martes 25 de enero de 2022 - Edición Nº1147

Entrevistas | 2 nov 2021

Dr. Eduardo Barcesat

Pueblos originarios: "Primero hay que cumplir con el texto constitucional, y si surgen reclamos extremos, decirles no"


Por:
Luciano R. Moreno Calderón

A raíz de los necesarios debates que nos impone afrontar los conflictos que se suscitan principalmente en sur argentino, producto de los legítimos reclamos realizados por algunos pueblos originarios y, por otro lado, los realizados por otros "pueblos" con reclamos imaginarios, violentos y con fabulaciones de secesión, es que consultamos al constitucionalista Dr. Eduardo Barcesat, asesor y partícipe de la convención constituyente que forjó la Reforma Constitucional del año 1994, acerca del alcance y actual aplicación de artículo magno 75 inc.17*, que "reconoce la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan" a los pueblos con preexistencia étnica y cultural, y el tratamiento constitucional que debería brindarse a quienes no encuadren sus peticiones con la Constitución Nacional argentina.

 

- ¿Qué dice nuestra constitución nacional desde el año 1994, en el artículo 75 inc. 17, acerca de los pueblos originarios y que alcance tiene en la actualidad?

 

Ese artículo, que fue aprobado por unanimidad y por aclamación en una escena muy emotiva en reforma del 94, y donde estuvieron presenten representantes de los pueblos originarios en las gradas, tuvo la característica de que no fue tan emocionante el debate previo, ya que si bien había un punto de partida inicial compartido por todos los bloques, cuando se llegó al tema de "propiedad comunitaria" de las tierras ahí empezaron a suscitarse los debates, ya que algunos sostenían, con cierta razón, que esa forma de propiedad no está prevista (lo cual es cierto) en el Código Civil de aquel momento.

 

Fue un larguísimo debate que se zanjó en comisión con la expresión "la propiedad en común de los pueblos y comunidades originarias". Cuando pasó a la comisión de redacción, me convocaron ya que me dijeron que iba a existir una impugnación de Fernando de Zavalía*, del partido republicano (de Bussi*).  Fue un debate muy arduo, hasta que en un momento, ya un poco harto de escuchar los argumentos de Zavalía le dije: "A los pueblos originarios durante más de 500 años los hemos jodido ya con la Biblia, no sea cuestión que ahora los sigamos jodiendo con el Código Civil". No habrá sido muy académico, pero terminado el debate se votó y quedó la fórmula de "la propiedad en común de la tierra".

 

Si bien, repito, la aprobación fue por unanimidad y por aclamación de pie (una reparación histórica muy sentida) esto no se ha seguido con el mismo ímpetu con el que tomó el tema la Convención Constituyente: estamos lejos de haber logrado la satisfacción que aguardábamos que la legislación posterior implementara. Diríamos que hasta ahora permanece irresuelto el tema en lo substancial, y creo que es una de las principales preocupaciones que tiene el actual titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (Julian Dominguez*). Primero de reponer la ley de "Protección* al Dominio Nacional sobre Propiedad, Posesión o Tenencia* de las tierras rurales" (Ley Nº 26.737*), y en un aggiornamento* de esa norma y, tal cual era el proyecto originario, contemplar dos situaciones en especial: (1) la de las comunidades originarias y (2) la de los criollos sin tierra, que también ameritan una forma de arraigo, que se corresponde también con esta iniciativa del acceso a la tierra de quienes están dispuestos a llevar adelante tareas de labor y cultivo de la tierra y necesitan por supuesto ese acceso a la tierra.

 

Yo creo que, dependiendo del resultado del 14 de noviembre, se podrá profundizar y consolidar el proyecto constitucional mediante una legislación que sea bastante similar, lo que hace a las comunidades originarias, como a los reclamos de trabajadores de la tierra, de agricultura familiar, y de todos aquellos que quieran acceder a la tierra para cultivar y satisfacer la alimentación de propios y ajenos y así mejorar la calidad de vida de los argentinos.

 

- ¿A qué apunta la constitución cuando habla de la propiedad comunitaria y cómo se interrelaciona con lo que dicen que algunos que los mapuches pretenden, que podrían querer apropiarse de toda la Patagonia?

 

Apunta a las tierras que actualmente ocupan, que estén protegidas y tengan una proporción y calidad de tierras para el cultivo y el desarrollo humano. Y no es para que se vuelva a lo que era en 1492, porque eso no puede darse.

 

Pero tenemos que entender que el problema de la tierra es una cuestión que excede a la propiedad en común de los pueblos originarios, estamos frente a una situación en la que hay que pensar muy seriamente un régimen de tenencia de la tierra porque tenemos territorios estratégicos que han sido prácticamente privatizados y todo esto, que se multiplicó bajo el gobierno de Macri, todavía ahora, luego de 2 años de gestión no se ha detenido ni revertido, y es algo sobre lo cual se deben tomar decisiones pronto, para lograr políticas tuitivas sobre un plan alimentario nacional.

 

- ¿Qué pasó con ese organismo que iba a generar un relevamiento de los pueblos originarios?

 

El relevamiento se hizo, al igual que el reconocimiento jurídico de los pueblos y comunidades. Ahora, la cuestión es ahora efectivizar y también eliminar los conflictos internos entre estos pueblos y comunidades. Esto es un problema que se puede resolver, pero hay que tomar el toro por las astas, aplicar esa cláusula reparatoria y llevar también solución a todos los sectores que están pidiendo por acceso a la tierra, que seguro van a terminar contribuyendo, sin ninguna duda, a curar el hambre de buena parte de la población argentina.  

 

- Dicen que existe un grupo pequeño de personas que niegan directamente el Estado argentino y quieren hacer rancho aparte, usando un derecho que no les corresponde que es el de secesión, ¿darle tierras a estas personas, no se contrapone con la propia Constitución, como debería manejarse el texto constitucional en este caso específico?  

 

No creo que vaya a prosperar, si es que lo hay. A veces se toman actitudes más duras para llamar la atención sobre la actual situación, como en este caso, que es de desposesión de una titularidad efectiva sobre la tierra. Es decir, de una titularidad con título -valga la redundancia-, con título comunitario. Primero hay que cumplir con la ejecución del texto constitucional pendiente, tal como lo previó el legislador constituyente. Si en el curso de ello surgen actitudes secesionistas, habrá que decir claramente: ¡NO!, esto no es lo que se votó ni lo que se consensuó con los pueblos y comunidades originarias. Pero creo que esto es remoto, y por ahora son solamente actitudes reivindicativas que, por supuesto, si se llevaran adelante con esas formulaciones extremas, chocarían obviamente con la constitución nacional, y ahí entraríamos en un problema.

 

Por Luciano R. Moreno Calderón

(Twitter)

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