Moreno Calderón volvió a presentar el proyecto para la Denuncia fueguina por la pesca ilegal en Malvinas

El viernes 9 de octubre, Luciano R. Moreno Calderón, referente de la Unión Malvinizadora Argentina y Director de Pal´Sur presentó ante la Legislatura de Tierra del Fuego un nuevo pedido formal para reactivar el tratamiento del proyecto de ley que propone crear el «Comité de Especialistas para la cuantificación del daño ambiental, económico y estrategia jurídica para hacer efectiva la Denuncia Fueguina por la Pesca Ilegal en Malvinas».

 

La presentación, dirigida a la presidenta de la Legislatura, Mónica Urquiza, solicita que el asunto sea incorporado a la labor parlamentaria y avance hacia su aprobación. Según el documento, la iniciativa fue presentada originalmente en 2020, bajo el Asunto N.º 379/2020, y reiterada en 2025, como Asunto Particular N.º 020/2025. En 2020, el proyecto tomó estado parlamentario gracias al Bloque del Partido Verde conformado por las actuales legisladoras provinciales Victoria Vuoto y Laura Colazo.

 

Según consta en las más de 70 páginas presentadas en la mesa de entrada de la Legislatura fueguina, el objetivo es conformar un equipo interdisciplinario y de carácter temporal que realice un estudio técnico, científico, económico y ambiental sobre los perjuicios que, según los fundamentos del proyecto, genera la explotación pesquera en los espacios marítimos circundantes a las Islas Malvinas de jurisdicción fueguina sin autorización argentina.

 

La propuesta busca que ese trabajo no quede limitado a la elaboración de un diagnóstico, sino que sirva como fundamento para impulsar acciones jurídicas contra el Reino Unido y las empresas involucradas en la explotación de los recursos pesqueros, además de establecer una estrategia de defensa de los intereses provinciales y nacionales.

 

Cuantificar el daño y determinar responsabilidades económicas

 

Uno de los ejes centrales del proyecto es establecer un monto preciso del perjuicio económico provocado por la actividad pesquera cuestionada. Para ello, el comité debería analizar el daño y generar los elementos técnicos necesarios para promover acciones por lucro cesante y pérdida de chance contra el Reino Unido y, de manera solidaria y subsidiaria, contra las empresas extranjeras que explotan recursos pesqueros sin las autorizaciones argentinas correspondientes.

 

La iniciativa invoca el artículo 3 de la Ley Nacional de Pesca N.º 24.922, como parte de los fundamentos para sostener la competencia provincial sobre los recursos involucrados. Además, plantea aplicar la Ley Nacional N.º 26.386 para promover sanciones y acciones contra empresas que operan con permisos nacionales, pero mantienen vínculos societarios con firmas que participan de la explotación pesquera en aguas circundantes a Malvinas con licencias ilegales británicas.

 

El texto también propone que los recursos que pudieran obtenerse a partir de esas penalidades —incluidas multas y eventuales decomisos de buques— se destinen a fomentar una empresa provincial o patagónica de pesca. La finalidad sería contribuir a garantizar el acceso de la población a la proteína de origen marino.

 

El impacto ambiental y económico sobre Tierra del Fuego

 

Otro de los fundamentos de la propuesta es que los ecosistemas marinos no pueden analizarse de manera aislada según los límites jurisdiccionales. El documento sostiene que los recursos pesqueros migratorios y los ambientes marinos forman parte de un sistema interconectado, por lo que la explotación en áreas alejadas de la costa también puede tener consecuencias sobre el litoral fueguino.

 

En ese sentido, la presentación señala que la depredación pesquera puede producirse más allá de las 12 millas náuticas, pero tener efectos sobre el ambiente y la economía provincial. Como ejemplos, menciona los daños históricos a la fauna marina y la contracción de las capturas de especies clave, como el calamar Loligo.

 

A partir de ese diagnóstico, Moreno Calderón plantea que la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur debe contar con herramientas técnicas propias para determinar la magnitud del perjuicio y fundamentar posibles reclamos. La propuesta apunta a que la provincia pueda respaldar sus planteos con evidencia científica y económica, además de argumentos políticos y diplomáticos.

 

Una estrategia jurídica en los ámbitos provincial, nacional e internacional

 

La creación del comité tendría también una finalidad jurídica. De acuerdo con el pedido presentado, el equipo debería reunir información y elaborar los fundamentos necesarios para impulsar denuncias y acciones en los ámbitos provincial, nacional e internacional.

 

El propósito es transformar los reclamos por la explotación de los recursos pesqueros en medidas concretas, con identificación de los daños, determinación de responsabilidades y desarrollo de herramientas legales para reclamar por las pérdidas ocasionadas.

 

La presentación sostiene que una estrategia respaldada por estudios especializados permitiría fortalecer los argumentos argentinos y fueguinos frente a la actividad pesquera desarrollada en el marco de la disputa de soberanía sobre Malvinas.

 

Como antecedentes, el documento menciona los aportes y el respaldo técnico y jurídico explicito de especialistas como el Dr. César Lerena, el Dr. Eduardo Barcesat, el exvicecanciller Roberto García Moritán, el magíster Carlos A. Biangardi Delgado y Walter Castro, de SANAM. Según la presentación, sus trabajos y exposiciones forman parte de los antecedentes académicos y legislativos vinculados con la iniciativa, que desde el 2020 fueron presentados en la legislatura fueguina para fundamentar el pedido, y que incluso fue planteado en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego AeIAS.

 

El reclamo para que la Legislatura retome el proyecto

 

En el tramo final del pedido, Moreno Calderón solicita que la Legislatura arbitre los medios necesarios para reabrir el debate y aprobar la creación del comité. La presentación remarca que la iniciativa ya fue ingresada en dos oportunidades, en 2020 y 2025, sin que hasta el momento se haya concretado el objetivo que persigue.

 

El planteo busca que la provincia avance en la cuantificación del daño ambiental y económico asociado a la pesca en Malvinas y disponga de una estructura especializada para definir las acciones legales correspondientes.

 

De aprobarse el proyecto, el comité tendría como tarea central producir los estudios y diseñar la estrategia jurídica que sirvan de sustento para la denominada «Denuncia Fueguina por la Pesca Ilegal en Malvinas», con la intención de llevar el reclamo por la explotación de los recursos argentinos a instancias administrativas y judiciales.

 

La iniciativa vuelve a poner en discusión qué herramientas puede desarrollar Tierra del Fuego para documentar los perjuicios de la actividad pesquera en torno a las islas y convertir el reclamo de soberanía en acciones concretas de defensa de sus recursos naturales y económicos.