El juez que anuló la inscripción del radar defendió su fallo pero advirtió que la sentencia no está firme

Ante la Comisión Investigadora de la Legislatura fueguina, el Dr. Gustavo González detalló los fundamentos jurídicos de su resolución, la cual se basó en el interés público y la soberanía nacional. Explicó que el expediente ya está en la Cámara de Apelaciones y que la Inspección General de Justicia debió ejercer un control más diligente al momento de inscribir la firma.

 

La Comisión Investigadora de la Legislatura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur recibió el último jueves un testimonio fundamental para desentrañar el entramado institucional detrás del polémico radar de la firma LeoLabs, instalado a solo tres kilómetros de la ciudad de Tolhuin. El titular del Juzgado Civil y Comercial N° 2 del Distrito Judicial Sur, Dr. Gustavo González, compareció ante los parlamentarios tras haber remitido la totalidad de las 5.000 fojas que componen el expediente digital de la causa.

 

Durante su extensa exposición, el magistrado buscó clarificar el alcance de una decisión judicial del 21 de abril de 2026 que ha sido calificada como histórica por los sectores que defienden la soberanía, aunque introdujo una fuerte dosis de prudencia procesal: el fallo que declaró la nulidad de la empresa es de primera instancia y, al haber sido recurrido por la defensa corporativa, el escenario legal permanece abierto.

 

El peso de la soberanía y el interés público

 

El litigio comercial se inició en agosto de 2024, cuando la Inspección General de Justicia (IGJ) provincial -que permitió la instalación del radar-, luego de la presión de social, demandó a LeoLabs Argentina SRL exigiendo su disolución y liquidación tras cancelarse el permiso precario que la Nación le otorgó el 15 de noviembre 2022. Informes posteriores de la Cancillería y el Ministerio de Defensa determinaron el carácter "dual" del radar, advirtiendo que su tecnología posee capacidades militares aptas para afectar la defensa nacional y la seguridad estratégica del país.

 

Frente al planteo de la empresa -que argumentaba que la IGJ carecía de facultades sobre una SRL y que los permisos federales aún no estaban totalmente firmes- el juez González optó por una vía alternativa: en lugar de convalidar una simple disolución comercial (que bajo el derecho de sociedades se maneja con criterios restrictivos), decretó la nulidad absoluta de la inscripción originaria.

 

"El caso LeoLabs, conocido como el radar inglés, posee una sensibilidad social muy especial", argumentó González ante la comisión legislativa, justificando que su resolución se fundó sólidamente en el concepto de "interés público" y en el resguardo de la paz social. Al introducir tanto la IGJ como la propia firma el debate sobre la soberanía en sus alegatos, el magistrado entendió que fallar en ese sentido respetaba de forma estricta el principio de congruencia procesal.

 

Un revés judicial que aún puede revertirse

 

A pesar del optimismo reinante en el arco político local por el sentido de la sentencia, el Dr. González fue categórico respecto a los tiempos y las reglas del Poder Judicial: “Es una sentencia de primera instancia que está en etapa de apelación y, en términos procesales, no está firme”. El expediente, según confirmó el propio juez, fue derivado de manera formal a la Cámara de Apelaciones, un órgano revisor que cuenta con plazos propios y que posee la facultad de ratificar, modificar o revocar integralmente lo dictaminado en el juzgado de origen.

 

Asimismo, el magistrado aclaró los límites de su competencia para evitar falsas expectativas en la ciudadanía: el juicio bajo su órbita -a diferencia del presentado tardíamente en tiempo eleccionario por el Municipio de Tolhuin- nunca contempló ordenar el desmantelamiento físico de las gigantescas estructuras de Tolhuin. "El objeto de este juicio no iba tendiente a que se desarme el radar, sino a dirimir la existencia jurídica de la sociedad", pormenorizó.

 

Exhortación a los controles del Estado

 

Uno de los puntos que despertó mayor debate entre los legisladores presentes fue el nivel de rigurosidad de los organismos provinciales al momento de permitir el desembarco de capitales británico-estadounidenses en una zona de alta sensibilidad geopolítica.

 

Frente a mi consulta sobre las “falencias” a las que se refiere los considerandos 9 y 11 de su fallo, González reconoció haber incluido un fuerte llamado de atención en los fundamentos de su desición. Para el magistrado, la IGJ debió haber ejercido con mayor rigor su "poder de policía" y exhibir un rol mucho más punzante. “Se podría haber sido más diligente en el control de la inscripción. Si me traen un contrato que dice explícitamente que el objeto de la sociedad es un radar, como mínimo tiene que llamar la atención”, sentenció ante los parlamentarios. La velocidad del trámite —que según se ventiló en la reunión tomó apenas un mes en completarse— contrasta drásticamente con las demoras habituales que sufren las entidades civiles o comerciales locales.

 

El factor Mancini y los 11 meses de demora

 

El momento más agudo del encuentro se vivió cuando pude consultar al juez sobre hipótesis que apuntan directamente al corazón del poder político fueguino. Le pregunté explícitamente si había analizado que uno de los miembros clave del directorio de LeoLabs Argentina era el hijo del entonces Director Provincial de Energía (Alberto Mancini), precisamente el funcionario que directa o indirectamente otorgó las primeras e indispensables autorizaciones de factibilidad eléctrica para instalar el radar.

 

Asimismo, le consulté si había analizado la llamativa inacción del Poder Ejecutivo provincial, recordándole que, mediante la Resolución 302 emitida el 29 de septiembre, la Legislatura le ordenó expresamente al Gobierno que solicitara de inmediato la disolución de la firma. Sin embargo, la Inspección General de Justicia demoró más de 11 meses en plasmar la presentación ante los tribunales.

 

El Dr. González fue tajante y deslindó el rol judicial: “A las dos preguntas que me hacés, la verdad que no se analizaron porque no hacen al objeto del proceso. Al tribunal, este vínculo filial en la resolución del caso nada le cambia”. Explicó que la justicia no audita de oficio los motivos de la tardanza de los demandantes: "Nosotros en tribunales estamos a la espera de que la gente inicie el juicio. Cuando lo inician, lo inician; no entramos a decir por qué lo hiciste en tal o cual fecha, a menos que la contraparte plantee una excepción de prescripción, lo cual no ocurrió aquí".

 

Trámite "exprés" y el escándalo ambiental

 

El debate legislativo derivó de forma inevitable en la alarmante celeridad con la que se movieron los expedientes de la multinacional británica en las oficinas estatales fueguinas. Los parlamentarios compararon sus experiencias personales, el legislador Lapadula señaló que la inscripción de un simple club civil o de un directorio local puede demorar más de un año en la provincia, mientras que LeoLabs consiguió su vida jurídica en un plazo de un mes.

 

Algo similar ocurrió en materia ambiental. Durante la reunión pude exponer que la aprobación del permiso ambiental para emplazar las dos colosales estructuras tardó apenas treinta días; un trámite aprobado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en ese momento a cargo de Sonia Castiglione. "Es una barbaridad. Si querés poner un galpón al lado de la ruta hacen encuestas hasta a los gorriones para ver si podés, y acá tardaron un mes para dos radares gigantes".

 

En el mismo sentido, la legisladora Laura Colazo expuso que el Ejecutivo Provincial solo le exigió a la empresa una simple "Guía de Aviso de Proyecto" —reservada para obras menores— en lugar de una rigurosa "Evaluación de Impacto Ambiental", abriendo una nueva línea de investigación que la Legislatura abordará en los próximos días.

 

Con el testimonio del magistrado, la Comisión Investigadora sumó una pieza clave para su dictamen final. Mientras la batalla política continúa deslindando las responsabilidades de los funcionarios que actuaron por acción u omisión, el futuro jurídico del radar enclavado en el corazón de la isla de Tierra del Fuego descansa ahora en los despachos de la Cámara de Apelaciones.

 

 

Por

Luciano R. Moreno Calderón

Director de Pal´Sur

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