domingo 14 de julio de 2024 - Edición Nº2048

Análisis | 12 jun 2024

Soberanía Energética

La capacidad de Argentina y el Sector Eléctrico oligárquico


Por:
Enrique M. Aurelli

¿En qué se trata la soberanía energética?

En tiempos de indignación del pueblo consiente por los abusos del poder de las oligarquía, la sociedad demanda en el mundo de la energía (al igual que en otros ámbitos) una nueva praxis democratizadora. Si soberanía se refiere a poder, soberanía energética es hablar de dónde reside el poder en el sector de las energías. Frente a un enfoque como el de la soberanía del Estado, centrado en la legitimidad de los Estados no importa si han sido cooptados por élites extractivistas, la soberanía de los pueblos defiende el derecho de individuos, naciones, comunidades y pueblos para decidir sobre los asuntos que les afectan, para hacer política cotidianamente. La soberanía energética a la que nos referimos, no solo habla de la defensa de las fronteras y de intereses contrarios al alineamiento con las élites, denuncia la cultura que promueve la delegación de las decisiones en una supuesta neutralidad de los expertos, su planificación tecnócrata y la toma de decisiones desde arriba. Se opone a la exclusión de los saberes tradicionales, la participación de la ciudadanía activa y la corresponsabilidad.


Así inspirada en la definición de soberanía alimentaria de La Vía Campesina, la soberanía energética podría definirse como el derecho de los individuos, las naciones, comunidades y los pueblos a tomar sus propias decisiones respecto a la generación, distribución y consumo de energía, de modo que estas respeten el derecho a la vida, sean apropiadas a las circunstancias ecológicas, sociales, económicas y culturales, siempre y cuando no afecten negativamente a terceros. Cada persona y cada pueblo tiene el derecho humano a la cantidad y tipo de energía necesaria para sostenerse a sí mismo/a y a su grupo, y a los recursos necesarios para mantenerla, siempre y cuando no externalice impactos ambientales, sociales o económicos negativos, es decir, no genere anticooperación, anti comunidad.


De la misma manera, mientras que desde la soberanía estatal planificada se hablaría de independencia y seguridad energética para referirse a la utilización de una cantidad indeterminada para la población de recursos que se consideran necesarios para mantener al máximo la economía capitalista doméstica (satisfaciendo todo tipo de consumos sin atender a su naturaleza), para la soberanía de los pueblos la soberanía energética es que todas las personas tengan derecho garantizado al acceso a las energías en condiciones dignas y en cantidad suficiente y equitativa. Mientras que desde la cultura de expertos se pretendería alfabetizar a la población para que entienda la energía (ente abstracto, homogéneo y especulable) por medio de una relación vertical jerárquica y unidireccional, desde la soberanía energética en cambio se plantea que la realidad es compleja, multidimensional y asimétrica y debe comprender los enfoques de todos los agentes afectados. Por tanto, es necesario desmonopolizar la especialización, generar una comunidad extendida de iguales compuesta por todos aquellos que deseen entrar en un diálogo y decidir. Donde sus miembros aporten sus hechos, que incluyan conocimientos imprescindibles para que las energías necesarias para la vida de las personas sean satisfechas. Se trata de las energías concretas y diversas frente a la Energía mercantilizada y oligopólica.


Asimismo, alcanzar la soberanía energética supone que los pueblos puedan decidir sobre las cuestiones energéticas sin interferencias y esclavitudes, como las que representan la persecución y maximización de beneficios crecientes y la remisión de estos a los “accionistas", a las que están sujetas las empresas privadas actualmente, y fruto de la actual mercantilización y finacianrización de la Energía. Para priorizar el control de los pueblos sobre el bien común energético se debe trascender la disyuntiva entre el sector público y el privado, anclada también en una lógica donde otras visiones quedan excluidas. Por el contrario, se debe tender a fomentar estructuras y actores económicos que nos liberen de dichas esclavitudes y permitan a la población tomar decisiones libremente y entre iguales, siguiendo el ejemplo de las actuales cooperativas comercializadoras de electricidad de visión comunitaria. De ser necesarios, precios justos acorde a costos trasparentes y controlados por todos los actores.


Pero la soberanía energética (de los pueblos) es la que defiende también la soberanía de todos los pueblos que son. Y en consecuencia, el respeto a la soberanía energética de todos los pueblos implica el ahorro y la racionalización en el uso de los bienes comunes para no interferir negativamente en la soberanía energética de otras comunidades ni de las futuras generaciones, ya sea mediante la generación de problemas ambientales (tales como el calentamiento global o la generación de residuos altamente radiactivos) o mediante el acaparamiento de bienes de unos pueblos sobre otros, a veces mediante guerras. Para lo cual deben relocalizar los procesos de generación y distribución energéticas en un doble sentido: acercándolos a los puntos de utilización y facilitando la participación de las personas en los procesos de toma de decisiones.

La soberanía energética es el camino de empoderamiento popular de una sociedad organizada que transforma las estructuras del poder oligopólico y crea nuevas realidades desde abajo, por los de abajo y para los de abajo. En la energía también.

Un poco del recorrido

Diversos analistas coinciden que el sector eléctrico en Argentina es la tercera red de importancia por su infraestructura eléctrica de América Latina, detrás de Brasil y México y el 31.º del mundo.6 Siendo su cantidad de usuarios cautivos demasiado apetecible en términos capitalistas de “mercado”.

Su matriz depende en primer lugar de centrales accionadas por hidrocarburos (63% en 2019), principalmente gas natural, fueloil, carbon, en segundo lugar de centrales hidroeléctricas (27% en 2019); el restante 10% corresponde a centrales atómicas y energías sustentables.3 Los gobiernos neoliberales durante sus gobiernos, llevaron a que la matriz argentina se distinga de la matriz promedio latinoamericana por una menor proporción de energía hidroeléctrica, una mayor proporción de hidrocarburos y la utilización de la energía nuclear sobre bases de desarrollo tecnológico propio.7

El sector eléctrico argentino fue completamente rediseñado para beneficio de la oligarquía energética en la década de 1990, siguiendo los principios de privatización y desregulación de los servicios públicos implementado por neoliberalismo imperialista dominantes en esa época.8 9 Hasta ese momento el sector eléctrico argentino había operado con un diseño de integración entre dominantes empresas públicas, sobre las privadas y cooperativas.10 El nuevo régimen dividió estratégicamente el sistema en tres sub-sectores supuestamente “horizontales e independientes": generación, transporte y distribución.10 Mientras el sub-sector de generación funciona bajo condiciones de supuesta “libre competencia”, los sub-sectores de transporte y distribución fueron organizados como “servicios públicos" que deben ser prestados por empresas privadas monopólicas.10 Todo un oximoron.

En la década de 1990 las empresas publicas entregadas al manejo privado, aprovecharon la alta disponibilidad de gas natural y el centrales termoeléctricas de ciclo combinado, para modificar considerablemente la matriz energética, aumentando el uso de hidrocarburos en un rulo de ganar ganar (de 50% en 1990 a 63% en 2019), reduciendo el porcentaje de energía hidráulica (de 43% en 1990 a 27% en 2019) y de energía atómica (de 17% en 1991 a 4% en 2019).11 12 El uso intensivo de gas natural y la política de falta de inversiones en exploración e infraestructura llevada adelante por las empresas privatizadas durante la década de 1990,13 concluyo en “agotamiento” de las reservas de gas en 2004, al encarecimiento del servicio eléctrico y a comenzar a importar gas.14  Otro gran negocio para unos pocos.

En abril del 2012 con la recuperación del 51% de la empresa de bandera YPF, se descubrió el enorme potencial energético del yacimiento de Vaca Muerta, como una de las mayores reservas de gas y petróleo shale del mundo, abriendo la posibilidad de asegurar con planificación estratégica el autoabastecimiento nacional y la posibilidad futura de convertirnos en exportadores.15 16

En 2009 el gobierno nacional de CFK lanzó el Programa Genren (Ley 26.190) que buscaba aumentar sustancialmente al aporte de las llamadas "energías renovables alternativas" (biomasa, solar, eólica, mini-hidroeléctricas, geotérmica, residuos, etc.), de bajo impacto ambiental, con el objetivo de cubrir el 8% del consumo en 2019 y el 20% en 2025.12 Partiendo de un nivel cercano a 0% en 2009 este sector había aumentado al 5% diez años después, superando el aporte de la energía atómica.11 En 2020, Argentina se convirtió en el 27º mayor productor de energía eólica del mundo, con 2,6 GW de potencia instalada.17

Los datos indican según medios periodísticos y analistas del sector, que el sistema se cartelizó progresivamente en el país. Hacia la segunda década del siglo XXI, tres grandes grupos económicos controlan la mitad de la demanda y de los usuarios.18 Los tres principales grupos empresarios del sector son Pampa Energía, conducido por Marcelo Mindlin, el Grupo DESA, conducido por Rogelio Pagano y el Grupo Sadesa, cuyos principales accionistas son Carlos Miguens Bemberg, Nicolás Caputo, Guillermo Reca y la familia Escasany.18 19

El grupo económico del ex-presidente Mauricio Macri (mandato 2015-2019) y su familia, ingresó durante su gobierno al negocio eléctrico y ha sido denunciado por beneficiar ilegalmente a las empresas del sector.20 A 2020 Argentina contaba con 102 nuevos proyectos, 19 ya se encuentran en operación comercial y 83 en plena construcción. En números: 3.7GW de Nueva potencia, 5.200 millones de dólares de inversión directa y supuestamente debía generar 7300 nuevos empleos.

A partir de diciembre de 2015, en el inicio de su presidencia Mauricio Macri estableció un nuevo régimen tarifario, que modificó radicalmente el costo del servicio eléctrico para la población, paso de costos en pesos a cotizar en dólares por momentos mas elevados que el precio internacional. En ese sentido, ese gobierno consideró que el costo medio anual del MWh, era de 71 dólares en 2016.21 El costo así determinado en ese momento por el gobierno argentino, superó el precio mayorista de todos los países europeos para la misma época, con valores mínimos de entre 20-30 dólares y valores máximos entre 45-55 dólares.22

Antecedentes y evolución del sector

El primer suministro público de electricidad en la Argentina, destinado al alumbrado público de Buenos Aires, se llevó a cabo en 1887 (Pte. Miguel Juárez Celman (1886-1890). El Gobierno Nacional (Juan Domingo Perón -1946-1955- reelecto dos veces) comenzó a participar en el sector eléctrico en 1946 con la creación de la Dirección General de Centrales Eléctricas del Estado, un organismo establecido para construir y operar centrales generadoras de energía eléctrica. En 1947, el Gobierno Nacional creó Agua y Energía Eléctrica S.A. («AyEE»), para desarrollar un sistema de generación, transporte y distribución de energía hidroeléctrica para la Argentina.

En 1961, el Gobierno Nacional (Pte. Arturo Frondizi -1958-196- mediante elecciones) adjudicó una concesión a Compañía Ítalo Argentina de Electricidad («CIADE») para la distribución de electricidad en parte de la Ciudad de Buenos Aires. En 1962, el Gobierno Nacional de Frondizi, otorgó una concesión privada, anteriormente en manos de Compañía Argentina de Electricidad («CADE») a Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires («SEGBA») para la generación y distribución de electricidad en parte de Buenos Aires. En 1967, el Gobierno Nacional en manos de la dictadura (Juan Carlos Onganía -1966-1970- golpe de Estado), otorgó una concesión a Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. (“Hidronor”) para la construcción y operación de una serie de plantas de generación hidroeléctrica. En 1978,  (Pte. De facto, Jorge R. Videla -1976-1981- dictadura militar) el CIADE transfirió la totalidad de sus activos al Gobierno Nacional, en virtud de lo cual pasó a ser una empresa de propiedad y operación estatal.

Hacia 1990, (Pte. Carlos S. Menem -1989-1999- por elecciones y con asunción anticipada. reelecto mediante nueva Constitución.) prácticamente toda la industria de suministro eléctrico de la Argentina estaba controlada por el sector público (97% de la generación total). El Gobierno Nacional había asumido la responsabilidad de regular la industria a nivel nacional y controlaba las empresas nacionales de electricidad AyEE, SEGBA e Hidronor. El Gobierno Nacional representaba, asimismo, los intereses argentinos en las centrales generadoras que se desarrollaban u operaban en conjunto con Uruguay, Paraguay y Brasil. Además, diversas provincias argentinas operaban sus propias empresas de electricidad. El discurso cipayo de corte neoliberal rezaba que “la administración ineficiente y el inadecuado nivel de inversiones en bienes de capital, imperantes bajo el control de los gobiernos nacional y provincial, fueron en gran medida responsables del deterioro de los equipos físicos, la disminución de la calidad del servicio y la proliferación de pérdidas financieras en ese período”, hoy con el diario del lunes podemos ver una magistral trama de construcción de sentido hacia la sociedad, enmascarados en complejas acciones que con un complice accionar fueron parte del macabro proceso de expoliación de los bienes públicos del pueblo argentino para la conformación de la una nueva/vieja casta oligarquía energética.

En 1991, como parte del plan económico de Menem, el Gobierno Nacional encaró un amplio proceso de privatización de las principales industrias estatales, incluyendo los sectores de generación, transporte y distribución de electricidad. En enero de 1992, el Congreso de la Nación aprobó el Marco Regulatorio Eléctrico bajo la Ley N° 24.065 (suplemento a la Ley N° 15.336 de Energía Eléctrica y su Orden Administrativa N° 1.398/92), que estableció los lineamientos para la reestructuración y privatización del sector eléctrico. El supuesto objetivo de la ley fue el de “modernizar el sector eléctrico promoviendo la eficiencia, competencia, mejora en la calidad de servicio y promoción de la inversión privada”, -empresarios que no realizaron inversiones y usufructuaron de instalaciones pagadas por el pueblo argentino durante muchas décadas y deterioro de las mismas con el pasar del tiempo, lo que provoco reiteradas casidas del sistema a lo largo de las décadas posteriores- .

Esta normativa reestructuró y reorganizó estratégicamente para benéfico de los privados el sector, dispuso la privatización de prácticamente todos los servicios que realizaban las empresas estatales argentinas. La Ley estableció las bases para la creación del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (“ENRE”) y otras autoridades del sector, la administración del Mercado Eléctrico Mayorista (“MEM”), la fijación de precios en el mercado spot, determinación de tarifas en negocios “regulados” y la evaluación de activos a ser privatizados por chauchas y palitos. Esta Ley también tuvo un profundo impacto a nivel provincial, en tanto que virtualmente todas las provincias siguieron los lineamientos regulatorios e institucionales determinados por la Ley, prolongaron el negociado expoliador. Finalmente, dicha ley, que continúa brindando el marco para la regulación del sector eléctrico desde su entrega y privatización, diferenció la generación, el transporte y la distribución de electricidad como actividades comerciales distintas y determinó la normativa aplicable a cada una de dichas actividades.

Bajo la Ley N° 24.065, los servicios de transmisión y distribución de electricidad son considerados servicios públicos y definidos (por el diccionario economicista capitalista) como monopolios naturales. Dichas actividades se encuentran completamente reguladas por el Gobierno y requieren de una concesión (negocios entre los agentes que trabajan para los privados dentro del estado). Evidencian estos enlaces en la normativa, tramos como que “si bien los contratos de concesión para con los distribuidores no imponen parámetros de inversión específicos, los distribuidores deben conectar todo nuevo cliente que así lo requiera”, afrontando de esta manera todo incremento en la demanda. “La expansión del sistema de transporte existente por sus respectivos concesionarios no se encuentra restringida”. El segmento de generación eléctrica, si bien “regulado” por el Gobierno, no es considerado monopólico y se encuentra sujeto a libre competencia de nuevos participantes en el mercado… La operación de centrales hidroeléctricas requiere de una concesión por parte del Gobierno. Nuevos proyectos de generación no requieren de una concesión pero deben ser registrados ante la Ex Secretaría de Energía (“SE”). Lo que dejo abierta una brecha sin injerencia de Estado asegurando futuros negociados.

Muchos de los acorralados o cómplices gobiernos provinciales, siguiendo el esquema de privatización del sector, establecieron sus propios entes reguladores a nivel provincial, políticamente y financieramente independientes. La distribución local en las provincias (exceptuando a la Ciudad de Buenos Aires y algunas zonas de la provincia de Buenos Aires que pertenecían al SEGBA y hoy hasta son atendidos por Edenor y Edesur) está “regulada” por cada provincia. Anteriormente, los propios servicios públicos habían desempeñado un papel importante en la toma de las políticas del sector y el establecimiento de las tarifas de las provincias, hoy están en manos de los privados y su lobby con operadores de la política.

A fines de 2001 y principios de 2002, producto de políticas neoliberales y coloniales, el pueblo Argentino experimentó una crisis sin precedentes, dejando afuera del sistema a mas del 70% de la población, el deterioro producido por la perdida de todas las políticas productivas y sociales de carácter de desarrollo comunitario conquistadas durante los gobiernos populares fueron exterminadas, tal que se paralizó la “economía” del país durante la mayor parte de 2002 y originó cambios radicales en las políticas gubernamentales, el pueblo en la calle hecho sucesivamente a los intento de gobiernos, fallidos todos hasta la llegada del Pte. Néstor Kirchner en el 2003. La crisis autoinfringida con fines exploratorios y sus políticas de desgobierno durante este período pusieron el ojo en los secotores que estaban diseñados para la toma, quita y giro de divisas al exterior, uno de los principales fue y sigue siendo el sector eléctrico. Para tener un poco de control sobre la oligarquía energética, el Gobierno nacional impulsa la Ley de Emergencia Económica, entre otras medidas podemos ver que :

                Convirtió las tarifas de electricidad, hasta ese momento a favor de la casta energética, de su valor original en dólares estadounidenses a pesos a un tipo de cambio de AR$ 1 por cada dólar estadounidense;

                Congeló todos los márgenes de distribución y transmisión regulados, revocó todas las disposiciones relativas a ajustes de precio y los mecanismos de indexación por inflación de las concesiones de las empresas de servicios públicos (incluyendo los servicios de distribución y transmisión de electricidad), y facultó al Poder Ejecutivo a realizar una renegociación de los contratos de las empresas de servicios públicos (incluyendo las concesiones relativas a la energía eléctrica) y de las tarifas correspondientes a tales servicios; y

                  Determinó que la fijación del precio spot de la electricidad en el MEM sea calculado sobre la base del precio del gas natural, uno de los principales insumos para la produccion de electricidad, (también regulado por el Gobierno Argentino), independientemente del combustible utilizado para la generación de dicha electricidad, aún en el escenario de falta de disponibilidad de gas natural, presionando así al otro sector que realizara las inversiones no realizadas en mas de 10 años de usufructo de los bienes del Estado.


Estas medidas produjeron enojo en la casta oligarquía que usufructuaban de estos negocios, lo que desencadeno aciones desestabilízate como herramienta de presión y negociación, generando un importante déficit estructural en la operación del MEM que, combinadas con otros vectores de golpe institucional como la devaluación del peso y los altos índices de inflación (recordar que le habían pesificado lo que antes nos cobraban en dólares), tuvieron un efecto de sosiego y ordenamiento sobre el sector eléctrico argentino, en tanto las compañías experimentaron una caída de sus exorbitantes ingresos a costa del pueblo argentino, por lo que volvieron a presionar aduciendo  que    estas medidas soberanas producirían “el deterioro de su desempeño operativo y situación patrimonial” hicieron lo primero, pero incrementaron su situación patrimonial, esas paradojas que suceden en argentina.

Durante el régimen de Convertibilidad la mayoría de las empresas de servicios públicos, en manos de operadores privados, habían contraído importantes deudas en moneda extranjera como parte del mecanismo de fuga de capitales. Tras la eliminación del régimen de Convertibilidad y la resultante devaluación del peso, la carga del servicio de deuda de estas empresas se incrementó significativamente, lo cual, junto con el congelamiento de los márgenes de ganancias y la conversión de las tarifas de dólares estadounidenses a pesos, llevó a muchas empresas de servicios públicos a suspender estratégicamente los pagos de sus deudas en moneda extranjera en 2002. Luego Duhalde presidente, les hizo un gran favor, pesificando su deuda en dólares y absorbiendo la diferencia, otra jugada al igual que con el genios de al democracia en 1983, por la cual ningún vende patria ni cipayo esta preso o pago con su patrimonio, la pago el pueblo argentino.

 Esta situación ocasionó que numerosas empresas privadas generadoras, de transporte y distribuidoras de electricidad de Argentina apretaran al gobierno nuevamente y pospusieran inversiones en “sus” redes. La oligarquía energética aducía: “que por tal motivo, los participantes del mercado eléctrico argentino, en particular los generadores, están operando prácticamente a capacidad plena, lo que podría dar por resultado un suministro insuficiente para satisfacer la creciente demanda de energía en el ámbito nacional”. Adicionalmente decían que: “la crisis económica y las medidas de emergencia resultantes tuvieron un efecto adverso y significativo sobre otros sectores energéticos, incluyendo las empresas petroleras y gasíferas, lo que ha originado una “reducción” significativa del suministro de gas natural a las empresas generadoras que emplean este combustible en sus actividades de generación”. Con un gran y complejo entramado la casta oligarquía energética se defendía mostrando todo su arsenal de condicionamientos, presiones, y extorsiones.


En diciembre de 2004, Néstor Kirchner a cargo del Gobierno Nacional dictó nuevas normas destinadas a abastecer la creciente demanda de electricidad, incluyendo la construcción de dos nuevos generadores de ciclo combinado de 800 MW cada uno. Seis años después, -se tomaron su tiempo los muchachos privados-,  los generadores comenzaron las operaciones a 100% de su capacidad durante la primera mitad de 2010. Aun que la oligarca energética dice: “Los costos de construcción se financian principalmente con los ingresos netos de las empresas generadoras por las ventas de energía en el mercado spot depositados en el Fondo de Inversiones Necesarias que Permitan Incrementar la Oferta de Energía Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista (FONINVEMEM)”. Lo que en criollo no deja de ser que lo pagamos los argentinos a pesar del rulo de la explicación…


La construcción de estos nuevos generadores reflejó un papel activo por el Gobierno Nacional en la promoción de las inversiones en energía en la Argentina, el sector privado no dejo nunca en estas 4 décadas de democracia de beneficiarse de las arcas del estado. A pesar de los intentos de recuperación del control sobre el sector y siendo  colaborativo a lo largo de los gobiernos populares, la casta oligarquía energética nunca comprendió el intento de desarrollo de una burguesía nacional, aun cuando obtuvieron sus mayores ganancias en esos periodos.

En 2004 fue el nacimiento de Energía Argentina SA (“ENARSA”) (Ley N° 25.943), -luego durante el Macriato, Integración Energética Argentina S.A. (“IEASA”), y vuelta al nombre ENARSA en 2022 durante Fernadez-, con el propósito de desarrollar todas las actividades en el sector de la energía, desde la exploración y explotación de hidrocarburos, el transporte y distribución de gas natural, a la generación, transmisión y distribución de energía.  Un IAPI energético con matices.

Producto de horas de negociaciones, mucho lobby, asados y bebidas espirituosas, en  abril de 2006 el Congreso de la Nación sancionó una ley que autoriza al Poder Ejecutivo a crear un fondo especial para financiar mejoras de infraestructura en el sector energético argentino en los segmentos de generación, distribución y transmisión de gas natural, propano y la electricidad. La oligarquía energética continuaba sin poner un mango, los cortes de servicios golpeaban cada vez mas a nuestra población, producto de esos aprietes se creea “El fondo especial” y se financia a través de cargos específicos transmitidos a los clientes como un detalle en sus facturas de energía…  Siempre la pagamos vos y yo!!


Como resultado de la recuperación económica de las medidas tomadas por NK posterior a la crisis , en septiembre de 2006 el Gobierno Argentino, en un esfuerzo por responder al aumento sostenido de la demanda de energía eléctrica adoptó nuevas medidas tendientes a garantizar que la energía disponible en el mercado sea utilizada primariamente para atender a clientes residenciales y a comercios e industrias cuya demanda sea igual o inferior a 300 kW y que carezcan de fuentes alternativas de suministro. Adicionalmente, estas medidas pretenden incentivar el incremento de capacidad de generación permitiendo a las generadoras vender nueva energía bajo el servicio de Energía Plus (Resolución N° 1281/06 de SE (ex Secretaría de Energía)).


Continuando con la tendencia de fomentar la instalación de nueva generación, la Secretaria de Energia por medio de su Resolución N° 220/2007 y sus posteriores modificaciones, permitió a CAMMESA (“Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista”) ejecutar acuerdos de suministro en el MEM con agentes generadores del MEM. Los valores a pagar por CAMMESA en consideración por la capacidad y la energía suministrada por el generador deben ser aprobados por la Secretaria de Energia. El generador deberá garantizar cierta disponibilidad de las unidades de generación (establecido como un porcentaje), de no alcanzarlo, se aplican sanciones.


En 2008, la Secretaria de Energia le permitió a CAMMESA ejecutar acuerdos de suministro en el MEM con generadores cuya intención es ejecutar planes para reparar y / o potenciar sus equipos de generación, con un costo que excede en un 50% los ingresos que esperarían recibir de las ventas en mercado spot.


Desde 2013, la Secretaria de Energia introdujo cambios sustanciales en la estructura y el funcionamiento del MEM a través de la Resolución N° 95/2013 y sus modificatorias, estableciendo un esquema de remuneración diferente en pesos argentinos (pagaderos en efectivo y en créditos) para todo el sector de generación denominado "energía vieja” ya amortizada con actualizaciones anuales, con excepción de ciertas centrales y electricidad comprendida en contratos regulados por la SE bajo remuneración diferencial.

 

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