A raíz de que el radar británico-estadounidense de que el gobierno provincial ayudó a cancerosamente  instalar en el Corazón de la Isla Grande de Tierra del Fuego sigue disfrutando de plena salud, cumpliendo con su función militar y poniendo en peligro no solo la soberanía argentina sino la vida de los fueguinos, entrevisté al Legislador Provincial fueguino Pablo Villegas (MOPOF), para conversar sobre la necesidad sacar cuanto antes el radar de nuestro territorio y la urgencia de realizar una comisión investigadora en el seno del cuerpo deliberativo provincial, a los efectos de saber quiénes fueron los responsables de semejante afrenta.

 

El rol de la juntada de firmas que impulsan diferentes sectores para ayudar a lograr este marco institucional investigativo que incómoda y alarma al poder de turno.

 

↓ENTREVISTA↓

 

• ¿Qué te paso sentimental y mentalmente cuando tomaste conocimiento de la instalación de este radar?

 

Tomo conocimiento de la habilitación y puesta en funcionamiento de este radar a finales del mes de junio, y lamentablemente como legislador provincial nunca tuve ninguna comunicación oficial del gobierno de la provincia ni de ninguna de las distintas áreas gubernamentales que intervinieron en la habilitación de este radar que nos informaran de esta instalación.

 

Fue una sensación de ingrata sorpresa, porque a la legislatura, en el marco de lo que establece el artículo 135 de la Constitución provincial¹ que claramente remite y enumera un sinnúmero de convenios la legislatura provincial debe ratificar cuando son suscriptos por el gobernador o cualquier otro funcionario con la autorización del gobernador, y en este caso en particular, me llamaba la atención que no se nos haya enviado información alguna², en razón de que algunos funcionarios provinciales a principios de julio habían expresado que este era un emprendimiento que venía hace más de un año³, particularmente el Secretario de Malvinas, Atlántico sur, Antártida y RRII de la provincia, Andrés Dachary⁴, y que en todo ese tiempo no se nos hubiera informado.

 

Esto me llevo a aceptar que el 12 de julio se realizara una reunión de carácter reservado⁵ con este funcionario, para en el ámbito legislativo hacer las preguntas pertinentes y exigir que nos expliquen de qué trata este tema.

 

• Y cuando se produjo la reunión del 12 de julio, qué pensaste cuando el primer y único funcionario que fue a rendir explicaciones se presentó y les expuso su versión, y que viste en él.

 

La respuesta de Dachary fueron muy vagas, imprecisas y endebles, y no acompañó ningún instrumento legal o expediente que acreditara sus dichos; y frente a las distintas preguntas que le hicimos todas las respuestas fueron muy evasivas. Entonces uno salió de esa reunión con la sensación de que no nos estaban diciendo todo lo que sabían y que no nos habían dicho la verdad. Luego los hechos que se fueron materializando en el tiempo terminaron de acreditar y dar asidero a esa sensación que tuve en aquella oportunidad.

 

En aquel entonces cuando le preguntábamos de qué tipo de emprendimiento se trataba ese radar, nos manifestó⁶ que tenía la venia y participación de la Universidad Nacional de La Plata, que estaba relacionado con la Estación Astronómica de Río Grande⁷, que no tenía una utilización militar, etc, etc, y yo le preguntaba dónde estaban los informes técnicos que acreditaran esas respuestas, y no había nada. Entonces, en función de la experiencia que uno tiene, en el ejercicio de la profesión de abogado y la experiencia en la función pública, a mí me quedó la sensación de que nos estaban mintiendo.

 

Luego, con el tiempo, los hechos que se fueron ventilando confirmaron esto. El Informe del Ministerio de Defensa⁸ del primero de agosto donde refuta en términos lapidarios lo que dijo este funcionario provincial sobre la supuesta participación de la Universidad Nacional de La Plata⁹ o de la propia  CONAE –que no tenían participación en el proyecto- y  que el radar  no solo tenía un marco de actuación en el campo civil, sino también militar (perfil dual). Todo esto dejó al desnudo esas respuestas ambiguas y mentirosas.

 

• En esa reunión del 12 de julio ustedes le entregaron un pedido de informe al ejecutivo provincial¹⁰ fueguino que debía responder en veinte días y lo hizo en setenta ocho, vos fuiste una de las pocas personas que leyó este informe entregado dos días antes de la sesión; comentanos si realmente satisfizo lo requerido en el pedido de informe esa respuesta del Ejecutivo¹¹.

 

En primer lugar, fue extemporáneo. Hay una ley (la N°790)¹² que establece cómo deben ser contestados pedidos de informes y en qué términos. Nosotros pusimos un plazo de 20 días y lo respondieron a los 78. Además de ser la contestación fuera de tiempo fue incompleta: ya que no respondieron todos los puntos requeridos. Pero más allá de eso, lo sustancial es que en la documentación que se nos acerca queda en claro la intervención necesaria que tuvieron funcionarios provinciales de distintas áreas del gobierno para facilitar la habilitación y puesta en funcionamiento de este radar.

 

Caso Concreto. Se nos dio la documentación que tiene que ver con el trámite de esta sociedad de Responsabilidad limitada LeoLabs Argentina SRL¹³, copia del expediente que tramita ante el ministerio de la producción que allá por el 2022 la IGJ¹⁴, y lo de la Secretaría de Ambiente que autorizó una guía ambiental¹⁵. Todos presupuestos necesarios para que el 15 de noviembre la Secretaría de Telecomunicaciones pudiera emitir la autorización precaria para el funcionamiento de este radar¹⁶. También las copias que dejaron constancia las habilitaciones del servicio de Energía por parte de la Dirección Provincial de Energía¹⁷, que es lo que posibilitó que este radar pudiera estar en funcionamiento.

 

 En las documentaciones que nos enviaron quedó acreditado el modo, el tipo y los tiempos de participación de estos funcionarios provinciales.

 

Uno pudo estudiar esa documentación para exponer en la sesión del viernes 29¹⁸, aun teniendo un día y medio para leer las 480 páginas; porque cuando uno está comprometido y empapado en el tema, en un día uno puede sentarse a estudiar y analizar. Además, mucha de la documentación ya estaba circulando. No aportaron cosas muy novedosas pero fue muy importante para dejar acreditado que la participación de los funcionarios provinciales fue presupuesto básico y elemental para que esto ocurriera, y esa participación en la expresión estatal por parte de los funcionarios provinciales fue de un modo que llama la atención, y por ello entiendo que es necesario e imprescindible que rindan cuentas como lo tiene que hacer cualquier funcionario, explicando el porqué de sus intervenciones y los tiempos y modos en que lo hicieron¹⁹_, porque hay cuestiones que llaman la atención.

 

 

• Vos fuiste la primera persona²⁰ que escuche hablar de la creación de la Comisión investigadora, y me gustaría que vos expliques de qué trata este instrumento constitucional. Te hago esta pregunta porque si bien yo apoyo tu iniciativa²¹, muchos dicen que, como dice Perón, “si querés que algo no se resuelva crea una Comisión”, y que la creación de esta es para generar impunidad o estancar todo.

 

Nosotros como legisladores tenemos herramientas institucionales que nos permiten ser propuestas al cuerpo de la legislatura toda, a los efectos de ser utilizadas para cumplir con una de las funciones que nos impone la constitución; que es la de controlar los actos del poder Ejecutivo. Tenemos, en ese sentido, las comisiones permanentes (que todos los meses se juntan) o tenés otras herramientas como son las Comisiones especiales (en este caso investigadora) en el marco de los que prevé el reglamento interno de la Cámara y el artículo 106 de la constitución provincial.

 

¿Qué pasó en este caso concreto? Ante la falta de posibilidad de la Comisión regular de Malvinas (la N°7) los funcionarios pudieran llegar a concurrir, como lo pedí desde el primer momento no solo el 12 de julio sino también en agosto, como eso no sucede en el tiempo y avanzaban los hechos que exponían las contradicciones y ocultamientos de información por parte del Ejecutivo, y las contradicciones entre funcionarios provinciales y nacionales²². Si no puedo lograr que los funcionarios vengan a rendir cuentas en el marco de la comisión regular, trato de utilizar esta herramienta extraordinaria de la Comisión Investigadora que me reconoce la Constitución Provincial.

 

¿Qué es una comisión investigadora? Es una Comisión especial, que a diferencia de las comisiones regulares y permanentes tiene un plazo limitado (en este caso nosotros propusimos que sea de 60 días) para tener un marco amplio de atribuciones a los efectos de pedir información y requerir el auxilio de la justicia y/o de la fuerza pública para que venga tal o cual persona que haya intervenido o tenga información respecto de este tema tan delicado a los efectos de prestar testimonio. Y al finalizar esos 60 días -la legislatura- tenga la obligación de hacer un informe con todas las pruebas acreditadas y los testimonios que se puedan llegar a obtener, y de ese informe deslindar las responsabilidades políticas o de otro carácter que puedan tener los funcionarios provinciales, por haber facilitado la habilitación y puesta en funcionamiento de este radar.

 

No es una comisión, en donde entra un asunto donde tiene dos o tres años para expedirse. Es una comisión extraordinaria y especial que únicamente se va a dedicar a investigar los temas relacionados con esta cuestión del radar que tiene un plazo de duración muy limitado, que tiene amplias atribuciones para poder investigar, y que, además, yo sugerí –porque es de práctica legislativa hacerlo- estuviera en cabeza de la oposición, para evitar cualquier tipo de suspicacia. Es una herramienta extraordinaria que tiene un legislador, con la autorización del plenario, para alcanzar la verdad sobre un hecho puntal.

 

• Teniendo presente el antecedente del pedido de informe que presentó la legislatura al ejecutivo que tenía un plazo de respuesta de 20 días y se respondió a los 78, en el caso de una comisión investigadora, ¿el ejecutivo no podía demorar tanto en la respuesta, sin que exista una implicancia institucional?

 

Para nada. Si una comisión investigadora lo define, se apersona ante cualquier despacho público solicitan las actuaciones administrativas, y si se niegan a entregar la documentación se puede requerir la intervención de la fuerza pública. Es una herramienta extraordinaria a los fines de obtener información en un tiempo muy corto, para llegar a conclusiones rápidas contundentes y serias, respaldadas con documentación, en un tema tan delicada como este.

 

• Vos planteaste esta situación sobre tablas, en la sesión. Comentanos qué paso y cual fue tu impresión de lo que sucedió en ella.

 

Yo plantee la creación de la Comisión Investigadora en la propia sesión²³, y esa moción fue rechazada por la mayoría -tuvimos seis votos, necesitábamos ocho-, y sinceramente, lo dije en aquella oportunidad lo vengo diciendo hace tiempo y hoy los hechos me lo acreditan, no hay intención de habilitar cualquier mecanismo institucional (los regulares o los extraordinarios) para que vengan los funcionarios del gobierno de la provincia a rendir cuentas y dar explicaciones, como es normal en cualquier sistema republicano y democrático de gobierno. No la hubo en estos tres o cuatro meses, no lo hubo en la sesión pasada y no va a existir en este tiempo que tenemos hasta diciembre, donde luego hay un recambio de la Legislatura provincial.

 

Después en el medio quisieron inventar un artilugio parlamentario sin ninguna propuesta concreta, que da vergüenza ajena en términos institucionales, que se basa en plantear que la creación de una comisión investigadora vaya a la Comisión N7 para tratarla de inmediato, y resulta que en el lunes 3 estaba convocada esa comisión y se suspendió por el pedido del propio bloque oficialista de FORJA²⁴ por una denuncia penal que se realizó en la Provincia de Buenos Aires²⁵.  

 

Van a buscar cualquier excusa para evitar lo que en cualquier sistema republicano y democrático es lo normal: que los funcionarios rindan cuenta. ¿Y porque te digo esto? Porque la existencia de una denuncia penal no impide para nada una investigación de carácter político en el seno de la legislatura de la provincia. Una cosa es la responsabilidad penal que pueda ser atribuida a un funcionario, y otra es la investigación en términos institucionales y políticos pueda y deba hacer el poder legislativo en relación a los actos del poder ejecutivo. Son dos campos de acción que no se comunican entre sí.

 

El que haya una denuncia penal en extraña jurisdicción por el supuesto delito de traición a la patria, no impide que exista una investigación por parte del poder legislativo.

 

• Seis quisieron crear la comisión investigadora en la sesión. ¿Si en la próxima conformación legislativa se quisiera presentar un proyecto en este sentido, se podría volver a tratar?

 

Se podría volver a tratar. El tema son los tiempos. Porque a veces los tiempos son sumamente importantes a los efectos de poder obtener las pruebas correspondientes para acreditar un modo de participación de un funcionario en tal o cual actuación administrativa. Una cosa era hacerlo en el mes Julio o agosto, o en septiembre cuando lo pedí, que hacerlo junio julio del año que viene.

 

Poder se puede. Pero las investigaciones además ser completas, tienen que ser oportunas. 

 

• ¿Si no se trata ahora se perdería?

 

Hay que ver que van a hacer los próximos legisladores respecto de este tema y la evolución en términos institucionales de este asunto, que creo va a ser compleja en función de estas diferencias marcadas entre los funcionarios²⁶ nacionales (de Cancillería, Jefatura de Gabinete y Defensa) con las opiniones e intervenciones que se hicieron desde el gobierno de la provincia²⁶.

 

Este es un tema, del que estoy convencido, además de que debe ponerse en la agenda parlamentaria, es un tema de un marcado interés social, porque es un acto de penetración británica que desde el 82 no se veía en Argentina y en la Tierra del Fuego en particular, que requiere una conciencia social para que se alcance la verdad. Sino van a seguir usando estas trampas para evitar rendir cuentas.

 

• Sobre esta necesidad de que el pueblo se involucre, se están juntando firmas para poder remitirlas a la legislatura para solicitar la creación de la Comisión Investigadora. ¿Crees que esto pueda llegar a servir?

 

Si. Absolutamente.

 

La legitimidad social de cualquier decisión institucional, como la que en este caso debería tomar la legislatura, es de cardinal importancia. Hay que seguir con eso y no bajar los brazos, porque el proyecto de vida de cada uno de nosotros está comprometido por la instalación y puesta en funcionamiento de este radar, en virtud de que este instrumento puede cumplir funciones militar, ser declarado blanco estratégico en un conflicto militar internacional²⁸ y nosotros los fueguinos, queremos vivir en una región de paz, en donde no proliferen las armas nucleares, no existan blancos militares que puedan llegar a atentar contra ese status quo que caracteriza a los fueguinos y a la región.

 

Porque estamos convencidos que la forma de recuperar nuestras Islas Malvinas, Georgias y mares adyacentes, es a través del Derecho Internacional, y la instalación de este radar tira por tierra todo ese trabajo, idiosincrasia y definición social que tiene cada uno de los fueguinos.

 

 

Por

Luciano R. Moreno Calderón

Unión Malvinizadora Argentina

https://twitter.com/UMalvinizadora