Magallanes, el radar inglés, Tierra del Fuego y el sueño americano

El ejercicio del poder de las Naciones tiene dos facetas claramente definidas, la confrontación o la colaboración. A simple vista podríamos hablar de guerra o de paz pero en este último concepto es donde se desarrollan las mayores operatorias de dominio, hay tensiones constantes y se desarrollan estrategias a mediano y largo plazo que afectan la capacidad de movimiento de los países y por ende su soberanía.

 

El poder blando en una de sus máximas expresiones

 

La toma de deuda externa con organismos multilaterales por parte de las administraciones gubernamentales de los diferentes países crea un escenario de vulnerabilidad propicio para el dominio por debajo del umbral de la violencia cinética y es una herramienta para condicionar la capacidad en la toma de decisiones de los gobiernos.

 

Desde 1987 un total de 40 países en América Latina, África, Asia y el Caribe realizaron 140 canjes de deuda por naturaleza y de esa manera amplias áreas de recursos naturales pasaron a ser administradas por organizaciones no gubernamentales vinculadas a un ideario anglosajón.

 

Esta iniciativa tuvo su origen luego de la consolidación del Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund- WWF) y fue impulsada en conjunto con fundaciones del espectro anglo norteamericano, organismos multilaterales y bancos, como una herramienta para aliviar la presión financiera sobre determinados países a cambio de garantizar la inversión en  la protección del medio ambiente.

 

Entre 1991 y 1993, también hubo una condonación parcial de deudas externas de varios países latinoamericanos mediante la Iniciativa Empresa pro América (EAI) una estrategia que vinculó la reducción de la deuda externa con objetivos de desarrollo social y ambiental.

 

En todos los casos las deudas terminaron siendo partidas presupuestarias afectadas a determinados usos específicos en espacios determinados y administrados por organizaciones extranjeras.

 

Diplomacia y rediseño territorial

 

Colombia inició las obras de un canal interoceánico a fines del siglo XIX. Ante los conflictos afrontados por la empresa francesa encargada de la obra, el secretario de Estado estadounidense, John Hay, y el ministro colombiano Tomás Herrán firman un acuerdo para que EEUU continúe las obras en 1903 (BBC, 2024).

 

Como el acuerdo era pernicioso para Colombia el Congreso lo rechaza y es en ese momento cuando los movimientos independentistas de la región de Panamá, con el apoyo de EEUU, declaran su independencia y firman el tratado Hay-Bunau Varilla durante la presidencia de Theodore Roosevelt donde los norteamericanos garantizaban que apoyarían y mantendrían la independencia de Panamá mientras ese país le otorgara la concesión a perpetuidad del canal y el domino de la que se denominó la Zona del Canal (Miranda, 2019).

 

Si bien hubo resistencia de las poblaciones locales, con acuerdos y acciones diplomáticas durante los gobiernos de Kennedy, Nixon y de Carter, el dominio norteamericano se mantuvo hasta 1999 y en la actualidad BlackRock, junto con Global Infrastructure Partners y Terminal Investment Limited (TiL), acordaron comprar el 90% de Panama Ports Company, la empresa que opera los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en los dos ingresos al canal de Panamá, como parte de una operación estratégica de dominio del comercio en la región y a escala global (Barrera, 2025).

 

Sigue existiendo un control sobre un punto estratégico mediante nuevas herramientas, en este caso vinculadas al control y operatividad de las capacidades logísticas que operan en la región.

 

El comercio de ultramar y la importancia de los pasos oceánicos

 

El bloqueo durante seis días del canal de Suéz en el año 2021 por el encallamiento del buque portacontenedores Ever Given que paralizó el transporte marítimo y congeló casi 10.000 millones de dólares de comercio al día (Glanz & Yee, 2021) sumado a los ataques del Movimiento Antimperialista Ansarolá (Hutíes) a más de 190 buques en el Mar Rojo entre octubre de 2023 y septiembre de 2025, incluyendo barcos de guerra y comerciales de diversas nacionalidades vinculados a EEUU, Israel y Gran Bretaña, incrementa la necesidad de controlar los pasos estratégicos del comercio de ultramar (AP y Reuters, 2025).

 

Los fondos privados y la Diplomacia Pública ya desarrollaron su estrategia en Panamá y ahora es el turno para las piezas del Departamento de Defensa. Frente a la crisis política y económica del actual gobierno de la República Argentina, el inicio de operaciones del puerto de Chancay en Perú y el proyecto bioceánico operando en conjunto con el puerto de Santos en Brasil, todo bajo influencia china, EEUU necesita proyectar y consolidar su presencia en el sur del continente, Tierra del Fuego y Magallanes, una promesa realizada públicamente por Javier Milei primero a la entonces Jefa del Comando Sur de los EEUU, generala Laura Jane Richardson y luego a su predecesor el almirante Alvin Hosley: impulsar la instalación de una base militar de los Estados Unidos en Ushuaia, pero su impedimento actual es el Congreso Nacional (Criales, 2024).

 

Una operatoria de ingeniería económico diplomática similar a la aplicada al canje de deuda por administración de áreas naturales puede adaptarse a las necesidades militares norteamericanas y urgencias económicas argentinas ya que el proyecto de la base contaría con el financiamiento directo del Pentágono (Mardones, 2025) o a través del Departamento del Tesoro, cuyo titular, Scott Bessent, visitó la República Argentina el 14 de abril de este año para respaldar al gobierno de Milei con un crédito directo de EE UU para preservarlo de una inestabilidad cambiaria o financiera (Argentina.gob, 2025).

 

La Isla Grande de Tierra del Fuego como objetivo anglo norteamericano

 

Hoy Argentina y Chile, compartiendo un paso estratégico interoceánico, tienen las mismas amenazas que recayeron sobre el imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial y que generaron la inestabilidad de Oriente Medio actual: la diplomacia anglosajona a lo que se le suma la necesidad de control del comercio de ultramar por parte de los EEUU (Imperial War Museums, 2025).

 

En la localidad de Tolhuin, Tierra del Fuego, a unos 600 km de las Islas Malvinas, 109 kilómetros de la ciudad de Río Grande y a cien de Ushuaia, la empresa británica Leolabs instaló una Estación Terrena en Banda S, con el fin de rastrear y monitorear objetos en el entorno espacial denominado LEO (siglas en inglés de órbita terrestre baja).

 

Leolabs tiene por finalidad ser la principal fuente de inteligencia orbital persistente para el conocimiento del dominio espacial, la gestión del tráfico espacial y la defensa contra misiles (Vartabedian, 2025).

 

El radar actualmente permite brindar alerta temprana y Conciencia Situacional Espacial (SSA por sus siglas en inglés) en la órbita baja en la Argentina. Esto significa que, desde nuestro propio territorio nacional, podrá monitorear la actividad satelital argentina tanto civil como militar (actividad que utiliza proyectos de satélites de órbita baja), interceptar datos y observar objetivos terrestres, marítimos o detectar aeronaves. También hacer seguimiento de trayectorias y lanzamiento de vectores. En síntesis una herramienta para realizar inteligencia militar.

 

La escasa repercusión en el Congreso argentino de la instalación de la Estación Terrena en Banda S en Tierra del Fuego y la necesidad económica del gobierno de Milei, crean una vulnerabilidad que genera un escenario apto para un desembolso de fondos norteamericanos, con el compromiso de afectación de una parte a la construcción de la base naval con el asesoramiento norteamericano concreto, sin necesidad de autorización del Congreso, tomando como antecedente la firma del memorándum de entendimiento técnico entre la Administración General de Puertos (AGP) de Argentina y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU. para cooperar en la administración, mantenimiento y mejoramiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay, incluidas tareas de navegación, señalización, funciones de gestión portuaria y capacitación técnica.

 

La posibilidad de convertir a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur en un centro operativo anglo norteamericano no solamente divide a nuestro país bicontinental en dos, sino que, además, proyecta el dominio de las potencias sobre la provincia argentina con mayor superficie y estratégico posicionamiento bioceánico.

 

DANIEL SYMCHA