Planificar la transición energética a largo plazo bajo el concepto de "pluralidad energética"

Por Dr. Juan Manuel Abud (*)

 

 

Recientemente, se ha realizado la cumbre sobre cambio climático COP26 en la Ciudad de Glasgow, de la cual nuestro país fue un participe activo. La misma tuvo como objetivo plantear medidas de acción sobre la base del Acuerdo de París para los próximos años.

 

Es importante destacar que los países subdesarrollados, que en su mayoría son los que menos contribuyen a la crisis climática, son los que sufren los mayores perjuicios y en la COP26 exigen básicamente dos cosas: por un lado, que los países ricos deben cumplir la promesa hecha durante la cumbre realizada en el 2009, que preveía que los países más pobres fueran apoyados por los más ricos con 100.000 millones de dólares anuales hasta 2020, a fin de impulsar la transformación

ecológica de sus economías para poder adaptarse al cambio climático; y en segundo lugar que son los países más pobres los grandes perdedores de esta crisis climática, y ese es un problema que los países ricos, ni siquiera, han querido abordar.

 

En consecuencia, los países ricos instalan las definiciones del rumbo a seguir en el marco del cambio climático, sin escuchar las voces de los países más pobres que son los beneficiarios de los daños y perjuicios ocasionados por los países más ricos. Por otro lado, es importante destacar, los movimientos de los distintos actores geopolíticos de peso en la cumbre realizada recientemente.

 

Esto se refleja en la inasistencia de los presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin, de las dos grandes potencias como lo son China y Rusia, y la fuerte crítica que hizo en su exposición el ex presidente de EEUU, Barack Obama a ambos países por no haber asistido. Es decir que, la discusión sobre la “transición energética” para el logro de la baja de las emisiones de dióxido carbono a nivel mundial, tiene un trasfondo multipolar.

 

A esto, se debe hacer mención que otro ex presidente estadounidense, Donald Trump, decidió la retirada de EE.UU del Acuerdo de París, decisión que fue revertida por el actual presidente Joe Biden, quien a causa del fuerte apoyo que está dando a la agenda verde, está perdiendo apoyos de su propio partido que responden a ciudades hidrocarburiferas como Texas o carboníferas como Virginia, que suman aproximadamente más de ocho millones de trabajadores.

 

Ahora bien, el contexto internacional, nos indica que EE. UU, Inglaterra y Australia han conformado un nuevo bloque de poder denominado AUKUS, para el control de área IndoPacifico, en contra posición al bloque Rusia-China y el desarrollo de la denominada ruta de la seda que viene consolidándose a paso firme.

 

En este sentido, es interesante observar que, Australia, país de donde es oriunda la empresa representada por Agustín Pichot en Argentina, Fortescue Future Industries, quien tiene intenciones de invertir en hidrógeno verde con una mega inversión, es el principal productor y exportador de carbón a nivel mundial con el 32% y uno de los principales comercializadores de GNL (gas natural licuado) que se transporta en buque, mientras que EEUU es el tercer productor de dicho insumo.

 

En virtud a ello, se debe tener muy presente lo que establece el Protocolo de Kioto que define la arquitectura del “mercado del carbono”, ya que en su artículo 12 crea el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), es decir, permite a una parte (Estado desarrollado), exceder el volumen de emisiones que se le asignó, realizando un proyecto que reduzca emisiones de GEIs (gases de efecto invernadero) en el territorio de un país subdesarrollado, que no tiene obligaciones cuantificadas y podrá así obtener créditos de carbono (CERs).

 

Este mecanismo de DML establecido en el Protocolo de Kioto básicamente tiene la finalidad de la realización de proyectos que contribuyan a lograr un desarrollo sostenible en los países subdesarrollados favoreciendo a los países desarrollados para cumplir con sus metas de emisiones cuantificadas. Detrás del “Mercado Mundial del CERs” se encuentran países desarrollados y empresas multinacionales y fondos multilaterales de crédito, estudios jurídicos, bancos y entidades financieras globales. Ahora bien, en el caso de Australia,  dichos recursos económicos, basados en la minería y el gas, conforman los principales ingresos de la economía australiana.

 

Por otro lado, China y EEUU son los mayores emisores de dióxido de carbono a nivel mundial. El primero, ya ha anunciado poner fin a la financiación de plantas eléctricas alimentadas de carbón en otros países, ha lanzado el mercado de carbono y ha establecido compromisos de descarbonización para el año 2060.

 

Por otro lado, EEUU, quien si participó de la COP26, fue con las manos vacías sin propuestas concretas. A su vez, Inglaterra, miembro del AUKUS, y su gran sistema financiero global, se ubica detrás de los grandes financiamientos internacionales para la promoción de las energías verdes y gran generador de la denominada “burbuja verde”, característica principal del modelo neoliberal.

 

El apuro por la imposición de una financiarización de la economía verde impulsada por las finanzas internacionales, sin tener en cuenta las características de las economías y los sistemas energéticos de cada país y región, han causado la primera crisis energética a nivel mundial provocando que el abastecimiento de electricidad haya quedado vulnerable a los shocks, dado principalmente por la intermitencia de las energías renovables, principalmente a base de energía solar y eólica, que pueden provocar el colapso de los sistemas eléctricos, razón por la cual, estas energías necesitan de otras fuentes de energía que hagan de apuntalamiento estable, es por ello que se requiere el desarrollo del gas natural, menos contaminante que el petróleo y que el carbón como así también las represas hidroeléctricas y la energía nuclear.

 

No es casual que Gran Bretaña, esté retomando la idea del restablecimiento de sus plantas eléctricas a base de carbón, el insumo más contaminante o que por ejemplo Francia, que posee más del 70% de su fuente de electricidad de origen nuclear, su back up en caso de caída del sistema eléctrico, lo reciba de Alemania donde una de sus grandes fuentes de energía es también el carbón.

 

Frente al fracaso precipitado que se ha generado en el camino de la transición energética global, cuyos principales causantes podrían ser EE.UU y Gran Bretaña, persiguiendo el objetivo del gran negocio financiero verde, ha dicho el presidente de Rusia Vladimir Putin: “Nadie aborda seriamente el tema, algunos especulan sobre los problemas del cambio climático, otros subestiman el significado de uno de los factores, otros reducen inversiones en industrias extractivas, la transición a la energía verde debe ser suave…”.

 

Es importante mencionar que hoy, Rusia ha abarcado el concepto de “pluralidad energética” para una transición ordenada. Posee casi un 30% de energías limpias, ha desarrollado fuertemente la energía nuclear como así también grandes obras hidroeléctricas y está desarrollando grandes proyectos de exploración y extracción de gas natural para el abastecimiento interno y los mercados de Europa y China con acuerdos comerciales a mediano y largo plazo.

 

The Economist, principal medio propagandista del mundo de las finanzas, de la banca Rothchild, ha publicado recientemente: “…primer gran choque energético de la Era Verde cuando existen graves problemas con la transición energética…”. Lo que no manifiesta dicho medio, es que son precisamente las grandes finanzas internacionales encabezadas por EE. UU y Gran Bretaña, los que han boicoteado el direccionamiento de inversiones en combustibles fósiles, preocupados por las ganancias financieras de la gran Burbuja Verde, sin vislumbrar el peligro de dejar a la gente sin electricidad, y esto se ha dado básicamente por querer apurar la transición energética de manera desmesurada de parte de los grandes centros financieros preocupados por la rentabilidad de la gran burbuja verde.

 

Quizás la Argentina debería dejar de mirar con ansias los vientos de cola de la imposición de la agenda verde y el gran financiamiento que se quiere imponer detrás con el objetivo de la financiarización de los contratos de venta de energía a largo plazo en moneda dura y mirar a países más cercanos como México que con la política energética que está llevando adelante la Ing. Rocío Nahle, Secretaria de Energía de Manuel López Obrador, se establece un cambio estructural del sector energético basado en la “pluralidad de energías”.

 

En ese sentido, la Ing. Nahle, quien ha presentado en el mes de octubre la ley de reforma eléctrica, ha dicho: “…que con dicha ley el 54% de la generación de electricidad quedará en manos de la CFE (Comisión Federal Eléctrica de México) mientras que el 46% seguirá en manos privadas. Que ello se realizará sin llevar a cabo ningún tipo de expropiación a los privados quienes podrán seguir operando y que el sector privado ha caído en vicios que perjudican a los mexicanos gracias a las regulaciones pro mercado que se volvió perverso…”.

 

Este concepto planteado por la Ing. Nahle, tiene bastante similitud con nuestro Sistema Eléctrico Nacional, ya que el mismo se sustenta en el mercado de los generadores privados, con casi nula participación estatal, provocando un sinfín de subsidios que al mediano y largo plazo terminan en un ajuste al bolsillo de los asalariados por la presión de los precios de la energía generada por los actores privados.

 

Teniendo en cuenta que nuestro país tiene una reserva de gas superior a los 200 años, y que la producción de Vaca Muerta podría alcanzar los 271 MM m3/año para el 2030, esto significa un aumento de casi el 330% en relación con los niveles actuales de inyección al sistema de transporte; generaría el desarrollo de las arenas, proppant o agente sostén para los pozos de fractura de casi 7 MM toneladas para el 2030, los requerimientos de cañerías al 2030 podrían rondar en los 12.000 km por año o su equivalente de 600.000 toneladas año.

 

Teniendo en cuenta que el país tiene una capacidad de producción de alrededor de 820.000 toneladas de tubos sin costura, gran parte podría ser utilizada solamente para abastecer la producción de Vaca Muerta al 2030. A esto se le debe sumar el desarrollo de químicos de fractura hidráulica que contienen alrededor de diez componentes y el desarrollo de la logística de transporte agua, arena, cemento y cañerías.

 

Por otro lado, se debería profundizar fuertemente en el desarrollo de la nueva infraestructura vial, ferroviaria, de transporte de agua, viviendas, hospitalaria, educativa, de evacuación de gas natural, de cuidado ambiental, y demás necesarias; se debería planificar la política energética de transición basada en la pluralidad de las energías con sustento en el gas natural, con el objetivo de monetizar dichos recursos en beneficio del país y para el desarrollo de nuestra industria y actividad económica, en conjunto con la energía nuclear tanto de gran potencia como las mini centrales nucleares como lo es el proyecto 100% argentino CAREM25, con una capacidad de proveer electricidad a 120.000 habitantes, y la terminación de las represas hidroeléctricas en el sur Néstor Kirchner y Jorge Cepernik, más la realización de los proyectos en carpeta que aún no tienen definición como la represa Chiuidos en Neuquén.

 

Debemos recordar que las concesiones actuales hidroeléctricas, fueran otorgadas por un período de 30 años en los 90, y comenzaran a vencer a partir del 2023, y el desarrollo del hidrógeno en su conjunto.

 

No podemos olvidar que la Argentina ya cuenta con una planta de producción de Hidrógeno en Pico Truncado, en la provincia de Santa Cruz, que cuenta con recursos humanos que podrían asociarse tanto a nivel municipal, provincial, como nacional con otras empresas de desarrollo nacional o extranjeras para lograr asociaciones estratégicas y el aprovechamiento de la renta de los recursos naturales para los argentinos; todo ello sin perder de vista el desarrollo de las demás

energías alternativas.

 

 

(*) Ex Director del ENRE (Ente Nacional Regulador de le Electricidad), Ex Gerente General de

CAMMESA y partícipe del equipo interventor para la Nacionalización de YPF S.A