domingo 14 de julio de 2024 - Edición Nº2048

Análisis | 13 mar 2024

💸 ¿Es delito financiar el Tesoro?

A los grandes bancos no les conviene que el Estado emita su dinero, administre un sistema de precios y distribuya valor económico en la sociedad. Cuanto más centralizado, privatizado y monopolizado esté el sistema económico, más poder tienen los banqueros centrales,


Por:
Ing. Hernando Arias 🪶

La política monetaria es atribución y responsabilidad del Congreso Nacional, pues debe ser consecuente con la matriz económica nacional, para lo cual, necesita un Banco Emisor y ordenador cuantitativo de todos los sectores, generador constituyente del valor de cada una de las dimensiones de la economía, como un todo armónico. Por lo tanto, es la base política constituyente y económica de Estado Federal.

 

En ese marco, la Constitución establece las funciones monetarias (de las que hoy llamamos de autoridad monetaria) en el inciso 11 del artículo 75, donde establece que “corresponde al Congreso hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras, y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la Nación”. Claramente la constitución nacional atribuye al Congreso las decisiones para determinar la emisión de moneda, o actuar sobre los problemas del valor de la misma y su relación de cambio con las demás monedas (es decir el tipo de cambio).

 

Pero en esa atribución sobre la política monetaria, el Banco Central es el ente ordenador y planificador, con el cual el gobierno lograr que la economía alcanzara un nivel común y óptimo de producción y pleno empleo, como de un nivel de ingreso que permita una relación dinámica equilibrada de la demanda efectiva con la oferta agregada. Desde la emisión y el crédito público, debe impulsar una matriz generadora global de actividad caracterizada por la plena funcionalidad de la cadena de valor productiva, sin inflación, aspecto indelegable de todo país libre y soberano, pues para sostener la actividad económica se basa en la política monetaria, partiendo de la emisión monetaria y su correcto direccionamiento, en forma transparente, dinámica y estable, planificando y regulando el sistema de precios, asistiendo desde la faz extractiva a cada eslabón de la cadena de suministro, facilitando así un volumen adecuado de producción y empleo. Incluso debe tomar medidas de contingencia, como de readaptación la matriz a los cambios de reproducción socioeconómica nacional.

 

Es importante entender que cuando el Banco Central emite dinero, crea un pasivo que debe ser respaldado a la inversión real, como activos que aporten a la renta nacional, como el capital productivo, cuyo retorno es el valor agregado y el empleo, pero además constituyan fuentes de valor que den forma a la base imponible, de la cual se derive la política fiscal. Por eso, la emisión no se trata de determinar simples cantidades de dinero o valores monetarios, tampoco es una función lineal, sino que debe ser estructurante de una matriz endógena a la reproducción del producto social. Toda emisión sin creación de activos productivos no tiene respaldo, pero implica un pasivo improductivo que se traduce no solo en inflación, sino en decadencia económica. Por lo tanto, a través de la política monetaria, el Banco Central, debe actuar sobre la matriz valorativa de las actividades productivas y laborales, como comerciales, por otro lado, el crédito debe impulsar la reproducción del capital productivo, como generador de empleo y valor agregado, contemplando también la inversión a largo plazo para la formación de infraestructura social y económica. En cuanto a la política monetaria ligada al sustento de las familias, también debería incluir, en forma planificada, la construcción de viviendas. Y Argentina, desde Martinez de Hoz, y Menem, que entregó a Soros del Banco hipotecario, la vivienda asequible ya no existe, incluso las políticas de vivienda, se ha transformado en negocio de unos pocos.

 

Debemos entender que toda expansión monetaria debe impulsar la inversión de corto, mediano y largo plazo, para lo cual debe diferenciar la banca de inversión (como es el caso de la vivienda) de la comercial, estableciendo las pautas para el funcionamiento de los bancos, con transparencia y una regulación adecuada de los préstamos, de manera que éstos sean funcionales a la economía. Paralelamente, administrando el gasto público y la emisión, a través de la política fiscal y la inversión en materia de infraestructura y servicios logísticos, en su dimensión macro, es importante el equilibrio económico y territorial, con políticas de desarrollo en función de las demandas de la economía nacional. Obviamente, la banca tiene distintas dimensiones operativas. Como ya lo advirtiera hace unos días el Papa al Presidente, el rol del Estado es fundamental cuando se trata de emergencia social, y no al revés especialmente en los lineamientos que necesita el país en materia de inversión orientada al desarrollo interno de la infraestructura y el bienestar social.

 

En ese sentido, se podría mencionar la frase resaltada por nuestros constituyentes del ex canciller socialdemócrata alemán, “Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”. Viendo que quieren privatizar, entre otros recursos estratégicos, YPF, el Banco Nación, este último el de mayor presencia en el país. Porqué privatizarlo, dado que podría ser una herramienta de crédito y aumentar la profundidad financiera para potenciar nuestras Pymes. Y estoy hablando de facilitar la actividad privada y contribuir a la expansión del capital y el consumo nacional, facilitando el dinero transaccional que demanda el sector privado y el crédito generador de más del 80 % del empleo nacional, creando formas genuinas de compensación de los sectores vulnerables, evitando formas asimétricas de acumulación en los procesos económicos internos.

 

A nivel macro, el Estado debe orientar eficientemente el crédito nos permita lograr objetivos estratégicos más profundos para el desarrollo de toda la economía en su conjunto. Con la actividad financiera dirigida desde el Banco Central y la regulación monetaria, el estado busca evitar desequilibrios o mitigar las crisis económicas, restringir los factores exógenos especulativos y cuellos de botella que afectan las transacciones económicas, para mantener sanas las condiciones de producción y consumo, a su vez, el estado debe utilizar el crédito para estimular la inversión en los distintos sectores de la economía del país, basándose en la planificación económica global y sus metas a corto, mediano y largo plazo. Desde la planificación, se debería contemplar la matriz de demanda agregada y su matriz monetaria, en relación al nivel de ingreso nacional, discriminando las políticas a largo plazo (inversión) y paralelamente en relación a la demanda doméstica la política a corto plazo, el Banco Central debería actuar de acuerdo con sus funciones inherentes a la política de redescuentos para que los bancos comerciales puedan mejorar la profundidad financiera. La política a largo plazo también debe tener en cuenta la inversión en infraestructura y la formación bruta de capital asociado a la producción de bienes y servicios, como de fomento de las Pymes.

 

Hoy, sin embargo, y especialmente al achicar el Estado, vemos que nuestros gobiernos se alejan de los preceptos económicos con una visión exógena totalmente apartada de la realidad económica nacional. En ese contexto, existe una notable asincronía entre la función de la emisión y el crédito del BCRA, funcional a las economías de cada sector. Se observa la presencia de una autoridad monetaria con una autarquía lejos de una Organización Federal, cada vez más alejada del sistema federal republicano previsto por la Constitución Nacional, una incompatibilidad institucional que nos lleva a la anarquía y la desintegración de la República.

 

Cuando un país adopta en su Constitución Nacional un sistema de Organización Federal, toma como objetivo central la cohesión interna orientando en tal sentido sus instituciones políticas y económicas. En ese sentido, el Banco Central cuando más lo necesitamos en materia económica, no está cumpliendo su función económica y constituyente, pues nuestra política monetaria no es endógena al desarrollo nacional, no contempla una taxonomía atributiva y distributiva de las partes constituyentes de la matriz de actividades, ni contempla procesos, plazos, cuyos fines definan metas económicas claras.

 

El Federalismo monetario no existe sin un Banco Emisor Federal, previsto ello en la Constitución Nacional, para que elabore políticas monetarias con sentido federal y para que regionalice sus aspectos operativos. Se entiende así, que una política monetaria que genera una moneda propia crea “la semilla constituyente” de cada elemento impulsor de actividad del territorio nacional, como también el factor social que valoriza la producción nacional. La idea es que con cada pasivo que se crea con emisión monetaria, se produzca otro activo generador de valor agregado, así en cada pequeña o gran empresa, cada unidad del dinero-crédito cada semilla y cada planta que se desarrolla, asistida equitativamente por el Estado en cada centro o espacio nacional. Así, el poder económico se distribuye a lo largo y a lo ancho en materia de producción, como de oportunidades y posibilidades de desarrollo, político como económico y brindar bienestar a todas las regiones y sus habitantes, con igualdad de oportunidades. La federalización del Sistema Monetario es un mecanismo que debe regular, evitando la excesiva concentración del poder monetario en un estamento, región o sector, fácilmente influenciable por el poder político de turno o por el lobby de grupos de presión o sectores de interés. Dice Rubén Lo Vuolo: “Para que la soberanía monetaria no sea solo formal, el Estado tiene también que garantizar otros elementos: i) capacidad de imponer en todas las prácticas monetarias los instrumentos de cuenta y pago instituidos por la autoridad; ii) control de las prácticas de conversión de la moneda doméstica en otras; iii) capacidad de arbitrar entre intereses de los acreedores y deudores. En la medida en que no están presentes todos estos elementos, el Estado nacional no ejerce plena soberanía monetaria y aumentan sus dificultades para ejercer soberanía política”.

 

Argentina es hoy un Estado nacional sin soberanía monetaria y políticas plenas, como resultado de reiterados y sostenidos procesos de corrupción, inflacionarios, déficit fiscal y endeudamiento en divisas, en un país que emite una moneda sin valor internacional. Como resultado, el Estado argentino cada vez tiene menos capacidad para financiar sus funciones vitales con el monopolio de emisión y el monopolio de recaudación tributaria, y hace décadas que viene recurriendo a tomar deuda en los mercados financieros.

 

Nos quieren hacer creer que el dinero es algo que proveen “los mercados financieros”, como una simple mercancía, y que es el “mercado” (el sector concentrado) el que fija su valor y la tasa de interés en base a la renta financiera. Claro, así, para qué queremos un banco Central. Sin embargo, está muy claro que el Estado debe tener el control absoluto de la moneda, actuando sobre las imperfecciones del mercado. En ese contexto, podríamos destacar lo que sostuvo las Corte en “Pacheco Santamarina” (19), d1953: “El valor de la moneda... se funda en la autoridad del Estado... y no está a merced de las convenciones concertadas entre los particulares. Con arreglo al actual pensamiento argentino, la moneda no puede tener otra expresión que no sea la asociada al concepto revolucionario como de servicio público, dirigida al bienestar del hombre, a quien sirve. Como tal, se asimila al concepto moneda expresión política”.

 

Paralelamente, debe tratar de que los activos financieros estén en equilibrio con los pasivos de las empresas y protegerse sus patrimonios netos, debe pensarse en una Política Fiscal progresiva, asociada a una Política Monetaria a largo plazo, que contemple la inversión en desarrollo infraestructural y la formación bruta de capital fijo. Es importante que el pasivo-emisión se traduzca en medios de producción, o en recursos naturales de alto valor (oro, petróleo, litio, etc.). En ese sentido la política monetaria y la fiscal se deben complementar a favor de la utilización de una parte del excedente económico, programando un auténtico modelo de desarrollo nacional, tal como ocurrió en la época de oro del capitalismo, cuando surgieron los bancos centrales en el mundo (mayoritariamente, a partir de la primera guerra mundial), cuando éstos basaron la emisión orientada hacia un modelo de desarrollo endógeno.

 

La moneda no es neutral, es un elemento “constitutivo” del Estado, un activo que debe expresarse en sus formas económicas, contables y jurídicas, convergentes con los intereses de la Nación como un todo. La respuesta afirmativa se expresa en dos cuestiones principales: La integración monetaria como parte del principio constitucional de cohesión interna e integración y complementación económica de los espacios regionales. En su aspecto distributivo debe promover la igualdad de oportunidades y un sistema de precios relativos funcional a un mercado nacional, armónicamente integrado en términos económicos; está muy claro que no existe una adecuada armonización de políticas macroeconómicas entre espacios regionales, ni siquiera de integración económica con los Estados vecinos, con enormes potencialidades desperdiciadas como ocurre en el Mercosur, dadas las posibilidades de intercambio y complementación económica.

 

El problema de emitir y asistir al tesoro en materia económica no es malo, mientras éste se destine a revertir el atraso en el desarrollo de la infraestructura, las desigualdades sociales, el hambre, etc. Sin embargo, los últimos gobiernos nos distraen con el combate a la inflación, buscando “la estabilidad” con un altísimo costo social; paralelamente sostienen, vía emisión, la expansión cuantitativa de los activos bancarios. En ese contexto, el señoreaje se transforma en deuda, licuación de ingresos, o más impuestos presentes y futuros. ¿No es eso un delito?

 

En EE UU, la emisión de pasivos remunerados, tal como los hace la Reserva Federal, que emite los dólares a cambio de Bonos del Tesoro, se destina al gasto público, o el desarrollo de infraestructura y capital de las empresas productivas. Sin embargo, en nuestro país, los últimos gobiernos han dejado un Banco Central bobo, bajo la falsedad ideológica de “las metas de inflación”, o “la esterilización de la emisión”, como si fueran verdaderos objetivos económicos. Aquí, lo que veo es una ingeniosa prestidigitación que transformó los pasivos monetarios en activos de los bancos privados, con jugosas tasas y a cortísimo plazo. Se ha generado con un enorme pasivo (emisión), pero que la política de los gobiernos, en lugar de impulsar el crecimiento del producto, con una tasa de interés inexplicablemente alta, dieron vida vía al déficit cuasi fiscal y un gran “activo burbuja” a favor de los bancos, atentando no solo la economía y la cohesión interna, sino que el país deberá responder con recursos reales.

 

Sin adecuado nivel de liquidez ni crédito público, ni un sistema de precios relativos funcional a los procesos productivos de las distintas economías regionales, tampoco puede haber previsibilidad, más aún si la tasa de interés es altísima. Además, la moneda, al no estar ligada la valorización endógena de esos procesos económicos, como manifestación de soberanía, no solo hace que la economía sea inviable, nos expone asimétricamente a la competencia producción extrajera valorizando el dólar. El déficit fiscal, a su vez, no es un problema sino el resultado expost del problema, cuestión endógena al modelo neoliberal desde Martínez de Hoz, a Milei, pues, al igual que la inflación constituyen el reflejo, no la causa de la inconsistencia económica que da ese resultado. Obviamente, la base económica está determinada por los servicios públicos, como los recursos estratégicos en manos del Estado. Así, estableciendo “precios sociales” una Nación busca maximizar el producto social, minimizando los costos de oportunidad de las empresas productivas y generadoras de empleo genuino. Esto se contrapone a la visión exógena (de los banqueros mundiales), que buscan la privatización y los recursos baratos de la Periferia, porque la privatización transforma los monopolios naturales en renta de unos pocos, facilitando así la actividad de los grandes centros financieros.

 

A los grandes bancos no les conviene que el Estado emita su dinero, administre un sistema de precios y distribuya valor económico en la sociedad. Por eso, los grandes bancos ponen el ojo en los monopolios naturales que son los servicios públicos del Estado, que se planifican y objetivan los precios sociales. De esta manera la privatización les permite mercados cautivos, la joya más preciada de los sectores concentrados. Pero ahora vienen por la más, el mejor activo: la emisión del dinero y el crédito. Cuanto más centralizado, privatizado y monopolizado esté el sistema económico, más poder tienen los banqueros centrales, cuyo centro es el sistema de Reserva Federal. No olvidemos que, en el sistema bancario de reservas fraccionarias, la mayor parte de la economía se dinamiza a través del dinero transaccional, y si es privatizado, queda en manos de “los mercados financieros”, dinero que es un modelo piramidal prestidigitado por los bancos, pero garantizado por el Estado. Así, exógenamente, la otra parte, el Estado que no quieren privatizar, es el Estado garante, el prestamista de último recurso, legitimador y encubridor de esa estructura piramidal de estafa. Pareciera que nadie ve que lo que nos impone el régimen del Dólar Wall Street, la Reserva Federal y el complejo militar industrial, junto a la OTAN, que destina una incalculable fortuna en términos de recursos mundiales en sostener un supra estado mundial, con sus guerras asimétricas y exterminio de poblaciones que solo buscan un lugar donde encontrar progreso. Para colmo, cada avión, cada proyectil, junto a las enormes cantidades de petróleo consumido, se transforma en deuda de los pueblos. De manera hipócrita, el FMI, el BM, el BIID y otros nos dictan clases de economía con el cuento de que “el gasto público debe ajustarse”, sin embargo, hacen la vista gorda del enorme el gasto criminal y la timba financiera. En esa sintonía, nuestro presidente quiere avanzar en la dolarización, al punto de considerar un delito penal producto de la simple emisión destinada a financiar el Tesoro, sin mirar que, gracias al “privilegio exorbitante” de emitir el dólar de la nada, la FED financia el tesoro y un déficit en su propia moneda (sin deberle a nadie) para expandir sus empresas, a costa de someter las poblaciones indefensas.

 

El estado es el factor logístico más importante de una Nación libre y soberana, y ésta se constituye a través de éste. El problema es cuando la corrupción política desvía ese factor logístico, como administrativo y funcional al modelo republicano. Achicar o privatizar para entregarlo a codicia de unos pocos, es como desviar las funciones del factor constituyente y funcional a los intereses de la Patria. ¿Financiar el Tesoro es un delito como dice el Presidente? Más delito es desviar la emisión, enajenar los bienes públicos y ajustar el Estado para financiar el gasto con endeudamiento público y especulación financiera. ¿Dolarizar? Peor, sería llevarnos a un territorio sin Constitución Nacional ni soberanía.

 

Ing. Hernando Arias         

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