"La empresa que instaló el radar pagará una multa irrisoria, y el dispositivo seguirá funcionando"

La justicia fueguina le solicitó al Municipio de Tolhuin reformular la denuncia contra la Empresa LeoLabs, realizada por la instalación del radar británico en el Corazón de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Entrevista al periodista e investigador Luciano R. Moreno Calderón sobre: consolidación del radar, la impunidad de sus artífices, la indiferencia del poder judicial y la Comisión Investigadora.

 

El periodista Ángel Fretes, conductor del programa “El Angel de la Radio" de FM 94.9 Monumental de Ushuaia, entrevistó al periodista e investigador Luciano R. Moreno Calderón, fundador de la Unión Malvinizadora Argentina, quien escribiera “Crónica de un radar británico en Tierra del Fuego” el único libro escrito sobre el radar, que es de descarga gratuita y fuera presentado con 10.000 mil firmas en la Legislatura Fueguina y en la Fiscalía de Estado, por la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina.

 

¿DIVIDIR PARA CONSOLIDAR?

 

“En principio me gustaría explicar las inexactitudes de algunos titulares, ya que no es cierto que la justicia haya rechazado la petición de la Intendencia de Tolhuin, que solicitaba a la empresa LeoLabs pague una multa al municipio y que desarme el radar. Lo que sí hizo el poder judicial, y lo explicó bien el Juez Pellegrino, fue aconsejar se divida en dos objetos procesales la misma petición”.

 

Para el juez, explica Moreno, “por un lado está el pago de una multa de 868 mil pesos (más intereses) que debería pagar LeoLabs, y, por el otro, el pedido del municipio en relación al desarme del radar”.

 

“Según palabras del juez, no era conveniente desde un punto de vista procesal que estas dos peticiones tramiten por el mismo cause. Es decir, por un lado debería ir la ejecución de la multa, y por otro, debería ir la cuestión de fondo que es el desmantelamiento del radar; ya que, según el juez, los procesos son incompatibles”.

 

“Ahora lo que me parece que habría que analizar, mas allá de las cuestiones técnico-jurídicas, es como impacta esto en la cuestión del radar, y por eso es que me gustaría dar una interpretación de lo que podría llegar a suceder”.

 

Según el periodista, “al dividir esta petición podría suceder que LeoLabs de alguna manera termine saneando la situación de la multa impaga y que el radar continúe. Porque si vos dividís la cuestión económica de la cuestión de fondo (el pedido de desarme) vos lo que estás diciéndole a la Empresa es que pague esos 800 dólares -un monto irrisorio para LeoLabs-, para seguir discutiendo sobre lo otro en otros tiempos”.

 

“Es decir, LeoLabs va sanear el problema contravencional con el Municipio, pero el radar va a seguir funcionando, sin que tampoco se determine quienes fueron los culpables de toda esta situación”, sentenció.

 

LOS RESPONSABLES, IMPUNES Y EN FUNCIONES

 

Sobre la necesidad de encontrar a los responsables nacionales y provinciales de la instalación del artefacto, Moreno dijo que, “mas allá de esta presentación que hizo Daniel Harrington, que me parece correcta, entiendo que deberíamos comenzar a pensar en investigar quienes fueron los responsables de la instalación del radar. Porque yo quiero que el radar se vaya, pero también quiero que los que lo instalaron no queden impunes”.

 

En este sentido, el referente de la UMA recordó, “la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina presentó en la Legislatura Provincial Fueguina 10.000 firmas para crear una Comisión Investigadora. Hace muy poco lo volvió a solicitar el presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas Ushuaia (CEMU), Juan Carlos Parodi. Porque mas allá de que el radar esté o no esté –que entiendo nunca debió instalarse- es muy importante para los fueguinos saber quienes son los responsables de la instalación. Y yo puedo tirar algunos nombres…”, precisó Moreno.

 

“A nivel nacional, lo tenés a Alberto Fernández (Presidente de la Nación), Juan Manzur (Jefe de Gabinete), Hernán Lombardi (Subsecretario de Telecomunicaciones) y Gustavo López (Vicepresidente de ENACOM y presidente de FORJA).

 

“En la provincia lo tenés a Gustavo Melella (gobernador fueguino), que junto Andrés Dachary (Sec. de Asuntos relativos a Malvinas, Atl Sur y Antártida), Carolina Lavori (Sec. de Asuntos geopolíticos) y Agustín Tita, fueron quienes recibieron al Embajador de Estados Unidos Mark Stanley que vino exclusivamente a inaugurar el radar el 13 de marzo de 2023. También la tenés a Sonia Castiglione, que le dio la autorización ambiental en tiempo record a la empresa, a Adriana Chaperon principal responsable de permitirle por intermedio de la Inspección General de Justicia a la Empresa establecerse y continuar funcionando”.

 

“Después está Alberto Mancini, quien siendo Director de la Dirección Provincial de Energía (DPE) -especialista en radares y misiles según él- le dio todos los permisos para poner la energía trifásica en la estancia El Relincho, y después puso a su hijo músico como Gerente de la Empresa LeoLabs. Ojo, también están los privados que hicieron posible la instalación del radar, entre los cuales se encuentran un asesor y un familiar de la ex Diputada Nacional (de Melella) Mabel Caparros”

 

“Me parece que tenemos que empezar a hablar de los culpables de esta situación, sino nos estamos entreteniendo en estos asuntos judiciales que son importantes para lograr un trazado estratégico que saque el radar, pero que lo estamos haciendo mientras los que pusieron el radar siguen en funciones. Imaginate lo que deben estar haciendo sin que sepamos. Porque del radar nos dimos cuenta gracias a que estaba a la vera de la ruta”, explicó.

 

“Hoy el desdoblamiento de la denuncia sirve para que, por lado LeoLabs pague la multa de 868 mil pesos más intereses, y que, por otro lado, la cuestión de fondo, que es el desarme del radar por ser contrario a los políticas de defensa nacional, al interés nacional y a la soberanía, quede en un impase hasta que el Jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, aparezca con un nuevo informe del Ministerio de Defensa desmintiendo el anterior, y diciendo que el radar no hace lo que todos sabemos que hace, y que, por ello, debe permanecer. Esto es lo que va a terminar pasando”, anticipó Moreno.

 

“La Legislatura provincial fueguina debería iniciar la Comisión Investigadora que se viene pidiendo desde agosto de 2023, y por la cual con la Confederación de Combatientes viajamos a Ushuaia con 10.000 firmas para que esto suceda tal cual lo estipula el artículo 106 de la Constitución Provincial fueguina, y de esta manera saber quienes son los responsables de este atentado a la soberanía nacional, porque de otra manera,  esto va  quedar impune, y la impunidad es la certeza de que algo como esto va a volver a suceder”.

 

Consultado sobre las responsabilidades de la Intendencia de Tolhuin en la Instalación del radar, Moreno hizo un breve repaso temporal de cómo se fueron dando las autorizaciones, “en noviembre de 2021, el actual asesor del gobierno provincial fueguino (desde mayo de 2023, cuando el radar ya estaba instalado) y actual personal técnico y asesor externo de LeoLabs, Luis Hormechea, presentó a la DPE (cuyo presidente era Mancini) la solicitud de energía trifásica en la Estancia El Relincho para nutrir el radar. En 2022, viendo algunos movimientos, la Intendencia consultó sobre la situación luego de que la provincia ya había otorgado el permiso ambiental, la inscripción en la IGJ de las dos empresas, y le habían dado la instalación eléctrica, para, con todo eso, ir al ENACOM y que la Secretaría de Telecomunicaciones le den la autorización precaria de noviembre de 2022”.

 

“La multa por 868 mil pesos más intereses es producto de una denuncia que hace el Municipio de Tolhuin en julio de 2023 y septiembre de 2023, fechas en que el gobierno provincial seguía sin hacer absolutamente nada o diciendo que el radar solo observaba basura”.

 

“Yo no digo que el Intendente no sea responsable, lo que trato de decir es que, en jerarquía de responsabilidades, no es el más responsable. Recordemos que Municipio de Tolhuin, es extremadamente dependiente del gobierno provincial por ser chico. ¿Qué posibilidades puede tener el intendente de un Municipio chico de frenar una obra que la provincia y nación se esmeran tanto en hacer?”, explicó Moreno.

 

¿Deberían haber hecho más para alertar a la comunidad sobre esta situación en 2022? Es posible. Pero supuestamente ellos no sabían qué es lo que lo que se estaba poniendo. Sí sabían que se estaba haciendo un movimiento de suelo importante para colocar la energía trifásica de lo que luego sabríamos que son dos antenas de radar, de la cual hasta ahora hay solo puesta una”.

 

“¿El Municipio de Tolhuin puede tener alguna culpa en no haber avanzado más en determinar qué se estaba haciendo en la Estancia El Relincho, y publica y políticamente denunciar la situación el mismo 2022 en que se estaba instalando el radar? Quizás si. Ahora, lo que yo observo, es que los principales culpables de traer la inversión e instalar el radar es el gobierno provincial de Gustavo Melella, quien estaba siendo asesorado por su actual asesor, Luis Hormechea, que también es asesor de LeoLabs. Ellos eran los únicos que manejaban todos los permisos y sabían específicamente qué se estaba haciendo”.

 

“Además, el único que hizo una presentación formal en el marco de la violación de la Carta Orgánica Municipal, en cuanto se estaba haciendo una construcción que no correspondía, fue la ciudad de Tolhuin. Por lo que, a mi entender, los máximos responsables son los que instalaron e inauguraron el radar de la mano de Mark Stanley: Melella, Dachary, Castiglione, Lavori y otros”.

 

UNA “JUSTICIA” QUE MIRA PARA OTRO LADO

 

Consultado sobre el rol que la Justicia está teniendo en esta situación y qué podemos esperar de esta, Moreno Calderón fue contundente, “en principio hay que dejar claro que la justicia es un valor y el Poder Judicial es una institución compuesta por un grupo de hombres y mujeres que muchas veces hace cosas totalmente injustas, inequitativas y contrarias al interés nacional”

 

“Desde el momento en que se instaló el radar y estalló el escándalo, y de oficio no se ordenó allanar el lugar a donde está instalado el radar para lograr determinar qué es lo que realmente estaba haciendo, era claro que poder judicial no iba a hacer lo que correspondía”, enfatizó Moreno.

 

“Quiero recordar a la gente que LeoLabs el 25 de septiembre de 2023, por medio de una carta formal, le avisó al gobernador Gustavo Melella que se iba a llevar material electrónico, luego de que se incendiara la cabaña que estaba a unos metros del radar y que era alquilada por el gobierno provincial, para evitar que estos fueran dañados por terceros”.

 

“La pregunta es: existiendo una situación de extrema gravedad con un radar que no se sabe qué es lo que hace y si está haciendo inteligencia militar para el Reino Unido ¿por qué el gobierno provincial no solicitó a la justicia que ese material electrónico quedara bajo resguardo judicial para determinar qué información contenía? Obviamente, Melella, Dachary, Lavori, (todos entongados) no hicieron nada de esto, pero lo que tendría que haber hecho la justicia, de oficio, es solicitar que eso quede bajo resguardo judicial para determinar qué hacían esas cuestiones electrónicas, pudiendo contener las pruebas del uso dual -militar- del dispositivo”.

 

“Desde ese momento, el Poder Judicial actúo mal, y luego no vio las relaciones que existen entre los funcionarios con la empresa. A Mancini nunca lo llamó para preguntarle como es posible que haya puesto la energía al radar, renunciara la DPE para irse de funcionario a otra dependencia y haya puesto a su hijo como Gerente ¿Cómo es posible que la provincia haya dado todos los permisos de manera exprés y que un asesor de la provincia sea también asesor externo de la empresa LeoLabs? ¿No le llamó la atención nada de esto a la justicia?”

 

“Después el Senador Nacional Daniel Blanco va con una presentación a la Fiscalía, y esta lo único que señala es que el gobierno provincial debería haber sido mas diligentes, pero que no hay ningún delito. Terrible, y solo entendible en el marco de que la fiscalía lo que hace es defender a la provincia”.

 

“Lo que veo es que la justicia, tanto la fueguina como la nacional, no quiere investigar. Recordemos que Melella y sus funcionarios fueron denunciados por Asociación Ilícita, Traición a la Patria, Abuso de Poder y Falta a los deberes de Funcionario público. ¿Porque queríamos nosotros crear la Comisión Investigadora?, porque era una forma de recolectar las pruebas que la justicia no quiere investigar. Porque las pruebas que nosotros podemos recabar con la Comisión Investigadra, iban a servir para nutrir con más pruebas esas denuncias”.

 

“Ahora, este desdoblamiento, sepa o no lo sepa el juez, solo va a servir para que se pague la multa y para que el radar continúe instalado”.

 

“No espero que el poder judicial fueguino o nacional intente saquen el radar. Porque la justicia está totalmente influenciada por los gobiernos nacionales y provinciales. Y todos sabemos que el gobierno nacional actual, que si bien no puso el radar, sí va a hacer todas las presiones necesarias para que el radar continúe, y, por otro lado, la provincia, que fue la que puso el radar y le dio todos los permisos a empresa -anteriores a la autorización de nación para ello- no quiere que el radar se vaya. Porque si el radar se va tendrían que asumir la responsabilidad de haberlo puesto”.

 

“Dudo que la vía judicial sea la herramienta para sacar el radar, esto es una cuestión de decisión política que provincia y nación no quieren tomar”.