La emergencia, el legado de Macri

El 2019 llega a su fin. Un año signado por las elecciones presidenciales que le pusieron fin al gobierno de Mauricio Macri, el primer jefe de Estado de la historia argentina que se presentó a la reelección y no ganó.

El resultado de los comicios de octubre no fue casual. Los cuatro años de gestión de Cambiemos al frente del país significaron una fuerte y profunda crisis económica que le demandará al nuevo gobierno grandes desafíos.

Para enfrentarlos, Alberto Fernández tomó la primera decisión: enviar al Congreso una Ley de Emergencia que le permitiera empezar a reactivar nuevamente la matriz productiva y financiera de la Argentina.

Este gran paquete de medidas fue aprobado por ambas Cámaras del Poder Legislativo apenas 10 días después de la asunción del nuevo Presidente. La “Ley Ómnibus” -como se la llamó en algunos medios- fue duramente criticada por quienes ocuparon hace días nomás los espacios de poder y decisión, hoy parados en la vereda de enfrente. 

Pero lo cierto es que la Emergencia declarada por el flamante Gobierno no es más que el legado de Mauricio Macri, producto de muchas de las medidas que tomó en los últimos cuatro años y dejaron al país en las circunstancias actuales.

Para el economista Hernán Letcher, hubo al menos cuatro políticas adoptadas por el Gobierno anterior que obligaron a Alberto Fernández y equipo a declarar las emergencias: “Eliminar retenciones, bajar bienes personales, modificar la ley de movilidad y desregular la cuenta capital”, enumeró a Pal’Sur.

Letcher, en conjunto con el Centro de Economía Política Argentina, elaboraron un exhaustivo informe, en el que analizaron de manera detallada las medidas económicas recientes con un carácter explicativo y analítico a la vez que tienen por objetivo revertir lo que hecho por Macri. 

Modificación de los Derechos de Exportación para bienes y servicios

La primera medida que se tomó fue la eliminación del tope de derecho de exportación de $4 por dólar exportado que se había establecido en septiembre de 2018 quedando en vigencia una alícuota de 12%.

“Estos derechos de exportación establecidos durante el macrismo se explicaron por el pedido del FMI de restituir retenciones en un contexto recesivo, luego de haber sido eliminadas en su totalidad en diciembre 2015 y de haber marcado una tendencia descendente para la alícuota de la soja año a año (con un punto de inicio de 30%). Con esta modificación, al pasar de un valor monetario fijo a un porcentaje a través de una alícuota, la recaudación no se reduce en la medida en que el tipo de cambio sube. En efecto, con el esquema anterior, a más devaluación se generaba menor nivel de recaudación fiscal, licuándose el derecho de exportación. Ello ocurrió muy nítidamente desde septiembre 2018 a esta parte, pasando la alícuota de 10,8% ($4 de retención con un tipo de cambio mayorista de $37,13), a una relación de $4 por un tipo de cambio de $59, lo que redujo prácticamente a la mitad la alícuota final aplicada hasta el 6,6%”, señalaron desde CEPA.

 

No sólo se restituyeron alícuotas en lugar de continuar con sumas fijas en pesos, sino que se elevó el tope de derechos de exportación al poroto de soja, al 33%; un valor más bajo que el de 2015, cuando se ubicaba en 35%.

En el caso de los derechos de exportación a hidrocarburos y minería se definió estipular la alícuota al 8%, a la vez que se incorporó alícuotas máximas del 5% a los productos agroindustriales de las economías regionales definidas por el Poder Ejecutivo Nacional y a su vez para bienes industriales y servicios. Estos últimos pagan en la actualidad un tope de $3 por cada dólar exportado.

Regulación al acceso al dólar para atesoramiento, turismo y viajes 

El Gobierno nacional fijó un impuesto de 30% a la compra de pasajes al exterior, a los consumos y gastos con tarjeta realizados en otros países y para atesoramiento. La medida no contemplaba la devolución a través del Impuesto a las Ganancias como se había aplicado hasta el año 2015 (cuando funcionaba vía resolución de AFIP un 35% de recargo para compras por tarjeta) sino que al tratarse de un impuesto, se efectivizaba un nuevo valor de tipo de cambio desdoblado del oficial. 

¿Por qué se tomó esta decisión? Para CEPA, la salida de dólares resultaron más que significativos en una economía que encuentra con serias dificultades para producir dólares por la vía comercial y presenta un cronograma de compromisos en dólares abultado para los años subsiguientes.

 

Asimismo, señalaron que “la introducción de la herramienta impositiva permite aportar recursos en el marco de la necesidad de mejora el frente fiscal, decisión acompañada por la suba de retenciones y la restitución de las alícuotas de bienes personales”.

Restitución de las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales 

En cuanto al Mínimo No Imponible, permanece en $2.000.000 y se mantiene también la exención de la casa habitación por un valor menor a $18.000.000. Asimismo, se aumentan las alícuotas, conformándose cuatro tramos de nivel patrimonial. El primer tramo se aplica sobre un patrimonio que excede en hasta $3 millones el Minino No Imponible (de $2 millones) y tendrá una suba de la alícuota desde 0,25% a 0,50%, para el segundo tramo que va de $3 millones a $6,5 millones de patrimonio por encima del MNI, ascendería de 0,50% a 0,75%. El tercer tramo se rige por un patrimonio de $6,5 millones a $18 millones por encima del MNI y paga 1% de alícuota, mientras que el tramo más elevado, cuando el patrimonio imponible supera los $18 millones por encima del MNI, ascendería 1,25%. Asimismo, por los bienes situados en el exterior podría aumentarse la alícuota en hasta un 100%.

Al finalizar 2019 este tributo aportará aproximadamente unos $28.200 millones, tan solo un 55% más que cuatro años atrás, en 2015. Esto se debe a las modificaciones impulsadas en 2016 que significaron la reducción progresiva de la alícuota (luego de la ley de blanqueo de capitales), la eximición de pago para los cumplidores y el aumento del Mínimo No Imponible. 

No obstante, la estimación realizada por CEPA del impuesto que se habría recaudado en 2019, si se hubieran mantenido las alícuotas vigentes en 2015, asciende a $89.600 millones y en 2020 podría alcanzar unos $125.000 millones.

Jubilaciones: suspensión de fórmula de movilidad y revisión de jubilaciones de privilegio 

La propuesta para los jubilados implica dos bonos de hasta $5.000 (diciembre y enero) para aquellos que cobran menos de $ 19.068: en el caso de las jubilaciones mínimas, cobran el bono pleno ($14.068 + $5.000) y para el resto, el bono será del monto que permita alcanzar el monto máximo de $19.068. 

Asimismo, se suspende la movilidad por seis meses, mientras se elabora un nuevo mecanismo de actualización, y se prevé el aumento por decreto de manera trimestral. Para ello, la ley faculta al Poder Ejecutivo a realizar modificaciones de partidas presupuestarias.

“Si bien el panorama se encuentra aún indefinido en lo que refiere a la movilidad a aplicarse, las decisiones hasta ahora anunciadas sobre el pago de los bonos de $5.000 en dos etapas, tienen un impacto sensible sobre la evolución de la jubilación mínima (Gráfico 2). A ello cabe agregar el acuerdo con los laboratorios para reducir el precio de medicamentos en el orden del 8% y determinar un congelamiento hasta fines de enero de 2020”, aseguran en el informe.