Una propuesta a medida del deseo kelper y los intereses británicos, en el seno del Consejo Nacional de Malvinas

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(todas las palabras subrayadas llevan a un link para ampliar la información)

LA CUESTIÓN MALVINAS

 

Cuando hablamos de cuestión, y sobre todo en este caso, no debemos solo buscar referirnos a un punto controvertido que impulsa debate y análisis, sino que estos métodos, junto a propuestas, deben buscar la obtención de una solución acorde a los legítimos, irrenunciables e imprescriptibles derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, y todos los territorios usurpados por el Reino Unido. Es decir; la Cuestión Malvinas está necesariamente orientada al logro de un resultado que debe ser obtenido por medio no solo de la reflexión sino también de actividades que busquen concretar el fin determinado, muy específico, y que, por sobre todo, indiscutiblemente para cualquier argentino, no puede tener ningún punto controvertido, por estar explícitamente determinado en la Constitución Nacional.

 

Para entender el objeto de la Cuestión, en principio, hay que explicar algo que pocas veces se expone con precisión: la soberanía no puede ser extirpada por un acto antijurídico, violento y realizado mediando acuerdos de paz y amistad, y es por ello que, como principio, hay que entender que “la disputa” que plantea la “Cuestión Malvinas” no es por la soberanía en sí, sino por “la recuperación el ejercicio pleno de soberanía” sobre el territorio usurpado, depredado y militarizado por la criminal potencia colonial ocupante. Aclaro esto porque muchos “especialistas” y funcionarios, quizás para simplificar (o por total ignorancia), en sus abundantes disertaciones dicen que existe “un conflicto por la soberanía”, generándose así una confusión en la comunidad y una oportunidad de tergiversación para el enemigo, que es importante desterrar de entrada, por lo menos para entender los siguientes razonamientos.

 

LA PROPUESTA EN CUESTIÓN

 

A veces cuando se leen algunas iniciativas a las que su impulsor y/o sus publicistas caratulan de “realistas”, uno, por el contenido de esta y el lugar desde el que uno lo analiza, puede tranquilamente pensar que ese calificativo corresponde a la acepción que refiere a una cierta fidelidad a los intereses de la corona británica.

 

Sin que necesariamente tenga que existir duda acerca de las buenas intenciones del Dr Marcelo Kohen dirigidas a romper la quietud inercial en la que se desenvuelve la Cuestión Malvinas en el ámbito diplomático, y que todos sabemos solo beneficia a la potencia colonial y por añadidura a su colonia de semovientes británicos, creo de relevancia informar sobre lo que un actual integrante del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur (en adelante Consejo Nacional de Malvinas) piensa y propone como solución a la disputa, que, a mi entender -y entiendo que es el de la Constitución Nacional desde el año 1994-, debiera resolverse sin otra fórmula ni grises que con “la recuperación del ejercicio pleno de soberanía” sobre nuestros territorios temporal y criminalmente usurpados por el Reino Unido.  

 

Tal cual expone el portal INFOBAE, el 22 de marzo de 2018, el Dr Kohen presentó una iniciativa para salir del “punto muerto” en el que se encuentra la Cuestión discutiendo una propuesta concreta que se cimentaba en el jingle “soberanía argentina, autonomía isleña”, para lo cual, tuvo la decisión de ir a las islas y explicarla a los isleños: una situación que impulsa a un necesario análisis por sí misma, y que es llamativa por varios factores.

 

En principio resulta cuando menos raro el que haya tenido la “suerte” de que lo dejaran entrar para hablar de “soberanía argentina”: algo complejo de entender teniendo en cuenta las restricciones y listas negras que existen para o por hablar de nuestros derechos en el suelo malvino o exhibir alguna bandera argentina. También resulta extraño que habiendo llegado y disertado no le prohibieran su ingreso posterior como le sucedió a varios, que sufrieron esto solo por desplegar alguna bandera en suelo argentino. No solo eso, además logró que la Cámara de Comercio colonial Local le permita alquilar (o le alquilara) un local para ello, y que, incluso, se publicitara la disertación en el diario para que asistiera el grupo humano que parasita las islas. Todos estos “grandes logros”, a muchos nos da la idea, son, en principio, la prueba irrefutable de que tan desfavorable a los intereses británicos no es lo que propone, o que tan favorable a los argentino tampoco es.

 

Si bien puede ser cierto que debe ser mucha la valentía para ir a territorio hostil a disertar sobre el tema Malvinas, la realidad es que los permisos británicos para realizar eso no fue algo de menor valía y cantidad. Si imaginemos que solo sacar una bandera o exhibir colores ue la den a entender, exhibiendo indirectamente nuestros legítimos derechos, es motivo suficiente para ser repudiado y desterrado (e incluso ingresado en una lista negra), es difícil concebir o entender cómo hablar de la recuperación de ejercicio pleno de soberanía sobre el territorio usurpado no es algo aún más perjudicial para la corona y aún mas sujeto a reprimendas por parte de la colonia y su amo. Luego, por último, siguiendo el razonamiento, resulta realmente complejo de entender que ir a presentar un proyecto adverso a los intereses británicos pueda realizarse y luego de ello, el expositor, pueda seguir visitando las islas… Pero bueno…

 

Apartándonos del viaje en sí, vamos a hablar muy sintéticamente de la propuesta por sí, solo dejando para el final, lo que como argentino, y particularmente como fueguino malvinero más me preocupa y veo que es lo menos es advertido por la comunidad de especialistas y la clase política.

 

Para el especialista Marcelo Kohen, Malvinas no debería ser parte de la actual provincia de Tierra del Fuego Antártida e islas del Atlántico Sur (en adelante TDF,AEIAS), ya que “si hay una solución a las Malvinas, la solución no va a ser que pertenezcan a la provincia” –aclaro que Malvinas no es un problema en sí, sino la usurpación de ella por parte del RU- porque de lo contrario no respetaríamos lo que reza nuestro propio precepto constitucional (“respetando el modo de vida de sus habitantes”) y tampoco las resoluciones que hablan de “respetar los intereses de los habitantes”.

 

Con respecto al nombre de las Islas, que toda persona informada sobre el aspecto histórico de la disputa sabe simboliza y exhibe uno de los factores fundamentales de nuestros derechos sobre ellas, sostiene que es una cuestión accesoria, sin importancia. Y en lo referente a al nombre de la Capital, cree que Puerto Argentino no es su nombre real, sino Port Stanley.

 

Para Kohen la organización de la nueva provincia, debería estar en manos de las mascotas británicas, quienes “decidirán quién puede residir ahí y quién no. No cualquier argentino podrá vivir ahí”, es decir necesitarán la autorización kelper para poder instalarse, siendo este, según él “un modo de preservar el modo de vida de sus habitantes”, ya que si se instalaran 10 mil argentinos esto cambiaría la “composición demográfica”.

 

Los recursos naturales quedarían en manos de los kelpers, ya que los recursos del mar territorial son de las provincias, y en lo que respecta a la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva debería pensarse un régimen de coparticipación entre el Estado Federal y el Estado Provincial creado a medida de los usurpadores y sus intereses. Además, los kelpers deberían tener representación propia en organismos técnicos internacionales. Y con respecto al ordenamiento pesquero en el Atlántico Sur, debería aceptarse que argentina promueva un organismo que tenga participación de la provincia británica.

 

En lo referente a los habitantes, parece no importarle que los descendientes de los actuales británicos que nazcan en las islas sigan siendo siempre británicos automáticamente y con opción a una doble nacionalidad.

 

La provincia debería desmilitarizarse y luego podría construirse una policía provincial, obviamente británica.

 

Por último, para terminar, el Dr Marcelo Kohen, propone que después de 30 años, el instrumento colonial británico, que dominaría siempre el sistema inmigratorio de las islas (como siempre lo hizo ilegítimamente y sin autorización de nuestro país), “pueda organizar un referéndum, para decidir si se mantiene esta situación o si las islas podrían asumir una soberanía plena”, algo que contraría la constitución nacional y, en este sentido, más de uno podría entender como lindante a la traición a la patria. Es decir, luego de 30 años de concesiones, el Estado argentino, le otorgaría de alguna manera, y desde que se firmara el acuerdo, el título de “pueblo”, y su posibilidad de transformarse en un estado asociado más de la Comunidad Británica de Naciones (Commonwealth of Nations), pero enquistada en nuestro Atlántico Sur y con segura proyección sobre nuestro territorio Antártico, con el aval del Estado argentino. Un pleno.    

 

Uno de los motivos más fuertes por lo que no se le da validez en la comunidad internacional a un referéndum kelper (como el de 2013) es que en las islas luego de la usurpación de 1833, se estableció un rígido sistema de exclusión inmigratoria para filtrar cualquier persona que quisiera expresar disidencia sobre la versión británica, solo permitiéndose vivir en la colonia a los que ellos implantaron y alguna que otra persona que le interesara nada los temas de soberanía. Por lo expuesto, hoy querer legitimar y avalar que quede en manos de la colonia el sistema inmigratorio para luego decirles que van a tener la posibilidad de elegir sobre su status jurídico internacional, avalando la actividad anterior y dándole el poder de lograr su más ansiado sueño (“deseo”) que es legitimar cualquier decisión de la colonia, me parece a todas luces un acto de entrega, que puede ser producto de inocencia o intencionalidad, pero entrega al fin.

 

El propio Kohen reconoce que la propuesta esta mas dirigida a los isleños que al Reino Unido, y a fuerza de sincero realmente parece solo auxiliar los intereses “reales” (del RU), favoreciendo a los isleños (elemento semoviente del enclave colonial), haciendo realidad todos sus deseos. Y esto que sostengo es muy fácil de corroborar esto: solo basta hacer memoria acerca de lo que los isleños fueron instruidos a sostener como anhelo o derecho cuando se les comenzó a dejar hablar, aproximadamente desde 1960, cuando, según varios británicos, los mantenían en un medio evo educativo y cultural, de pura subsistencia:

- ser considerados “pueblo” para poder validar un referéndum que les otorgue la hoy vedada posibilidad de decidir su status jurídico internacional (Res. 2065)

- poder formar parte de cualquier organismo internacional para poco a poco obtener en el camino el reconocimiento de otros estados

- que nuestro país entregue los recursos naturales de las islas sin quejas y que coopere logísticamente y con información precisa que permita un saqueo más eficiente, integrándolos como estado ribereño, tal cual el propio informe Shackleton dice que es imprescindible para el crecimiento económico de las islas, y así hacer inextirpable el cáncer británico en nuestro Atlántico Sur.

 

Esta propuesta que a las claras por lo menos aparece como “pan para hoy hambre para mañana” no solo no es beneficiosa para nuestro país sino que sería realmente catastrófica desde todo punto de vista para la recuperación del ejercicio pleno de soberanía a futuro, y realmente asquea hasta como ejercicio intelectivo.    

 

¿OCULTOS, BUSCAN DIVIDIRNOS PARA TRIUNFAR?

 

Luego de haber descripto lo que propone el Dr Marcelo Kohen, creo interesante hacer foco sobre una de las facetas preocupantes de la iniciativa, y que pareciera corresponder al dicho “divide para reinar”, y que en este caso, podría aplicarse como “divide para el Reino”.

 

En 2015, un periodista egresado de la UNLP haciendo gala del innato centralismo porteño, su ignorancia supina sobre todo lo relativo a la Cuestión Malvinas, y de un profundo desprecio por el pensar de los fueguinos, planteaba, por medio de un proyecto, dividir la provincia. Esta iniciativa que fue presentada en un concurso que impulsó y analizó en conjunto el Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Malvinas de aquel entonces -liderada esta última por la misma persona que hoy, Daniel Filmus-, contiene un dato preocupante y es que obtuvo el flamante primer premio en el ítem “aspectos geopolíticos”. Una propuesta que además proponía que la capital de la nueva provincia, sea en Puerto Parry, Isla de los Estados: intuyo para entregar también la totalidad de la Antártida a los británicos, ya que así abarcarían mayor proyección sobre el continente blanco sobre el cual pretenden avanzar.  

 

El 7 de agosto de 2017, viendo que tomaba fuerza este proyecto en algunos sectores pseudo-malvineros luego de 2 años de la entreguista gestión de CAMBIEMOS, me decidí a sentar postura por medio de un video en mi canal YouTube que fue replicado en los medios fueguinos e inmediatamente también a través de un proyecto particular presentado en la Legislatura fueguina para que esta rechazara terminantemente cualquier intento de avanzar en este sentido. Incluso pude ponerme en contacto con el entonces Vicegobernador Juan Carlos Arcando para conversar sobre esto, quien luego con contundencia expuso públicamente su opinión al respecto.

 

Al tercer día de mi pedido formal, el 10 de agosto, los tres bloques que conformaban el cuerpo deliberativo provincial de aquel entonces presentaron su postura al respecto en tres asuntos diferentes (UCR-CAMBIEMOS, FPV-PJ y MOPOF), donde expusieron el unánime rechazo del pueblo argentino-fueguino (en adelante pueblo fueguino) a la propuesta o la intención de dividir el territorio provincial, en lo que fue la Resolución 259/2017 del 24 de agosto.

 

No obstante lo que por medio de su cuerpo más representativo expresara el pueblo fueguino sobre cualquier intento de secesión, el reconocido Dr. Kohen, en marzo de 2018 (unos pocos meses después de la declaración fueguina que desconocía o no le importaba), fue a presentar su proyecto a los kelpers y en cuyo camino estratégico fundamental proponía aquello que el pueblo de TDF,AEIAS ya había explicitado despreciaban, como argentinos y fueguinos.

 

Una pequeña pero oportuna digresión…

 

Cuando hablamos de Malvinas y de la Ciudad de La Plata, es normal que gracias al acercamiento político que siempre gestionaron adheridos al poder que los promocionaba, se nos produzca una asociación inmediata con un grupo muy minotario de veteranos denominado CECIM que representa, con sus 30 inscriptos, menos del 9% del padrón de veteranos de esa ciudad y solo el 0,1363636364% del nacional, pero que, a pesar de ello, siempre tuvo una gran influencia en el direccionamiento de algunas políticas estatales en lo relativo a la Cuestión Malvinas en general (“antimilitarismo”, “victimización” y “colaboracionismo”) y en la indiferencia sobre la amplia mayoría de los veteranos en particular. Un gran descriptor de esto  es el VGM Cesar Trejo, actual responsable del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, quien relata y fundamenta esto en un artículo publicado en 2009 titulado: “Teoría y práctica de la traición permanente”.

 

No es muy difícil ver que 2015 fue un año de mucha vinculación de este grupo de veteranos con la Universidad Nacional de La Plata -sobre todo con la de periodismo-: solo basta buscar en google algunas palabras claves para ver lo irrefutable de lo expuesto. Esto me lleva a preguntar si este proyecto para dividir la provincia surgido de la UNLP y que ganó un premio, no está también avalado y gestionado por esta minoría que siempre estuvo muy vinculado con el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Malvinas de aquel entonces y la actual.

 

Hoy este razonamiento adquiere relevancia si analizamos que un representante de este centro de veteranos (cecim), fue incorporado a la mesa del Consejo Nacional de Malvinas pervirtiendo la propia ley que no admitiría por su texto y sus fines su participación, ya que, de ser necesario un suplente del representante de los veteranos, este debiera ser elegido por los VGM de todo el país o ser designado por la Comisión Nacional, las federaciones más numerosas de nuestro país -como es el caso de varias provincias, incluso la de la Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe que tienen miles de afiliados cada una-, o incluso por la propia Confederación Nacional de Combatientes de Malvinas, que nuclea más del 90% del padrón de VGM del país.

 

Sobre esto último es importante resaltar que estas federaciones y la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina, luego de que se presentara en marzo la propuesta del Dr. Kohen (pero no a raíz de ella), se reunieron en Trelew para firmar un rechazo rotundo a las políticas entreguistas de CAMBIEMOS y a dejar claro que las Islas Malvinas pertenecen a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del atlántico Sur, explicitándolo el propio presidente de la Confederación, Ruben Rada en su discurso en Mayo y luego en un documento firmado por centros de veteranos de todo el país en junio que fue declarado de interés en varias ciudades y provincias argentinas lugares, e incluso fue declarado de interés por la propia legislatura fueguina y por el gobierno provincial de aquel entonces por medio de un decreto. Una actividad a la que fue invitada a participar dicho espacio (cecim) y que no solo no asistió sino que luego ni adhirió. Como tampoco lo hizo cuando se realizó una denuncia penal al ex Canciller Faurie por traición a la patria por calificar como pueblo a los kelpers primero en un medio internacional y luego en el propio Congreso de la Nación.

 

Ante esto, uno se pregunta: ¿la incorporación de Ernesto Alonso (cecim) en el Consejo Nacional de Malvinas recientemente creado será para engrosar el quórum favorable cuando se inserte en él (si es que aún no está inserta) la idea de dividir la provincia, ya sea con la propuesta de Universidad de Periodismo de La Plata o la de Kohen?. Espero que no.

 

“Es la 23775, estúpido”

 

A mediados de octubre de 1989 se inició un raid entreguista de tres pasos. El primero fue la confección de Acuerdo Madrid I (15/10/89), el segundo el Acuerdo de Madrid II (15/2/90) y el tercero la sanción de la ley nacional Nº 23.775 (26/4/90). Tres golpes quirúrgicos en cinco meses que tuvieron por objeto ponernos literalmente de rodillas, y aunque el trío es parte de una sola estrategia británica, triste y preocupantemente solo los dos primeros instrumentos (que no pasaron por el Congreso) fueron los que más atención invocaron, a pesar de que el tercero y último se transformó en una ley nacional, que, por ser aprobada en el Congreso, no solo fue lo que más nos perjudicó sino que hoy es el instrumento más filoso del enemigo; y que lo es no solo por lo que dice, sino por el silencio que reina en la clase política y los especialistas acerca de ella y su verdadero impacto –convenientemente silenciado- sobre la soberanía argentina y la integridad territorial fueguina.

 

La intención de dividir la actual provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur es de larga data, y no inicia en 2015 por impulso de algunos legos organizados y bien promocionados, sino que uno de los mayores puntos de eclosión de esta estrategia colonialista tuvo su mayor exposición en el debate conocido como “provincia chica o provincia grande”, cuando puertas adentro y puertas afuera de la provincia se gestó la ley de provincialización fueguina (hoy Ley 23.775), y que, más allá de algún slogan tan pegadizo como falaz que solo pareciera querer mostrar un logro irreal de algunos personajes, aún sigue vigente su aspecto más negativo, tal cual se demuestra crudamente en las fundamentaciones de este tipo de propuestas.

 

Como lo explica el Dr. Kohen en 2018 y los periodistas en 2015, la propia ley de provincialización expone que la provincia podría ser dividida, e incluso puede interpretarse o directamente da a entender que la soberanía sobre gran porción de ella no pertenece aun a nuestro país y que de lograr la recuperación de su ejercicio pleno, podría no ser parte de la hoy provincia más joven y extensa de la República Argentina, que anteriormente era el territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, y que, por medio de la ley que supuestamente buscaba delimitarla en su primer artículo, en el siguiente termina colocando de manera vergonzante -y a mi modo de ver inconstitucional- un manto de duda sobre la legítima pertenecía de los territorios usurpados no solo a esta, sino a la propia nación argentina.

 

Esta situación fue planteada no solo públicamente por mí en los medios de comunicación sino en forma de un proyecto presentado en la legislatura provincial fueguina el 24 de mayo de 2016, y que si bien tomó estado parlamentario ese mismo año, no fue tratado. En él expongo la necesidad de que el cuerpo deliberativo provincial declare de su interés la modificación o derogación del Art 2 de la ley 23.775 en cuestión, solicitando a los “representantes fueguinos instrumenten los medios necesarios para lograr este objetivo”, y explico que dicha solicitud se fundamenta no solo en el propio texto de la ley que de alguna manera pone un manto de duda sobre la pertenencia de dichos territorios a la provincia sino del propio pueblo argentino, al exponer que los territorios de “la Antártida, Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y demás islas subantárticas, quedan sujeta a los tratados con potencias extranjeras que celebre el Gobierno federal, para cuya ratificación no será necesario consultar al Gobierno provincial”.

 

Si analizamos sintética pero correctamente la ley vemos que ni bien surge esta, el Decreto presidencial Nº 905/1990 de Menem, “observa” el artículo 1 (uno) que es el que con precisión delimitaba el territorio de la nueva provincia, fundamentando, para asombro de cualquier comprometido con la soberanía, que este veto se realizaba porque, a pesar de la extensión de dicho artículo, requería “mayores precisiones para adecuarlo al orden jurídico vigente” (seguro quiso decir Acuerdos de Madrid) y porque esos límites “podrían generar, involuntariamente interpretaciones de terceros Estados (RU) que no corresponden a las posiciones sostenidas en la materia por nuestro país”, queriendo de esta manera que se confunda su política de sistemática sumisión y entrega, con lo que históricamente sostuvo el pueblo y el Estado argentino. Algo que triste y preocupantemente compraron y usufructuaron políticamente varios. 

 

En 2009, como un acto más que nada simbólico, se sancionó la Ley Nº 26.552 que restablecía el artículo 1 que el gobierno justicialista de Menem había sin críticas extirpado, explicitando luego de 19 años los límites del territorio provincial fueguinos, parte del cual aún hoy el artículo dos (2) pone casi en un pie de igual jurídica con los de la Antártida, colocando en duda de que realmente sean pertenecientes a la provincia, e incluso dejando entrever la posibilidad de que terminen bajo dominio extranjero, ya que nada dice de descolonización, sino que se refiere un "tratado" que hasta la reforma del 94´ podía tener cualquier resultado, producto de la omisión de explicitar la necesidad de terminar para siempre con el crimen internacional que significa el colonialismo y de lograr la recuperación del ejercicio pleno de soberanía.

 

Para entender lo que digo hay que usar el principio de “no contradicción”: una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo.  Ejemplo: si yo tuviera que hacer una ley para dejar sentado que una casa “x” y un auto “x” son de mi propiedad, que soy su legítimo dueño y que no admito ninguna actividad que turbe ese derecho soberano, luego de haber explicitado eso en el artículo 1 no puedo poner en el artículo 2 que mi título sobre esas cosas y su posesión está sujeta a lo que un tercero que la posee ilegalmente quiera.

 

Si el territorio o la soberanía sobre él está sujeta a un tratado con una potencia extranjera, es que aún no nos pertenece, e incluso se desprende del propio texto que de recuperar el ejercicio pleno de soberanía, podría ese territorio ser arrebatado a la provincia que fue creada del ex territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Tan sencillo como eso…

 

En mi opinión, el artículo 2 debería sostener en su primera parte algo similar a la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional Argentina, incluso explicitando algunos contenidos de las resoluciones más importantes de la Comité de Descolonización; en lo referente a la Antártida podría hablarse, producto de estar bajo el sistema del tratado antártico, de que es un territorio que “está sujeto a tratados con potencias extranjeras”. Con respecto a si la provincia puede o no decidir por sí sobre su territorio, la constitución nacional es clara, y si bien es el Congreso de la Nación (donde las provincias están representadas) quien puede trazar los límites de Estado Nacional, es impensado que solo el voto del congreso, sin la autorización o referéndum por parte del pueblo argentino-fueguino pueda lograr la secesión del territorio provincial.

 

Aclaración: No se trata, como lo planteó de manera oportunista y con pésima técnica jurídica un Senador Nacional fueguino de que la provincia tenga o un poder de decisión que ya tiene, sino de lograr la provincia grande, y salir de la potencialidad supeditada a la aceptación foránea.  Las Malvinas son argentinas y fueguinas, sin lugar a dudas, y solo esperamos que el Reino Unido se siente a negociar la manera y cuando va a devolver el ejercicio pleno de soberanía a la República Argentina, que deberá “respetar los intereses y el modo de vida de sus habitantes”.

 

SOLO LA SERIEDAD, LA CLARIDAD Y LA TRANSPARENCIA PUEDEN GENERAR UNA VERDADERA POLÍTICA DE ESTADO

 

Creo que es muy importante que Ejecutivo provincial actual, exponga su parecer sentando una postura pública y seria sobre este tema tan delicado y complejo. Siendo esto imprescindible porque quienes nos dedicamos al análisis de la Cuestión Malvinas, queremos informarnos sobre su posicionamiento oficial acerca de esta propuesta en general y todo lo que en ella se refiera a nuestra provincia.

 

Es realmente impostergable que esto sea explicitado con contundencia, para evitar idas y vueltas al respecto, tal cual ocurrió cuando se celebró el Comunicado Conjunto (Forador-Duncan) del 13 de septiembre de 2016, sobre el cual, el actual Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary, sostenía, en nombre de la Municipalidad de Río Grande, junto con la inmensa mayoría de los integrantes el Observatorio Malvinas fueguino (excepto los veteranos que inmediatamente salieron a repudiarlo y denunciarlo), que era “positivo” y “auspicioso”, en una mateada malvinera que llamaban sesión y que terminó con una foto para los medios (su verdadero objetivo), donde puede verse la alegría de algunos -entre ellos el actual secretario en el centro de la foto- y la decepción de otros, para luego, el año pasado 2020, gracias a las ideas y escritos del Dr Barcesat, proponer que sean revisados y derogados, por perniciosos y entreguistas.

 

Recordemos y destaquemos que la postura del actual Secretario provincial fueguino en aquel entonces, y la de los que representaban a espacios políticos en esa “sesión”, fue la oficial hasta que llegaron las encuestas previas al inicio de 2017 que mostraban que la preocupación de los fueguinos por la horrible gestión de CAMBIEMOS se centraba en tres cuestiones: industria, empleo y Malvinas. Hasta ese momento  fueron solo los ex combatientes quienes (casi en soledad) desde el primer momento -y, lo más importante- públicamente, repudiaron esa “hoja de ruta” como corresponde: sin tibiezas o juegos de palabras que favorezcan la presentación positiva y/o auspiciosa de algo que a todas luces, por ser remedos y continuación de los Acuerdo de Madrid I y Madrid II, eran solo un acto más de entrega e irrespeto profundo por la soberanía argentina, los caídos en la gesta del 82 y los que aún hoy siguen padeciendo pesares psicológicos y físicos, incluso muriendo, por haberse enfrentado a la muerte para proteger lo que legítimamente corresponde al pueblo argentino.

 

Un factor que ayudó mucho también a que se empapelara de malvinización selectiva las redes desde el inicio de 2017, no solo fue la aterradora gestión entreguista de Mauricio Macri en general, sino que como inauguración del año electoral Carolina Stanley envió sus salutaciones por el nuevo año sin las Malvinas. Siendo  recién con la llegada de Barcesat a Tierra del Fuego en 2017, cuando empezaron a ver la luz críticas interesantes por parte de quienes celebraban el comunicado y que hoy, con razón y por la letra del doctor, piden que sean revisados por perjudiciales. Un observatorio del que los veteranos de Río Grande terminaron retirando a sus representantes por la utilización política-partidaria-eleccionaria que de la Causa Malvinas se hacía en este organismo, y a la cual no querían abonar con integrantes de su centro, que públicamente se mostraban muy comprometidos políticamente con algunos candidatos, no solo operando enceguecido desde un portal de malvinización selectiva (principalmente para réplica de otros portales) creado y financiado a tal fin, sino dentro del propio observatorio, tal cual lo cuentan los que de él participaron.

 

Se preguntarán: ¿A qué viene lo antedicho?. Sencillo: las personas tienen todo el derecho para cambiar de parecer o aparentarlo por las motivaciones o intereses que prefieran, pero lo que debemos como ciudadanos pedir a los hombres y mujeres que dirigen nuestras instituciones, es que sienten posiciones firmes sobre las cuestiones de estado, y que no surjan idas y vueltas que perjudiquen los intereses de la provincia y de toda la nación argentina. Y en este sentido, es imprescindible, que se exponga el posicionamiento oficial, para que no existan dudas ni malas interpretaciones que colaboren con el enemigo, como sucedió en 2016.

 

En el Consejo Asesor Nacional existen además del representante del Ejecutivo unipersonal fueguino, tres personas que representan a la provincia, los senadores nacionales Pablo Daniel Blanco y María Eugenia Duré, y la Diputada Nacional, ex gobernadora provincia Rosana Bertone. Con respecto al posicionamiento de Blanco y Bertone sobre la posibilidad de dividir la provincia no quedan dudas, porque es de público conocimiento el rotundo rechazo de ambos al respecto, y con respecto a la Senadora Duré, me consta que no avalaría una situación semejante, ya que cuando se declaró de interés mi libro “TRAZOS MALVINIZADORES, un aporte generacional” en el Concejo Deliberante de Río Grande -gracias a que ella así lo propuso-, conversé sobre este tema en particular, puesto que el proyecto que dio origen a la resolución que termino por rechazar la posibilidad de secesión surgió de una de las iniciativas que contenía el libro de mi autoría.

 

Sería interesante saber el parecer el actual Secretario provincial fueguino Dachary (incluso sabiendo que por más que piense o diga algo después puede hacer otra cosa), pero no tengo acceso a hablar con él luego de que me bloquera en el Twitter por recordarle públicamente que su pensar pasado se contradice con su accionar actual, pero lo que realmente me importa es saber la postura oficial del Gobernador Gustavo Melella, porque entiendo que institucionalmente la provincia debe ponerse firme desde ahora con respecto a este tipo de propuestas que circulan aún peligrosamente por lo bajo, y vaya a saber uno en qué instancia de evaluación. Esta información no debe quedar solo en ejercicios mentales puertas adentro de un consejo, sino que la comunidad debe estar informada con claridad acerca de la postura de la actual gestión provincial frente este tipo de iniciativas o estrategias.

 

Por último, me encantaría que el Ejecutivo Provincial fueguino, muy activo en el legítimo repudio mediático de la actividad ilegal pesquera de las islas, se comunique con su bloque en la legislatura fueguina, para solicitarle apoye y logre aprobar el proyecto presentado el 15 de julio de 2020, que tomara estado parlamentario como Asunto Nº 379 gracias al Partido Verde, y que busca por ley, desde el cuerpo político más plural y representativo de la provincia, sea “creado un cuerpo de profesionales destinado a analizar y cuantificar la explotación ilegal pesquera llevada adelante por la colonia británica en Malvinas  -por lo menos desde 1976 a la fecha-, para luego denunciar a las empresas, al ilegítimo gobierno kelper y al Reino Unido, y pedir el resarcimiento por el robo de recursos ictícolas que  pertenecen (según Ley Nacional Nº 24.922 Art 3) a Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur”.

 

 

Por

Luciano R. Moreno Calderón

Fundador de la Unión Malivinizadora Argentina