El Reino Unido no será garante ante sanciones a empresas pesqueras

Alerta a flotas de España, Taiwán, Corea y Vanuatu: Londres no responderá legal ni financieramente por licencias de pesca en Malvinas ([email protected])

La megademanda colectiva en Tierra del Fuego y las denuncias penales elevan el riesgo de embargos y capturas internacionales de buques, mientras un dictamen del bufete King & Spalding confirma que el Reino Unido carece de responsabilidad patrimonial ante las sanciones.

La supuesta seguridad jurídica de faenar en aguas adyacentes a las Islas Malvinas bajo autorizaciones emitidas por la administración colonial británica ha quedado formalmente desarticulada en los tribunales y en el plano corporativo internacional. A la par de un riguroso análisis de derecho internacional elaborado por la firma global King & Spalding (Argentina's Malvinas/Falklands Offshore Sanctions Regime: Recent Developments, Proposed Legislation and Business Implications), dos frentes judiciales de alto impacto abiertos en Argentina han encendido las alarmas operativas para las flotas de España, Taiwán, Corea del Sur y Vanuatu: la denuncia penal interpuesta en septiembre por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio (de la agrupación Reset Republicano) y la histórica megademanda colectiva promovida en octubre de 2026 ante la Justicia Federal de Tierra del Fuego por la Fundación Agustina Lerena, presidida por el especialista César Lerena y con el patrocinio letrado del constitucionalista Eduardo Barcesat.

La inmensa superficie marítima de la provincia está delimitada por la fijación del límite exterior de la Plataforma Continental Argentina, aprobada internacionalmente ante la ONU (CLPC) entre 2016 y 2017. La provincia ejerce las directrices de soberanía sobre las aguas que circundan:

1. La Isla Grande de Tierra del Fuego y la Isla de los Estados.
2. Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur (actualmente bajo disputa colonial con el Reino Unido).
3. El Sector Antártico Argentino (sujeto a las pautas internacionales del Tratado Antártico - CCAMLR).

El núcleo del dictamen legal confirma una advertencia decisiva: el Reino Unido no actúa como garante financiero, no indemnizará pérdidas ni responderá civil o comercialmente por el impacto patrimonial de las sanciones que la República Argentina ejecute contra los armadores. Aunque la doctrina examinada por King & Spalding abordó originariamente el marco sancionatorio sobre hidrocarburos offshore, sus conclusiones sobre derecho público británico e inmunidad soberana aplican con idéntica fuerza a la explotación de recursos pesqueros vivos. Al regirse el archipiélago bajo el estatus de Territorio Británico de Ultramar (BOT), las competencias de otorgamiento             de permisos recaen exclusivamente en el gobierno local

Por consiguiente, el gobierno de Londres retiene la representación exterior y la defensa militar, pero se desliga por completo de las obligaciones contractuales o contingencias indemnizatorias asumidas en Puerto Argentino / Stanley.

Stanley Services Ltd posee la licencia exclusiva otorgada por el Gobierno de las Islas Malvinas para el suministro de combustible para buques (bunker fuels) en las Islas Malvinas y sus aguas territoriales.

Esta desconexión estructural cobra inmediata gravedad ante la doble ofensiva judicial en curso. Mientras la acción penal de Magioncalda y Fazio impulsa la persecución directa de los responsables corporativos bajo el régimen de ilícitos penales y contravencionales, la megademanda colectiva de la Fundación Agustina Lerena y Barcesat ante el juzgado federal fueguino exige la aplicación estricta de la Ley Federal de Pesca N° 24.922 y la Ley N° 27.564. El litigio reclama multas millonarias indexadas en dólares (US$), el resarcimiento del daño ambiental y patrimonial acumulado, y la inmediata traba de medidas cautelares reales sobre los buques y activos de las firmas infractoras.

El avance procesal coordinado de estas causas plantea un escenario de contingencia transfronteriza sin precedentes para el sector pesquero:

-Pedidos de captura y embargo de buques vía Interpol:

Las causas penales y la megademanda colectiva habilitan la emisión de exhortos judiciales internacionales y órdenes de captura marítima contra las embarcaciones identificadas en los expedientes, exponiendo a los buques a su secuestro e interdicción en caso de ingresar a aguas bajo jurisdicción sudamericana o recalar en puertos alcanzados por acuerdos de cooperación judicial internacional.

-Afectación de activos patrimoniales de las casas matrices:

Las acciones judiciales buscan desestimar la personalidad jurídica de las sociedades mixtas (joint ventures), persiguiendo la responsabilidad solidaria y patrimonial de las matrices pesqueras con sede en Vigo, Kaohsiung, Busan o de firmas pantalla radicadas en Port Vila. Las cuentas bancarias vinculadas al cobro de exportaciones, los cargamentos de productos marinos en tránsito y los activos fijos pueden ser objeto de embargos preventivos en el exterior.

-Incompatibilidad operativa absoluta:

De acuerdo con el Artículo 27 bis de la legislación pesquera argentina, las compañías que directa o indirectamente participen de la actividad en las islas sin autorización de Buenos Aires enfrentan la caducidad y cancelación definitiva de sus permisos, licencias y cuotas individuales transferibles de captura (CITC) en el caladero continental argentino.

-Inviabilidad de arbitrajes de inversión y desamparo de Londres:

Como advierte King & Spalding, los armadores carecen de base procesal para demandar a Argentina ante tribunales como el CIADI / ICSID bajo Tratados Bilaterales de Inversión (TBI / BITs), al carecer las faenas de la legalidad previa exigida por el Estado ribereño soberano. Al mismo tiempo, resulta improcedente accionar contra el Reino Unido, dado que no es el ente otorgante ni el fiador de las licencias insulares.

-Riesgo de cancelación en seguros marítimos (P&I Clubs):

La formalización de litigios colectivos y pedidos de interdicción judicial eleva los estándares de cumplimiento normativo (compliance), forzando a las sociedades clasificadoras y a los clubes de protección e indemnización (P&I Clubs) a evaluar la rescisión de pólizas y garantías de navegación en aguas catalogadas bajo litigio penal y civil en curso.

Para las flotas orientadas al calamar patagónico (Doryteuthis gahi), calamar argentino (Illex argentinus) y merluza negra (Dissostichus eleginoides), el escenario configurado por el dictamen de King & Spalding, la acción penal de Reset Republicano y la megademanda colectiva de la Fundación Agustina Lerena es terminante: el riesgo económico y operativo recae exclusivamente sobre las espaldas de las empresas privadas, dejando a los buques que operan con licencias del FIG expuestos a interdicciones y embargos a escala internacional.

Perfil corporativo del bufete King & Spalding LLP (K&S) es una firma legal multinacional corporativa de primer nivel (white-shoe) con sede central en Atlanta, Georgia. Cuenta con más de 1.300 abogados en 25 oficinas a nivel global y figura en los rankings Am Law 100 y Global 30. La firma opera además a través de su división internacional con sede en Londres, King & Spalding International LLP. El bufete representa habitualmente a grandes corporaciones transnacionales y fondos de capital privado. De acuerdo con reportes de prensa que citan a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la firma ha asesorado al conglomerado inmobiliario de Donald Trump. Su nómina de socios incluye a destacados ex altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos que se incorporaron a la firma tras su servicio público, entre ellos Sally Yates, Rod Rosenstein y Zachary T. Fardon, entre otros.