Soberanía prestada

Durante demasiado tiempo los argentinos fuimos educados para ponderar las palabras por encima de los hechos. En la Cuestión Malvinas ese hábito resulta particularmente peligroso: permite confundir una declaración enfática con una política de soberanía y una coincidencia diplomática con una modificación real de las relaciones de poder. La cadena nacional pronunciada por Javier Milei el 3 de septiembre de 2026 obliga a invertir ese razonamiento. El Presidente afirmó que las Malvinas “son argentinas, por historia y por derecho”, caracterizó la ocupación británica iniciada en 1833 como una situación colonial, rechazó que el referéndum de los habitantes pueda resolver la controversia y anunció sanciones contra las empresas involucradas en el proyecto petrolero Sea Lion. Son definiciones relevantes. El problema comienza cuando las palabras pretenden convertirse, por sí solas, en prueba de una política soberana.

 

La pregunta decisiva no es qué dijo Milei, sino qué estructura material de poder existe detrás de aquello que dijo. Su discurso representa un desplazamiento respecto de posiciones anteriores: elogió a Margaret Thatcher, relativizó la visita de David Cameron a las islas y habló del “voto con los pies” de sus habitantes como camino hacia una eventual integración. Ahora adopta un lenguaje más próximo a la doctrina histórica argentina y reconoce una verdad elemental: una Nación económicamente débil y militarmente irrelevante dispone de menos instrumentos para defender sus intereses. Precisamente por eso su política debe juzgarse mediante una regla más exigente: menos declaraciones y más capacidades.

 

Malvinas no es exclusivamente una controversia sobre un archipiélago. Comprende espacios marítimos, pesca, hidrocarburos, comunicaciones, infraestructura, presencia militar, corredores oceánicos, recursos naturales y proyección antártica. Milei incorporó parte de esa dimensión al relacionar soberanía, Antártida, recursos, tecnología y poder militar. El diagnóstico es atendible. La contradicción aparece cuando esa comprensión geopolítica pretende sostenerse sobre una política exterior fundada en el alineamiento con otras potencias. Si la soberanía depende del poder nacional, corresponde preguntar quién controla ese poder, quién produce sus instrumentos y qué margen conserva la Argentina cuando los intereses de sus aliados dejan de coincidir con los propios.

 

Trump y la ilusión del aliado

 

La cuestión adquiere especial importancia cuando Milei presenta su relación con Donald Trump como un factor capaz de modificar favorablemente la posición estadounidense sobre Malvinas. Cualquier reconsideración de Washington constituye una oportunidad que la diplomacia argentina debe explotar. Pero utilizar una contradicción entre potencias no equivale a suponer que han cambiado sus intereses permanentes. El renovado énfasis estadounidense sobre el hemisferio occidental procura reafirmar la primacía de Washington, contener la penetración estratégica de competidores extrarregionales y asegurar recursos, cadenas logísticas y posiciones consideradas esenciales. En ese mapa, la Argentina posee hidrocarburos, minerales críticos, alimentos, capacidades nucleares y satelitales, Patagonia, litoral atlántico y proximidad antártica. La pregunta nacional no es cuánto aprecia Trump a Milei, sino para qué necesita Estados Unidos a la Argentina y hasta dónde esa necesidad coincide con nuestro interés.

 

La advertencia de Gustavo Terzaga en Pal Sur resulta pertinente: un nacionalismo articulado desde Washington puede fortalecer la posición estadounidense en América del Sur sin fortalecer necesariamente a la Nación argentina. Poseer litio no equivale a controlar su cadena tecnológica; disponer de petróleo no significa dominar su procesamiento y comercialización; comprar armamento moderno no proporciona autonomía si municiones, software, repuestos y mantenimiento dependen enteramente del proveedor. Una gran estrategia no exige rechazar vínculos con Estados Unidos: exige utilizarlos para ampliar capacidades propias. La soberanía comienza precisamente donde termina la coincidencia con el aliado.

 

La historia de Malvinas contiene una advertencia temprana. En 1831, la corbeta estadounidense USS Lexington, comandada por Silas Duncan, atacó el establecimiento argentino de Puerto Soledad después del conflicto generado por las regulaciones de Luis Vernet sobre la actividad pesquera extranjera. Existe una conclusión sólida: cuando Washington consideró afectados sus intereses marítimos y comerciales, la soberanía argentina no constituyó su prioridad. La acción precedió a la invasión británica de enero de 1833 y anticipó una constante: las grandes potencias ordenan su conducta según jerarquías de intereses, no según las expectativas de los países periféricos.

 

1982: utilidad no significa alianza

 

Mariano C. Bartolomé permite comprender la guerra de 1982 fuera del encierro explicativo exclusivamente argentino. La crisis de la dictadura, la responsabilidad de la Junta y sus graves errores de cálculo son indispensables, pero no agotan el problema. El conflicto ocurrió durante el recrudecimiento de la Guerra Fría y la creciente valorización estratégica del Atlántico Sur, atravesado por líneas de comunicación marítima fundamentales para el abastecimiento occidental. La expansión soviética en África, la presencia naval de Moscú y la importancia de las rutas oceánicas aumentaban el interés occidental por el extremo austral. Malvinas ofrecía vigilancia, logística y proyección sobre el Atlántico Sur y los accesos antárticos.

 

En ese escenario, la conducción argentina interpretó sus vínculos con Washington de una manera fatalmente optimista. Leopoldo Galtieri había profundizado desde 1981 la aproximación a Ronald Reagan. La dictadura colaboraba con la estrategia anticomunista estadounidense en América Central y pretendía recuperar el vínculo deteriorado durante la administración Carter. El anticomunismo compartido y los contactos militares alimentaron la creencia de que Estados Unidos no sacrificaría su relación con Buenos Aires frente a Londres. La Junta confundió dos condiciones diferentes: ser útil para una potencia y ser indispensable para ella. Argentina podía resultar funcional a la estrategia hemisférica de Reagan sin que esa utilidad alterara la relación histórica, nuclear, naval, tecnológica y de inteligencia entre Estados Unidos y el Reino Unido.

 

Rubén Oscar Moro registró la consecuencia subjetiva de aquel error. Para sectores militares argentinos, el respaldo estadounidense a Londres constituyó una verdadera “sorpresa brutal”. Algunos oficiales llegaron a devolver condecoraciones norteamericanas. Pero hablar de “traición” puede ocultar el núcleo del problema: Washington actuó conforme a su propia jerarquía de intereses; Buenos Aires había construido expectativas que Estados Unidos nunca estuvo obligado a satisfacer. La magnitud de la asistencia terminó por demostrarlo: infraestructura en Ascensión, suministros, inteligencia, cooperación logística y misiles AIM-9L Sidewinder contribuyeron a sostener la campaña británica.

 

La comparación con 2026 debe realizarse con precisión. Milei no es Galtieri, la Argentina es una democracia constitucional y no existe una hipótesis de recuperación militar. Lo que puede repetirse no es 1982 como acontecimiento, sino el mecanismo intelectual que precedió al error estratégico: confundir afinidad ideológica con coincidencia permanente de intereses. Galtieri veía en Reagan un aliado ideológico contra el comunismo; Milei encuentra en Trump un aliado dentro de determinada concepción de Occidente. Las circunstancias son radicalmente distintas, pero permanece una advertencia: ningún presidente argentino debería construir una política de soberanía suponiendo que la amistad con Washington modifica por sí misma los intereses estructurales de Washington.

 

Gran Bretaña: el imperio cambió de forma

 

Tampoco sirve imaginar al Reino Unido como una potencia decadente que conserva Malvinas por nostalgia. Gran Bretaña perdió la primacía mundial del siglo XIX, pero conserva una arquitectura de influencia asentada sobre poder naval, inteligencia, finanzas, derecho, seguros, arbitraje, industria militar, diplomacia y posiciones ultramarinas. El imperio territorial se contrajo; buena parte de su lógica marítima sobrevivió transformada.

 

Londres continúa siendo un centro fundamental del derecho marítimo, los seguros, el financiamiento naval y el arbitraje comercial. Su poder marítimo contemporáneo debe pensarse como una red: Royal Navy, aseguradoras, bancos, estudios jurídicos, corredores, contratos, puertos, cables submarinos, inteligencia y empresas de navegación. La estrategia británica identifica expresamente las rutas comerciales, puertos, cables y chokepoints como intereses nacionales. Gran Bretaña no “controla el comercio mundial”, pero conserva una influencia considerable sobre instituciones mediante las cuales ese comercio funciona.

 

Esa estructura se potencia por su relación con Estados Unidos. Las diferencias circunstanciales entre Trump y Londres no equivalen a una ruptura de la arquitectura angloestadounidense. OTAN, AUKUS, cooperación nuclear, inteligencia, interoperabilidad militar y bases compartidas expresan una relación mucho más profunda que la afinidad entre gobiernos. Ascensión lo demostró en 1982: combustible, pista aérea, comunicaciones y almacenamiento hicieron posible sostener operaciones británicas a miles de kilómetros de Europa. Diego García muestra actualmente una complementariedad semejante en el Índico.

 

Malvinas debe incorporarse a esa cartografía. Gibraltar, Ascensión, Malvinas y Diego García poseen estatutos jurídicos distintos y no forman una cadena administrativa homogénea, pero revelan una geografía de posiciones británicas sobre espacios marítimos estratégicos. Malvinas proporciona presencia sobre el Atlántico Sudoccidental, proximidad a los accesos antárticos y capacidad logística y militar. Su importancia no pertenece solamente al pasado colonial: posee funcionalidad geopolítica contemporánea.

 

Sea Lion: cuando la ocupación produce renta

 

En ese punto aparece Sea Lion. El proyecto encabezado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration convierte la explotación de recursos en una estructura económica de largo plazo. La infraestructura petrolera puede generar ingresos fiscales, empleo, servicios, transporte y cadenas logísticas capaces de fortalecer materialmente la administración británica de las islas. Cada inversión realizada bajo ocupación puede transformarse posteriormente en un interés económico adicional que Londres invoque para consolidar su permanencia.

 

Por eso las sanciones anunciadas por Milei importan. Si alcanzan efectivamente a operadores, accionistas, directivos y proveedores, pueden elevar los costos de participar en actividades no autorizadas por la Argentina. Pero existe una prueba especialmente significativa: Navitas es israelí, mientras Israel constituye uno de los aliados internacionales privilegiados por el Presidente. Si Navitas recibe el mismo tratamiento que Rockhopper, el interés argentino habrá prevalecido sobre la afinidad ideológica. Allí las palabras comenzarán a transformarse en política.

 

Menem y la destrucción de capacidades

 

La contradicción se profundiza cuando Milei reivindica a Carlos Menem como modelo. Durante su presidencia se produjo una transformación profunda del complejo industrial vinculado con la Defensa. El Decreto 1.398/1990, posteriormente aprobado por la Ley 24.045, declaró sujetas a privatización numerosas empresas, fábricas y establecimientos del Ministerio de Defensa. Consideradas sistémicamente, esas capacidades comprendían siderurgia, minería, petroquímica, construcción naval, armamentos, municiones, explosivos, sistemas terrestres y actividad aeroespacial.

 

SOMISA representaba siderurgia; HIPASAM, mineral de hierro; AFNE y Domecq García, construcción y reparación naval; TAMSE, sistemas terrestres; Fabricaciones Militares, armas, pólvoras, explosivos y municiones; el Área Material Córdoba y Tecnología Aeroespacial, capacidades aeronáuticas y tecnológicas. La propia Ley 24.045 ordenaba considerar la “movilización industrial para la defensa” y las transferencias internacionales de tecnologías sensibles. No se estaba modificando solamente un conjunto de empresas deficitarias: se intervenía sobre componentes del potencial estratégico nacional.

 

El Cóndor II pertenece al mismo ciclo, aunque jurídicamente no debe confundirse con aquellas privatizaciones. El Decreto 995/1991 dispuso la desactivación y cancelación irreversible del programa. Más allá de las controversias sobre costos, viabilidad y proliferación, representaba conocimientos acumulados en propulsión, materiales, integración de sistemas y tecnología aeroespacial. Su desaparición expone un problema más amplio: una capacidad abandonada puede resultar imposible de recuperar precisamente cuando un proveedor extranjero decide negar componentes o asistencia.

 

El Reino Unido ofrece la demostración. Su política de licencias mantiene restricciones sobre bienes y tecnologías capaces de incrementar significativamente la capacidad militar argentina. El caso del FA-50 surcoreano fue concluyente: en 2020 Korea Aerospace Industries comunicó que la operación no podía concretarse porque el avión incorporaba componentes británicos cuyas licencias no habían sido obtenidas. La dependencia tecnológica otorgó así a Londres capacidad de veto sobre una adquisición entre Argentina y Corea del Sur.

 

Madrid, inversiones y posguerra

 

Los Acuerdos de Madrid I y II normalizaron las relaciones posteriores a 1982 mediante la fórmula de salvaguardia de soberanía, el cese formal de hostilidades, el restablecimiento de relaciones diplomáticas y mecanismos de confianza militar. Paralelamente, el Convenio para la Promoción y Protección de Inversiones firmado con el Reino Unido en 1990 y aprobado mediante la Ley 24.184 otorgó protección reforzada a las inversiones comprendidas en su régimen.

 

La relación con las privatizaciones no fue abstracta. En 1996, el canciller británico Malcolm Rifkind destacó ante la Cámara de los Comunes las inversiones realizadas en Argentina por British Gas, Anglian Water, National Grid y Unilever, entre otras, señalando las oportunidades abiertas por el programa privatizador. National Grid llegó posteriormente a demandar a la Argentina invocando el tratado bilateral. Julio C. González sintetizó críticamente esa secuencia mediante la idea del “Versalles argentino”: normalización diplomática y apertura económica mientras Londres mantenía la ocupación y consolidaba su posición material en el Atlántico Sur.

 

Aquí aparece una paradoja. Milei admira simultáneamente a Menem y Thatcher, pero parece reivindicar de la experiencia británica principalmente la liberalización económica y no su concepción estratégica del Estado. Thatcher privatizó, pero el Reino Unido nunca renunció a identificar capacidades navales, nucleares, industriales y tecnológicas como cuestiones de seguridad nacional. Privatizar dentro de una estrategia estatal no equivale a privatizar esperando que el mercado produzca espontáneamente una estrategia.

 

Nación en armas

 

Recuperar la noción de “nación en armas” no significa militarizar la sociedad ni necesariamente restablecer el servicio militar obligatorio. Significa comprender que la Defensa constituye una función integral de la comunidad política: involucra población, educación, industria, universidades, ciencia, energía, comunicaciones, logística, infraestructura y Fuerzas Armadas profesionales. Una guerra se libra con soldados; la capacidad para evitarla o sostenerla se construye durante décadas.

 

Savio comprendió que no había defensa sin siderurgia; Mosconi, que no existía autonomía política sin energía; Pujato, que una reivindicación antártica sin presencia material carecía de profundidad. Malvinas agregó una enseñanza dramática: el heroísmo de soldados, pilotos y marinos no puede compensar indefinidamente errores de conducción, dependencia logística, inteligencia insuficiente y carencias industriales.

 

Tampoco basta con comprar F-16. Recuperar capacidad supersónica constituye una mejora concreta. Pero la pregunta estratégica comienza después: quién proporciona repuestos, quién actualiza el software, qué armamento puede integrarse, qué restricciones existen, cuánto puede producirse localmente y cuánto tiempo podría mantenerse operativo el sistema si el proveedor suspendiera su asistencia. Autonomía no significa fabricar absolutamente todo; significa impedir que una dependencia exterior pueda paralizar las funciones esenciales de la Defensa.

 

De Ushuaia al RIGI

 

Los hechos acumulados desde diciembre de 2023 deben analizarse bajo ese criterio. El entendimiento Mondino-Lammy del 24 de septiembre de 2024 retomó la salvaguardia de soberanía y planteó avanzar sobre conectividad, pesca y otras medidas prácticas, mientras Londres mantuvo inalteradas su posición sobre soberanía y su presencia militar. Paralelamente, la aproximación a Estados Unidos adquirió una dimensión concreta en Tierra del Fuego: Laura Richardson, entonces jefa del Comando Sur, visitó Ushuaia en abril de 2024; en 2025 su sucesor, Alvin Holsey, recorrió nuevamente el Área Naval Austral.

 

El problema no es cooperar con Washington. Es determinar quién controla infraestructura, tecnología e información estratégica en Tierra del Fuego, territorio fundamental para Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida. Esa pregunta debe extenderse al radar instalado en Tolhuin, cuestionado por su potencial uso dual, y a cualquier participación extranjera en infraestructura austral. Una base naval argentina puede cooperar con otros países; lo que no puede hacer una estrategia nacional es ceder el control efectivo de aquello que determina su capacidad de decisión.

 

La misma prueba debe aplicarse al RIGI. Atraer inversiones no equivale a conducir el desarrollo. Un gran proyecto minero, petrolero o energético puede aumentar producción y exportaciones y, simultáneamente, generar escasos encadenamientos nacionales si importa sus equipos, exporta recursos con limitada transformación local y no produce transferencia tecnológica. La cuestión soberana es quién fija la orientación: qué se extrae, cuánto se transforma en el país, qué conocimiento queda, qué proveedores nacionales se desarrollan, quién controla la infraestructura y qué proporción de la renta se reinvierte en capacidades argentinas.

 

Una gran estrategia argentina

 

Una política soberana debería relacionarse con Estados Unidos sin convertirse en prolongación de Washington; aprovechar cualquier contradicción entre Trump y Londres sin confundirla con una alianza permanente; comerciar con China sin subordinarse a Beijing; dialogar con Europa sin aceptar automáticamente sus prioridades y reconstruir vínculos sudamericanos sin reducir la integración a retórica. Autonomía no significa aislamiento. Significa diversificar relaciones para impedir que cualquiera de ellas se transforme en tutela.

 

Malvinas tampoco puede continuar reducida a Cancillería. Requiere una estrategia de décadas que articule Patagonia, Tierra del Fuego, Atlántico Sur y Antártida; reconstruya marina mercante e industria naval; fortalezca capacidades satelitales, radares y comunicaciones; preserve sectores tecnológicos críticos; asegure presencia oceanográfica y antártica; desarrolle puertos e infraestructura austral; proteja pesca e hidrocarburos y otorgue previsibilidad a la Defensa. No para preparar una aventura militar, sino exactamente para lo contrario: acumular suficiente poder nacional para que la diplomacia pueda negociar desde una posición menos desigual.

 

Ésa es la contradicción que el discurso presidencial todavía debe resolver. Contiene definiciones que una política nacional debería conservar: Malvinas constituye una disputa de soberanía; la explotación unilateral de recursos debe producir consecuencias; Atlántico Sur y Antártida deben pensarse conjuntamente; ninguna política exterior puede ser eficaz detrás de un Estado económicamente débil y militarmente irrelevante. Pero esas definiciones entran en tensión con una inserción internacional basada en afinidades ideológicas y con un modelo económico que todavía debe demostrar qué lugar reserva al dominio nacional de capacidades estratégicas.

 

La Argentina debe aprovechar cualquier fisura entre Washington y Londres. No hacerlo sería desperdiciar una oportunidad. Pero aprovechar contradicciones entre potencias no significa colocarse bajo la tutela de una de ellas. Trump defiende a Estados Unidos; Londres defiende al Reino Unido; Israel defiende a Israel. Una política exterior argentina comienza por asumir que nosotros debemos hacer exactamente lo mismo.

 

Gran Bretaña comprendió hace siglos que detrás del comercio existen rutas, detrás de las rutas existe seguridad y detrás de la seguridad existe poder. Por eso articuló históricamente flota, bases, derecho, seguros, finanzas, inteligencia e industria. La Argentina necesita aprender esa lección sin copiar ningún modelo extranjero. Una soberanía sin industria, tecnología, ciencia, navegación, infraestructura y fuerza organizada es una soberanía incompleta. La defensa de Malvinas comienza mucho antes de Malvinas: en un astillero, una siderúrgica, una fábrica de municiones, una universidad, un laboratorio, un radar, un satélite, un puerto patagónico, una base antártica y una marina mercante capaz de navegar los espacios sobre los cuales la Nación reclama derechos.

 

Por eso la cadena nacional de Milei merece más exigencia que entusiasmo. Si las sanciones alcanzan efectivamente a Navitas y Rockhopper; si la Base Naval Integrada adquiere capacidad argentina real; si Defensa recupera recursos sostenidos; si la industria nacional participa del reequipamiento y si las inversiones extranjeras producen tecnología, proveedores e infraestructura bajo control nacional, existirán hechos para evaluar un cambio.

 

Hasta entonces conviene recordar la lección que atraviesa dos siglos de historia argentina. En 1831, Estados Unidos actuó según sus intereses marítimos; en 1982, la Junta confundió afinidad ideológica con coincidencia estratégica; durante los años noventa se normalizaron relaciones con Washington y Londres mientras se reducían capacidades industriales y tecnológicas vinculadas con la Defensa. Cambiaron los gobiernos, las doctrinas y el sistema internacional. No cambió una regla elemental del poder.

 

La pregunta de una política soberana nunca debe ser quiénes son nuestros amigos, sino qué obtiene estructuralmente la Argentina de cada relación y qué conserva bajo su propio control. Podemos cooperar con Estados Unidos sin depender de Estados Unidos y negociar con el Reino Unido sin confiar nuestra estrategia al Reino Unido. De lo contrario, cambia el socio y cambia el lenguaje, pero permanece la dependencia.

 

La soberanía no se declama. No se importa. No se terceriza. Y mucho menos se recibe prestada.