Eduardo Barcesat: “La situación en Chile los llevó a acelerar el golpe en Bolivia”

Una vez más, el prestigioso constitucionalista, Eduardo Barcesat, recibió a Pal’Sur en su despacho, donde se refirió a un amplio abanico de temas, que tuvieron como epicentro el golpe en Bolivia, “law fare”, deuda externa, e incluso explicó de qué trata la reforma constitucional que él propone.

 

ENTREVISTA

(1º Parte) https://www.youtube.com/watch?v=IsqGVkSWMRE

(2º Parte) https://www.youtube.com/watch?v=9hQDeuE-IJo

 

 El golpe en Bolivia.

 

Contundente y sin rodeos, Eduardo Barcesat sostuvo que “evidentemente es un golpe de Estado, con todas las características nefastas de los golpes clásicos, inspirado seguramente por el Gobierno de Estados Unidos y sus tentáculos sobre Latinoamérica. La situación de Chile con respecto a la posibilidad de perder el gobierno en ese país los llevó a acelerar el golpe a Bolivia, para equilibrar los tantos”.

 

Si bien expuso su preocupación ante lo que sucede, consideró que esta es una “oportunidad que tienen los gobiernos populares de Latinoamérica para recuperar la UNASUR y la CELAC, y tener la misma actitud cuando existieron los golpes contra Paraguay y El Salvador. No se puede permitir que la voluntad sea desafiada por estos grupos fasistoides que con las armas y el dinero suministrados por el imperialismo tumban gobiernos y nos retrotraen treinta años de construcción a favor de los pueblos”.

 

“El gobierno de Evo ha sido el más progresista y exitoso del continente latinoamericano, y su caída es un baldón para el proceso democratizador igualitario e inclusivo de nuestra latinoamerica”, añadió el prestigioso letrado.

 

En este contexto, señaló que espera “que esto fracase y que las fuerzas populares se reamen para preservar el gobierno electo por el pueblo y que esto no solamente reponga a las autoridades, sino que destruya todo intento golpista en el continente sudamericano; de lo contrario, todo gobierno que asuma ahora va a estar signado por un temor de no avanzar demasiado en lo que al imperio no le agrade, no sea cosa que el imperio se enoje y genere este tipo de golpe clásico o, incluso, disimulados, como ocurrió en Brasil para sacarla a Dilma e inhabilitar a Lula. Debe existir una actitud fuerte de los gobiernos latinoamericanos, porque la democracia es un valor adquirido por nuestros pueblos”.

 

“Los del campo progresista rápidamente pasamos de la euforia producida por la libertad de Lula, a tener esta situación de duelo por la momentánea caída del Gobierno de Evo Morales”, añadió.

 

Lawfare

 

En primer término, el doctor explicó que esta metodología es “la continuidad de la doctrina de seguridad nacional, bajo otras formas”. Algo que surge a raíz de que “tirar bombas, asesinar, encarcelar y desaparecer, goza de mala prensa a nivel internacional, y por lo tanto buscaron otro mecanismo para realizar el mismo fin: la destrucción del enemigo”, que en este caso vendrían a ser todas las personas que perjudiquen intereses imperialistas.

 

Es una muerte civil del siglo XXI. Una metodología que cabalga sobre la doctrina que dice que derecho es lo que los jueces dicen que es. Una visión que se basa en el denominado common law, donde lo que interesa es lo que dice el juez en el caso concreto”, apuntó Barcesat. En este caso, señaló que lo que produce es la orquestación de “procesos ficcionales que no se corresponden con la realidad, y que solo son relatos que se sostienen en la comunicación social y en la prepotencia de los jueces, pero no en la verdad: son la creación de una pseudo verdad por fuera de las reglas del debido proceso”. Según el letrado, el caso emblemático es el juez federal Claudio Bonadío, al que se lo pudo escuchar en una entrevista hablar de labor creativa.

 

 “Esto además de ser un instrumento de intereses foráneos, destruye todo lo gestado a nivel jurídico por los pueblos latinoamericanos que se asientan en el modelo europeo. Esto es tirar por la borda nuestra cultura jurídica”, explicó.

 

En esta línea, Barcesat consideró que “el lawfear creo que esta ya fisurado, y tuvo dos golpes; el primero en Brasil con Lula, y en Argentina con un dictamen del fiscal Dilelo sobre la causa de los cuadernos donde explica que no existió prueba bien adquirida, donde los fiscales se adjudicaron la causa obviando el sorteo” y además “hubo presión sobre los testigos”.

 

“El segundo golpe, más categórico, es el informe del relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas que hace un listado de las felonías que se cometieron desde el poder ejecutivo, los jueces y el concejo de la magistratura y que atañen a cuestiones de la propia Corte suprema de la Nación, como ser el caso Freiler”, ejemplificó. 

 

Por ello, “lo que deberíamos hacer ahora, estando en presencia de este agrietamiento, es que la Corte realice un pronunciamiento y si no lo hace, que el propio Congreso de la Nación en su primera sesión, le recomiende a los jueces que estuvieron guardando silencio ante estas tropelías procesales que instruyan a los jueces inferiores para que todo esto que no supera el control de legalidad sea anulado y las piezas de valor probatorio sirvan para un nuevo procedimiento, y deshacer todos los abusos que produjeron estas causas que constitucionalmente no son tales. Son procesos ficcionales que enturbian el prestigio de la dignidad del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales”.

 

“El poder judicial de la Argentina no es republicano ni representativo, y por lo tanto contradice el artículo uno de la nuestra constitución. La guerra judicial es la continuación de la guerra por otros medios”, aseveró.

 

Reforma Constitucional

 

En principio, Barcesat explicó que “la parte dogmática, que define el proyecto político económico argentino sigue siendo el modelo de 1853/60, que es de un país agropecuario, agro exportador, fiduciario y rentístico que dio lugar a dos oligarquías: la terrateniente o agropecuaria y a la financiera. Eso no sirve para nada y hay que cambiarlo, y esto hacer que hacerlo atendiendo a que los recursos naturales son, como dicen los tratos internacionales, de titularidad del pueblo no de los Estados, no de los gobiernos, sino de los pueblos”.

 

En cuanto a la integración de Latinoamérica y el Caribe, aseguró que “no puede ser que venga un papanatas como el actual presidente y nos saque la UNASUR, el Mercosur, la CELAC y terminemos inermes como sucede hoy con lo que sucede con Bolivia”.

 

“La política de derechos humanos la Argentina ha logrado una incorporación normativa de las más ricas, y que nos pone a la cabeza de los países civilizados, pero no basta con aprobar los textos, sino que hay que convertirlos en un instrumento de cambio social, sino van a seguir siendo una nube jurídica”, indicó Barcesat.

 

En este sentido, “el poder Judicial debe ser repensado totalmente, para combatir el law fare, y en principio esto se logra con un sistema de elección de jueces que no sea a dedo. Cuanta más presencia de pueblo haya en los poderes, mejor funcionarán, como en el caso de la Consejo de la Magistratura que es un órgano político que no dicta sentencia, debe tener representación popular y voto popular. No hay una buena razón para que solo sean los abogados los que puedan elegir los jueces”.  

 

“Habrá que pensar si solo los partidos políticos pueden ser los que propongan candidatos, un monopolio, como sucede ahora, o si las organizaciones sociales o sindicatos pueden también hacerlo. Los partidos políticos no son una garantía de que se seleccionen los mejores”, aseguró.

 

“La información pública es un servicio público, como lo es la provisión electricidad, de gas y de agua portable, y por lo tanto debe tener clausulas que prohíban el monopolio, el precio justo la distribución asegurada el acceso para todos. La información es indispensable porque no hay ejercicio de derechos civiles, sociales, culturales y políticos si uno no sabe qué es la cosa pública”, añadió.. 

 

Deuda externa y fuga de capitales

 

Para el prestigioso constitucionalista, “todo lo que ha hecho Macri en materia de deuda externa y fuga de capitales es atroz y aberrante, un verdadero crimen de lesa economía. Nos han dejado una deuda impagable en condiciones impagables poniendo en juego las riquezas y recursos naturales de nuestro país, que de acuerdo a la constitución de la Nación por cierto en gran parte son de las provincias: es como si uno tomara un préstamo hipoteca e hipoteca no la casa propia, sino la del vecino”. 

 

“La fuga de capitales no la inventó Macri, pero sí la aceleró, y al igual que el pago a los Fondos Buitres fue hecho para favorecerse a sí mismo, a sus familiares y su grupo de empresarios amigos”, apuntó.

 

Por ello, Barcesat planteó la necesidad de “instar una Convención Internacional de prevención y sanción de la fuga de capitales donde tengan condena penal no solo los que fugan, sino los que las reciben: los gobierno, los funcionarios y las entidades financieras que la reciben sin preguntar de donde vienen o en qué se los va a emplear”.

 

“Los países ricos se horrorizan por la fuga de capitales de los países emergentes, pero la realidad es que van a las manos de ellos que los emplean para los peores fines: la guerra, el armamentismo, la trata de personas, el narcotráfico, cuanta inmundicia ha inventado el género humano está financiado con este capital negro”, reveló.

 

Consultado sobre si la forma en que Macri tomó la deuda es reprochable jurídicamente, el letrado dijo: “Mas allá de cualquier valoración de para qué se utilizó la deuda que se contrajo, lo primero que a nivel jurídico debe analizarse, es que hay que analizar si quien contrajo la deuda tenía la competencia para hacerlo y si la forma que lo hizo es la que la constitución marca, y Macri no cumplió ninguno de esos requisitos”.

 

“El futuro gobierno argentino, antes de sentarse a negociar, debe establecer mecanismos, para examinar los actos de contratación de deuda y si es el caso que no satisface el control de legalidad, esto se plantee ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, previo a pagar un dólar, porque hay que quitarles la petulancia de sentirse acreedores y si ellos no tuvieron la prudencia de contratar un estudio jurídico que supiera algo de constitucional, hay que aplicarle un adagio. No se escucha en el derecho al que alega su propia torpeza y otro quienes son autores y partícipes de un acto nulo no hay reclamo entre sí”.