Soberanía no es un expediente en Buenos Aires ni un discurso en Ushuaia: es industria, técnica y control real del territorio

El anuncio del Gobierno Nacional encabezado por Javier Milei sobre el endurecimiento del régimen sancionatorio contra las empresas extranjeras que exploran y proyectan explotar hidrocarburos en la cuenca de las Islas Malvinas sin autorización argentina despierta, de manera inevitable, una expectativa formal. Resulta indiscutible que todo acto orientado a frenar el despojo de los recursos que corresponden legítimamente a nuestro país debe figurar en la agenda pública prioritaria. Sin embargo, quienes nacimos, nos formamos y vivimos en Tierra del Fuego hemos visto pasar demasiados anuncios resonantes que luego se diluyen en la inercia diplomática. Más allá de la expectativa mediática, lo que el pueblo fueguino y la Nación entera exigen son acciones concretas, operativas y sostenidas en el tiempo.

El litigio a la distancia y las resoluciones administrativas firmadas a tres mil kilómetros de distancia han alcanzado un límite estructural evidente. Pero la contradicción de fondo es todavía más alarmante: resulta un despropósito político e histórico pretender defender la soberanía en el Atlántico Sur mientras, en paralelo y desde el poder central, se debilita y asfixia el régimen de promoción industrial y fiscal de la Ley Nacional N° 19.640.

En Tierra del Fuego lo sabemos desde hace más de medio siglo: soberanía es poblamiento, soberanía es trabajo y soberanía es industria. La Ley 19.640 no fue una concesión graciosa ni una prebenda fiscal; nació como una decisión geopolítica fundacional para arraigar familias, levantar fábricas, garantizar presencia soberana efectiva y proyectar al país hacia la Antártida y el Atlántico Sur. Desfinanciar el subrégimen industrial, desproteger a la producción nacional frente a esquemas de apertura indiscriminada y poner en jaque el sustento de miles de familias trabajadoras en Río Grande y Ushuaia dinamita las bases materiales de la soberanía argentina en el extremo sur. No existe proyección bicontinental verosímil con galpones vacíos, despidos y comunidades desmovilizadas.

Ahora bien, el diagnóstico quedaría trunco si redujéramos la mirada exclusivamente al ámbito de las decisiones nacionales. Frente a este panorama, el gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego ha demostrado una inoperancia recurrente, refugiándose en el lamento de ocasión y el repudio por micrófono mientras renuncia a ejercer de manera efectiva las potestades constitucionales que le asisten en su propio territorio.

Los recientes episodios que expusieron dudas sobre la presencia, escalas o apoyo logístico a embarcaciones vinculadas a intereses británicos en aguas australes dejaron al descubierto una alarmante falta de capacidad técnica del oficialismo local. Pretender deslindar responsabilidades escudándose en que la fiscalización de las aguas es resorte exclusivo de la administración federal constituye un argumento insostenible: el artículo 79 de la Constitución Provincial consagra de forma taxativa el poder de policía que la Provincia ejerce sobre sus puertos y costas, y el artículo 81 ratifica el dominio inalienable sobre los recursos del mar adyacente.

¿Cómo puede el Ejecutivo provincial denunciar el colonialismo en foros internacionales y discursos escolares si ni siquiera cuenta con un protocolo de monitoreo en sus aguas jurisdiccionales? Saber con anticipación técnica qué buque entra al canal, qué servicios solicita y qué origen tienen las naves que navegan frente a nuestras costas no requiere permisos especiales: requiere método, tecnología y decisión política. La inacción oficial reduce al Estado provincial a la condición de espectador pasivo de su propia geografía.

La soberanía no se garantiza con gacetillas de prensa de Casa Rosada ni con discursos inflamados desde despachos en Ushuaia. Se defiende con coherencia geopolítica y capacidad de gestión técnica.

Tierra del Fuego no es un confín geográfico postergado ni un territorio condenado a la resignación. Es el centro neurálgico del destino bicontinental argentino. Si el país pretende que el mundo respete sus derechos soberanos, debe empezar por cuidar la industria fueguina y ejercer el control efectivo sobre su propio mar.

Por Lic. Maximiliano García

Lic. en Relaciones Internacionales.