Palantir el nuevo Leviatán Tecnológico

En los años 70 del siglo pasado Zbigniew Brzezinski hablaba sobre el impacto que tendría de la Era Tecnotrónica que surgía sobre la Civilización.

 

Este pensamiento puede emparentarse contemporáneamente con el de Peter Thiel y el manifiesto de Palantir  porque ambos marcos comparten una intuición central: la tecnología avanzada no es solo un conjunto de herramientas, sino en cierta medida el nuevo principio organizador del poder político, social, militar y geopolítico. Es un potente factor regulador del proceso civilizatorio.

 

La diferencia principal entre ambos razonamientos es que Brzezinski pensaba la Era Tecnotrónica analíticamente desde la geopolítica estatal y la planificación global, mientras Peter Thiel/Palantir la piensan como una herramienta para la alianza entre: Estado fuerte, élite tecnológica privada y poder duro occidental.

 

La discusión sobre Palantir, empresa enmarcada en pensamientos como los de Peter Thiel su fundador y su CEO Alex Karp,  no debe reducirse a una controversia tecnológica ni a una alarma abstracta sobre la privacidad. El problema central es político: es sobre quién controla la capacidad de los Estados para ver, clasificar, anticipar y actuar sobre sus sociedades.

 

La cuestión de fondo en este caso es que: Palantir con su tecnología digital representa una nueva fase del poder contemporáneo, en la que la infraestructura digital deja de ser un instrumento administrativo y se convierte en la arquitectura misma de la decisión estatal.

 

El punto más importante es que Palantir no vende solamente software. Vende lo que se denomina una ontología operativa que es una forma asistida por inteligencia artificial (IA) de ordenar la realidad institucional para que el Estado pueda convertir datos dispersos en decisiones accionables.

 

Un motor ontológico es una tecnología de IA que estructura el conocimiento definiendo conceptos, entidades y sus interrelaciones, facilitando la gestión de datos, la búsqueda semántica y la interoperabilidad entre sistemas. En esencia, crea una "fábrica de herramientas" para consultar datos complejos y ejecutar acciones basadas en una estructura de significado formal.

 

Esto significa que sus plataformas no se limitan a almacenar datos, sino que definen relaciones entre ciudadanos, expedientes, riesgos, territorios, enfermedades, fronteras, subsidios, delitos, recursos y amenazas. En términos políticos, la empresa no solo ayuda al Estado a procesar información; puede llegar a definir qué información importa, qué sujeto aparece como peligroso y qué acción se vuelve racional.

 

Ese evento entraña una mutación decisiva: el Estado deja de ser plenamente soberano sobre su propia inteligencia institucional. Puede conservar la bandera, el presupuesto, los ministerios y la legalidad formal, pero si la mecánica mediante la cual interpreta sus datos pertenece a una empresa privada extranjera, en intima simbiosis con el poder que nos coloniza, entonces su soberanía se vuelve parcial. El poder ya no se ejerce únicamente desde el gobierno visible, sino también desde la infraestructura invisible que organiza las decisiones.

 

Se corporiza en los hechos una especie de tecno-feudalismo digital aplicado al Estado. Los usuarios contemporáneos de aplicaciones (Facebook, Instagram, Tik Tok, etc) usan y alquilan servicios digitales donde ellos a través del perfil psicográfico que se forma de cada uno al usar estas redes son en realidad el producto final buscado de estas aplicaciones, son la base de datos cierta de su individualidad que es comercializada tanto a empresas con fines comerciales como a estados con fines de seguridad.

 

En el caso de Palantir los Estados, que pueden terminar alquilando su propia capacidad de decisión, son el producto como en el caso de las redes lo son las personas. Los Estados entran por conveniencia, eficiencia o emergencia; a utilizar este motor ontológico de gestión luego reorganizan sus procesos internos alrededor de una plataforma y finalmente, el costo de salida se vuelve tan alto que la dependencia se naturaliza.

 

El Estado queda así convertido en un inquilino de su propia infraestructura estratégica. No pierde necesariamente la propiedad formal de los datos, pero pierde inadvertidamente por sus funcionarios políticos algo más profundo: la autonomía para interpretarlos, integrarlos y convertirlos en acción pública. La dependencia tecnológica se transforma en dependencia política.

 

Por eso el problema no es simplemente si Palantir “roba datos”. Esa pregunta es secundaria. La pregunta decisiva es: ¿puede una democracia seguir siendo soberana si sus decisiones sanitarias, migratorias, policiales, fiscales o militares dependen de una ontología privada oscura que no es gobernada, auditada o estructurada por el estado o la inteligencia técnica de la nación?

 

Soberanía y Tecno-autocracia en la República Tecnológica

 

El Manifiesto de 22 puntos de Palantir implica que Palantir no es una empresa neutral, sino que es un actor con doctrina. Sostiene que Occidente (EE.UU.) con la apoyatura del Silicon Valley debe ponerse al servicio del poder duro: defensa, guerra, inteligencia, fronteras y seguridad nacional. En otras palabras propone un Estado más fuerte, más militarizado y más fusionado con corporaciones tecnológicas privadas. No busca abolir la autoridad estatal, sino rediseñarla desde dentro con un impacto que vulnera soberanías estatales hacia afuera.

 

El núcleo ideológico del Manifiesto puede resumirse en tres conceptos:

•             Occidente está en decadencia porque perdió voluntad civilizatoria donde la democracia liberal, el pluralismo y la deliberación moral ralentizan la acción tecnológica.

•             El siglo XXI será definido por la inteligencia artificial aplicada al poder duro: defensa, vigilancia, guerra, fronteras, recursos.

•             Las grandes empresas tecnológicas deben convertirse en socias estratégicas del Estado, no en simples proveedoras.

 

Aquí aparece una tensión fundamental. Palantir no propone menos Estado, como haría un libertarismo clásico. Propone un Estado más fuerte, más integrado con empresas privadas, más militarizado y más dependiente de software propietario. Esto en cierta medida implica la privatización de la capacidad estatal de conocer y actuar.

 

La promesa es eficiencia, velocidad y seguridad. La amenaza implícita es la obsolescencia: si Occidente no construye estas herramientas, otros lo harán primero. Así, el debate moral queda desplazado por una lógica de inevitabilidad. Ya no se pregunta: “¿debemos hacerlo?”. Se afirma: “hay que hacerlo antes que el enemigo”.

 

Esta retórica es políticamente peligrosa porque convierte toda objeción democrática en signo de debilidad. Quien pide control parlamentario, auditoría pública o límites jurídicos puede ser presentado como ingenuo frente a la amenaza exterior. De ese modo, la seguridad se vuelve argumento absoluto y la tecnocracia como arquitectura de poder se transforma en destino inevitable.

 

La denominación de tecno-fascismo que suele aplicarse a esta realidad trata de advertir una lógica política: división permanente entre amigos y enemigos, supremacía de la seguridad sobre los derechos, normalización de la vigilancia, desprecio por la deliberación democrática y legitimación de la violencia preventiva mediante sistemas técnicos.

 

El peligro mayor no es la vigilancia pasiva sino el pasaje de la vigilancia al gobierno algorítmico operacional.

 

Primero se observan datos. Luego se clasifican sujetos. Después se anticipan conductas. Finalmente se habilitan acciones: redadas, exclusiones, auditorías, detenciones, restricciones, intervenciones territoriales o decisiones administrativas automatizadas.

 

En ese punto, el ciudadano ya no enfrenta solo al Estado tradicional, sino a una maquinaria de clasificación y decisión oscura. Puede ser convertido en riesgo sin saberlo, en objetivo sin procedimiento claro, en anomalía sin defensa efectiva. La vieja pregunta democrática —“¿quién decide?”— debe ser reformulada a: ¿quién programa las condiciones bajo las cuales el Estado decide?

 

BENEFICIARIOS DEL TECNO-FEUDALISMO DIGITAL

 

Los principales beneficiarios de esta arquitectura digital son claros.

 

Primero, las propias corporaciones tecnológicas que convierten funciones estatales esenciales en mercados cautivos. Cada ministerio digitalizado, cada frontera informatizada, cada sistema de salud integrado y cada agencia de inteligencia modernizada se vuelve una fuente de renta permanente.

 

Segundo, los aparatos estatales de seguridad, que obtienen una capacidad inédita para cruzar información, identificar patrones y actuar sobre poblaciones con una precisión antes imposible.

 

Tercero, las élites políticas con vocación de control, que encuentran en estas plataformas una herramienta para gobernar sociedades fragmentadas, desiguales y conflictivas sin necesidad de ampliar consensos democráticos.

 

Cuarto, las potencias centrales, especialmente Estados Unidos, porque la expansión de estas tecnologías sobre Estados periféricos puede producir una nueva forma de subordinación: no la ocupación territorial directa, sino la legibilidad total del otro.

 

Un país puede conservar su independencia formal y, sin embargo, volverse transparente para una arquitectura extranjera de inteligencia económica, social, migratoria y estratégica.

 

Los perjudicados potenciales son los estados nación soberanos y los pueblos, especialmente los sectores más vulnerables: migrantes, opositores, movimientos sociales, trabajadores informales, minorías políticas, ciudadanos endeudados, beneficiarios sociales y comunidades situadas sobre recursos estratégicos. Para ellos, la promesa de eficiencia puede convertirse en una experiencia de vigilancia, persecución o exclusión.

 

IMPLICANCIAS DEL TECNO-FEUDALISMO DIGITAL PARA GOBIERNOS Y PUEBLOS

 

Para los gobiernos, Palantir ofrece una tentación poderosa: resolver con tecnología problemas que son políticos. La desigualdad, la inseguridad, la migración, el fraude, la ineficiencia administrativa y la conflictividad social pueden ser traducidos en problemas de datos. Pero esa traducción tiene un costo cualitativo: despolitiza los conflictos y los convierte en anomalías gestionables.

 

Para los pueblos, el riesgo es más profundo: quedar sometidos a decisiones que no se discuten, no se entienden y no se pueden impugnar fácilmente. La soberanía popular se debilita cuando la ciudadanía no sabe qué datos se integran, qué criterios se usan, qué sesgos existen, quién audita los modelos y qué intereses gobiernan la plataforma.

 

El poder algorítmico no necesita suspender la Constitución para alterar la democracia. Le basta con desplazar el centro real de decisión hacia sistemas técnicos cerrados, algoritmos opacos y lenguajes de seguridad nacional.

 

ARGENTINA: LABORATORIO Y DISPUTA SOBERANA

 

La Argentina es un caso especialmente sensible. Aquí convergen varios factores: crisis económica, fragmentación política, reconfiguración del Estado, afinidad ideológica del gobierno con sectores tecnológicos libertarios o posliberales, interés extranjero por recursos estratégicos y una discusión creciente sobre centralización de datos públicos.

 

En este panorama Argentina podría convertirse en laboratorio de una nueva forma de subordinación tecnológica, donde la centralización de datos estatales, la apertura a capitales extranjeros, la disponibilidad de minerales críticos, energía, agua y recursos naturales configuren un escenario ideal para la penetración de estas infraestructuras de inteligencia artificial que configurarían una nueva y peligrosa arquitectura política del estado.

 

Algunas de las acciones del Gobierno de Javier Milei como por ejemplo la sanción del Decreto 941/25, con la creación de una “Comunidad Informativa Nacional” y la eventual integración de bases como RENAPER, Migraciones, ARCA, ANSES o PAMI generan hipótesis de riesgo, que no deben ser ignoradas en ese aspecto.

 

Aunque la implicancia profunda de hechos anteriormente mencionados deba comprobarse, la pregunta estratégica sigue siendo válida: ¿qué ocurre si un país como Argentina centraliza sus bases de datos y luego entrega su interpretación operativa a una empresa extranjera vinculada a defensa, inteligencia y poder geopolítico estadounidense?

 

Argentina no solo posee datos. Posee recursos críticos para la nueva economía tecnológica: litio, cobre, energía, agua, territorio, bajas temperaturas para centros de datos y posición geopolítica en el Atlántico Sur y la Antártida. En ese marco, la cuestión Palantir no sería únicamente un problema de privacidad ciudadana, sino de soberanía nacional integral: datos, recursos, territorio, seguridad, comercio exterior y orientación estratégica.

 

La advertencia final es clara. Si Argentina adopta infraestructuras y arquitecturas de decisión algorítmica sin debate público, sin control parlamentario, sin auditoría independiente, sin propiedad estatal sobre los sistemas críticos y sin cláusulas reales de salida, no estaría simplemente modernizando el Estado, estaría aceptando una transformación silenciosa del poder: del gobierno democrático hacia una administración algorítmica dependiente de empresas extranjeras en clara simbiosis con el Hegemon Anglosajon que la subordina como colonia.

 

La verdadera discusión, entonces, no es si la Argentina debe usar tecnología avanzada, sin dudas debe hacerlo, la cuestión es bajo qué condiciones. Una política soberana de datos debería exigir transparencia contractual, control judicial, auditoría técnica, protección de derechos, infraestructura pública, transferencia tecnológica y participación democrática.

 

Porque el dilema de fondo no es tecnología o atraso. El dilema real es otro: tecnología bajo soberanía democrática o tecnología como nueva forma de dependencia política.

 

Ariel Rolfo

 

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