La “inviolabilidad de la propiedad”, como excusa para la extranjerización de la patria

Desde una concepción estrictamente nacional, federal, productiva y soberanista, expresamos nuestro rechazo categórico al proyecto de ley remitido al Congreso de la Nación bajo el engañoso título de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", LA TIERRA ARGENTINA NO ES UNA MERCANCÍA SIN BANDERA.

 

Aclaramos desde el inicio: no nos oponemos a la propiedad privada. Defendemos con firmeza la vivienda de las familias trabajadoras, la chacra del pequeño y mediano productor, el comercio, las cooperativas, la industria nacional y el ahorro construido con esfuerzo. Pero proteger la propiedad de los argentinos no equivale a convertir el territorio nacional en un activo financiero sin bandera ni a colocar en el mismo plano la casa de una familia con el despojo masivo a manos de corporaciones transnacionales. No estamos contra la propiedad privada; estamos contra la privatización de la Patria.

 

El gobierno parte de una visión mutilada de la Constitución Nacional: manipula el artículo 17 para consagrar el privilegio del gran capital, desconociendo el derecho a la vivienda digna, la función social de la tierra, el desarrollo armónico y el uso racional de los recursos naturales. La soberanía territorial no es solo flamear una bandera; es la capacidad real del pueblo argentino para decidir quién posee la tierra, qué se produce, qué agua se protege y cómo se puebla la Nación.

 

Este proyecto no es una reforma técnica; es un plan de reconfiguración y entrega territorial basado en cuatro ataques centrales:

 

1_ El Corazón Antinacional: La extranjerización sin límites de tierras rurales

 

El proyecto elimina los límites objetivos de la Ley N° 26.737 (el tope del 15%, las 1.000 hectáreas en zona núcleo y la protección estricta sobre ríos, lagos y fronteras), reduciendo el control únicamente a Estados extranjeros pero abriendo las puertas de par en par a corporaciones privadas, fondos especulativos y multinacionales.

 

Esta entrega se pretende ejecutar sobre un mapa ya despojado: según datos oficiales del Registro Nacional de Tierras Rurales, existen más de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras en la Argentina, el equivalente a toda la superficie de la provincia de Santa Fe o al territorio entero de Inglaterra. Aunque el promedio nacional ronda el 5%, la presión no es homogénea: 36 departamentos superan el límite legal del 15% y en 4 departamentos más del 50% del suelo ya está privatizado por el capital foráneo. El proyecto no hace más que levantar las barreras precisamente en esos enclaves estratégicos ricos en agua, minerales y logística.

 

2_ Desalojos veloces y abandono de los barrios populares

 

Mientras se garantiza el remate del suelo rural a los grandes patrimonios, el proyecto desmantela la Ley N° 27.453 (RENABAP), eliminando las herramientas nacionales de expropiación e integración socio-urbana para "descentralizar el abandono" en provincias y municipios desfinanciados.

 

Al mismo tiempo, introduce un régimen de desalojos sumarísimos con intimaciones de pago de apenas 3 días y desocupaciones inmediatas. Se crea una maquinaria automática de expulsión para las familias humildes e inquilinos vulnerables mientras se consagra la especulación inmobiliaria.

 

3_ Incentivo a la especulación inmobiliaria con el fuego

 

Al derogar los artículos 22 ter y 22 quater de la Ley de Manejo del Fuego (Ley N° 26.815), se elimina la prohibición de cambio de uso sobre superficies incendiadas. Reemplazar una barrera objetiva por obligaciones generales de restauración no impide el delito: vuelve a reintroducir el incentivo intencional con objetivos económicos para que el fuego intencional sobre bosques, humedales y matorrales sea el paso previo a un loteo o desarrollo extractivo privado.

 

4_ Parálisis del Estado y la digitalización como fachada

 

Se atenúa la capacidad de regulación pública mediante un régimen expropiatorio rígido que somete toda norma ambiental, sanitaria u ordenamiento territorial a disputas indemnizatorias. Asimismo, se limita la capacidad de respuesta estatal en emergencias y catástrofes a ocupaciones de apenas 60 días. Pretenden disfrazar este saqueo empaquetando en la misma ley la digitalización de los registros inmobiliarios, utilizando una modernización administrativa razonable como "caballo de Troya" para aprobar el desguace del territorio nacional.

 

Exigimos al Congreso de la Nación

 

Exigimos a los legisladores nacionales el rechazo absoluto a este proyecto de ley de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada". La Argentina necesita inversiones reales que generen empleo, transfieran tecnología y se subordinen al proyecto de desarrollo nacional, no el establecimiento de una soberanía privada sobre su geografía.

 

• Exigimos mantener los topes objetivos a la extranjerización sobre personas humanas, corporaciones y fondos privados.
• Exigimos blindar nuestras fuentes de agua, zonas de frontera y reservas naturales.
• Exigimos sostener la responsabilidad nacional sobre la integración urbana y garantizar el derecho a la defensa de los inquilinos y familias trabajadoras.

 

La propiedad privada debe ser protegida, pero la Soberanía Nacional debe ser protegida todavía más donde el interés general prima sobre el interés particular. No existe seguridad jurídica para los ciudadanos cuando la Patria pierde su seguridad territorial.

 

¡La tierra argentina no es una mercancía sin bandera!

¡El territorio no se remata, los recursos no se entregan, la Patria no se Vende!

 

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