¿Britania en retirada?: Entre la nostalgia imperial y la erosión de la Unión… y Malvinas

¿Britania en retirada?: Entre la nostalgia imperial y la erosión de la Unión… y Malvinas

 

 

La crisis contemporánea del Reino Unido

 

La crisis contemporánea del Reino Unido no puede explicarse únicamente como un episodio electoral o una oscilación coyuntural del humor político británico. Lo que atraviesa actualmente la estructura estatal británica es un fenómeno más profundo: la erosión progresiva de la legitimidad histórica, económica y territorial de la propia Unión. Por primera vez desde la consolidación moderna del Reino Unido, tres de sus cuatro naciones constitutivas —Escocia, Gales e Irlanda del Norte— se encuentran hegemonizadas política o electoralmente por fuerzas nacionalistas que cuestionan, con distinta intensidad, la continuidad del orden territorial británico.

 

En Escocia, el Scottish National Party (SNP), bajo el liderazgo de John Swinney, mantiene el objetivo de convocar un nuevo referéndum independentista hacia 2028. En Gales, Plaid Cymru logró quebrar la histórica hegemonía laborista y transformarse en la principal fuerza política del Senedd. En Irlanda del Norte, el Sinn Féin consolidó su posición como principal fuerza regional bajo la conducción de Michelle O’Neill. El dato no resulta menor: Westminster ya no consigue producir un consenso nacional homogéneo dentro del propio Reino Unido.

 

La paradoja histórica tiene algo de ironía cruel. El mismo Estado que durante siglos organizó enclaves, protectorados y colonias alrededor del planeta enfrenta ahora un proceso interno de fragmentación territorial. Londres continúa proyectando poder global: mantiene asiento permanente en el Consejo de Seguridad, conserva armamento nuclear, posee una de las principales redes diplomáticas del mundo y sigue articulando parte del comercio marítimo internacional mediante el derecho de almirantazgo, los seguros navales y estructuras históricas vinculadas a Lloyd’s de Londres. Sin embargo, detrás de esa persistente musculatura geopolítica aparece una pregunta cada vez más incómoda: ¿qué legitimidad conserva hoy el proyecto británico entre las propias naciones que integran la Unión?

 

La arquitectura de poder británica excede ampliamente las islas metropolitanas. Londres continúa apoyándose en territorios de ultramar y jurisdicciones offshore —como Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas o Isla de Man— que funcionan como nodos estratégicos de las finanzas globales, los registros marítimos y la circulación transnacional de capitales. Paralelamente, el Reino Unido sostiene corredores logísticos y militares en el Atlántico y el Indo-Pacífico mediante bases, alianzas navales y acuerdos de defensa estrechamente vinculados con Estados Unidos y la OTAN. El problema contemporáneo de Londres ya no consiste solamente en administrar los restos de su viejo sistema imperial, sino en impedir que las fracturas internas alcancen el núcleo mismo del Reino Unido.

 

Cómo se inventó el Reino

 

La propia construcción histórica británica ayuda a comprender por qué la crisis actual no constituye una anomalía sino el retorno de tensiones nunca completamente resueltas. El Reino Unido jamás fue un Estado nacional homogéneo en sentido continental europeo. Fue, más bien, una compleja estructura político-imperial organizada alrededor de Inglaterra y proyectada mediante relaciones profundamente asimétricas de poder.

 

Gales fue absorbido jurídicamente a través de las Laws in Wales Acts de 1535 y 1542 impulsadas bajo Enrique VIII. Dichas normas integraron administrativamente el territorio galés al sistema jurídico inglés, impusieron el inglés como lengua administrativa y desarticularon buena parte de la autonomía normativa galesa. No existió allí una unión entre iguales, sino una incorporación subordinada al aparato estatal inglés. Escocia siguió otro recorrido. La Unión de las Coronas de 1603 constituyó inicialmente una unión dinástica y no estatal. La verdadera integración política llegó con los Acts of Union de 1707, que dieron origen formal al Reino de Gran Bretaña. Sin embargo, incluso esa unión “pactada” estuvo atravesada por fuertes presiones económicas y geopolíticas, particularmente luego del fracaso del proyecto colonial escocés en Darién y de la necesidad inglesa de asegurar la estabilidad protestante de la sucesión monárquica (Colley, 2009).

 

Irlanda constituyó el caso más traumático de la arquitectura imperial británica. La relación angloirandesa estuvo marcada durante siglos por conquista, expropiación territorial, colonización protestante y subordinación política. El Act of Union de 1800 creó formalmente el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, pero jamás logró construir una legitimidad nacional compartida. La Gran Hambruna, las políticas represivas y las rebeliones nacionalistas profundizaron una fractura estructural que culminó parcialmente con la independencia del Estado Libre Irlandés en 1921 y la permanencia de Irlanda del Norte dentro del Reino Unido. El propio nombre oficial del Estado británico contemporáneo constituye el residuo jurídico de aquella desintegración parcial.

 

La estructura constitucional británica agrava todavía más las tensiones contemporáneas. El Reino Unido carece de una Constitución escrita codificada en sentido clásico moderno. Su orden jurídico se compone de leyes parlamentarias, jurisprudencia, common law y convenciones constitucionales acumuladas históricamente. Durante décadas, esa flexibilidad fue presentada como una sofisticada ventaja institucional frente a las rigideces continentales. Sin embargo, en contextos de fragmentación territorial creciente, esa elasticidad comienza a mostrar un costado ambiguo.

 

Escocia, Gales e Irlanda del Norte poseen parlamentos y gobiernos propios gracias al proceso de devolution iniciado en 1998 mediante el Scotland Act, el Government of Wales Act y el Northern Ireland Act. Pero dichas competencias no constituyen soberanía originaria, sino facultades delegadas por Westminster. Jurídicamente, la soberanía continúa residiendo en el Parlamento británico, que conserva capacidad formal para redefinir unilateralmente esas competencias (Bogdanor, 2001).

 

Allí emerge el núcleo problemático del conflicto escocés contemporáneo. El SNP sostiene que la persistencia de mayorías electorales independentistas otorga legitimidad democrática suficiente para convocar un nuevo referéndum de autodeterminación. Westminster responde invocando la doctrina clásica de soberanía parlamentaria: ninguna entidad subnacional puede disolver unilateralmente la Unión. La Corte Suprema británica reforzó esta interpretación en 2022 al establecer que el Parlamento escocés carece de competencias para convocar unilateralmente un referéndum independentista, incluso de carácter consultivo (BBC News, 2022). La contradicción resulta evidente: el Reino Unido afirma simultáneamente que la Unión es voluntaria, pero sostiene jurídicamente que ninguna nación integrante puede abandonarla sin autorización expresa de Westminster.

 

El Brexit profundizó brutalmente estas tensiones. Escocia votó mayoritariamente por permanecer en la Unión Europea durante el referéndum de 2016, pero fue arrastrada fuera del bloque por el voto agregado británico, dominado esencialmente por Inglaterra. A partir de allí, el independentismo escocés reformuló buena parte de su discurso. Ya no se trata únicamente de identidad nacional o control de recursos energéticos del Mar del Norte, sino también de una disputa geopolítica respecto del lugar de Escocia dentro del sistema internacional.

 

Global Britain y el retorno del nacionalismo inglés

 

La doctrina de “Global Britain”, desarrollada especialmente a partir de la Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy publicada en 2021, constituye probablemente uno de los intentos más explícitos de reconstrucción estratégica de la identidad británica post-Brexit. El documento presenta al Reino Unido como una “potencia global” capaz de proyectar influencia diplomática, tecnológica, financiera y militar en múltiples regiones del mundo, particularmente en el Indo-Pacífico (HM Government, 2021).

Sin embargo, detrás de la retórica grandilocuente aparece una contradicción estructural difícil de ocultar: mientras el Reino Unido intenta expandir nuevamente su presencia global, enfrenta simultáneamente un progresivo agotamiento del consenso político interno sobre la continuidad misma de la Unión. “Global Britain” funciona, en gran medida, como narrativa de recomposición estratégica de las élites británicas tradicionales —la City, el Foreign Office, la diplomacia atlántica y el complejo militar-industrial— más que como una auténtica reconstrucción de consenso popular homogéneo.

 

En este contexto, el nacionalismo inglés contemporáneo emerge como otro de los grandes factores de fragmentación interna. Durante siglos, Inglaterra logró invisibilizar su propio nacionalismo presentándolo simplemente como “britanidad”. Westminster aparecía como institución común, la Corona como símbolo de unidad y la Royal Navy como orgullo nacional compartido. En el fondo, aquella “britanidad” funcionó muchas veces como una forma refinada de hegemonía inglesa (Kenny, 2014).

 

El Brexit quebró parcialmente esa ficción. El ascenso de Nigel Farage y de Reform UK expresa un nacionalismo inglés explícitamente soberanista, euroescéptico, antiinmigración y nostálgico de la autonomía imperial británica. Paradójicamente, al intentar “recuperar la soberanía británica”, el Brexit terminó fortaleciendo los nacionalismos periféricos escocés, galés e irlandés.

 

La situación de Irlanda del Norte resulta todavía más delicada. Allí la cuestión nacional no gira principalmente alrededor de independencia estatal, sino de reunificación con la República de Irlanda. El Acuerdo de Viernes Santo de 1998 introdujo además un elemento jurídicamente explosivo: el gobierno británico debe convocar un referéndum de reunificación si considera probable que exista una mayoría favorable a abandonar el Reino Unido.

 

El Northern Ireland Protocol y posteriormente el Windsor Framework intentaron evitar una frontera dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda trasladando parte de los controles regulatorios al Mar de Irlanda (European Commission, 2023). La solución fue técnicamente razonable, pero políticamente explosiva. Para amplios sectores unionistas protestantes, aquello equivalía a reconocer que Irlanda del Norte quedaba normativamente más cerca de Dublín y Bruselas que de Londres.

 

En paralelo, Escocia representa la forma más institucionalizada de la divergencia territorial británica. El SNP ya no plantea la independencia únicamente como reparación identitaria, sino como estrategia de ubicación internacional ligada al retorno europeo y a la salida de una dinámica británica dominada por el voto inglés (Scottish Government, 2022). Gales, por su parte, fortalece progresivamente un nacionalismo de gestión frente al agotamiento político de Londres y del viejo predominio laborista.

 

La política exterior británica profundiza además esas tensiones. El establishment de seguridad continúa alineado con Washington mediante la special relationship, la cooperación nuclear y acuerdos como AUKUS. China es presentada crecientemente como “desafío sistémico” capaz de disputar liderazgo tecnológico, financiero y geopolítico global (HM Government, 2023). Sin embargo, universidades, servicios financieros y empresas británicas continúan dependiendo fuertemente de inversiones y capitales chinos (Biskup, 2024). Rusia, tras la invasión de Ucrania, volvió a ocupar el lugar clásico de amenaza militar continental y permitió a Londres recuperar centralidad dentro de la OTAN. Pero esa proyección exterior no resuelve las tensiones internas de la propia Unión.

 

¿Por qué Malvinas?

 

Y es precisamente aquí donde reaparece inevitablemente la cuestión Malvinas. Durante décadas, el conflicto de 1982 funcionó como uno de los grandes relatos de restauración nacional británica posterior al colapso imperial de posguerra (Freedman, 2005). La victoria militar permitió reconstruir temporalmente una narrativa de orgullo nacional y capacidad global.

 

Margaret Thatcher comprendió rápidamente el valor político de aquel conflicto bélico. Malvinas no sólo fue un conflicto territorial: fue una operación de recomposición simbólica de una potencia atravesada por desindustrialización, conflictividad sindical y pérdida de centralidad imperial (Anderson, 2013). El Reino Unido encontró en el Atlántico Sur una forma de recordarse a sí mismo que todavía podía enviar una flota a ocho mil millas de Londres y ganar una guerra limitada.

 

Luego del conflicto, Londres construyó el complejo militar de Mount Pleasant, inaugurado en 1985 y operativo desde 1986, como núcleo permanente de defensa del Atlántico Sur (UK Parliament, 2015). La base fue concebida para impedir una repetición del escenario de 1982 y alojar presencia conjunta de la RAF, el Ejército y la Royal Navy. Su sostenimiento continúa demandando elevados recursos presupuestarios, infraestructura aérea, patrullaje naval, logística oceánica y rotación permanente de personal militar.

 

La importancia estratégica del archipiélago sigue siendo evidente para el aparato militar-diplomático británico. Malvinas permite sostener una posición avanzada en el Atlántico Sur, proyectar presencia hacia Georgias del Sur, Sandwich del Sur y el borde antártico, reforzar vigilancia marítima y preservar una pieza logística dentro de la red global británica (Dodds, 2002). La presencia del HMS Forth, los despliegues periódicos de aeronaves Typhoon y la infraestructura de Mount Pleasant muestran que Londres no piensa Malvinas como una reliquia sentimental, sino como un activo estratégico.

 

Sin embargo, 44 años después, el contexto social británico parece radicalmente distinto. Malvinas conserva valor estratégico para el Estado, pero su densidad emocional dentro de la sociedad británica comienza a mostrar fisuras generacionales. Un relevamiento difundido en 2026 indicó que apenas el 9 % de los británicos de entre 18 y 24 años considera “muy importante” conservar el control británico del archipiélago (The Telegraph, 2026). En 2023, YouGov registró además que sólo el 35 % de los británicos se sentiría molesto si Malvinas pasara a la Argentina, mientras que el 46 % afirmó que no le importaría (YouGov, 2023).

 

Esto no implica un giro inmediato de la política exterior británica, pero sí revela una creciente disociación entre el aparato estratégico del Estado y la sensibilidad social. Para el Ministerio de Defensa, Malvinas continúa siendo una plataforma geopolítica. Para parte de la opinión pública británica, comienza a parecer un resto remoto del mapa imperial.

 

La comparación con la crisis interna del Reino Unido se vuelve entonces inevitable. Escocia discute su retorno europeo; Gales fortalece un nacionalismo de gestión; Irlanda del Norte mira cada vez más hacia la reunificación; e Inglaterra se repliega sobre un nacionalismo soberanista y nostálgico. En ese contexto, Malvinas deja de ser solamente una controversia bilateral entre Argentina y Reino Unido. Se convierte también en un síntoma del dilema británico contemporáneo: una potencia que todavía conserva bases militares, finanzas globales, derecho marítimo y capacidad nuclear, pero cuya sociedad parece cada vez menos cohesionada alrededor del viejo consenso imperial.

 

La cuestión presupuestaria tampoco resulta menor. Mantener una guarnición permanente, infraestructura aérea, patrullaje naval y logística oceánica para una población reducida puede justificarse desde la mirada estratégica del Estado, pero resulta menos evidente para una sociedad atravesada por crisis habitacional, deterioro del NHS, inflación y tensiones fiscales post-Brexit (O’Toole, 2021).

 

Esto no significa que Londres vaya a abandonar Malvinas. El aparato británico de defensa, la diplomacia, la Corona y los sectores estratégicos vinculados al Atlántico Sur continúan considerando al archipiélago una pieza relevante de la presencia global británica (HM Government, 2021). Pero la relación entre poder estatal y adhesión social parece estar cambiando.

 

Allí reside quizás la contradicción más profunda. Malvinas sigue siendo fuerte para el Estado británico, pero menos intensa para parte del pueblo británico. Es un enclave defendido por la doctrina militar, la logística oceánica y la continuidad diplomática, aunque ya no necesariamente por una pasión nacional homogénea.

 

Y esa diferencia importa. Porque el Reino Unido que pretende proyectarse como “Global Britain” comienza a descubrir algo incómodo: no basta con conservar territorios ultramarinos y bases militares. También necesita preservar una comunidad política interna capaz de reconocer como propio ese esfuerzo material y simbólico. Si la Unión británica continúa erosionándose desde adentro, Malvinas seguirá siendo una posición estratégica, pero también un espejo incómodo: el de una potencia que todavía administra los restos del imperio mientras intenta evitar que se le deshilache el Reino.

 

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Por

Juan Facundo Besson