😥 Tres años de indiferencia al proyecto de una denuncia fueguina por la pesca ilegal en Malvinas

El siguiente texto es un informe realizado por Luciano R. Moreno Calderón, fundador de la Unión Malvinizadora Argentina, escritor, analista e investigador especializado en la Cuestión Malvinas, acerca de la iniciativa que presentó en la Legislatura Provincial fueguina en 2020, con el objetivo de poder denunciar al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y a las empresas que depredan ilegalmente los recursos ictícolas en Malvinas, para así encarecer los costos de la ocupación colonial, y con lo percibido por el monto indemnizatorio, generar una empresa de pesca fueguina y patagónica, para poder llevar proteína del mar -a un costo accesible- a todo el territorio argentino. Cada palabra en negrita, con número superíndice, posibilita el acceso a información complementaria.

 

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INFORME

 

El 15 de julio de 2020, en la Mesa de Entradas de la Legislatura Provincial de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la Provincia que tiene dentro de su jurisdicción los territorios usurpados temporal y criminalmente por el Reino Unido, presenté un proyecto¹ que buscaba crear por Ley un cuerpo de especialistas para cuantificar el daño que produjo y produce la depredatoria pesca ilegal en nuestro Atlántico Sur a raíz de la criminal usurpación británica de nuestro territorio que se lleva adelante desde la colonia apostada en Malvinas, individualizar a las empresas que llevan adelante esas tareas con licencias ilegales kelpers, y denunciarlas para así poder obtener un resarcimiento económico por el daño que produjeron y producen a la Provincia que, según el artículo 3° de la Ley Nacional de pesca N° 24.922², corresponde la percepción de una parte de esos recursos y la protección ambiental sistémica de toda la biomasa de esos espacios marítimos que forma parte de su jurisdicción.

 

El cuerpo de especialistas que este Proyecto busca crear, tendría a su cargo no sólo la tarea histórica de cuantificar de manera precisa el daño ambiental y de pérdida de recursos ocasionado a la Provincia, sino la estrategia legal para hacer la querella pertinente, no solo al Reino Unido y a las empresas de origen extranjero que llevan adelante esta dañina e ilegal actividad, sino también a aquellas que tienen vinculación directa con ellas y están operando hoy en el país, a quienes, por estar inscriptas y operando en Argentina sería de muy fácil cobro la indemnización apelando a la Ley Nacional N° 26.386³ conocida como la “Ley Néstor”.

 

Una vez presentada la iniciativa en la mesa de entradas del cuerpo legislativo provincial, y dirigida a la vicegobernadora y presidenta de dicho cuerpo, Mónica Urquiza, buscando que la elevara a todos los legisladores para que tomen conocimiento de ella e inicie todo el cuerpo legislativo provincial su análisis, quienes se pusieron en contacto conmigo y la incorporaron al tratamiento parlamentario fue el Bloque del Partido Verde conformado por María Laura Colazo⁴, María Victoria Vuoto⁵ y Mario Jorge Colazo⁶.

 

El apoyo calificado

 

Buscando no solo darle impulso legislativo a la iniciativa, me aboqué a tratar de profundizar en el aval y soporte técnico-humano del Proyecto, tratando en principio, de visibilizar el parecer de especialistas desde diferentes perspectivas, para mostrar que la idea presentada no sólo no era una mala propuesta, sino todo lo contrario: algo que necesariamente debía hacerse para terminar con la comodidad con la que se desenvuelve el cáncer que infecta nuestra Soberanía en el Atlántico Sur y quiere hacer metástasis a nuestro territorio Antártico Argentino.

 

En el ejercicio de esta tarea de militancia propositiva, es que me puse en contacto con diferentes personas con altas cualidades técnicas, con los que, si bien ya tenía diálogo habitual, la idea era preguntarles sobre lo que había propuesto para que me den su opinión y sus aportes para perfeccionarlas.

 

Para saber si era cuantificable el impacto, entrevisté al especialista en pesca, Malvinas y Atlántico Sur (con más de 20 libros escritos sobre el tema) Dr. Cesar Augusto Lerena⁷ (10/7/2020), quien textualmente dijo que no solo "es absolutamente cuantificable a partir de informes oficiales británicos" sino que "una denuncia por la pesca ilegal en Malvinas es el peor escenario para el RU y los empresarios".  

 

Para averiguar sobre la solvencia jurídica de una denuncia fueguina al RU y a las empresas en este sentido, consulté al constitucionalista Dr. Eduardo Barcesat⁸ (15/7/2020), quien me dijo con contundencia que "la denuncia fueguina al RU por la pesca ilegal en Malvinas es viable y totalmente perseguible en un tribunal internacional".

 

Al Abogado, Magister en Derecho Internacional, Director del Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La Plata y escritor de varios libros sobre la cuestión Malvinas, Carlos A. Biangardi Delgado⁹ (8/8/2020), le consulté sobre la conveniencia de la iniciativa en cuanto su miranda internacionalista y sostuvo que "de no comenzar a afectar intereses del RU la situación continuará en el mismo punto muerto", destacando la importancia que la iniciativa surja de un cuerpo político plural y representativo como lo es la Legislatura Provincial y no desde el Ejecutivo, ya que esto "denotaría una política de Estado Provincial, que se prolongaría más allá de una administración determinada".

 

Por su parte, el ex Vice Canciller de la República Argentina, diplomático de carrera, Roberto García Moritán¹⁰ en una entrevista (28/6/2021)¹¹ que le realicé para hablar de una de sus especialidades, como lo es la pesca ilegal en Malvinas por parte del Reino Unido, dijo con claridad: “La idea me encanta, me parece bueno el ejercicio”. El diplomático expuso la idea de hacer un estudio previo a las pertinentes denuncias “es lo más sensato”, para “determinar el nivel de incidencia negativa de la pesca ilegal en Malvinas”, ya que “si la respuesta es un sí, aunque sea un sí débil, eso es una base suficiente para meternos”. 

 

Sobre este aspecto, el ex Vice Canciller, explicó que “en materia ambiental pueden existir más argumentos, y recordó que las autoridades ilegales de las Islas contrataron una consultora británica llamada MacAlister Elliott and Partners Limited (MEP)¹², ¿Y qué dice MEP? En primer término, que hay sobrepesca. Segundo, que han otorgado licencias en exceso, y que la política pesquera de las islas ha sido "desastrosa". Por lo cual, las incidencias medioambientales son enormes. Incluso, para añadir datos fáciles de comprobar, expuso el estudio realizado a pedido del Reino Unido en las islas en 1996, donde se demostró que en 8 años, la explotación pesquera ilegal depredatoria había provocado la muerte de 5 millones de pingüinos en las islas¹².

 

El Secretario General del Sindicato de la Actividad Naval de Mar del Plata (SANAM), Walter Daniel Walter Castro¹³ (15/9/2021) al ser entrevistado por mí, dijo que “Tierra del Fuego pueda dar el puntapié, denunciando a las empresas que pescaron y pescan en Malvinas”. “Incluso es más que un puntapié, es una manera de decir BASTA”, porque el “saqueo es totalmente cuantificable” no solo por parte de las empresas que solo tienen asiento en otros países, sino las varias empresas que tienen vinculaciones con ellas y que están operando con licencias argentinas en el Mar Argentino no usurpado a las cuales se puede denunciar hoy mismo y cuyos patrimonios pueden ser embargados de inmediato.

 

El Parlamento Patagónico sienta postura           

 

La legislatura fueguina, de alguna manera dio continuidad a algunos aspectos de la iniciativa aunque sin tratarlo en la Comisión N°7 de Asuntos Relativos a Malvinas, Atlántico Sur y Antártida¹⁴, y esto pudo verse durante la sesión del Parlamento Patagónico del miércoles 17 de agosto de 2021¹⁵, cuya presidencia estuvo a cargo del Legislador Provincial fueguino Emmanuel Trentino, y que, con la presencia de 42 diputados de las seis provincias patagónicas, dio aprobación a 40 asuntos, dos de ellos relativos a la pesca ilegal en el Mar Argentino y la denominada milla 201 y en la zona usurpada por el Reino Unido, como son los espacios correspondientes a Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, un millón y medio de kilómetros cuadrados argentinos y fueguinos.

 

La Declaración 06/21¹⁶, en principio expuso la “preocupación por la escasa organización y regulación de la pesca en el sector adyacente a la zona económica exclusiva” instando a que “el Estado Nacional y las provincias patagónicas cooperen en dicho territorio promoviendo la protección efectiva de los intereses relacionados con la pesca sustentable”. En este sentido, expresó también su “preocupación por los acuerdos llevados adelante entre el Reino Unido, la Unión Europea, sociedades Coreanas del Sur, Taiwanesas, que pescan en la zona de Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur”.   

 

La Declaración 012/21¹⁷, complementando la anterior, ratifica “el firme compromiso de las Provincias aquí representadas con la Cuestión Malvinas, reafirmando los legítimos derechos soberanos sobre Malvinas Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos, repudiando las acciones unilaterales de explotación, expoliación y saqueo de los recursos naturales que pertenecen a la República Argentina”.  

 

Un quietismo incalificable

 

Cuando tuve la oportunidad de conversar con los especialistas citados y otros, el objetivo inicial, que era lograr el estudio sobre la afectación ambiental y económica producto de la actividad ilegal de la colonia, para luego trazar la estrategia jurídica que desembocaría en la denuncia, era de opinión compartida que dicho trabajo podía tardar entre seis y ocho meses, es decir que para mediados de 2021 debía haber finalizado.

 

La realidad es que el proyecto presentado en 2020 si bien tomó estado parlamentario, la indiferencia del Gobierno Provincial hizo que lo perdiera el 1 de enero de 2022. Lo triste de esto, es que luego de que esa mayoría oficialista omitiera analizarlo en la respectiva Comisión de Asuntos Relativos a Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, el Ejecutivo Provincial usó la propuesta que no apoyó en la legislatura para usarla como anuncio político a los 40 años de la Gesta¹⁸, mintiendo descaradamente al decir que se necesitaba comprar o adquirir tecnología para determinar el impacto de la pesca, cuando eso ya existe y solo resta conectar información, que es muchísima y de relativo fácil acceso, para así transformarse en las denuncias que son el objeto final de la propuesta.

 

Tan probado es el uso político que se hizo del Proyecto que, al día de la fecha, el anuncio del 2 de abril de 2022 por parte del Ejecutivo Provincial fueguino, no pasó de eso: una declaración oficial que hace más de un año no es más que una prueba de la vacuidad de compromiso de los funcionarios con un tema tan sentido para los argentinos y los fueguinos, ya que nada se hizo, y se perdieron 3 años. Un modus operandi de la Secretaría de Malvinas fueguina, que podemos ver con nitidez al analizar lo que sucedió con la Ley N°1020¹⁹ y la sistemática negativa a aplicar una ley de educación malvinizadora como lo es la N° 817/2010²⁰, a pesar de los sucesivos pedidos de informes, que vergonzantemente se niegan a responder.

 

Otro aspecto negativo de este anuncio vacío de ejecución por parte del Gobierno Provincial fueguino, que no puede ser saldado con el viaje de luna de miel de algunos legos de la Universidad Nacional de TDF, AeiAS a Malvinas -y que no es el estancamiento premeditado de la iniciativa-, es que se implantó oficialmente un número de cuantificación del despojo ictícola que solo benéfica al Reino Unido, ya que la explotación pesquera por parte de la colonia británica en los últimos años, no es ni promedia las 250.000 toneladas anuales²¹, tal como lo dejó en claro un especialista que expone que esa cifra está impuesta mediáticamente por la potencia ocupante, que obviamente jamás va a aportar los datos reales que puedan cuantificar en su real dimensión el saqueo. Incluso, por esta situación, es que la iniciativa planteaba la conformación de un grupo de especialistas que estudien el tema, e incluso solicitar la cooperación del INIDEP para ello.

 

Un antecedente fueguino que perjudica la economía colonial de Malvinas

 

Los beneficios que el estudio propuesto y la presentación judicial podrían generar, los podemos observar con la denuncia que se hizo por la exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas en 2015, que se originó por un pedido que impulsara quien escribe junto con el hijo de veteranos Rodrigo Palacios²² en la Legislatura Provincial Fueguina en marzo de 2015, según lo explica al noticiero²³ , en aquel momento legislador provincial que lo impulsó en la primera sesión legislativa de aquel año, Juan Carlos Arcando²⁴ (luego vicegobernador 2015-2019).

 

Ese pedido, que gracias al rápido accionar de la Legislatura fueguina por medio de la Declaración 002/2015 del 12 de marzo²⁵ desembocó en el puntapié inicial por el cual la Cancillería Argentina inició las acciones legales contra las petroleras británicas en Malvinas²⁶, es un proceder legítimo del Gobierno Nacional argentino y que por impulso fueguino golpeó contundentemente al ilegitimo gobierno colonial de las islas, cuya importancia fue de tal magnitud que no sólo es recurrentemente recordado, sino que fue objetivo del Reino Unido el desbaratamiento de esta política de perjuicio al saqueo petrolero, tal cual fue expuesto por la ex Primer Ministra británica, Theresa May, en su carta a un Mauricio Macri²⁷ (10/8/2016) tan previsiblemente inclinado a la genuflexión que los kelpers festejaron su asunción²⁸. Recordemos que luego de esa denuncia de 2015 a las empresas petroleras que pretendían iniciar sus actividades de exploración y luego explotación de hidrocarburos en Sea Lion terminaron posponiendo esas actividades, utilizando de excusa la escasa rentabilidad por la baja del precio internacional.

 

Indudablemente, durante del contubernio de entreguistas más descarados de los últimos 50 años, la idea reinante en cuanto a política exterior que debía desarrollarse en la Cuestión Malvinas era que se terminara con el perjuicio a los intereses británicos, para abaratar el costo de vida de los semovientes implantados y, primordialmente, el flujo de ingresos de la metrópoli: único objetivo real de la colonia, por lo que, el atacar el derecho de hacer las denuncias pertinentes a toda actividad unilateral británica extractivista era lo que se necesitaba hacer con urgencia.

 

Este camino de entrega quedó explicitado en el conocido Comunicado Conjunto Foradori Duncan²⁹ del 13 de septiembre de 2016, que a todas luces fue solo el inicio de una serie de actos diplomáticos destinados a dejar en de lado la disputa por la descolonización y enfocarse en temas que solo favorecieran los apetitos económicos británicos y que algunos salieron a decir en aquel entonces que si bien ese comunicado entreguista de punta a punta “dejaba algunas dudas” –no sé cuáles-, era “positivo y auspicioso”³⁰.

 

Pero ese comunicado en acatamiento directo a lo pedido por May a Macri solo fue el comienzo, y eso lo podemos ver cuando en octubre de 2017 un diputado nacional a viva voz en la Cámara³¹ expuso cómo se profundizaba en instrumentos internacionales³² lo que el Comunicado Conjunto había inaugurado, ya que, en silencio desde entonces, el Gobierno Nacional había comenzado a firmar todos los acuerdos internacionales, haciendo abandono de su derecho de iniciar las acciones legales producto de la explotación de dichos recursos. 

 

Volviendo al antecedente de la denuncia a las petroleras que fue impulsado por la declaración de la Legislatura Provincial fueguina remitida a principios de marzo de 2015 a la Cancillería, podemos ver qué: (1) el impulso fueguino puede -y debe cada vez más- generar políticas relativas a la Cuestión Malvinas que vayan más allá de declaraciones altisonantes; (2) que se necesita para ello, una decisión política clara del Gobierno Nacional que las apoye una vez expuestas; y que, una vez se decide avanzar con contundencia, (3) tienen impacto directo en la colonia y en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

 

Es decir, lo que sucedió en 2015 con la denuncia a las petroleras, previa declaración de la Legislatura Provincial, es una clara demostración de lo que puede hacer un Poder Ejecutivo Nacional con compromiso, cuando una Legislatura Provincial impulsa una iniciativa clara, y el mismo razonamiento debería aplicarse a lo propuesto en esta ocasión para las empresas pesqueras, ya que incluso en este caso, la depredación del recurso no sólo ya existe y está completamente probado, sino que el impacto de ésta también está expuesto por varias consultoras ambientales durante estos últimos 30 años.   

 

Y sobre esto quiero destacar la importancia del impulso legislativo provincial, porque ese poder no es unipersonal, sino que en él está representado todo el pueblo de la Provincia y todos los espacios políticos, lo que termina exhibiendo la transversalidad de las decisiones, más aún cuando son unánimes. Y por esto, lo que hizo el Ejecutivo Provincial -al tratar de hurtar por oportunismo político la iniciativa y unilateralmente degradarla-, es realmente triste y preocupante, ya que sea impulsada desde la Legislatura, a todas luces es la opción más favorable para los intereses nacionales y fueguinos.

 

Una oportunidad que todavía no está perdida

 

A pesar de estas demoras que ya no pueden revertirse por la sencilla razón que el tiempo pasó y las cosas no se hicieron, la propuesta sigue intacta en cuanto a los efectos que puede producir perjudicando la comodidad con la que el Reino Unido roba nuestros recursos, asentado en su enclave colonial criminalmente militarizado.

 

En 2020, cuando la propuesta fue presentada, existía un marco que luego se fue consolidando. En aquel momento no hacía mucho (2019) nos habíamos enterado que un contubernio de diferentes empresas pesqueras que tienen actividad en nuestras Islas habían unido esfuerzos económicos para construir 17 barcos con diversos destinos de explotación, uno de los cuales era Malvinas. Luego de ello -en abril de 2021- el Reino de España, que es la principal cómplice del saqueo, acordó con la colonia de semovientes británicos la extensión de cuotas de saqueo por otros 25 años, con algunos detalles de enorme trascendencia para la consolidación del negocio, como lo es imponer que todas las empresas que quieran renovar las licencias ilegales para robar los recursos argentinos del caladero de Malvinas, deben ser se propiedad mayoritaria (51,1%) de personas físicas o jurídicas radicadas en Malvinas. Un paso que debiera dar nuestro país, por cierto.

  

Hoy 2023, cuando las mismas empresas que antes habían mandado a construir 17 barcos vuelven a encargar otros tres barcos específicamente para Malvinas, una denuncia de estas características, para el Reino Unido y su colonia sería un problema que se sumaría al que ya están atravesando a nivel económico, y que auguran los que saben se profundizará. Una crisis que, por suerte, no solo impactará cada día con mayor profundidad, sino que ya pueden verse algunas discusiones en nuestras Islas por la baja en del nivel adquisitivo de los ingresos salariales del implante, que se diluyen por el aumento del precio de los alimentos en todos los dominios británicos y el costo de vida de los isleños, cuya enorme mayoría solo está por dinero.

 

Este último dato relativo a la disconformidad de los semovientes en Malvinas producto de la aprobación de un presupuesto colonial que solo prioriza la buena vida de sus políticos, posee una enorme importancia, y nos induce a pensar que presionar sobre el encarecimiento de la explotación del recurso que más beneficia a los isleños, podría producir una migración de colonos a otros sitios del planeta, y un perjuicio directo al Reino Unido, que los usa como coartada para el saqueo de nuestros recursos. 

 

Algunos quizás pensarán y divulgarán -por ignorancia o con mala intención-, que dicha denuncia es una bala de salva que sólo enervaría la cuestión a nivel mediático. Pero si así fuera, igualmente sirve. Y mucho. El peligro jurídico (litigiosidad) que generan las denuncias en las empresas que se dedican a esta actividad ilegal es claro cuando se analiza la manera en que ellas repercuten en el valor internacional de sus acciones. Es decir, si bien las empresas que más peligro sentirán serán las que también operan en la Argentina continental, ya que se les puede quitar de sus activos en el territorio argentino el monto de la indemnización, las otras también tendrán impactos negativos, más allá de que pueda o no cobrarse de inmediato el monto resarcitorio. ¡Y ni hablar del mensaje que se emite a todos los futuros inversores que pueden o no tener vinculaciones con inversiones en otros rubros en nuestro país! Y eso, es una victoria que no podemos seguir posponiendo.

 

Otro aspecto a tener presente, por último y no por ello menos importante, es entender que uno de los objetivos de hacer la denuncia para la obtención de resarcimiento, es conseguir el financiamiento a los efectos de poder crear una empresa -con todo lo que ella requiere para realizar su actividad-, que se aboque a explotar con responsabilidad ambiental y social el Mar Argentino, y asuma la enorme tarea de llevar proteína de Mar a un precio accesible a todos los rincones de nuestro país, no solo para la venta, sino para llevarlo a los comedores escolares, y no tener que andar pidiendo donaciones a empresas que son cómplices del saqueo en Malvinas, como lo hace el CECIM La Plata para sacarse unas fotos en calidad de benefactores, mientras entregan Soberanía.

 

Este objetivo trasciende la mera cuestión alimenticia que, de por sí, ya sería un logro enorme que acallaría el hambre de muchas familias de nuestro país, sino que se convertiría en una estrategia de valor inconmensurable para que el pueblo argentino se reencuentre con su Mar. Porque sinceramente es incomprensible que siendo uno de los países con más litoral marítimo nuestro pueblo esté entre los que menos pescado come per cápita.

 

Y esto no es un yerro inocente sino una política de invisibilización de nuestros espacios marítimos, que hoy y siempre están en el rabillo del ojo de los históricos enemigos de nuestra Patria, que están muy interesados que el ciudadano argentino no tome real conciencia de las virtudes que tienen esos territorios, que no tienen nada que envidiarle a la Pampa húmeda en la cual esos mismos poderes quieren que quedemos estancados, bajo la conocida carátula de “granero del mundo”.

 

Por último…

 

Nuestra Provincia no puede estar atada a las especulaciones electorales con las que se mueve el Gobierno Nacional para hacer las cosas que deben hacerse en lo relativo a Malvinas. Una prueba de ello es que recién este año electoral se anuló el Foradori Duncan que fue promesa de campaña se iba a dar por finalizado de inmediato, habiendo dicho a mediados de la gestión que actualmente no estaba siendo aplicado. Tenemos el derecho de hacer las denuncias que el Gobierno Nacional no tiene el coraje de hacer, más cuando ella puede generar un perjuicio a la colonia que solo se consolida con el correr del tiempo y la ineficacia -o el desinterés- de las políticas nacionales a tal efecto.