentino.

 

Mandar el PL – cualesquiera sean sus términos – serviría para convalidar lo actuado por Macri, validar automáticamente el Stand-by del 2018 “sacándole las castañas del fuego al FMI” por la corrupción del mega-préstamo a la Argentina y dejar encadenado sine die a nuestro país a las condicionalidades fijadas por el Organismo y por los capitales financieros internacionales que lo manejan en función de sus intereses.

 

Porque, en definitiva, el dilema central del gobierno Fernández-Fernández era y es confrontar la Conspiración Macri con los Fondos Buitre, el Gobierno Norteamericano y el FMI o seguir siendo cómplice de la misma.

 

[1] Las abreviaturas MD/M$ y B$ significan Millones de Dólares/Pesos y Billones de $ respectivamente y se expresan siempre con redondeo, por lo que pueden darse mínimas diferencias entre totales y sumatoria de términos.

En los casos que resulte útil o explicativo estos importes se consignan con su equivalencia (≡) entre pesos y dólares.

[2] Se estima que el gobierno FF habría abonado ya al FMI unos 1.100 MD anuales por concepto de Intereses en 2020 y 2021, más otros dos pagos por Amortizaciones de Capital con vencimientos en Setiembre y Diciembre del año pasado – de 1.900 MD (casi 2.000) cada uno – a lo que se agregan otros 1.100 MD girados por más Capital e Intereses en Enero de este año. En total, unos 7.000 MD al contado, mientras continúan las negociaciones.

A lo que se sumaría el próximo vencimiento por Capital del 21.3 por otros 2.800 MD, lo que llevaría los pagos acumulados por la actual administración a unos 10.000 MD sin contar lo pagado en las postrimerías del gobierno Macri, que serían otros 1.400 MD más por Intereses).

De este modo, cuando se llegue al esperado Acuerdo con el FMI el día 22.3 la Argentina ya le habría pagado cash al Fondo prácticamente una cuarta parte del importe del Capital desembolsado a Macri por el Organismo.

[3] El FMI tiene lo que se denomina Prior Actions, es decir, el requisito de una serie de acciones preventivas que el país deudor – en este caso, la Argentina – debe cumplir como “actos de buena voluntad” para poder acceder a nuevos acuerdos con el Fondo.

[4] Según datos oficiales del MECON al cierre del 2021 el aumento de los Ingresos Totales del Ejercicio fue 83.4 % mayor al 2020 mientras que el incremento de los Gastos Primarios (sin contar Intereses) fue 49.6 % (y el de las Prestaciones Sociales sólo 32.6 %).

En consecuencia, el Déficit Fiscal Primario fue 44.0 % menos que el 2020 y el Resultado Financiero (con Intereses, que fueron 684.200 M$ y se incrementaron el 26.0 % en el año) terminó siendo un 27.4 % menor que el 2020.

Todo esto medido en términos nominales, lo que involucra el efecto de la Inflación.

[5] Es importante destacar que la aceptación de estos puntos por parte del Ministro Guzmán abarcan un período de sólo 2.5 años de plazo – que incluyen unas 10 revisiones trimestrales por parte del FMI - ignorándose todavía cuál va a ser el tipo de Acuerdo al que se llegue en definitiva y bajo qué características, siendo así que hasta el momento se trata solamente de compromisos declarados unilateralmente por el gobierno argentino que están en línea con las exigencias del Fondo.

[6] Un “detalle” agravante no menor está dado por el hecho de un probable estrangulamiento de los tiempos de decisión político-parlamentarios dado que el PL del Ejecutivo se presentaría esta semana al Congreso, casi sobre fin de mes, que su tratamiento debiera hacerse inmediatamente después de la apertura de sesiones el 1.3 y que la aprobación requerida por el Fondo tiene que cumplir un cierto tiempo de tramitación dentro del Organismo para que después de obtenida la aprobación parlamentaria argentina se formalice el Acuerdo y luego se eleve a la conformidad del Comité Ejecutivo y la Junta de Gobernadores, de modo de poder ponerlo en vigencia el 22.3, un día después del pago de los 2.800 MD por parte del gobierno FF.

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