OPERACIÓN “MEKOROT”, radiografía del coloniaje hídrico

Mekorot es la compañía nacional de agua del Estado de Israel, con más de 85 años de historia. Su estatuto le prohíbe adquirir activos hídricos fuera de su país, lo que explica la ingeniería legal desplegada en la Argentina.

 

El antecedente más claro comienza con el apoyo de Axel Kicillof a esta línea de acción, que se remonta a 2020. En ese entonces, ya como gobernador, reconoció públicamente la colaboración con Mekorot. Incluso declaró: “la verdad es que hay tecnología, empresas e instituciones de Israel que tienen una complementariedad directa con necesidades de la provincia”, en referencia al manejo del agua, destacando su “superexpertise” en riego y sequía. Mostrando que la apertura hacia actores externos forma parte de su estrategia de gestión.

 

Lo que se presentó como cooperación técnica terminó revelándose como una ingeniería política de alto nivel. El ingreso de Mekorot al sistema hídrico argentino no fue transparente, ni competitivo, ni institucionalmente controlado. Fue, en cambio, una construcción progresiva, cuidadosamente diseñada para eludir los mecanismos de control republicano...y eso cambia todo.

 

1

La ingeniería legal

 

Entre 2021 y 2026, la empresa estatal israelí logró lo que pocas compañías extranjeras han conseguido: intervenir en la planificación estructural del agua en al menos doce provincias y, más grave aún, en AySA, que abastece a millones de argentinos.

 

No hubo licitaciones abiertas. No hubo debate legislativo. No hubo control público real. Se trató de acuerdos directos entre el gobierno kirchnerista de entonces y la empresa israelí.

 

El vehículo fue el Consejo Federal de Inversiones (CFI), un organismo que opera en una zona gris del federalismo argentino: tiene alcance nacional, pero carece de un control político efectivo. Sus decisiones eluden tanto al Congreso Nacional como a las legislaturas provinciales. En esa grieta institucional se montó todo el esquema.

 

2

Los arquitectos del proceso: nombres propios

 

En el centro de la operación aparece el entonces ministro del Interior, Eduardo "wado" de Pedro. No como un actor secundario, sino como el principal articulador político. Fue quien encabezó, con respaldo presidencial, la misión a Israel; quien recibió a los representantes de Mekorot; y quien otorgó el marco institucional a los acuerdos.

 

A su alrededor, un círculo reducido consolidó la operatoria: funcionarios del CFI, operadores técnicos y vínculos con la diplomacia comercial. La presencia de Mario Montoto no es un dato menor: como presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, articuló la diplomacia comercial con la política local, facilitando que los convenios evitaran los canales institucionales ordinarios.

 

Del lado empresarial, Diego Berger funcionó como enlace operativo: el rostro visible de una estructura que, en los hechos, se mantuvo deliberadamente borrosa.

 

3

Acuerdos en las penumbras

 

El único contrato plenamente accesible -el de Río Negro- deja al descubierto un patrón preocupante:

 

* Contratación directa sin competencia

* Cláusulas de confidencialidad que limitan el acceso a la información

* Elaboración externa de los planes hídricos

* Ausencia de intervención legislativa

 

No estamos ante una irregularidad aislada. Estamos frente a un esquema sistemático.

 

Este modelo implica que una empresa extranjera define cómo se gestiona el agua en territorio argentino, sin que la sociedad pueda auditar ni discutir esas decisiones. Es, en los hechos, una cesión indirecta de soberanía, encubierta en lenguaje técnico.

 

4

La contradicción política: del impulso al rechazo

 

En el Centro Cultural Kirchner, con De Pedro al frente, se firmaron convenios con Catamarca, La Rioja, Río Negro, Formosa y Santa Cruz. Participaron el embajador israelí, el presidente de Mekorot, Ignacio Lamothe, Diego Berger, Mario Montoto y autoridades de distintas jurisdicciones.

 

El dato más revelador no está solo en los contratos, sino en la conducta posterior de los actores. Hoy, ya como senador, De Pedro impulsa iniciativas para frenar la privatización del agua y defender su carácter de derecho.

 

Pero hay un problema evidente: el andamiaje que permitió la entrada de Mekorot fue construido durante su propia gestión.

 

Esa contradicción no es anecdótica. Es estructural. Responde a una lógica recurrente en la política kirchnerista: habilitar en el ejercicio del poder aquello que luego se denuncia desde la oposición. El resultado es siempre el mismo: el daño ya está hecho cuando aparece la reacción discursiva.

 

5

Geopolítica del agua

 

No se puede analizar este proceso sin entender qué representa Mekorot en el escenario internacional. No es una empresa neutral: es una herramienta estratégica del Estado de Israel.

 

Su modelo de expansión es claro: no compra activos -porque su estatuto se lo impide-, pero controla información. No gestiona formalmente los recursos, pero define su planificación. Es una forma sofisticada de influencia: menos visible, pero igualmente efectiva.

 

Organizaciones como Oxfam y la ONU han advertido sobre el uso del agua como instrumento de presión en conflictos internacionales. Ese antecedente debió haber encendido alarmas. No ocurrió.

 

6

Las preguntas que incomodan

 

Persisten zonas oscuras sin respuesta:

 

* ¿Quién financió las misiones oficiales al exterior?

* ¿Cuáles son los montos reales de los contratos?

* ¿Qué alcance tiene el vínculo con AySA?

* ¿Por qué se ocultaron datos en pedidos de acceso a la información?

 

Cuando las respuestas faltan, la sospecha deja de ser paranoia y pasa a ser una hipótesis razonable.

 

7

Soberanía o administración delegada

 

El problema de fondo no es Mekorot. Es la decisión política de abrirle la puerta en estas condiciones.

 

Cuando el agua queda bajo planificación externa, el Estado se convierte en administrador de decisiones ajenas. Y eso, en términos concretos, implica resignar soberanía, poniendo en riesgo a su propio pueblo.

 

Hay, además, una pregunta clave que no puede eludirse: Mekorot, ¿para qué quiere controlar la información hídrica? Todo indica que se trata de un insumo estratégico para negociar con el sector minero extractivista. Más aún, considerando los antecedentes de la empresa, surge una preocupación legítima: la posible asimetría informativa frente a las autoridades locales respecto del uso del agua, el nivel de contaminación de las napas y la magnitud real de las reservas. Es decir, se ocultará información sobre contaminación, la cantidad de agua que utilizan las empresas, la calidad del agua, etc

 

Por lo tanto, la discusión ya no es técnica. Es política. Y es urgente.

 

Luis Gotte

La trinchera bonaerense

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