“Estamos esperando la corporeidad jurídica de los anuncios del presidente, para iniciar un nuevo pedido de juicio político”

En febrero del año pasado entrevisté al Dr. Eduardo Barcesat para hablar de la inconstitucionalidad del Decreto 70/23, anticipándonos en ese momento que iban a presentar un juicio político. Hoy finales de mayo de 2025, habiendo pasado más de un año, volví a entrevistarlo para consultarle sobre este impulso de 2024, sus ampliaciones y el estado actual de dicha presentación.

También nos brindó su balance sobre la gestión Milei en términos institucionales, y expuso un análisis de la propuesta del presidente, dirigida a generar un instrumento jurídico que permita “blanquear” dólares sin ningún tipo de investigación sobre su procedencia. Nuevo pedido de Juicio Político.

“El pedido de juicio político lo presentamos en abril de 2024, pero que no tuvo tratamiento hasta la fecha, ni tampoco se trataron las ampliaciones de ese pedido que buscaba se analice el mal desempeño de las funciones y la posible comisión de delitos en ejercicio de la función pública” por parte del presidente de la Nación Javier Milei.

“Desde el 2024 en su totalidad, y en lo que va de este 2025 también, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación no tuvo una constitución formal de sus autoridades e integrantes. Hubo una sola reunión por el tema de la estafa Libra, pero tampoco esa sirvió para continuar el análisis de investigación por los cargos que se fueron presentando. No solamente hay un obrar desaprensivo por parte del titular del Poder Ejecutivo Nacional, sino también, fundamentalmente, del presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, que obstaculizó y frenó todo tramite de pedido de juicio político que comprenda al Poder Ejecutivo Nacional y/o funcionarios del mismo”

Frente a esta demora en el análisis de los pedido de juicio político y la conformación de la comisión, explica Barcesat, existe la posibilidad de una intervención por parte de “alguna autoridad judicial que pueda verse conmovida. Esto a pesar de que, en principio, ella no interviene en cuestiones propias de otros poderes, a menos que exista una gruesa transgresión al orden jurídico vigente, como creo que es el caso actual”.

Esta intervención judicial, “requiere de una denuncia -independiente de las presentaciones en la cámara de diputados- para que el Poder Judicial analice la violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Personalmente considero esta satisfecho y tipificado todos los requisitos para ello, pero tengo que lograr el consenso de todos aquellos que han firmado las presentaciones de pedido de juicio político, y hoy  puede que tengan algún temor de incorporarse a una causa judicial”.

“Si bien se puede presentar esa denuncia a título personal y con acompañamiento de colegas, estamos ante el problema que hoy el poder judicial de la nación no es una garantía de que se observe la supremacía de la constitución nacional y se juzgue como corresponde al presidente. Y aunque es probable que la acumulación de pedidos de juicio político puedan dar la materialidad para radicación de la denuncia, obviamente le corresponde al Ministerio Publico fiscal darle impulso, y mediante requerimiento de instrucción señalar las medidas que deben llevarse a cabo para determinar la materialidad del delito: cuestión muy sencilla en este caso, ya que solo basta cotejar fechas de presentaciones, existencia de los expediente y falta de tratamiento, para que se configure esa hipótesis de violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad, por parte de las autoridades de la Cámara de Diputados de las Nación”, explicó.

Consultado sobre las declaraciones del presidente de la Nación, Javier Milei, dirigidas a defender a los evasores y la posibilidad de que exista un “blanqueo” de dólares generalizado, sistematizando la no investigación del origen de ellos, el constitucionalista señaló que solo estas alocuciones podrían generar responsabilidades, incluso antes de la presentación del instrumento prometido por el presidente y sus funcionario

“Estamos a la espera de radicar un nuevo pedido de juicio político por las afirmaciones que hiciera el presidente sobre la posibilidad de un blanqueo donde ninguna aparición de moneda extranjera, más precisamente dólares, pueda habilitar investigación o pregunta sobre su procedencia”. Es decir, “el resultado de los peores crímenes podrá ser blanqueado por medio de esa pretendida legislación sobre la cual no tenemos ningún tipo texto normativo, para obviamente poder presentar la correspondiente acción penal y de inconstitucionalidad”.

Consultado sobre si las declaraciones verbales del presidente en un medio masivo en este sentido no son en sí mismas la comisión de un delito, el constitucionalista explicó: “Para la jurisprudencia que aplican los que actualmente están al frente del organismo que imparte sentencias -que no puede ser llamado justicia- se requiere que haya un acto exterior, es decir, una materialidad normativa -sea bajo la forma de un Decreto o un proyecto de ley- para que exista algo que juzgar”.

Esta interpretación, explica Barcesat, “tergiversa las reglas de la tentativa, por la cual cualquier exteriorización de una conducta ilícita habilita la investigación y sanción penal, con una pena obviamente amortiguada por ser una tentativa. Pero, en este, lo que interesa no es la cuantía de la pena, sino desmontar el acto que pretende llevar adelante el presidente”.

En este sentido, el jurisconsulto profundiza, “los jueces, basándose en la libertad de opinión, permiten que se diga cualquier disparate sin sanción, hasta que haya un acto jurídico que materialice esta tentativa de delito. Pero, sin ninguna duda, estos dichos del presidente, apuntan a realizar esta iniciativa brutal y perversa, de ignorancia supina de la institucionalidad, y ello va en contra de todos los tratados internacionales que la Republica Argentina ha firmado concernientes al control de los dineros provenientes de la comisión de actos delictivos”, alertó.

“El GAFI  (Grupo de Acción Financiera Internacional) ha emitido una alerta general sobre este tema, y es muy posible de que, luego de que el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2014) se logró que Argentina (en el GASPI) saliera de lo que ellos gráficamente llaman ´la zona gris´ para pasar a la ´zona blanca´ -como un país que custodia a legalidad de los movimientos o cursos dinerarios investigando de donde provienen los mismos ante situaciones sospechosas-, ahora, producto de esta medida, tengamos un retroceso”, anticipó Eduardo.

“Estamos en una etapa de expectativa. Porque se a anunció que en el curso de la semana tomarían corporeidad normativa estas manifestaciones anticipatorias, para presentar un nuevo pedido de juicio político, y, de mi parte, enviar la comunicación a la justicia criminal y correccional penal, porque obviamente el encubrimiento es uno de los delitos más severamente penados, y eso es lo que plantea el proyecto del megalómano presidente de la nación”.

Por

Luciano R. Moreno Calderón

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