El gas envasado aumentó un 4000% y advierten que "sin calefacción no hay soberanía en Tierra del Fuego"

La magister e investigadora de la UNTDF, Patricia Vara, analizó el impacto del recorte de subsidios al Gas Licuado de Petróleo (GLP) que afecta a unas 6.000 familias fueguinas. Advirtió que la quita de derechos vulnera la dignidad en la Patagonia y pidió cambiar el eje del ajuste: "Si quieren sacar subsidios, sáquenselos a las grandes empresas, no a los trabajadores".

 

El acceso a la energía en el extremo sur del país dejó de ser una discusión técnica para convertirse en una crisis social y habitacional de magnitudes inéditas. A partir de las nuevas normativas de segmentación provincial y el brutal corrimiento del Estado Nacional, las familias que dependen del gas envasado en Tierra del Fuego enfrentan un escenario límite: un incremento del 4000% en el costo del servicio en los últimos dos años.

 

En diálogo con Pal'Sur, la Magister Patricia Vara, docente investigadora y miembro del Observatorio Social, Político y Económico de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), desmenuzó las conclusiones de su último informe, "La política de hidrocarburos como herramienta de inequidad", y lanzó una fuerte advertencia sobre el impacto de estas medidas en el tejido social isleño.

 

"Hay un cambio de paradigma total. Lo que podemos ver a través del análisis normativo es un incremento sustancial del precio que pagan los beneficiarios del programa de gas envasado de un 4000%. Creo que no hay ningún otro servicio que haya aumentado en la misma cantidad", apuntó la investigadora.

 

El mito de la vulnerabilidad y la trampa de los ingresos

 

El Decreto Provincial 505 y la Resolución 209 introdujeron una segmentación que excluye del beneficio a aquellos hogares que superen el equivalente a ocho Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (aproximadamente $2.900.000). Sin embargo, Vara advierte que medir la vulnerabilidad en Tierra del Fuego usando solo criterios de ingresos tradicionales es un error metodológico que ignora la realidad habitacional de la isla.

 

"En Tierra del Fuego es muy difícil hablar de vulnerabilidad en tanto salario, sino más bien en tanto infraestructura. Esta es una provincia que crece muy rápido y el Estado no llega a tiempo con los servicios básicos. Cuando uno mira quiénes están sin gas de red, son los barrios nuevos", explicó la magister.

 

Además, desarmó la lógica del tope de ingresos por hogar en un contexto de crisis habitacional: "Si en una casa vive un matrimonio y sus hijos mayores —que aportan a la olla porque no les alcanza para irse a alquilar solos—, ese hogar tal vez junta tres o cuatro ingresos y supera el tope. Por esa realidad, en primera instancia, se van a quedar sin el subsidio".

 

La paradoja de la abundancia en la provincia del gas

 

Tierra del Fuego es una de las principales productoras de gas de la Argentina, lo que vuelve la situación aún más contradictoria para sus habitantes. La investigadora definió esto como "la paradoja de la abundancia" y señaló un déficit estructural que trasciende a las gestiones políticas de las últimas décadas.

 

"Se ha pensado históricamente en una política que alcance al usuario a través del subsidio, pero no se pensó en poner el dinero necesario para hacer las redes de gas en las ciudades para que lleguen a todos los barrios nuevos, sean formales o informales. Es un déficit que tenemos en las tres ciudades de la isla", criticó Vara.

 

Respecto de la segmentación territorial, que obliga a conectarse a quienes tengan redes cercanas, la docente alertó sobre los costos ocultos que recaerán sobre los vecinos: "A muchas zonas medias se las deja sin el beneficio del gas envasado porque se considera que pueden hacer la instalación. Pero el vecino va a tener que invertir de su bolsillo para acercar el caño desde la red troncal, haciendo una obra pública que no hizo el Estado provincial ni hizo Camuzzi. Eso es profundamente inequitativo".

 

"Vivir en la Patagonia nos desfavorece en términos existenciales. No es que si no podés pagar el gas te quedás en casa y te ponés una mantita. Acá la calefacción es una cuestión civilizacional". — Mag. Patricia Vara.

 

Un millón de pesos por mes para no congelarse

 

Para graficar el impacto residencial, Vara utilizó un ejemplo doméstico. Una vivienda modesta en la isla (de madera, con las filtraciones térmicas habituales del tipo de construcción local, con dos habitaciones, living y baño) consume de forma sumamente austera unos 400 kilos de GLP mensuales.

 

"Sin el subsidio, a valor de mercado desregulado, esa familia pasaría a pagar casi un millón de pesos solamente de gas. Si a eso le sumás que esa familia alquila, se vuelve algo completamente impagable. Considerar sacar un subsidio en esta situación de endeudamiento es de una pérdida de sensibilidad importante. Uno en su casa puede recortar salidas o compras, pero no dejás a tus hijos sin calefacción. Hay que estar en la lona absoluta para hacer eso", enfatizó.

 

El ajuste nacional y la defensa de la soberanía

 

Si bien Vara reconoció que “la provincia hace lo que puede” frente el ahogo financiero y el "vacío" que dejó el retiro del Estado Nacional bajo la gestión de Javier Milei, insistió en que la solución no puede ser recortar sobre los usuarios de gas envasado, amparados legalmente por la Ley Nacional de Zona Fría (N° 25.565).

 

"Cuando el gobierno provincial decide 'algunos sí y otros no', se olvida de que el gas natural por red no discrimina: el subsidio lo reciben todos por igual, hasta los hoteles de lujo que hacen muchísimo dinero en la ciudad. En cambio, ponemos bajo la lupa a los usuarios de gas envasado, que ya viven una situación de vulnerabilidad terrible por tener que manipular garrafas bajo la nieve o esperar 72 horas el camión repartidor".

 

Finalmente, la investigadora vinculó el acceso a la energía directamente con la geopolítica y el arraigo en el Atlántico Sur: "La calefacción acá genera arraigo y genera soberanía. La Ley 19.640 fue exitosa porque multiplicó la población y dio trabajo, pero a esa población hay que garantizarle condiciones dignas de vida. Si queremos recortar, saquemos los subsidios a las grandes empresas que tienen la espalda suficiente para pagar valores de mercado, no a los trabajadores con salarios pisados", concluyó.

 

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