Coparticipación: cómo se reparte la torta 

El sistema de distribución de fondos nacionales hacia las provincias quedó en el centro de la discusión política luego de que el presidente Alberto Fernández decidiera traspasar a la provincia de Buenos Aires un punto de la masa correspondiente a la Capital Federal.

 

De acuerdo a los argumentos esgrimidos por el jefe de Estado, la maniobra tuvo como principal objetivo financiar el Plan Integral de Seguridad que, a raíz de intensas manifestaciones, incluyó una importante recomposición salarial al personal de la Policía Bonaerense y del Servicio Penitenciario de aquella jurisdicción.

 

Por supuesto, la medida despertó el descontento del Gobierno porteño, cuyo jefe Horacio Rodríguez Larreta adelantó que acudirá a la Corte Suprema de la Nación para evitar que recorten sus ingresos.

 

En este contexto, es necesario traer a colación cómo se reparte el dinero de Nación a las provincias y cuándo se estableció el actual esquema, para entender la necesidad de una urgente modificación. 

 

El régimen vigente fue establecido en enero de 1988 a través de la Ley 23.548 de forma transitoria. La reforma constitucional de 1994, que otorgó autonomía a la Capital Federal, contemplaba una reglamentación definitiva. Hasta hoy, eso no sucedió.  

 

La coparticipación, en sí, consiste en el reparto entre las provincias de una porción de los fondos tributarios recaudados por la Nación. Esta distribución se hace en tiempo real, es decir, a medida que ingresa dinero, la administración la centraliza y luego la transfiere de manera automática.

 

Según la ley, hay dos detracciones de la masa coparticipable. Un 15% que se destina al financiamiento del sistema previsional nacional y otros gastos operativos; y una suma fija de $45,8 millones mensuales que se reparte entre las provincias.

 

Del total del dinero, un 42,34% va al Tesoro Nacional, un 56,66% a las provincias y 1% al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que maneja el Ministerio del Interior.

 

De ese 56,66% que va para las provincias, dos puntos porcentuales se destinan a Buenos Aires, que percibe 1,5701; y Chubut, Neuquén y Santa Cruz, que se reparten lo restante, es decir, 0,1433 puntos para cada una. 

 

Finalmente, el 54,66% restante se divide entre 22 provincias del país de acuerdo a un índice establecido en 1988.
 
19,93 p.p son para Buenos Aires,
9,28 p.p. para Santa Fe,
9,22 p.p. para Córdoba,
5,18 p.p. para Chaco,
5,07 p.p. para Entre Ríos,
4,33 p.p. para Mendoza,
4,29 p.p. para Santiago del Estero,
4,94 p.p. para Tucumán,
3,98 p.p. para Salta,
1,38 p.p. para Santa Cruz,
2,37 p.p. para San Luis,
3,51 p.p. para San Juan,
2,62 p.p. para Río Negro,
1,54 p.p. para Neuquén,
3,43 p.p. para Misiones,
2,15 p.p. para La Rioja,
1,95 p.p. para La Pampa,
2,95 p.p. para Jujuy,
3,78 p.p. para Formosa,
3,86 p.p. para Corrientes,
2,86 p.p. para Catamarca y
1,38 p.p. para Chubut

 

Entre todas las provincias, suman la totalidad del dinero coparticipable. ¿Qué quiere decir eso? Que, eventualmente, si se le aumentan los puntos a una Provincia, ese dinero saldrá de otra. 

 

Los casos de CABA y de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur son un tema aparte, ya que cuando fue sancionada la Ley, no eran considerados territorios autónomos. 

 

“La ley de coparticipación Nº 23.548 hace expresa mención que sobre estas dos jurisdicciones, la Nación deberá asignarle recursos estableciendo un criterio inevitable, y ello es que no podrá ser inferior a los porcentajes establecidos en el año 1987”, explicó a Pal’Sur el economista y abogado fueguino, Luis Moreno. 

 
En efecto, el Artículo 8 de la mencionada ley establece: “La Nación, de la parte que le corresponde conforme a esta Ley, entregará a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y al Territorio Nacional de Tierra del Fuego una participación compatible con los niveles históricos, la que no podrá ser inferior en términos constantes a la suma transferida en 1987. Además la Nación asume, en lo que resulte aplicable, las obligaciones previstas en los incisos b), c), d), e) y f) del artículo 9º, por sí y con respecto a los organismos administrativos y municipales de su jurisdicción sean o no autárquicos”.

 

“De esa manera, y en cumplimiento del artículo 8° de la ley N° 23.548, la provincia de Tierra del Fuego y la C.A.B.A. detraen su participación de la Masa Coparticipable Neta (a diferencia del resto de las provincias de acuerdo a los coeficientes establecidos por el Poder Ejecutivo Nacional: C.A.B.A. 3,5% (dcto. 257/2018) y Tierra del Fuego, 0,7% (dcto. 702/1999). 

 

“Un cálculo sencillo demostraría que en términos nominales, esas tasas representan un volumen de dinero considerablemente mayor que en el caso de los porcentajes de las demás jurisdicciones (por ejemplo, San Juan y C.A.B.A. tienen asignados porcentajes idénticos que representan volúmenes monetarios marcadamente distintos). Los porcentajes que representan lo que efectivamente reciben suelen ser entre un 45 y un 75% mayores a los 3,5% y 0,7% antes señalados. Esto ocurre porque precisamente los coeficientes asignados se aplican sobre una masa mayor (en el caso de la C.AB.A. y Tierra del Fuego la denominada Masa Coparticipable Neta, contra un porcentaje de ella para el resto de las provincias)”, señaló Moreno.

 

Y añadió: “Estos coeficientes marcan el piso de distribución fiscal sobre el que el poder Ejecutivo no puede avanzar. El caso particular de CABA es que, aparte del coeficiente de coparticipación asignado, mediante un decreto para cubrir el financiamiento del traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, se fijaron montos infinitamente más elevados, y es ese el punto en cuestión”.

 

En este contexto, el economista se preguntó: “¿Qué es lo que hizo el Presidente Mauricio Macri en 2016? La Nación renunció a parte de sus recursos para entregárselos (con la justificación del traspaso de la Policía Federal) al gobierno porteño. El resultado es que entre 2016 y 2019 fueron transferidos a CABA unos 127.000 millones de pesos más que los necesarios para ese fin. El círculo que se cierra es que el Presidente Alberto Fernández le detraiga a la CABA una parte de lo que, sin justificación ni necesidad, Mauricio Macri le había dado, y pasarlo a la provincia de Buenos Aires”.

 

“Por otra parte, la Nación gasta en la Ciudad nueve veces más por habitante que en el resto del país. Si bien son varios los factores que explican esta diferencia (algunos justificados por ubicarse en CABA la sede de gobierno) el más importante es que el Estado federal se hace cargo –con fondos nacionales– de proveer servicios públicos de agua, luz, gas, colectivos, trenes urbanos y el servicio de justicia en lo civil, comercial, penal y laboral, entre otras funciones, a la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que en el resto del país estas funciones las ejecutan los estados provinciales con sus propios recursos, en Ciudad de Buenos Aires las gestiona y financia la Nación”, señaló Moreno. 

 

Asimismo, el reconocido abogado resaltó que “esta situación diferencial que tiene CABA en detrimento del conjunto del país ha sido construida sin pausa durante más de 200 años. El poder institucional, económico y mediático, las tres patas que conforman la argamasa de la supremacía, se concentra en un puñado de manzanas, que tienen incidencia lobbista sobre el poder político, que prefiere flotar pasivamente en las mieles del status quo, que avanzar sobre transformaciones superadoras”.

 

“Ello explica en gran medida que la distribución inequitativa de los fondos de disposición nacional, durante la gestión pasada, hayan sido escandalosamente orientados preferencialmente a la ciudad de buenos aires, lo cual no solo es consecuencia de una especulación política, sino que es la partitura que marca que la concentración de la riqueza en términos de distribución social, se conjuga con la concentración de la riqueza en términos geográficos. Es cierto lo que dice el refrán que Dios atiende en Buenos Aires, pero lo grave es que además de producir notorios desequilibrios, cobra un canon altísimo por ello”, concluyó.