Habiendo visitado mi amada provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur -en adelante TDF, AeiAs-, y la ciudad de Ushuaia que amo locamente para presentar mi último libro “Entrevistas sobre Malvinas, Atlántico Sur y Antártida”¹, una vez más, al irme, no pude evitar volver a indignarme al ver que en el Aeropuerto Malvinas Argentinas², no existe algo que refiera a los legítimos derechos que tenemos los argentinos ni a la necesidad de recuperar el ejercicio pleno de soberanía sobre Malvinas y las islas del Atlántico Sur, que hoy están siendo usurpadas por el Reino Unido.

 

Esto realmente me indigna por varias cuestiones que explicaré, pero principalmente, porque no solo se pierde una oportunidad de malvinizar a la enorme y creciente cantidad de visitantes³ que transitan por este aeropuerto, sino porque se condena a letra muerta una pieza jurídica que, a mi criterio, es de una importancia supina, como lo es la Ley provincial N°1020, que torna obligatorio del uso de la leyenda “Las Malvinas son argentinas” en todos los medios de transporte públicos y privados, así como también en sus espacios de arribo y egreso de pasajeros.

 

Brevísima aproximación jurídica de la situación.

 

El 19 de noviembre de 2014 se sancionó la Ley Nacional N° 27.023⁴ que -promulgada el 15 de diciembre del mismo año- estableció como obligatoria la leyenda “las Islas Malvinas son Argentinas” en “todos los medios de transporte público de pasajeros, de origen nacional, que presten servicios por cualquier título dentro de la jurisdicción del Estado nacional y también fuera del mismo” (Art.1), y además, en “ todas las estaciones de llegada, partida o escala del medio de transporte del que se trate, deberán también disponer de un espacio visible y destacado” (Art.2).

 

Esta Ley Nacional -hoy tristemente sin aplicación- al invitar en su artículo sexto a todas las jurisdicciones provinciales a adherir a ella, termina por gestar rápidamente la Ley provincial fueguina N°1020⁵ que, en igual sentido -sancionada el 4 de diciembre de 2015 y promulgada el 6 de enero de 2015- trata incluso de ir un paso más allá, y ya desde su artículo primero expresa la necesidad de colocar esta leyenda –“Las Malvinas son Argentinas”- no solo en los medios de transporte públicos sino también privado privados, “de origen nacional o extranjero”, “que presten servicios por cualquier título dentro de la jurisdicción del Estado provincial, sea terrestre, fluvial, lacustre, marítimo o aéreo”, así como también en “las estaciones de llegada, partida o escala del medio de transporte del que se trate”.

 

En el caso del Aeropuerto “Malvinas Argentinas”⁶, epicentro de este planteo, la ley es muy clara en su artículo 6°: “La empresa concesionaria del Aeropuerto Internacional Ushuaia “Malvinas Argentinas”, deberá exhibir, además de lo establecido precedentemente, la misma leyenda en al menos un (1) bastidor publicitario, por cada sentido de circulación, de los existentes en la ruta de acceso a dicha terminal”, debiendo además “instalar sobre el plano inclinado que conforma el techo del cuerpo principal de la aeroestación, la figura geográfica representativa de las Islas Malvinas”.

 

¿Desidia y oportunismo político pseudo malvinero en el actual gobierno provincial fueguino?

 

Hoy, como expliqué en el inicio y dejé constancia en el video que recientemente subí⁷ en mi canal de Youtube⁸, el Aeropuerto Malvinas Argentinas de la Ciudad de Ushuaia, no tiene absolutamente ningún cartel que exponga la pertenencia de Malvinas a nuestro país y a nuestra provincia, ni material alguno divulgatorio de nuestros legítimos derechos sobre los territorios ocupados por el Reino Unido, ni tampoco una figura de las islas Malvinas en su techo como dice la ley.

 

El 15 de marzo próximo se cumplirán 8 años de la entrada en vigencia en TDF, AeiAs de una ley malvinera cuya sencilla aplicación jamás fue cumplida, siendo lo más triste de esto que, sin ser el único, desde la misma sanción de la norma, hice todo lo posible -y por todos los canales formales- para tratar de que se aplique, lidiando en esa labor con la actividad e inactividad de algunos políticos que dicen estar abocados a la Cuestión y la Causa Malvinas, pero pareciera que solo lo están en usarlas como vidriera para las elecciones.

 

Desde el mismo 2015, buscando complementar –y por qué no perfeccionar- la en ese entonces reciente ley 1020 comencé a presentar proyectos en igual sentido, exponiendo la necesidad de intensificar la divulgación de la Causa y la Cuestión Malvinas de manera interna y externa, en y desde nuestra provincia, buscando que esta capital del turismo mundial, sea también un epicentro de malvinización⁹.

 

Lo que propuse primero, viendo que la ley vigente desde marzo no se aplicaba y que en esa quietud iba a permanecer, fue orientado a generar una malvinización profunda desde el Aeropuerto Malvinas Argentinas, y para ello presenté un proyecto el 2 de octubre de 2015¹⁰ que buscaba terminar con la preponderancia de la palabra “LONDON” en dicho aeropuerto, que era impuesta hasta el hartazgo en todo lugar a raíz de que la empresa concesionaria se llama “London Supply Safici”, un nombre que no solo colonizaba todos los espacios visibles del aeropuerto, sino que también estaba muy presente en el ticket que te daban luego de pagar la tasa de embarque, donde el nombre de la metrópoli británica aparecía en negrita, deliberadamente opacando el nombre del propio aeropuerto.

 

En la iniciativa, también solicitaba que en los lugares de arribo y egreso de pasajeros se colocara folletería malvinera que explique lo resuelto por las Asamblea General de las Naciones Unidas en relación a la descolonización.

 

El 23 de diciembre de 2015, en la misma línea de la ley 1020 y con el objetivo de complementarla presenté una iniciativa¹¹ orientada a colocar en los hoteles y lugares de alojamiento, cartelería relacionada con la Cuestión, la Causa y la Gesta de Malvinas, dejando claro en la misma iniciativa que si bien es bueno crear leyes malvinizadoras, lo más importante es que se cumplan las ya existentes.

 

El 22 de agosto de 2016, casi un año y medio después de la entrada en vigencia de la Ley N°1020, y sin miras de su aplicación, junto con el hijo de VGM Rodrigo Palacios, cofundador de la Unión Malvinizadora Argentina, presentamos en la mesa de entrada de la Legislatura provincial fueguina un proyecto para crear una Comisión de Seguimiento para Reglamentación y Aplicación de la Ley N°1020¹², que debería estar conformada por un representante de cada bloque de la Legislatura, un representante del Ejecutivo provincial y uno por cada municipio de la provincia.

 

Este proyecto inmediatamente fue cajoneado por la Legislatura fueguina y ningún representante quiso tomarlo ya que la ley había cumplido su objetivo: ser un marco para las necesarias fotografías de campaña de las elecciones de 2015, que ya habían quedado en el pasado.

 

Luego de que el proyecto presentado por nosotros en 2016 fuera sistemáticamente invisibilizado, no casualmente como preludio de la campaña electoral de 2017, el 14 de marzo de dicho año, el Movimiento Popular Fueguino se dio cuenta de la importancia de la aplicación de la Ley N°1020 y presentó un proyecto¹³ para solicitar al Ejecutivo provincial fueguino que reglamente y aplique la citada ley malvinera, lo que se transformó casi de inmediato -15 días después- en la Resolución 081/17¹⁴ que sería la excusa ideal para comenzar a figurar en el Observatorio Malvinas, de cara a la contienda electoral.

 

En este proceso de uso político luego de la invisibilización sistemática de un proyecto presentado por un hijo de veterano, el Legislador provincial Pablo Villegas, junto a su socio político Andrés Dachary¹⁵ -actual Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de TDF, AeiAS- se presentaron en el Observatorio Malvinas para usar la Ley 1020 como vidriera para esta coalición, que luego terminaría gobernando la provincia por medio de la alianza Melella-Urquiza.

 

Esto, por suerte, fue documentado en un esclarecedor video tomado por el periodista Julio Cesar Alday¹⁶, que nos permite ver cómo estas dos personas (Dachary y Villegas) se ponen muy nerviosas en la exposición sobre la necesidad de reglamentar y aplicar la ley 1020 que ellos se mostraban presurosos para efectivizar,cuando esta es interrumpida por el reconocido periodista Miguel Vásquez, quien les pregunta sin vueltas por qué no habían apoyado el proyecto desde la legislatura o desde el municipio de la Ciudad de Río Grande (representado en el Observatorio por Dachary), que había presentado en 2016 Rodrigo Palacios y que pedía exactamente lo mismo, pero de una manera más integradora; entre municipios, provincia y empresas. 

 

El legislador, que por obvias razones no podía exponer el real motivo de la congelación de dicho pedido y la posterior puesta en el microondas de la misma, ensayó una suerte de excusa pseudo formal, que en los rostros incómodos puede verse que no sirvió siquiera para tratar de sortear lo inexplicable.

 

Un retrato realmente tragicómico del uso político que se le da a la Cuestión, la Causa, e incluso la Gesta de Malvinas. Algo que luego también pudo verse cuando Andrés Dachary, y la mayoría del Observatorio Malvinas fueguino -excepto los veteranos¹⁷ que inmediatamente salieron a repudiarlo-, apoyaron el Comunicado Conjunto del 13 de septiembre de 2016 (Foradori-Duncan) calificándolo de “positivo y auspicioso”¹⁸,  incluso haciendo todo lo posible para frenar y no apoyar el proyecto que presentamos desde la Unión Malvinizadora un día después¹⁹ de la celebración de dicha aberración en la legislatura fueguina, para que ella exponga el rotundo rechazo en a este acuerdo. Eso sí, con las elecciones de 2017 y las encuestas preliminares que exponían el descontento fueguino con este instrumento y las políticas macristas sobre Malvinas, comenzaron a llegar las críticas a dicho acuerdo por parte de los mismo que lo apoyaron oficial y públicamente: tal es el caso del propio Dachary, que recién un año después comenzó a borrar con el codo lo escrito en el comunicado del Observatorio de 2016 que ayudó a forjar, llegando, en 2020 a pedir por presión de Eduardo Barcesat, el repudio de dicho instrumento a la legislatura fueguina.   

 

Pero la cosa no termina acá. Y volviendo a la utilización política eleccionaria de esta Ley Provincial 1020, hay un último capítulo que transcurre en 2021, -no- casualmente, en año electoral.

 

Resulta que en el año 2020 se crea en la Legislatura Provincial Fueguina la Comisión N°7 abocada a analizar todo lo relativo a Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, quedando su presidencia en cabeza del legislador radical Federico Sciurano²⁰ -ex intendente Ushuaia- quien inmediatamente ve la necesidad de comenzar a aplicar esta ley (la N°1020) e impulsar su reglamentación y aplicación.

 

Producto de esta situación de envión malvinero, el Secretario de Malvinas fueguino, viendo que 2021 era año eleccionario y no pudiendo tolerar que la iniciativa del legislador le impidiera meter la cuchara para usar políticamente este impulso, realiza una serie de declaraciones realmente nefastas para tratar de “escupir el asado”, sin saber que con ellas nos iba a terminar brindando otra demostración del vergonzante uso político que hace este actual funcionario provincial y el gobierno provincial, de la Causa, la Cuestión y la Gesta de Malvinas.

 

Así fue que, con la soltura que suelen tener los impunes, dijo que la ley N° 1020 “tal como está dispuesta, es de parcial imposible cumplimiento”²⁰ ya que, prosigue, “la provincia no puede obligar a las empresas internacionales a cumplir con esa norma”. Por ello, expresa que su cartera –de la que saca su suculento sueldo- está “trabajando en una nueva propuesta de Ley”.

 

Pasado en limpio: Dachary expone que su Secretaría está trabajando –hoy hace 3 años ya- en hacer una ley casi idéntica a la actual, que él pedía se aplique en 2017 para usarla electoralmente, y poder hacer como que hace, con lo que él mismo invisibiliza para que no se haga, y luego poder usar esa “nueva” ley como trampolín propagandístico de cara a las inminentes elecciones.  

 

La evidencia es vomitiva, y exhibe de cuerpo completo el uso que hace el funcionario de un tema tan caro para los argentinos y los fueguinos, y que termina produciendo que esta Ley que él, con bombos y platillos pedía que se reglamente y aplique en las elecciones de 2017 –y tildaba de vende patria al gobierno que no la aplicaba-, hoy, luego de 3 años como funcionario de primer línea -y con mayoría en la Legislatura- no pueda haber hecho nada para aplicar siquiera mínimamente lo que él en campaña pedía, y que recriminaba con vehemencia a quienes no la ponían en práctica.

 

Pero este no es el único caso, y podemos incluso -en otra oportunidad- hablar del proyecto que el funcionario (Dachary por orden de Melella) mandó a dormir²¹ en la Legislatura, y que noblemente intentaba crear un cuerpo de especialistas para generar en un plazo no mayor de 6 meses, un estudio de cuantificación serio acerca del impacto económico y ambiental que generaba y genera a la provincia la pesca ilegal en Malvinas, para, luego con él, denunciar al Reino Unido y las empresas que depredan nuestros recursos²², muchas de las cuales pueden ser denunciadas hoy mismo por tener vinculación accionaria con empresas que pescan actualmente en Argentina.

 

Esta invisibilización y cajoneo arteramente desmalvinizador realizado por el actual Secretario de Malvinas, en su calidad de tal, lo hizo para que, una vez que perdiera estado parlamentario en la legislatura la iniciativa que había tomado dicho estado gracias a un Bloque no afín, poder él y su gobierno hurtar la idea y desmejorarla en favor del Reino Unido²³  y así usarla como anuncio en abril de 2022²⁴, por los 40 años de Malvinas.

 

Este proyecto que el Ejecutivo provincial fueguino deliberadamente frenó, desmejoró sustancialmente y luego robó, había sido apoyado y nutrido por gran cantidad de especialistas como el Dr. Cesar Lerena²⁵, Dr Roberto García Moritán²⁶, Dr. Carlos Alberto Biangardi Delgado²⁷, Walter Castro²⁸ e incluso el propio Eduardo Bacersat²⁹ que, en una entrevista que le hice³⁰, expresó que renunció al Observatorio Malvinas fueguino por la inutilidad del mismo y por el uso político que hacía del tema ese ente y el gobierno provincial Fueguino.

 

Ni hablar de la funcionaria que a contrapelo de lo que sería la protección de los recursos argentinos que siempre expresa para la prensa el gobierno provincial, quiere brindar apoyo logístico a los barcos chinos que depredan nuestros recursos en la milla 201³¹

 

Este brevísimo escrito expone un retazo probatorio de la falta de compromiso real con la Cuestión y la Causa Malvinas por parte del Secretario de Malvinas y el Gobierno Provincial en referencia solo a la aplicación de la Ley N°1020, pero como este caso hay muchos otros, y es desesperante. Porque el problema de fondo es la clara falta de compromiso real, coraje e inteligencia, conjugado con la utilización político-eleccionaria de un tema medular para la soberanía argentina y la integridad territorial fueguina.

 

Ahora, si el quid de la cuestión no es la falta de compromiso por parte del Gobernador, este no debe seguir seleccionando funcionarios inútiles con tropilla de amigos como asesores, que tiene tienen como único objetivo real, cobrar sueldos millonarios para obtener como resultados de gestión, unas fotos muy caras para los fueguinos. Aconsejo con humildad que acomoden a esa gente en otra cartera y dejen de convocar a cargos de tanta relevancia la resaca de los que dicen saber mucho sobre Malvinas, Atlántico Sur y Antártida, y no se les conoce nada serio. Porque el que mucho sabe tiene la obligación de hacer, y si no hizo más que organizar charlas y robar e invisibilizar ideas ajenas, es porque mucho no sabe o realmente no está comprometido con su tarea, ni con la Cuestión.

 

 

Por Luciano R. Moreno Calderón

 

Esto continuará…

 

PROXIMAMENTE:

El silencio cómplice del Gobierno Provincial Fueguino

ante una propuesta de secesión por parte de Marcelo Kohen,

integrante del Consejo nacional de Malvinas, y la

contratación como asesor de un colaborador

de este traidor a la patria.

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