Moreno Calderón analizó puntos clave de las primeras reuniones de la Comisión Investigadora

En una extensa entrevista, Luciano R Moreno Calderón, referente de la Unión Malvinizadora Argentina y director de Pal’Sur, desglosa los pasajes clave de las primeras reuniones públicas de la Comisión Investigadora sobre el radar británico en Tolhuin, llevadas a cabo en la Legislatura Provincial fueguina. Revelaciones sobre el peligro militar latente, la falacia del "uso civil", el entramado de nombramientos directivos y las severas omisiones e inacciones del gobierno provincial.

 

El caso del radar de rastreo satelital instalado en Tolhuin por la empresa LeoLabs atraviesa uno de sus momentos institucionales más definitorios, tras la puesta en marcha de las audiencias públicas de la Comisión Investigadora de la Legislatura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, enmarcada en el artículo 106 de la Constitución provincial.

 

Luciano R. Moreno Calderón —autor del libro “Crónica de un radar Británico en Tierra del Fuego. Una crónica de ocultamiento y complicidades”— explicó al detalle los antecedentes del conflicto, el fallo de primera instancia que disolvió la inscripción de la sociedad que motivo la exposición del Juez Gonzáles, las demoras deliberadas del Poder Ejecutivo fueguino y las responsabilidades políticas que rodean una instalación que compromete la soberanía nacional y pone en peligro a la población no solo de Tolhuin, sino de toda la Isla Grande de Tierra del Fuego.

 

Naturaleza dual y el riesgo inminente de “blanco militar”

 

Para iniciar el análisis, Moreno Calderón contextualizó la dimensión estratégica del equipamiento tecnológico emplazado en el corazón geográfico de la Isla Grande, desmintiendo de forma categórica que el proyecto se haya tratado alguna vez solo de una mera necesidad científica o de monitoreo espacial para proteger las telecomunicaciones:

 

“Las Malvinas son argentinas y fueguinas, y este tema del radar británico-estadounidense, instalado en el período comprendido entre noviembre de 2021 y marzo de 2023, es algo que atañe específicamente a la Cuestión Malvinas, Atlántico Sur y Antártida, porque es un radar que tiene un fin dual, es decir, civil y militar, y que fue instalado en el corazón de la Isla Grande de Tierra del Fuego”.

 

Explicó cuál es el propósito central de la antena dentro de la arquitectura de defensa de la OTAN en el Atlántico Sur:

 

“En su faz militar, se usa para proteger la usurpación británica, ya que su finalidad es resguardar las Islas Malvinas de ataques con misiles hipersónicos, teledirigidos, que pueden tener o no cabeza nuclear, que podría enviar alguna potencia para atacar una base de ultramar colonial de la OTAN, como es la que tiene el Reino Unido en Monte Agradable”.

 

Subrayó que sus apreciaciones no responden a especulaciones o teorías conspirativas, sino a las conclusiones oficiales redactadas por los propios organismos de Defensa e Inteligencia de la República Argentina:

 

“Esto que estoy describiendo, que es la faz militar de ese radar, no es que diga porque se me ocurre o porque soy un conspiranoico. Lo sostuvo específicamente un informe realizado por el Ministerio de Defensa, con la CONAE, el INVAP, la Secretaría de Inteligencia y la Jefatura del Estado Mayor Conjunto, en julio de 2023.”

 

Advirtió, asimismo, sobre el impacto catastrófico que la permanencia del radar representa para los habitantes de la provincia en caso de una escalada bélica global:

 

“No solamente protege la base militar británica, sino que además pone en peligro a la población fueguina, porque de existir un ataque a esa base por parte de una potencia con esos tipos de misiles (como Rusia), el elemento de detección de esos misiles podría transformarse en un objetivo militar. ¿Qué quiere decir? Si Rusia o China o cualquiera que tuviera capacidad militar para atacar las Islas Malvinas por ser una base militar de la OTAN en un escenario de guerra global, lo que tendría que hacer primero es deshabilitar el radar británico-estadounidense instalado en Tierra del Fuego.”

 

“Esta amenaza ya se hizo explícita en julio de 2024, cuando Rusia amenazó al Reino Unido que, si usaba armas británicas en la guerra de Ucrania, iba a verse en el derecho de atacar ciertas bases de ultramar británicas -entre ellas Islas Malvinas- con misiles intercontinentales e hipersónicos con los que ya estaba haciendo pruebas.”

 

La trastienda de la Comisión Investigadora y el revés judicial

 

La creación del cuerpo parlamentario para investigar la instalación del radar no fue solo producto de una iniciativa espontánea de la dirigencia política, sino del empuje de las organizaciones de veteranos de guerra y de la ciudadanía movilizada.

 

“La comisión investigadora surge a pedido del  legislador Pablo Villegas (2023 y 2024), y el pedido formal de la Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina —que nuclea el 90% del padrón de combatientes del país—, la cual juntó 10.000 firmas y las presentó en la legislatura en diciembre de 2023”.

 

“¿Qué característica tiene la comisión investigadora? Que no es igual a las comisiones regulares. Está enmarcada en el Artículo 106, y tiene un fin específico: investigar cómo es que llegó a instalarse un radar de estas características y determinar quiénes fueron los responsables, tanto administrativos como políticos, de ese acto apátrida.”

 

En relación con el desarrollo del trabajo de la comisión durante sus primeras reuniones públicas, detalló los testimonios recibidos, en particular la presentación del juez González, magistrado que dictó la sentencia de primera instancia sobre la sociedad registral de la empresa:

 

“El juez presentó cuáles fueron la documentación que utilizó para cimentar argumentalmente la sentencia que pretende disolver la inscripción de la empresa LeoLabs Argentina en la Inspección General de Justicia. Son alrededor de 5.000 fojas que ya se incorporaron a la Comisión y son públicas”.

 

“En el fallo de primera instancia, el juez determina que, producto de una causal sobreviniente —fundada en el informe del Ministerio de Defensa que explica con claridad la peligrosidad para la soberanía y la seguridad nacional del radar—,esa empresa no pueda seguir funcionando en la provincia.”

 

No obstante, Moreno Calderón encendió las alarmas respecto a la falsa sensación de resolución que intentó instalarse desde el sector oficialista:

 

“Escucho que en todos los medios dicen: 'la sentencia impulsada por el gobierno provincial'. Primero: la empresa que se pretende disolver fue la autorizada en tiempo record por la propia provincia. Segundo: cualquiera que entienda lo mínimo del derecho sabe que la mayoría de las sentencias en primera instancia son recurridas. Es más: mientras el juez estaba hablando con nosotros, nos contó que le había ingresado la notificación  de que LeoLabs había iniciado la vía recursiva.”

 

“Es decir, el fallo en primera instancia había sido apelado. Eso significa que ahora no sabemos cuándo va a existir un fallo de la Cámara de Apelaciones diciendo si da lugar a la sentencia ya emitida en favor de la disolución de la empresa, o si LeoLabs gana y el radar sigue instalado y funcionando como hasta ahora”.

 

Las falencias de la IGJ y 11 meses de inacción oficial

 

Al analizar la actuación del Poder Ejecutivo provincial y sus dependencias de contralor, Moreno Calderón apuntó directamente contra el gabinete ministerial fueguino:

 

“La Inspección General de Justicia aprobó absolutamente todo para que el radar pudiera funcionar, y el Ministerio de Ambiente le dio todos los permisos necesarios en tiempos irrisorios e inaccesibles para cualquier ciudadano”.

 

“En los considerandos 9 y 11 de la sentencia en primera instancia, se dice específicamente que existieron 'falencias' por parte de la Inspección General de Justicia, que no supo o no quiso utilizar su poder de policía, para auditar e investigar las documentaciones que se presentan y los fines que tienen esas sociedades”.

 

Analizando los considerandos del fallo, Moreno precisó: “La IGJ no tomó los recaudos necesarios -como tampoco lo hizo Ambiente-. Porque si aparece una empresa con capitales británicos para poner dos radares gigantes, cualquier persona, incluso solo por curiosidad, se pone a investigar o por lo menos busca en Google para saber de qué trata la empresa. Y si se hacía eso, se podía observar, desde la propia página de LeoLabs, que no era solo una empresa con capacidad exclusivamente civil”.

 

“La presentación de la Inspección General de Justicia para que se disuelva la empresa que ellos mismos autorizaron es realizada en agosto de 2024. Pero quiero señalar algo: la Legislatura provincial, en septiembre de 2023, había dictado una resolución -la N°302- pidiéndole al Ejecutivo que disolviera la empresa.”

 

“La Inspección General de Justicia, el gobierno provincial, Gustavo Melella, Andrés Dachary, Carolina Lavori, Sonia Castiglione, Agustín Tita, todos estos que dieron los permisos o con silencio permitieron la consolidación del dispositivo, tardaron 11 meses en acatar lo que la Legislatura les dijo. Es decir, que no fue un impulso propio sino un pedido del cuerpo legislativo, que fue acatado en forma tardía y a raíz de sus anteriores gestiones direccionadas a instalar el radar.”

 

El discurso del "fin humanitario", la agilidad en los permisos y el mapa societario

 

Durante la entrevista, el analista desenmascaró los argumentos defensivos construidos por la compañía internacional y por los funcionarios locales que en un principio pretendían justificar la instalación del dispositivo, cuando se descubrió la instalación:

 

“LeoLabs salía a decir que lo que hacía su empresa con sus radares era proteger las telecomunicaciones mundiales, ya que al observar y analizar los recorridos de la basura espacial lograba que los satélites estuvieran más seguros. Y si bien eso puede ser cierto, esta función no es excluyente de su funcionalidad militar, vinculada a la defensa y por la cual firmó con contrato con el Ministerio de Defensa del Reino Unido en 2024”.

 

Luego analizó el sospechoso silencio oficial del gobierno provincial frente a la instalación de un dispositivo inédito no solo en la provincia y país, sino en toda Sudamérica, que supuestamente era tan beneficioso para las telecomunicaciones mundiales.

 

“Resulta que los primeros pasos administrativos de la empresa en la provincia, por impulso de personas vinculadas al gobierno provincial, se dan entre el 21 de noviembre de 2021 y agosto de 2022, para que recién el 22 de noviembre de 2022 la Secretaría de Telecomunicaciones de la Nación y el ENACOM (en ese momento vicepresidido por el presidente de FORJA) le diera la autorización precaria. Durante todo ese tiempo –y hasta junio de 2023- en la provincia nadie dijo nada sobre la instalación”.

 

“En Río Grande o Ushuaia asfaltan una calle y ves al intendente, al gobernador, a los diputados, senadores y concejales en fila hablando de la gran obra. Ahora, ante un radar inédito en Sudamérica para proteger las telecomunicaciones mundiales, ¿cómo es que no lo anuncia el gobierno provincial con bombos y platillo -y de manera constante- diciendo: 'nosotros somos la salvación telecomunicacional de la humanidad'? Si no hicieron eso, si Andrés Dachary —que dijo que conocía el proyecto hace mucho— no lo anunció oficalmente, es por algo. Si Carolina Lavori, que es la secretaria de Asuntos Geopolíticos, no lo dijo, me resulta raro.”

 

Con igual severidad, denunció la sospechosa celeridad burocrática en la aprobación del Viso ambiental en comparación con las exigencias a cualquier habitante de la isla:

 

“Vos, persona física o jurídica, querés poner un galponcito al lado de la ruta y te piden que hagas encuestas hasta a las vacas para ver si no afecta al ambiente. Tardás años en lograr una autorización ambiental para hacer casi cualquier cosa. Ahora, la autorización ambiental para poner dos radares gigantes como dos estadios de fútbol, con capitales británicos, se la dieron en 28 días. ¿A vos no te parece raro?”

 

En otro tramo de alto impacto, citó los vínculos entre exfuncionarios del área energética y la cúpula empresarial de la firma transnacional:

 

“El hijo del exdirector provincial de Energía, Alberto Mancini —Diego Mancini—, es director de la empresa LeoLabs. Un chico cuyo oficio es ser músico, y digo esto citando al exsenador nacional Pablo Daniel Blanco, quien hizo un estudio y dijo en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado –cuando se trató el tema del radar en 2023- que todos los directores de LeoLabs en todo el mundo tienen títulos universitarios que los avalan, por ser abogados, técnicos en telecomunicaciones o especialistas en radares. A contramano de todos estos antecedentes, en Tierra del Fuego el hijo del director provincial de Energía —durante cuya dirección se tramitó rapidísimo todo lo necesario para que se energizara el radar y que es especialista en radares y detección de misiles— es director de la empresa LeoLabs”.

 

El cruce con la conducción militar y la maniobra de camuflaje societario

 

Moreno Calderón recordó las maniobras comunicacionales desplegadas por el Ejecutivo en los momentos en que la noticia tomó trascendencia pública nacional:

 

“Cuando sale la nota, el que aparece para decir que el radar solamente servía para monitoreo de basura espacial es Andrés Dachary, que se inmola diciendo: 'Bueno, en realidad no tiene capitales británicos'. Una total mentira, porque era muy fácil de constatar la nacionalidad de los capitales metiéndose en la Inspección General de Justicia de su gestión.”

 

“Y agregó que, en el caso de que tuviera capitales británicos, lo que podía hacer la empresa era cambiar el capital societario —ese 5% de una de las sociedades— y que el radar podía seguir funcionando”.

 

“Luego, quien sale a decir que la empresa solo tenía capitales estadounidenses y que cualquier cosa había que preguntarle a Luis Hormechea, -asesor del gobierno provincial en CIT y consultor de LeoLabs- fue el propio gobernador Gustavo Melella”.

 

Posterior a ello, agregó Moreno, “El General Martín Paleo –Jefe del Estado Mayor Conjunto- sacó un artículo el 9 de julio de 2023 titulado '9 de julio, soberanía espacial', que claramente es publicado porque se veía que desde la provincia y desde una facción del Gobierno Nacional se estaba tratando de aminorar lo que hacía el radar para que pudiera seguir funcionando, usando la estrategia del Secretario de Malvinas de la provincia, es decir, mudando el capital societario”.

 

“Cuando Paleo saca este artículo, diferentes personas vinculadas al Ejecutivo Provincial, incluso el propio gobernador, empezaron a salir a atacarlo o criticar fuertemente la exposición pública del peligro que significaba el radar. En vez de agradecerle por haber alertado a la comunidad fueguina, salieron a decir: '¿Cómo me sacas una foto con el culo sucio?'. Ahí te das cuenta de que el problema para el gobierno fueguino nunca fue el radar, sino que se supo lo que realmente hacía, contradiciendo el intento de Dachary de tergiversar o aminorar lo que hace el radar.”

 

“Recordemos que públicamente Dachary fue el que le dió a LeoLabs la estrategia que sigue utilizando: mudar el 5% accionario a Delaware, Estados Unidos, para que la cuestión societaria con el Reino Unido quede de lado. Buscando obviar que lo que hace al radar peligroso es su función, no el porcentaje accionario que tiene el Reino Unido, que solo agrava la situación en términos diplomáticos e institucionales.”

 

La dimensión física y alcance técnico del radar LEO

 

Para graficar el volumen y alcance de la tecnología emplazada en las inmediaciones de Tolhuin, el referente malvinizador ofreció precisiones sobre su cobertura geográfica:

 

“El radar se llama LEO, por Low Earth Orbit (Órbita Terrestre Baja). Significa que lo que hace es observar la órbita baja de la Tierra, que es este espectro por sobre el suelo del planeta que va entre los 200 y los 3.000 kilómetros para arriba. Pero así como va para arriba, también va para los costados.”

 

“El radar controla, en su faz de observación, 3.000 kilómetros para arriba y llega hasta la Península Antártica. Controla los tres estrechos: el de Magallanes, el Beagle y el Mar de Hoces (Pasaje de Drake). Y así lo muestra el Ministerio de defensa en las imágenes de su informe oficial. Me parece que es un asunto estrictamente geopolítico, y que no podía pasar desapercibido para la Secretaria de Asuntos Estratégicos, de Carolina Lavori Heninger, familiar de una de las que firmó algunas autorizaciones ambientales.”

 

Apoyo institucional, encubrimiento y la búsqueda de responsabilidades

 

Hacia el tramo final, Moreno Calderón repasó la comitiva política que participó de los actos vinculados a la llegada de la empresa y la presencia diplomática de los Estados Unidos en la provincia:

 

“El radar fue inaugurado por Gustavo Melella, Andrés Dachary y Agustín Tita durante la visita del embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, el 14 de marzo de 2023. Está la foto de ellos juntos, el tuit de Melella, el twitt de Mark Stanley retrwiteando a LaoLabs agradeciéndole al gobernador y a la provincia por permitir que LeoLabs se instale, y que, aunque luego fue eliminado, quedó registrado, al igual que el twitt también eliminado de la Embajada Argentina en Washington.”

 

“Es muy difícil que muchos funcionarios que quizás no hayan puesto la firma no supieran lo que estaba pasando. Por ejemplo, Carolina Lavori, secretaria de asuntos geopolíticos... Viene el embajador Mark Stanley, máxima autoridad  de EE.UU. en el país a inaugurar un radar. ¿A vos qué te parece? ¿Es una cuestión de tenor geopolítico destacable y para analizar por parte de una funcionario que cobra millones para eso?”

 

Por último, el escritor reafirmó el compromiso de las organizaciones sociales y de veteranos en la recolección de pruebas para evitar el estancamiento de las actuaciones y juzgar los comportamientos políticos:

 

“Por acción u omisión, el radar tiene cómplices dentro del gobierno provincial fueguino. El problema más grave que tiene este radar y que tiene la política fueguina es que se aprovechan de que la gente pasa necesidades y no puede estar atenta de lo que sucede.”

 

“La conclusión de la Comisión Investigadora va a ser con fines políticos para poder individualizar responsabilidades. Yo tengo esperanza de que va a ser un lindo dictamen, pero si no lo fuera, con toda la información que nosotros estamos juntando vamos a poder nutrir muchas de las denuncias que se hicieron en Buenos Aires y acá.”

 

“La Comisión también va a ser fundamental para lograr que muchas de las personas que hicieron esto queden totalmente expuestas y nunca más puedan acceder a un cargo público. Es fundamental que el pueblo argentino y fueguino sepa lo que hicieron y quienes fueron, para que cada vez que aparezcan queriendo hablar de la patria, todo el mundo recuerde sus actos. Tengan presente que solo nos dimos cuenta de esto porque el radar porque está a la vista desde de la Ruta N° 3… imagínense las cosas que habrán hecho y aún no sabemos”.

 

-------------------

Apoyá este medio independiente,

para poder llegar a mas personas.

- Alias: portalpalsur 

- SUSCRIBITE y obtené beneficios

 $5000 x mes: Mercado Pago