¨Las actuales autoridades nacionales, creen que el radar instalado puedo ser beneficioso¨

El exlegislador fueguino y senador nacional (m.c.), Pablo Blanco, luego de una exposición reveladora en la Legislatura provincial fueguina, de mas de una hora, se refirió al avance de la comisión investigadora respecto a la instalación del radar británico-estadounidense operado por la firma LeoLabs en la localidad de Tolhuin.

Durante la entrevista el referente parlamentario expresó su satisfacción por el inicio del trabajo investigativo, denunció irresponsabilidades cruzadas entre los Estados provincial y nacional, y manifestó una profunda preocupación por la postura del Gobierno nacional sobre el futuro del dispositivo.

La conformación de la comisión investigadora

Al evaluar la instancia abierta en el ámbito legislativo para indagar sobre la puesta en marcha de la estructura, Blanco valoró el mecanismo aunque remarcó la demora en su activación: «A mí me parece muy bien que se haya conformado esta comisión. Me hubiera gustado que hubiera sido allá por el año ’23 cuando muchos la solicitábamos, pero bueno, las circunstancias se dieron así, y no hubo posibilidad de armarla en esa época. Me parece que es el mecanismo adecuado, ideal para llegar a obtener toda la información posible».

En ese sentido, cuestionó el proceso que permitió el desembarco de la compañía con capitales británicos e irlandeses en la isla: «[Es el mecanismo para saber] cómo Inglaterra, a través de una empresa, pudo instalar en Tierra del Fuego —una provincia donde ellos tienen ocupado parte de nuestro territorio— un radar sin que acá pasara nada, y que muchos se hicieran los desentendidos hasta que esto se dio a publicidad. La verdad que si esto no se hubiera dado a publicidad como se dio, seguramente hoy teníamos el radar funcionando sin que nadie supiera nada».

Responsabilidades por «acción u omisión»

Consultado sobre el rol de las distintas esferas de gobierno en la habilitación del proyecto, el exsenador fue categórico al señalar fallas tanto en el plano local como en el federal: «Yo creo que hay responsabilidades conjuntas tanto de la provincia como de la nación, por acción o por omisión. A mí algo que me llamó la atención desde el primer momento es que Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia no puede llevar adelante la inscripción de una subsidiaria de una empresa con capitales ingleses e irlandeses en Tierra del Fuego, con el objeto que decía: la instalación de un radar, sin que eso llame la atención y se dé comunicación o información al área superior».

Para Blanco, la tramitación inicial constituyó una falla grave dentro de la administración pública: «Me parece que es una irresponsabilidad total. No me cabe en la cabeza... Yo no puedo ir a Estados Unidos a instalar un radar, o a Brasil, o a la propia Inglaterra. Me parece que es imposible. Bueno, en Tierra del Fuego lamentablemente se dio, y yo creo que ahí nació el principio».

Asimismo, recordó que la empresa intentó realizar modificaciones operativas tras el inicio de los trámites: «Esta propia empresa, LeoLabs Argentina, solicita con posteridad o presenta a Personas Jurídicas o al Gobierno de la provincia una nota para cambiar los integrantes de la razón social, para cambiar los capitales que conforman LeoLabs Argentina».

La alerta por la postura de Nación sobre el futuro del radar

El punto central de su advertencia giró en torno a las declaraciones brindadas en el Congreso de la Nación por funcionarios del Poder Ejecutivo nacional respecto a la utilidad de la estación de rastreo: «Estoy preocupado porque la última información que yo tuve de las actuales autoridades nacionales —que fue más precisamente en una comparecencia al Senado de la Nación del Jefe de Gabinete en su momento, el Dr. [Guillermo] Francos— él se manifestó contrario a mi opinión. Él decía que 'podía ser beneficioso para Argentina (VIDEO) que ese radar esté instalado en Tolhuin'».

Blanco rechazó la justificación técnica que reduce la función de la aparatología al monitoreo de chatarra en la órbita terrestre y enfatizó el impacto estratégico en materia de seguridad e inteligencia regional: «A mí me sorprende, porque más allá de que algunos digan que es el seguimiento de basura espacial, quedó claramente especificado en los informes hechos por personal idóneo, por personal técnico que conoce la materia, que es de una función dual: así como puede rastrear basura espacial, también hace operaciones de inteligencia».

Finalmente, concluyó remarcando la incompatibilidad de la presencia de la firma en la provincia con los reclamos históricos de soberanía: «Tener operaciones de inteligencia una empresa radicada acá, que es socio directo de quienes usurpan la Tierra del Fuego, me parece una locura. Aquellos que tanto dicen defender Malvinas y la reivindicación de Malvinas, me parece que con esto tiran por tierra [todo]».

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