Argentina no es pobre, es injusta

Nuestro país no es pobre, es injusto, se producen anualmente 160 millones de toneladas de granos y, con solo 46 millones de habitantes, más del 40% de la población vive bajo la línea de pobreza, y esto es así, porque se permite exportar, por ejemplo, 38,4 millones de toneladas de maíz en granos y se produjeron 47,7 millones de toneladas en el año y, paralelamente, la persistente suba del precio del dólar oficial hace que sea cada vez más caro su precio en el mercado interno, que se agrega a la suba del precio en los mercados internacionales del maíz de  más del 150% de un año a esta parte, para ser en abril 2022 de 280 dólares la tonelada.

 

Con el trigo si se quiere es peor, se produjeron en el año 22,1 millones de toneladas del cereal, se les permitió exportar 14 millones de toneladas, con lo que teóricamente los 8,1 millones restantes alcanzarían para abastecer el mercado interno que consume entre 620.000 a 650.000 toneladas de trigo por mes.  Pero no bien iniciado el conflicto bélico Rusia – Ucrania,  el precio de la bolsa de harina se duplicó, de ser de 1.350 pesos por bolsa de 25 kilos de harina para pan,  pasó a valer más de 2.400 y 2.600.  Incluso la Secretaría de Comercio Interior de la Nación multó a Molinos Cañuelas SA por 150 millones de pesos por haber realizado agio de bolsas de harina

 

Igual sucede con el arroz, girasol, avena, carne vacuna, aviar, porcina, pescados etc.

 

Es más, el Presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Gustavo Idígoras, afirmó en estos días que la Argentina no puede exportar más  por las cuotas de exportación de maíz y trigo que impiden aprovechar estos precios y crecer en volúmenes.

 

Incluso dijo en ese mismo reportaje* del día lunes 18 de abril 2022, que  en el aceite de girasol la existencia de un fideicomiso para el mercado interno hace que “cada vez que exportamos tenemos que subsidiar más, por lo tanto, tampoco es conveniente exportar más”, Y que el precio en el mundo sale 2.200 dólares la tonelada de aceite de girasol y en la Argentina se está vendiendo a 900.

 

Obviamente se cuidó de decir cuál es el costo de producir en las tierras más fértiles del mundo y con el precio de una mano de obra que cuesta la quinta parte o menos que en el mundo que él se refiere. 

 

La botella plástica de aceite de girasol de un litro y medio que se produce acá, se prensa, acá, se envasa acá y viaja 10.000 kilómetros para ser vendido al Mercado de Ámsterdam, se vende  en ese mercado a 1,75 euros (unos 2 dólares) y, en el mercado argentino su precio es de $ 240 pesos o más,  pero el salario promedio en los países bajos es de 3.500 euros y en la Argentina no llega a 830 dólares.

 

Antes existía la Junta Nacional de Granos* y la Junta Nacional de Carnes* que ponían techo y límite a la suba de precios, los Idígoras que usufructúan de su privilegio de fijar los precios en el mercado interno de acuerdo al internacional (de otro modo exportan) y que han ganado y ganan fortuna con ello, ni siquiera quieren aportar una suma del 15% sobre las utilidades netas (después del impuesto a las ganancias) para asistir a la población que peor la está pasando por la suba generalizada de los precios (porque se internacionalizan, pero no se internacionaliza el precio del empleo presente y pasado).

 

La propuesta del bono por única vez, de $ 18.000.- en dos cuotas de $ 9.000 cada una en mayo y en junio 2022 para un universo de más de 6.000.000 de personas con trabajo informal, trabajadoras domésticas, y monotributistas categoría A y B (Facturan como máximo por año $ 600.000.-),  Y complementar el bono otorgado en abril por la ANSeS de $ 6.000.- con uno nuevo de $ 12.000.- para 4.600.000 jubilados y pensionados que perciben hasta dos veces la remuneración mínima (de $ 32.630 por mes en abril 2022) tiene un costo total estimado por el Ministerio de Economía de 186 mil millones de pesos (es en pesos pero sería equivalente a unos 1.500 millones de dólares).

 

Bien, esa cifra la van a ganar en este año, un puñado de bancos privados por tener “la carta de porte” que le permite captar depósitos del público, darse vuelta y sin correr ningún riesgo prestárselo al BCRA, quien le paga una tasa de interés del 47% nominal anual.  Como la operatoria en Leliq (letras de Liquidez del BCRA) es en torno a los 7 días, la tasa efectiva es del 58,7% anual. Sobre una masa inmovilizada que supera los 5 billones de pesos.

 

La diferencia entre la tasa pasiva (la que le pagan a sus depositantes) y la activa (la que le cobran al BCRA) es de no menos de 6% anual, por ende el spread suma 300 mil millones de pesos y los diez bancos privados más grandes tiene el 60% de las Leliq, Notaliq y pases pasivos del sistema.

 

 

LA OTRA BURBUJA

 

Al irracional crecimiento de los encajes remunerados del BCRA (Pases pasivos, Leliq y Notaliq) que aumentaron en un 323,5% (de sumar 1,2 billones de pesos a ser desde el 7 de abril de 2022 de 5 billones de pesos) que no para de incrementarse y con ello el déficit cuasi-fiscal o déficit del BCRA,  a esa burbuja financiera,  debe sumarse la deuda interna del Tesoro de la Nación, cuyo valor total es de 7,2 billones de pesos.

 

En efecto, el gobierno nacional realizo una fuerte reconversión del gasto en salud y en asistencia social a la población en el año 2020, que le ocasionó un déficit primario (antes del pago de la deuda) del 6,37% del PIB (prácticamente la cuarta parte del presupuesto nacional ejecutado del año 2020 fue deficitario).

 

Ese déficit fue financiado por el BCRA y, mayoritariamente por la colocación de títulos de deuda en pesos de corto plazo, ajustados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que se construye desde el IPC (Índice de Precios al Consumidor del INDEC) por ejemplo el BONCER (Bonos ajustados por el CER más un plus) y,  por dólar linked,  es en pesos pero se ajusta por el valor oficial del dólar más un plus.

 

Bien el gobierno ha venido renovando a los vencimientos los títulos pero ante el incremento inflacionario y del valor oficial del dólar, esa deuda se acrecentó para representar el 14,5% del PIB (que se estima en 416.111 millones de dólares).

 

El gobierno realizó un impresionante ajuste fiscal en el año 2021 y redujo el déficit primario del 6,37% para ser del 2,5% del PIB.  Y continua en el primer trimestre 2022 que presentó ante el FMI el cumplimiento de la meta que el déficit primario fue solo del 0,25% del PIB.

 

Semejante ajuste del gasto público es funcional al modelo extractivista agropecuario exportador, pero incide negativamente en el consumo y en el nivel de actividad interna.

 

El gobierno para apuntalar los gastos en salud en general (desde los laboratorios y demás productores de bienes y servicios de salud, incluido hospitales, sanatorios y clínicas) le disminuyó los aportes previsionales patronales.  Y lo mismo hizo con las empresas radicadas en el norte argentino.  Pero el impacto presupuestario de esa disminución de ingresos es prácticamente la misma magnitud que el aumento nominal de la recaudación por la inflación (IVA; Impuesto a los Combustibles; Internos coparticipados; Débito y Crédito bancario; etc.), por ende la recaudación tributaria no redunda en un aumento en términos reales y no genera recursos para ir amortizando la deuda en pesos de corto plazo.

 

La solución de las dos burbujas es que se emplee parte de los 5 billones inmovilizados por el BCRA en pases pasivos, Leliq y Notaliq, en amortizar la deuda interna en pesos del Tesoro de la Nación.  Esto es se emplearía para un fin (hoy no tiene ninguno de ninguna especie, solo inmovilizar el dinero) que es el de disminuir la deuda en pesos (con su correlato de menor pago de intereses y de desarmar la burbuja especulativa).

 

La economía es una ciencia social y por ende de relaciones humanas.  Los mismos tenedores de las Letras y Bonos del Tesoro de la Nación, son los bancos o los grandes fugadores de capital que conforman entre otros, las 100 empresas (y sus dueños) que compraron 24.769 millones de dólares en los cuatro años de gestión de cambiemos.

 

El problema es que ninguna de las 100 empresas mencionadas, pueden demostrar en sus balances contables de los años 2016, 2017,  2018, y 2019  de donde detrajeron los pesos para comprar 24.769 millones de dólares, no lo demuestran ni sus utilidades, ni su liquidez y menos que menos el cuadro donde dicen  cuantos dólares y otras divisas poseían al cierre de cada ejercicio.

 

La tarea que debe hacer la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos),  por estar dentro de sus misiones y funciones, es investigar la denuncia del Cohete a la Luna y verificar los estados contables presentados y, relacionarlo con las compras de divisas realizadas y que compiló e informó el BCRA.

 

El Art. 16 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o.vigente) sostiene que el contribuyente puede cancelar todas las obligaciones evadidas hasta los 30 (treinta) días hábiles posteriores al acto procesal por la cual se le notifica fehacientemente la imputación penal que se le formula. 

 

EN SINTESIS

 

Se debe operar sobre los tres frentes a la vez, el de los pasivos financieros del BCRA (superan los 5 billones de pesos); el de la deuda en títulos de corto plazo en pesos; y el de recuperar parte de la fuga de capitales por las compras indebidas de divisas por las 100 primeras empresas y, se puede inferir una conducta similar en las otras grandes compradoras durante el macrismo. 

 

Por supuesto que se debe declarar la Emergencia Alimentaria y por DNU realizar el incremento del 15% de la tasa del Impuesto a las Ganancias a las 19.700 empresas que declararon ganar en el año 2021 más de 1.000 millones de pesos.  Con ese fondo constituir los dos bonos referidos.

 

Con investigar la fuga de capitales, multar a sus responsables y, conciliar la deuda en pesos del Tesoro con los encajes remunerados del BCRA, se sanean las cuentas públicas sin necesidad de realizar un mayor ajuste fiscal del que se viene realizando 

 

Lic. Horacio Rovelli