Mayo, Malvinas y la patria que no entraba en el puerto

Los acontecimientos de Mayo no fueron una estampita escolar con paraguas prolijos, cintas celestes y blancas y cabildantes domesticados por manual. Fue, antes que nada, un acto de reasunción política del territorio. No nació una municipalidad ilustrada en torno a la Plaza de la Victoria: nació una voluntad de gobierno sobre la totalidad heredada del antiguo Virreinato del Río de la Plata. Por eso Malvinas no es un agregado sentimental posterior, ni una bandera colocada retrospectivamente sobre la “Revolución”. Malvinas está en el corazón de Mayo porque Mayo no significó apenas cambiar funcionarios, sino afirmar que, caída la legitimidad peninsular, el poder volvía a estos pueblos americanos y debía ejercerse sobre sus espacios, sus mares, sus puertos, sus confines y sus islas.

La clave está en una palabra que la historia liberal suele pronunciar con desgano: retroversión. Frente a la crisis de la monarquía española provocada por la invasión napoleónica, la prisión de Fernando VII y la disolución del poder central, la doctrina política disponible en el mundo hispánico sostenía que la soberanía retornaba a los pueblos. No era una travesura criolla ni una copia apurada de París. Era una solución nacida dentro de la propia tradición indiana: si faltaba el rey legítimo, las comunidades políticas reasumían el poder para conservar el orden, la jurisdicción y el territorio. Por eso Castelli pudo sostener en el Cabildo Abierto que, caducado el poder real, la soberanía debía volver al pueblo; y por eso Saavedra aceptó cubrir políticamente a la Junta “con el manto del señor Fernando VII”, no como sumisión servil, sino como forma prudente de sostener la autoridad revolucionaria mientras se consolidaba la nueva realidad política.

Apenas cinco días después del 25 de mayo, el 30 de mayo de 1810, la Primera Junta dictó una resolución que suele pasar inadvertida porque incomoda a la historia escrita desde el mostrador del puerto. Ante el reclamo del comandante Gerardo Bordas por pagos vinculados al establecimiento de Malvinas, la Junta resolvió que “para los gastos y pagamentos se considere en adelante el establecimiento de Malvinas como un buque navegando y todos los empleados de destino como dependientes del mismo buque”. La fórmula administrativa es de una potencia política extraordinaria: Malvinas no aparece como tierra extraña, ni como dependencia incierta, ni como dato marginal, sino como establecimiento integrado al sistema de gobierno que Buenos Aires acababa de reasumir. Allí donde el manual ve un expediente contable, la política nacional debe ver un acto jurisdiccional.

Ese acto no inventaba un derecho: lo proyectaba como antecedente jurídico-político de la futura organización de las Provincias Unidas. Las Malvinas habían integrado la estructura territorial española en el Atlántico Sur y la resolución de la Primera Junta revelaba que el nuevo poder revolucionario no concebía aquellos espacios como ajenos, sino como parte de la jurisdicción heredada de la monarquía hispánica en el Río de la Plata. Todavía no existía formalmente el Estado argentino ni se encontraba plenamente consolidada la doctrina del uti possidetis iuris como principio ordenador de las nuevas soberanías americanas; sin embargo, la decisión de Mayo exhibía ya una conciencia territorial que luego serviría como antecedente fundamental para las Provincias Unidas. Mayo no amputó el territorio: comenzó a ejercer sobre él una autoridad política que se asumía continuadora de la espacialidad virreinal. La patria en gestación no era una abstracción de escritorio ni un artificio doctrinario importado de Europa, sino una realidad histórica concreta, extendida desde el Alto Perú hasta el Atlántico Sur. Comprendida desde esa perspectiva, Malvinas deja de aparecer como una cuestión tardía o sobreviniente y recupera su verdadera dimensión: la de continuidad territorial e histórica del proceso revolucionario rioplatense.

La figura de Cornelio Saavedra resulta decisiva para comprender esa dimensión. La historia mitrista lo redujo a un moderado opaco, casi un obstáculo de Moreno, como si la revolución hubiera sido propiedad exclusiva de los doctores veloces y no también de los jefes que tenían tropas, pueblo y sentido de realidad. Pero Saavedra era mucho más que el presidente circunstancial de una Junta. Era el jefe del cuerpo de Patricios, surgido de la resistencia contra las invasiones inglesas; es decir, de la experiencia concreta en que Buenos Aires aprendió que la soberanía no se declama: se defiende. Su autoridad no venía de una tertulia afrancesada, sino de haber visto al invasor británico en la calle, de haber organizado milicias y de haber comprendido que la política exterior empieza cuando un pueblo decide no ser colonia. En sus memorias, al recordar el origen de su carrera militar, invocó “el inminente peligro de la patria”, expresión que vale más que muchas tesis importadas: antes de la Constitución escrita estaba la patria amenazada, y antes del ciudadano abstracto estaba el pueblo armado.

Allí aparece la primera gran falsificación de la línea Mayo-Caseros. Para la corriente oficial, Mayo habría sido el prólogo luminoso de Caseros: la revolución como antesala inevitable del liberalismo portuario, de la Constitución entendida como fetiche, de la apertura económica como destino y de la pedagogía colonial como moral pública. Jauretche desmontó esa trampa con precisión quirúrgica: en esa lectura, Mayo no se habría hecho para constituir una nación como fin en sí mismo, sino para llegar al sistema institucional que Caseros consagró. La consecuencia es brutal: la patria queda subordinada a las instituciones, y la soberanía se vuelve secundaria frente a la forma jurídica. Así se absuelve al que pacta con el extranjero en nombre de la libertad, y se condena al que defiende la extensión territorial en nombre de la soberanía.

Ese es el veneno de la fórmula Mayo-Caseros: convierte una revolución territorial americana en una antesala de la patria chica. Mayo, entendido desde la tradición indiana, no era la negación de la América hispánica sino su reasunción política bajo nuevas condiciones. Caseros, en cambio, fue leído como la victoria de una política antinacional que clausuró la posibilidad de una Patria Grande rioplatense. No se trataba sólo de Rosas, aunque Rosas fuera el pivote de la disputa. Se trataba de saber si la nación era una continuidad histórica con territorio, pueblo y destino, o un expediente institucional disponible para las alianzas externas. En esa diferencia cabe Malvinas entera.

Por eso importa recuperar Mayo contra su caricatura oligárquica-liberal. La Revolución no fue una excursión ideológica de minorías ilustradas, sino un acto de conservación creadora: conservar el territorio, conservar la jurisdicción, conservar la unidad política posible, pero ya bajo conducción americana. Lo comprendieron también los diputados americanos en Cádiz, que no se pensaban como colonos periféricos sino como integrantes de una monarquía compuesta, con derechos, representación y personalidad política. La Constitución de Cádiz de 1812 intentó ordenar ese mundo bajo categorías liberales peninsulares, pero el conflicto americano venía de más hondo: no era sólo representación parlamentaria, era reconocimiento de una realidad política indiana que no aceptaba ser reducida a provincia subalterna de una España liberalizada.

La posterior presencia argentina en Malvinas confirmó esa continuidad. En 1820, David Jewett tomó posesión formal en nombre de las Provincias Unidas; en 1829, Luis Vernet fue designado comandante político y militar; y ese mismo año, en las islas, se celebró el 25 de Mayo con salvas, bandera y fiesta criolla. El diario de Emilio Vernet registra que al salir el sol se tiraron cañonazos y se izó la bandera de Buenos Aires; no era una metáfora: era una comunidad argentina celebrando la Revolución en el Atlántico Sur. El diario de Emilio Vernet como testimonio de esa vida material previa al despojo británico de 1833, destaca la existencia de una población que trabajaba, comerciaba, construía y habitaba las islas antes de la usurpación.

San Martín también comprendió esa geografía política. En su carta del 14 de agosto de 1816 al ministro de Guerra Antonio Beruti, mencionó a los presos destinados a “Patagones, Malvinas u otros” para que fueran remitidos con el objeto de hacerlos útiles al Ejército de los Andes. La referencia no es menor: el Libertador pensaba la guerra continental desde una territorialidad que incluía los confines australes y las islas. La propia información oficial argentina recuerda esa carta como antecedente histórico de la soberanía argentina sobre Malvinas.

Mayo, entonces, no puede separarse de Malvinas sin empobrecerse. La Revolución fue también una conciencia del espacio: del puerto, sí, pero también del interior; de los ríos, pero también del mar; de la plaza, pero también de las islas. La historia oficial achicó Mayo para hacerlo entrar en Caseros; lo volvió liberal, municipal, reglamentario y dócil. Pero Mayo fue más incómodo: fue una revolución americana, territorial, heredera de la tradición indiana y abierta a una soberanía propia. Malvinas es la prueba austral de esa verdad. Allí donde el coloniaje pedagógico ve una efeméride, la nación debe leer un mandato: no hay revolución completa si se renuncia al territorio que la revolución recibió como destino.

Juan Facundo Besson

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